jueves, 16 de diciembre de 2010

"Las cárceles fracasaron"


Patty Fuentes Gimón

Sus primeros años los pasó corriendo por los pasillos del retén de Catia, Yare y Tocuyito, o jugando con los niños del barrio La Cochinera, en los Frailes de Catia.

Cuando recién alcanzaba la mayoría de edad, cayó preso por traficar droga y estuvo 10 años detenido. Hoy dedica su tiempo a colaborar con reos y familiares de reos.

"Nadie tiene la oportunidad de elegir su destino ni su familia cuando nace. Yo crecí en una familia con muchos problemas. En los años 80, visitaba siempre a mi hermano en la prisión, donde conocí a muchos presos que me hablaban de su dolor, de sus maldades, de sus virtudes y sus miedos. En los 90, caí preso, fui líder de banda y pastor. Desde que salí, hago trabajos en las cárceles. Tengo 30 años conociendo la realidad del sistema penitenciario".

Así resume su vida Gilber Caro, quien ahora es coordinador nacional de las redes penitenciarias del partido Voluntad Popular y obtuvo el pasado 9 de diciembre la orden Luis María Olaso 2010, por la lucha en la defensa de los Derechos Humanos de los privados de libertad.

–¿Ha habido algún cambio en las prisiones durante los últimos 30 años?
–Las cárceles están igual o peor de deterioradas porque no fueron hechas para Latinoamérica donde hay 500 muertos semanales. Copiaron el modelo europeo, donde hay un asesinato cada año y donde 10 homicidios al año es una alarma. Además, nuestra sociedad está tan dolida que lo que quiere es más venganza que justicia.

–¿Qué se debe hacer entonces para mejorar el sistema penitenciario?
–Nosotros, en nuestra organización, proponemos llevar a cabo lo que denominamos Plan 180, que busca disminuir la delincuencia en dos años. Primero, hay que depurar la policía, sacarla de los barrios y pagarle bien a los funcionarios. Segundo, hay que crear un sistema de prevención en todos los colegios, con buenos profesores educando sobre todo a los niños que crecen en barrios acerca de los valores familiares. Tercero, debe haber un sistema judicial descentralizado, poder tener acceso a un juicio justo y no sufrir retardo procesal. Los gobernadores y alcaldes deben encargarse de sus presos. Cuarto, las cárceles deben ser granjas abiertas de trabajo. Por último, debe haber reinserción social, tema del que nadie habla. Sale un plan de seguridad y sólo hablan de las personas que agarraron, pero no se escucha que se reinsertan a otros 400. Cuando no hay política de reinserción, se fracasa.

–¿Es suficiente que los ex presidiarios se regeneren para que se dé con éxito el proceso de reinserción social?
–No. La sociedad no está preparada para recibir a los presos que cambien o mejoren; no los contratan en empresas. Los mismos presos se tienen etiquetados, se sienten menos que nadie. Cuando se dan cuenta de esto, sienten que lo mejor que pueden hacer es reincidir en el delito que cometieron.

–¿Cree usted que es posible transformar la mentalidad de la sociedad?
–Para lograrlo, hay que crear oportunidades. Por ejemplo, yo tengo un programa que se llama "Dale la mano a tu par" que reinserta a los jóvenes y les consigue trabajo. Es importante que la sociedad conozca los testimonios de estas personas para crear confianza.

FAMILIARES PERJUDICADOS
Vivir la cárcel desde todos los puntos de vista ha hecho entender a Caro que los familiares de los reos padecen las calamidades del sistema penitenciario casi de la misma manera que los propios internos.

"Uno de los Derechos Humanos establecido en la Constitución es el de los niños, la familia y los hogares. La sociedad ve al individuo preso, pero no se da cuenta de que detrás del individuo están el niño y la esposa. La idea es transmitirle a los jóvenes que tienen familia y a la sociedad que el derecho a la familia es para todos. Con esto me refiero a que los derechos de esas personas también están siendo violados", explica.

Por esta razón, el coordinador nacional de las redes penitenciarias de Voluntad Popular maneja la fundación Familias de la Libertad, que busca "rescatar los valores y la dignidad de los familiares de los internos dictándoles talleres de formación y dándoles herramientas para que sean los embajadores de paz dentro de las cárceles".

