El Estado deberá apretarse el cinturón

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

Por primera vez en la historia, Venezuela será sometida el próximo 7 de octubre al Examen Periódico Universal (EPU) que realiza el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde el año 2006 cuando la Asamblea General aprobó la resolución 60/251.

La evaluación se fundará en “información objetiva y fidedigna” del cumplimiento del Estado en materia de Derechos Humanos, contará con la participación plena del país y se ejecutará una vez cada cuatro años.

El EPU no es contencioso, es decir, se trata de un proceso de negociación donde los Estados miembros de la ONU llegan a un acuerdo para proponer recomendaciones al país evaluado que puede aceptarlas o no. 

La voz de todos

A través del examen, se asegura la participación de todos los actores. Por esto, el EPU se apoya en los informes preparados por el Estado examinado, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH y por los de las ONG de DDHH.

La información que entregará el Estado no deberá ser de más de 20 páginas y la ONU recomienda que sea elaborada “mediante un amplio proceso de consulta a nivel nacional con todos los actores interesados”.

El texto de la Oficina del Alto Comisionado, que no podrá exceder de 10 páginas, contendrá datos de los informes de los órganos de tratados, los procedimientos especiales y las observaciones del Estado examinado. Los fundamentos de las ONG serán resumidos en menos de 10 páginas por el Alto Comisionado.

Lo que plantean las ONG

Tras destacar que el fin de este examen es generar un diálogo entre el Estado y la sociedad para diseñar políticas públicas que mejoren la situación de los DDHH, el director de Provea, Marino Alvarado, reveló que propondrá crear un Plan Nacional de Vivienda, uno de acceso a la información y retomar el Plan Nacional de DDHH (compromiso del Estado venezolano desde la conferencia de Viena en 1990). 

“Es muy difícil hacer contraloría social si cada vez es más difícil acceder a las fuentes de información pública. Aspiramos que el Gobierno tenga la disposición de asumir la mayor cantidad de recomendaciones, pero sobre todo que tenga la voluntad de ejecutarlas”, señaló.

El director de Espacio Público, Carlos Correa, coincide con Alvarado y asegura que “el EPU es una oportunidad para que haya un debate centrado en la construcción de propuestas que permitan superar los problemas”.

Objetivos del EPU

-         Mejorar la situación de DDHH.

-         Evaluar los avances y retos a los que se enfrenta.

-         Fortalecer la capacidad del Estado.

-         Intercambiar de opinión entre los Estados y otros actores interesados.

-         Apoyar a la cooperación en la promoción y protección de los DDHH.

-         Fomentar el compromiso con el Consejo de DDHH y con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

“Lo que está en juego no es si el Gobierno sale mal o bien evaluado, sino cómo se mejora la calidad de vida de los ciudadanos” 

Marino Alvarado

La huelga de hambre se extendió a 10 estados

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

Jóvenes de diez estados del país se sumaron ayer a la huelga de hambre que mantienen desde hace 18 días 13 personas frente a la sede de la OEA en Caracas, en defensa de los Derechos Humanos y por la liberación de los presos políticos.

El coordinador de JAVU, Lorent Saleh  anunció que la protesta se extiende a los estados Carabobo (Redoma de Guaparo), Táchira (Consulado de Colombia), Falcón (Plaza Lorena de Punto Fijo), Anzoátegui (Plaza La Libertad), Bolívar (Plaza Monumental), Mérida (Plaza del Llano), Delta Amacuro (Obelisco), Lara (Defensoría del Pueblo).

"Hoy esta huelga se activa en todo el país. Somos los jóvenes los que hoy traemos vientos de libertad para Venezuela. Esto sólo es parte de lo que nos queda por hacer, junto a la sociedad civil, junto a las organizaciones políticas, los estudiantes vamos a regresar la libertad y la democracia a este país ", dijo Saleh.

En compañía del dirigente de Voluntad Popular Antonio Rivero una comisión de los jóvenes en huelga acudió a la Unión Europea con el fin de insistirle que llame la atención de José Miguel Insulza para que visite a Venezuela en representación de la Organización de Estados Americanos.

No viene si no lo dejan

Tal como se esperaba, el secretario general de la OEA declaró a El Nuevo Herald que no puede venir a Venezuela a menos que sea invitado por el gobierno de Chávez.

“No sería aceptable para el Consejo Permanente de la OEA, ni para el consejo de ningún organismo internacional, que el secretario general fuerce la voluntad de un país miembro”, dijo desde su despacho en Washington.

Sin embargo, aclaró estar dispuesto a venir porque cree que “estas cosas se resuelven conversando… pero no puedo ir a Venezuela si el Gobierno venezolano no lo autoriza; ni yo, ni la Comisión de los Derechos Humanos”, añadió.

No le temen a la OEA

Por su parte, el canciller Nicolás Maduro dijo que los reclamos de los jóvenes en huelga de hambre deben resolverse mediante el diálogo interno y que el Gobierno venezolano no le teme a la OEA.

“Nuestro gobierno actúa con seguridad, con confianza en los pasos que da. De ser de otra manera, la actual administración no tendría doce años en el poder y 60% de aprobación en el país”, sostuvo.

