jueves, 3 de noviembre de 2011

Mazuco también tiene cáncer de próstata


El diputado José Sánchez Mazuco, quien permanece recluido en la cárcel de Ramo Verde, fue diagnosticado de cáncer de próstata grado 7. 

La información la dio a conocer el propio zuliano condenado a 18 años de prisión, quien destacó que el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Militar, a cargo de la doctora Lorena Villareal, reveló tras realizar una biopsia que padece de “adenocarcinoma de la glándula prostática, gradación combinada de Gleason (3+4)=7, lo que requiere una prostactomía radical”.  

Mazuco denunció que desde hace más de un año ha estado solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, mediante la jueza que lleva su causa, Fabiola Vezga Medina, que lo trasladen para verificar a qué se deben las dolencias y síntomas que presenta.

“Seguramente, como no fue autorizada por quienes ordenaron mi injusta condena, no fui trasladado para esos efectos. Ahora vean a dónde llegó esta penosa y lamentable enfermedad. Por esta maldad política nunca me han dejado disfrutar a mi inocente hijo y ahora es probable que mis años de vida sean cortos”, expresó el ex secretario de seguridad del estado Zulia.

Mazuco se suma a los presos políticos diagnosticados con una dolencia de este tipo, entre los que se encuentra Alejandro Peña Esclusa, Lázaro Forero y Julio Rodríguez, a quienes concedieron libertad por razones humanitarias.

Piden a la AN parar discusión del COP


La ONG Una Ventana a la Libertad solicitó ayer a la directiva de la Asamblea Nacional que suspenda la segunda discusión del proyecto del Código Orgánico Penitenciario, que tiene previsto ser debatido hoy, pues aún no ha sido presentado a la sociedad civil.

A través de un comunicado, la ONG aseguró que el proyecto de dicho código “es totalmente diferente en su articulado y contenido” al presentado por el ministro Tareck El Aissami y aprobado en primera discusión el 5 de abril.

Además, Una Ventana a la Libertad sostiene que el artículo 211 de la Constitución establece que la AN, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, “consultará a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos”.

En este caso, explica la ONG, el nuevo proyecto no ha sido presentado ni a las Organizaciones No Gubernamentales vinculadas al tema penitenciario, ni a las universidades ni a los reclusos y sus familiares en el llamado parlamentarismo de calle.

El coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, señaló que espera que la directiva del Parlamento atienda su llamado, ya que este proyecto “produciría cambios importantes inclusive en la estructura del Poder Judicial pues las competencias de los Jueces de Ejecución Penal en el otorgamiento de fórmulas alternas de cumplimiento de pena, redención del trabajo y el estudio, y medidas humanitarias que hasta ahora son competencia de estos jueces, le es quitada a estos y traspasada al Ministerio para el Servicio Penitenciario”.

Ahora van contra los mineros también


Patty Fuentes Gimón
Dirigentes del estado Bolívar interpusieron ayer ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad en contra del decreto 8.413 que, según ellos, otorga a los militares el control de las actividades mineras.

“El Estado se reserva la exploración, explotación y comercialización de todas las actividades conexas con el oro. Esto lesiona la garantía del derecho constitucional de los pueblos indígenas establecido en los artículos 119 y 120”, denunció el ex alcalde de la Gran Sabana, Ricardo Delgado.

Dichos preceptos constitucionales exigen al Gobierno, entre otras cosas, que reconozca la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, y que garantice el aprovechamiento de los recursos naturales de su hábitat sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos.
“Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley”, prescribe parte del artículo 119.

El líder pemón sostuvo también que al promulgar el mencionado decreto se obvió el proceso de consulta previa que establece toda legislación para la creación de leyes y la prescrita en el artículo 120 de la Constitución que dice que el “aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

Raúl Yusef, también dirigente político de Bolívar, aseguró en el TSJ que el Gobierno pretende monopolizar la explotación del oro, por lo que destacó que el decreto 8.413 afecta a los pequeños mineros y a las etnias indígenas.

Y además, los amenazan
Por si fuera poco, el martes representantes de la etnia Pemón habían denunciado que efectivos de la Guardia Nacional obligan a los indígenas del Alto Paragua a inscribirse en el Gran Polo Patriótico.