"Santa va a las cárceles" es el nombre que le da a uno de los proyectos que lleva a cabo y que consiste en llevar más de 2 mil juguetes a los hijos de los reos mientras hacen la fila para poder visitar a sus parientes recluidos.

–¿Qué propone para mejorar las condiciones de las visitas penitenciarias?
–Quiero instalar un botiquín de primeros auxilios para que los familiares tengan asistencia de salud. También sería útil construir establecimientos especiales para que no tengan que hacer colas por horas bajo un palo de agua o durmiendo en la acera de la calle. Hay que tratar de que la familia se sienta cómoda y estable.

–¿Qué considera usted que le ha faltado al Estado para acabar con la tragedia carcelaria?
–Al Estado le ha faltado comprender que las cárceles fracasaron, sincerarse y empezar desde cero. Las prisiones encerradas deben ser demolidas; fueron hechas en lugares calientes. Mientras en otros países cierran cárceles, aquí queremos abrir más. Pareciera que quisiéramos tener una política de más delitos. No creo que empezar desde cero sea muy difícil: es dar una amnistía, perdonar, es tratar de que cuando la persona salga tenga un plan de contingencia para atenderlo, es sincerar el sistema. A los delincuentes hay que encerrarlos en granjas agrícolas, espacios abiertos que les brinden oportunidades de trabajo. Por supuesto que debe ser un lugar delimitado, pero fresco y acondicionado. A las cárceles hay que verlas como formación y no como castigo. También debe haber inversión por parte de las empresas privadas para que éstas manejen parte del funcionamiento de las prisiones y sean quienes den la comida, como en Francia. Los reos deben ganar un dinero por su trabajo para destinarlo a sus familias.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Ofrecerán asesoría gratuita en DDHH

Patty Fuentes Gimón

“Nos preocupa que en la mayoría de los pensa de las universidades no se incluyan los Derechos Humanos como una asignatura obligatoria”, expresó Marlene Robles, presidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela durante la jornada “Fortalecimiento de las Comisiones de DDHH de los Colegios de Abogados de Venezuela”.

Con el fin de “incorporar a la mayoría de los abogados del país a la noble labor de defender a todo el que sea amenazado en el ejercicio de los DDHH”, fue creada el pasado 3 de octubre la Comisión Nacional de DDHH de la agrupación de profesionales del Derecho, pues según Robles, “en Venezuela necesitamos abogados preparados en esta materia porque son ellos quienes garantizan la paz social”.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, fue designado presidente de la iniciativa y explicó que en cada Colegio de Abogados constituirán una comisión de DDHH para “brindar asesoría jurídica gratuita e intervenir en conflictos entre funcionarios y víctimas de violaciones de DDHH”.

Responsabilidad del Estado

“A pesar de que la Constitución venezolana nos habla de los DDHH desde el preámbulo, nuestra profesión se ha mantenido al margen de los casos de violaciones de estos derechos. Sin embargo, poco a poco ha habido un despertar”, asegura Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El abogado sostiene que el Estado tiene responsabilidades sobre los DDHH, pues el artículo 23 de la Carta Magna establece que “los tratados, pactos y convenciones relativos a DDHH, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno… y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Por su parte, Héctor Faúndez, abogado especialista en DDHH, señala que “como ciudadanos nos corresponde defender la democracia, el estado de derecho y los valores de la libertad” porque “sin abogados que estén dispuestos a cumplir su rol de manera eficiente, nuestras sociedades serían menos libres”.

Tras destacar la importancia del debido proceso, Faúndez estimó que alrededor de 98% de los casos decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos involucran violaciones al debido proceso o a la protección judicial.

“Los abogados también pueden operar mucho antes de que se cometa una violación, de manera preventiva, sobre todo cuando se están redactando proyectos de ley en los cuales pueden alertar sobre las incompatibilidades que podrían haber entre esos proyectos y determinadas normas constitucionales o valores propios de los DDHH”, añadió.