"La situación carcelaria es crítica"

Patty Fuentes Gimón

Mientras la semana pasada el ministro Tareck El Aissami montó toda una parafernalia para hacer creer que el sistema penitenciario está progresando, la propia directora nacional de Servicios Penitenciarios reconoció ayer que la situación es “crítica”.

Durante la interpelación que le hizo la Comisión de Cultos y Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional, Consuelo Cerrada aseguró que las cárceles son un caos; sin embargo, pidió que se valore el esfuerzo que ha venido haciendo el Estado.

William Ojeda, diputado de dicha comisión, relató que la directora de prisiones “dio una exposición de una hora hablando de lo que pretenden hacer y de la concepción teórica que dista mucho de la práctica. Como a todos los del Gobierno, se les va el tiempo en echarle la culpa al pasado. Mientras tanto, mueren más de 400 reos al año”.

El parlamentario señaló que Cerrada no negó que la mayoría de los internos están armados y que en muchos penales son ellos quienes tienen el mando. Para evitar que esto siga sucediendo, algunos diputados plantearon que la comisión visite todos los centros penitenciarios de forma espontánea, pero “la posición del oficialismo es que las visitas deben ser previamente coordinadas”, denunció Ojeda.

Durante la reunión se acordó que el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Servicios Penitenciarios, y el Poder Legislativo, mediante la Comisión de Cultos y Asuntos Penitenciarios, sumarán esfuerzos para contribuir con la celeridad procesal. “Cerrada admitió que 60% de la población penal es procesada, es decir, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo que contraviene el artículo 272 de la Constitución”, añadió.

Excusas sin sentido

De acuerdo con Ojeda, la directora de prisiones instó a los diputados a que hagan lo posible para que se apruebe el Código Orgánico Penitenciario que presentó el Ministerio de Interior y Justicia ante la AN.

“Sabemos que hay un viejo anhelo de los penitenciaristas reconocidos de unificar las leyes penitenciarias, pero también estamos claros de que las herramientas legales ya existen y esperar la aprobación del código no es excusa para ir avanzando en aminorar el armamento y el hacinamiento”, dijo.

Cada parlamentario de la comisión carcelaria está revisando el mencionado código, pues “tiene que estar en conjunción con los planteamientos de la Constitución y con los estándares internacionales”.

Reclusos desaparecidos

El diputado William Ojeda preguntó a la directora de prisiones dónde están Francisco Guerrero y Eduardo Natera, quienes estaban recluidos y ahora, desaparecidos. Cerrada estimó que Natera está evadido y no informó sobre Guerrero. Sin embargo, los familiares de ambos reos presumen que ambos fueron asesinados y sus cuerpos fueron ocultados.

“Si no desactivamos esa bomba de tiempo que son las cárceles minadas de todo tipo de vicios, poco estamos haciendo para el sistema de seguridad del país”  

 William Ojeda

Las cárceles están en un callejón sin salida

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

La crisis penitenciaria parece no tener fin. Mientras las cifras de muertes violentas dentro de las prisiones aumentan año tras año, las soluciones que plantea el Gobierno Nacional son cada vez menos eficaces.

De acuerdo con el informe “Situación carcelaria en Venezuela 2010”, elaborado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, durante el año pasado fueron asesinados 460 reos, lo que representa un incremento de 25% respecto a los 366 homicidios que se registraron durante 2009.

La cantidad de muertes en 2010 en los centros de reclusión es la segunda cifra más alta que se ha presentado en los 12 años del gobierno de Hugo Chávez, precedida por las 498 víctimas fatales del año 2007.

Los penales más peligrosos el año pasado fueron: la cárcel nacional de Maracaibo (con 43 muertos),  La Planta (41 fallecidos), el Internado Judicial de Carabobo (40 decesos), Tocorón (37) y Santa Ana (31). El mes con más muertes fue agosto, con 47.

Aunque el Ministerio de Interior y Justicia manifiesta constantemente su preocupación por la situación carcelaria y creó el “Plan de Humanización”, los resultados no mejoran quizás porque no han sido escuchadas las recomendaciones de los expertos en materia penitenciaria.

Una ley ilegal

La semana pasada, el ministro Tareck El Aissami presentó el anteproyecto del Código Orgánico Penitenciario que será discutido en la Asamblea Nacional y que, según el director del OVP, Humberto Prado, “contraviene el texto constitucional y los estándares internacionales”.

El artículo 2, en su numeral 1º, del código antes mencionado establece que “la institución rectora del servicio penitenciario adscrita o dependiente será del Ejecutivo Nacional”. La Constitución, por el contrario, en su artículo 272, prescribe que las cárceles “se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.

Respecto a esto, Prado asegura que 24 gobernadores a cargo de las prisiones pueden impulsar avances significativos con las direcciones de salud, cultura, deportes, etc., por lo que recomienda que el MIJ cree un ente autónomo con carácter técnico “para que baje políticas públicas a los gobiernos regionales que serían los encargados de responder penal, civil y administrativamente. Asimismo, propone crear la figura del “ombudsman penitenciario” que garantice los DDHH de la población reclusa, tenga competencia autónoma, sea electo por la AN y propuesto por la sociedad civil.

