Represión medieval

Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

Fotos: Fotos por: Ana Viloria / El Nacional

La foto que ilustra la nota de apertura de El Nacional de hoy no puede quedar en el olvido, porque podría reflejar una concepción de la respuesta represiva que el Gobierno estaría preparando contra las protestas pacíficas e imaginativas de los estudiantes.

“Las garras de hierro son una simple muestra de los muchos objetos que han utilizado los cuerpos de seguridad en contra de nosotros. Cadenas, peinillas, bates, tubos, bombas lacrimógenas, perdigones y hasta armas de fuego son algunos de los métodos para el control del orden público en Venezuela”, denunció el estudiante Julio César Rivas.

El artículo 46 de la Constitución Nacional dicta que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral… Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, advierte que “estos métodos no están dentro de los parámetros normales de lo que se debe entender por reglas autorizadas para el control del orden público. Son lo suficientemente disuasivos como para ser empleados por la Guardia Nacional y superan el mínimo aceptable para controlar las manifestaciones porque pueden ocasionar daños y lesiones de suma gravedad”.

Efectivamente, estas formas de reprimir vulneran el artículo 68 de la Constitución que prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas para controlar las protestas. “Se están violando la integridad y la libertad personal, pues cada vez que hay una manifestación existe una altísima probabilidad de que los manifestantes salgan heridos o sean detenidos”, explicó el investigador de derecho a la manifestación pacífica de Provea, Marco Antonio Ponce.

Nada más en esta semana murieron dos estudiantes y otros 70 resultaron heridos en las acciones de calle. Muchos de ellos fueron agredidos por los cuerpos de seguridad y otros tantos por grupos armados. “Independientemente de la tendencia política, el Estado está en la obligación de garantizar la integridad física de los manifestantes. La sociedad venezolana está polarizada y los civiles usan armas de fuego para arremeter contra los del otro bando”, dijo Ponce.

De acuerdo con Miguel Dao, ex director del Cicpc, en el país “circulan más de 17 millones de armas ilegales que se consiguen fácilmente con 10, 15 ó 20 mil bolívares fuertes. Esto facilita la incidencia en delitos. Es un problema que al Gobierno se le fue de las manos”.

Un paso atrás
Utilizar armas como las garras de hierro es regresar a la época medieval. “Tenemos muchos años retrocediendo en cuanto a Derechos Humanos, pero esto es peor de lo que imaginábamos; es lo último a lo que podíamos llegar. Me recuerda a los grilletes que les ponían a los presos a principios del siglo pasado; es algo que sólo se ve en las películas. Así eran las armas en el medioevo”, recordó el abogado defensor de los DDHH y presidente de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Alberto Nieto Palma.

Cada vez son más fuertes las represiones de la GN contra los manifestantes, en especial los estudiantes, lo que evidencia que los cuerpos de seguridad del Estado no tienen cultura democrática. “Para ellos no existe otra respuesta que la de agredir. Cualquier objeto que pueda hacer daño es utilizado por ellos. Tenemos tiempo denunciándolo, pero el Ejecutivo no toma las medidas necesarias para frenarlo”, afirmó Ponce.

Los estudiantes únicamente “quieren ser escuchados y que el Estado atienda sus demandas. Nadie sale a la calle esperando que lo asesinen o lo maltraten. Instamos al Gobierno y al ministro de Interior, Tareck El Aissami, a que reflexionen”, expresó el investigador del derecho a la manifestación de Provea.