María Gracia Morais, abogada especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, fue la encargada del tema penitenciario y afirmó que “además de los derechos fundamentales, la propia sentencia genera derechos para los condenados, que están ligados al tratamiento resocializador”.

Silencio indirecto para la radio


Patty Fuentes Gimón

"La radio no va a morir, sino que se va a transformar, va a empobrecer y tendrá limitada su capacidad de acción. Lo grave es que no vamos a tener emisoras de radio donde denunciar la problemática ni vamos a tener información".

Así lo denuncia el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Nelson Belfort, en referencia a la posibilidad de que las emisoras de radio no puedan organizarse en circuitos, en caso de que se reforme la Ley de Telecomunicaciones.

Belfort advierte que la aprobación del instrumento legislativo limitará los contenidos radiales y afectará la comercialización.

"Va a ser un silencio indirecto porque no se podrá cubrir todo. Va a ser tan costoso el mantenimiento de la radio que tendrán que poner más música porque es lo más sencillo de producir. Lo más costoso son las noticias porque requieren de periodistas, movilización y un despliegue técnico importante", explica.

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión también destacó que el hecho de que las radios no puedan agruparse en circuitos dificultará el acceso a los clientes que, en su mayoría, se centran normalmente en Caracas.

AHORA, SERVICIO PÚBLICO

La Ley de Telecomunicaciones vigente desde el año 2000 otorga al Estado la potestad de confiscar únicamente el uso del espectro eléctrico. Si se reforma el instrumento legal, se podrá decomisar los equipos de cualquier clase de servicio de telecomunicaciones que se preste sin contar con la habilitación, concesión o permiso.

"Lo más grave es que la radio dejará de ser de interés general para convertirse en servicio público, lo que le da muchas más herramientas al Estado para cerrar y confiscar emisoras de radio. Podrá expropiar la emisora y los equipos por una vía legal. Pueden ocupar el espacio y la emisora, además de llevarse los equipos con el argumento de que es de servicio público. Esto es un exabrupto y representa otra inseguridad para la radio venezolana que es la única que se acerca al pueblo", expresó.

Belfort también se pronunció en contra de la excepción que se hace en la reforma de la ley, pues "la única emisora que podrá seguir difundiendo información en cualquier lado es la del Estado, Radio Nacional de Venezuela, que dirige la información en un solo sentido".

martes, 14 de diciembre de 2010

El Estado quiere más y más armas

Patty Fuentes Gimón

“En Venezuela se desconocen el número y tipo de armas decomisadas anualmente por el Estado, la cantidad de personas que tienen porte legal de armas vigente, el listado de entidades oficiales distintas a la Fuerza Armada Nacional autorizadas a portar armas, el nombre de las empresas de vigilancia privada autorizadas por el Ministerio de Interior y Justicia y el de las comercializadoras privadas de armas”.

Así lo afirmó Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, durante el Foro para los Derechos Humanos y la Democracia, realizado ayer con el fin de dar a conocer el balance de los DDHH en Venezuela durante este año.

San Miguel manifestó su inquietud por la “opacidad del Estado frente a la adquisición de armas, especialmente en las ligeras que, en muchos casos, terminan en manos de la población civil”. También denunció que este año el Ministerio de Defensa anunció la instalación de una fábrica que, según datos oficiales, produciría más de 50 millones de proyectiles.

“Todavía resuena en nuestra cabeza la cifra que articuló el presidente de la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional: 14 millones de armas ilegales en manos de la población civil”, añadió.

Alertó sobre una presunta compañía, adscrita a la Vicepresidencia de la República, que participa en la adquisición de nuevas armas para el país. “Cada día vemos con mayor preocupación como el Estado hace gastos en defensa sin control, auditabilidad ni rendición de cuentas”, señaló.

Cárceles y discriminación sexual

Tamara Adrián, de Diverlex, rechazó la inexistencia de políticas públicas y leyes que protejan a los venezolanos de la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

“Venezuela se está quedando de última en esta materia. Durante 2010, en Argentina y México se aprobó el matrimonio del mismo sexo, lo que también se está discutiendo en Brasil y ya existe en países como Uruguay, Colombia y Ecuador. Mientras el resto del mundo avanza en el rompimiento de los prejuicios, Venezuela se ha quedado en la palestra”, expresó.