Por otro lado, el anteproyecto del código penitenciario dicta en su artículo 206 que “la seguridad externa será competencia de la Policía Nacional Bolivariana”. El director del OVP denuncia que los estándares internacionales exigen que “ni los policías ni los militares trabajen en las cárceles”.

“Si están sacando a la Guardia Nacional, ¿para qué van a meter ahora a la PNB? Lo ideal sería crear un personal civil que custodie los penales. La intención del anteproyecto puede ser buena, pero no fue consultado y contradice la Constitución”, añade.

El Gobierno ha propuesto en varias ocasiones instruir a los custodios en la universidad de la Policía Nacional de la Seguridad, lo que para Prado resulta inadecuado porque “no pueden poner a estudiar a los penitenciaristas en una universidad donde están formando policías, vigilantes de tránsito, Disip, etc. Lo que deben hacer es tenerlos en un área netamente civil para que sepan tratar a humanos con problemas”, señala.

En el caso de ser aprobado el Código Orgánico Penitenciario, quedarían anulados el Reglamento de Internado Judicial, por el que actualmente se rigen los procesados, y la Ley de Régimen Penitenciario, creada para los penados.

Más retardo procesal

La población reclusa actual es de 44.852 internos, de los cuales 30.360 son procesados, 12.876 penados y 1.616 están optando a la medida alternativa de Destacamento de Trabajo.  

Esto quiere decir que 75% de los reos están procesados. De estos, 24,75% siguen a la espera de la audiencia preliminar, 29,42% están en la fase de juicio y 20,83% en la fase preparatoria o de investigación.

El OVP entrevistó a alrededor de 1.500 reclusos y 500 familiares, pero casi 40% de los encuestados, no sabe en qué fase está se encuentra.

“Si se hace el presupuesto justo para la construcción y reparación de las cárceles, se necesitarían para la población real más de 27 centros de reclusión con capacidad para 860 internos y con un costo de 62 millones de dólares” 

Humberto Prado

70% de la población reclusa ingiere agua potable porque sus familiares se la llevan.

9 bolívares es el total de dinero con el que cuenta cada reo al día para su alimentación.

400% de hacinamiento hay hoy en día en las prisiones venezolanas.

Ya son 25 los estudiantes en huelga de hambre

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

Las 13 personas que mantienen una huelga de hambre desde hace 16 días frente a la sede de la OEA en Caracas informaron que seis estudiantes se sumaron a la protesta a las afueras de las embajadas de Chile y Costa Rica, y otros seis en la Plaza de la República, en Maracaibo.

“Hoy damos inicio a la tercera fase de la Operación Libertad. Pedimos a los gobiernos chileno y costarricense que se pronuncien y soliciten al gobierno venezolano que permita la entrada al país del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y se discuta en el Consejo Permanente la situación de DDHH”, explicó Lorent Saleh, coordinador nacional de la plataforma juvenil Javu.

Tras afirmar que seguirán avanzando “ante el silencio de Chávez y la falta de compromiso de la Organización de Estados Americanos”, el joven pidió a la comunidad internacional que “no sea cómplice de los crímenes que se cometen en Venezuela”.

Salud en riesgo

La secretaria general de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, María Yanes, advirtió que la salud de los huelguistas se puede ver afectada por falta de calorías y nutrientes. “Aunque no es posible determinar el tiempo que aguanta un ser humano en huelga de hambre porque cada organismo funciona diferente, se puede decir que algunos de ellos pudieran padecer del síndrome de desgaste físico o de desnutrición, lo que a la larga pudiera traerle consecuencias en sus capacidades rutinarias de trabajo, tanto desde el punto de vista físico como emocional”, explicó.

Yanes considera que lo más importantes es que los huelguistas estén acompañados por un equipo médico que determine cuándo uno de ellos no puede continuar con la protesta. “Sobre todo, hay que tener una gran vigilancia médica con las personas mayores porque los riesgos pueden ser mayores, ya que se deshidratan y se desgastan más rápido que los jóvenes”, agregó.

¡No más presos políticos!

El ex dirigente estudiantil Yon Goicoechea acudió a la sede de la OEA para apoyar a los huelguistas y manifestó estar orgulloso por los logros que se han obtenido gracias a la protesta, entre los que destacó: el otorgamiento de casa por cárcel a la jueza María Lourdes Afiuni, la revisión de los casos médicos de nueve presos políticos por parte de la Defensoría del Pueblo y el pronunciamiento de Insulza.

“Estos jóvenes no están peleando por sus intereses propios, sino por los de todos los venezolanos. No piden un pronunciamiento general ni se trata de un radicalismo contra Chávez, sino que se solicita con total coherencia la liberación de los presos políticos y, con especial atención, la de quienes fueron electos diputados”, añadió. 

“Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas en estas colchonetas. No tenemos miedo, hay un país que se levanta contra la tiranía” 

Lorent Saleh, coordinador nacional de la plataforma juvenil Javu.