Por su parte, Carlos Nieto Palma, de Una Ventana a la Libertad, precisó que este año fue el más violento en las prisiones venezolanas, que las pernoctas familiares empeoraron la situación, los funcionarios del Ministerio de Interior y de la Guardia Nacional siguen ingresando armas y drogas a los recintos penitenciarios, y que la población reclusa aumentó en 10 mil personas durante los últimos nueve meses.

“Antes de proceder a promulgar o reformar una ley de desarme, debería darse una sentida explicación al país sobre el cumplimiento de la ley vigente” Rocío San Miguel

La navidad de los presos de Chávez

Patty Fuentes Gimón

"LA HALLACA NO SABE IGUAL EN LA CÁRCEL"
El 21 de abril de 2003 fue privado de libertad el subcomisario Marco Hurtado, junto a otros siete policías, en la cárcel Ramo Verde por los hechos del 11 de abril de 2002. Han transcurrido 7 años y 7 meses desde entonces, tiempo que ha sido suficiente para que su familia esté segura de que no saldrá en libertad mientras Chávez siga siendo Presidente.

"Ya deberían írsele tramitando medidas alternativas de la pena, pero sabemos que mientras tengamos este Gobierno, no va a recibir ningún tipo de medida. Tiene que cambiar el sistema de gobierno y restituirse el estado de derecho para poder verlo en libertad", afirma María Pascastillo, esposa de Hurtado.

Las navidades han sido difíciles para su familia, aunque unas han sido peores que otras. "Todas han sido tristes, pero nunca dejamos de recordar la del día de la amnistía, una de las peores, cuando el Presidente decretó la amnistía y lo detuvieron.

Uno siempre trata de hacer un ambiente agradable, sobre todo por nuestros hijos de 15, 16 y 18, pero la hallaca no sabe igual en una cárcel que en tu casa. Tenemos más de siete años que no sabemos lo que es darnos un abrazo a las 12 de la noche", lamenta.

Este año no será muy distinto a los últimos siete. "Lo visitamos, le llevamos comida navideña y a las 8:00 pm nos tenemos que ir. Solemos quedarnos en casa de un familiar en Los Teques para no tener que bajar a esa hora a Caracas. Después no celebramos porque no nos queda ánimo para eso. Los muchachos siempre se acuestan a dormir", dice.

"Poco a poco, nos hemos ido adaptando. No estamos felices, pero nos hemos adaptado. Yo creo que el saber que es inocente y que uno tiene el respaldo de tantas personas en la calle, nos ha mantenido de pie", expresa.


"NADIE ESTÁ EXENTO DE SER UN PRESO POLÍTICO"
El viernes se cumplió un año de la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, acusada de presunta corrupción en el caso de la liberación del banquero Eligio Cedeño. Fue en horas de la tarde del 10 de diciembre de 2009 cuando el Ministerio Público presentó el escrito de acusación, luego de que el presidente Hugo Chávez ordenara que condenaran a la jueza 31º de Caracas a 30 años de prisión.

Aunque han transcurrido 368 días, aún no se inicia el juicio. "El caso está estancado a pesar de que la Fiscalía admitió que no hubo dinero de por medio, pago ni promesas de pago (tal como lo prevé la ley para tipificar la corrupción)", denuncia Nelson Afiuni, hermano de la jueza de 47 años de edad recluida en una celda de 2 x 3,5 metros en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques.

Afiuni asegura que, mientras el juez Alí Paredes no se inhiba o roten los jueces, no se va a iniciar el juicio. "Mi hermana está valiéndose del artículo 350 de la Constitución para no asistir a ese juicio. Por otro lado, seguiremos insistiendo con los organismos internacionales para que evalúen el caso de mi hermana", señala.

Esta va a ser la segunda Navidad que Afiuni pasará en la cárcel. El año pasado sus familiares la visitaron tanto el 24 como el 31 hasta las 2:00 pm y almorzaron comida navideña. Para este año, todavía no han planificado qué harán esos días festivos. "Como las reglas del juego cambian todos los días en este país, no sabemos qué haremos", explica Nelson Afiuni.

La vida de los padres, el hermano y, sobre todo, de la hija de Afiuni ha cambiado profundamente desde que la jueza fue detenida. "Geraldine cumplió 18 este año. Ahora vive con sus abuelos y está estudiando Derecho como su madre. Los abuelos se han encargado de ella y mi hermana la cría por teléfono. Ha sido muy duro para la niña, tiene mucha rabia. Ya no vivimos sino para María Lourdes. Mi trabajo lo turno con un socio para poder asistir los miércoles a la visita y ahora trabajo los sábados. En la semana, mis padres están pendientes de la comida y de la ropa de mi hermana", relata.

El hermano de la jueza advierte al pueblo venezolano que "nadie está exento de que le pueda ocurrir esta tragedia" y expresa: "Antes yo sentía que a nosotros no nos podía pasar nada, sino que las cosas les pasaban a los demás. Pero no, resulta que cualquier persona es vulnerable de tener un familiar recluido o ser un preso político. Tenemos que estar todos pendientes, tenemos que cambiar esto porque no podemos vivir con la angustia de que en cualquier momento o por cualquier motivo puede caer una persona presa y no salir mas nunca... Es muy duro".

"HEMOS PERDIDO MOMENTOS QUE NUNCA VOLVERÁN"
"Esta va a ser la séptima Navidad desde que Iván está preso. Es muy diferente a la primera porque nuestros hijos eran muy pequeños. De hecho, esta vez les preguntamos qué quieren de regalo y, por primera vez, nos dijeron que no quieren nada. Están asimilando la sentencia de su papá y toda esta situación. Están más desmotivados y dicen que es como un día más de visita", señala Bony Pertiñez, esposa de Iván Simonovis, quien era secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

El 22 de noviembre de 2004 fue detenido, en abril de 2009 fue sentenciado a 30 años de prisión y actualmente está recluido en el Helicoide.

"La Navidad en la Disip es igual a cualquier otro día de visita, con la diferencia de que estamos los familiares de todos los presos juntos, un poco más hacinados de lo normal, y tenemos restricción de visita: sólo podemos llevar tres visitantes por preso, así que mis hermanas no pueden ir. A pesar de que está recluido, Iván siempre nos tiene un regalo a cada uno", cuenta.

Las visitas navideñas son desde las 11:00 am hasta las 5:00 pm. "A las cinco, suena el timbre igual que todos los domingos y nos tenemos que ir. Ese momento es horrible. Luego llegamos a la casa, nos arreglamos y vamos a casa de mi mamá a comer con mi familia. Hemos tratado de que siga siendo todo igual, pero ahora mi hijo se sienta donde él se sentaba... hace mucha falta. No estamos acostumbrados ni resignados, pero no tenemos expectativa de nada. Es otro año más", manifiesta.

Pertiñez no guarda esperanzas de que su esposo sea puesto en libertad en este Gobierno, sino que espera salir democráticamente de este régimen en 2010. "Si esto no cambia, Iván nunca va a salir porque es un preso de Chávez".

"Nuestra vida ha cambiado desde todo punto de vista. Yo me convertí en una madre soltera pero con responsabilidades de un esposo que es como si estuviera enfermo porque depende absolutamente de nosotros. Como familia, ya no tenemos fines de semana ni nada...

tratamos de tomar vacaciones, pero la felicidad es incompleta. Piensas en cómo sería todo con Iván, es algo muy perverso, es como un círculo que no te permite avanzar, sino que te tiene atrapada y no puedes salir", agrega.

La esposa de Simonovis se entristece al no saber qué pueda pasar en el futuro. "Todas las mañanas pienso en qué tan mala puede ponerse la cosa, pienso en si Iván se enferma cómo haré para cuidarlo...

Mis hijos han crecido tan rápido y se han perdido momentos que nunca volverán. Eso me da mucha tristeza. Ellos van a recordar las navidades de su niñez metidos en un hueco en la Disip donde ni siquiera podemos ver si es de noche o si llueve. Nadie quiere esto para su familia", asegura.