Además, revelan que los funcionarios les exigen que paguen considerables cantidades de oro cada semana, bajo la amenaza de destruirles sus máquinas de trabajo si no lo hacen.

miércoles, 2 de noviembre de 2011

“La represión acabaría con la violencia”


Patty Fuentes Gimón
Atacar la violencia no es tarea fácil; sin embargo, no es imposible. Experiencias como la de Medellín, ciudad que pasó de ser la más violenta del mundo a reducir considerablemente sus cifras de inseguridad, revelan que este fenómeno sí tiene salida.

Para el criminólogo Fermín Mármol García, una de las soluciones está en la búsqueda del camino “entre lo garantista y la represión legal, porque en el corto plazo hay que desmontar las 18 mil bandas delictivas que operan en el país”.

En el foro “Inseguridad. Hay luz al final del túnel”, realizado ayer en el Instituto de Estudios Superiores en Administración, Mármol García aseguró que “no podemos tenerle miedo a la represión. Nos han metido en el disquete que esa palabra es igual a violación de Derechos Humanos y no es verdad. Después de que se comete un delito, el brazo de la justicia tiene que perseguir al delincuente sin importar dónde se encuentre”.

En específico, el especialista en criminalística refiere que 12 mil de esas 18 mil bandas delictivas cometen crímenes violentos, es decir, “70 mil venezolanos aproximadamente tienen a jaque a 30 mil funcionarios que hay en el país y eso no puede ser”.

Entre otras soluciones, Mármol García recomienda contar con un Presidente “que enarbole las banderas de la paz, la convivencia y la familia”, utilizar la radio y la televisión para educar a los venezolanos y, además, fortalecer las instituciones.

Más y más secuestros
De acuerdo con el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, más de 60% de los delitos violentos no se denuncian en el país, lo que significa que sólo tres de cada diez infracciones son denunciadas a los cuerpos policiales.

“En las encuestas cuando se pregunta por qué las personas no ponen la denuncia, las principales respuestas son: porque los funcionarios no van a hacer nada y por temor a represalias, ya sea por parte de los delincuentes o por parte de los propios policías que, a veces, están involucrados en los delitos”, explica.

El sociólogo destaca también que entre 2006 y 2009 la tasa de secuestros en Venezuela se duplicó. Al respecto, el periodista Javier Mayorca señala que la región más peligrosa para ser víctima de un plagio es Barinas, donde se presenta un delito de este tipo por cada 12.463 habitantes, seguido de Distrito Capital (1 caso por cada 21.847 habitantes), Apure, Táchira, Zulia y Yaracuy.

A Henry Vivas se le niega el derecho a la salud



Patty Fuentes Gimón
El comisario Henry Vivas, detenido en el Sebin desde 2004, y su defensa continúan a la espera de que la jueza Lorena Moreno se pronuncie acerca de la solicitud de una medida humanitaria, pues el reo padece de 18 patologías.

“El proceso ha sido diferente que el resto de los casos porque, como no tiene cáncer, la jueza ha tenido dudas para darle la medida humanitaria. El viernes pasado fijó una audiencia con la Fiscalía y el médico forense, quien explicó todas las patologías y dijo que hay que intervenir cinco de ellas. La fiscal no dijo que se opone o no, sino que solicitó que se fije un lapso a los funcionarios de la policía para que lleven al comisario a que se practique las operaciones, vigilen el postoperatorio, lo saquen todos los días al aire libre, le den comida sana y garanticen que haga actividades físicas”, relata la abogada Theresly Malavé.

La defensora de Vivas asegura que lo que propuso el Ministerio Público “no se puede realizar en ninguna cárcel del país porque la dinámica del sistema penitenciario no lo permite. Menos lo van a hacer en la Disip porque sólo los sacan 24 horas al año a tomar sol, por eso tienen la piel amarilla”.

A pesar de que la opinión de la Fiscalía “no es vinculante”, dice Malavé, la juez no ha opinado; se está reservando tres días hábiles para emitir el pronunciamiento que será el miércoles.

“La juez como juez constitucional ante todo tiene que hacer respetar la Constitución y sabe que el MP no está garantizando verdaderamente el derecho a la salud. Como defensores le pedimos que se separe de la opinión fiscal. Si no accede a otorgarle la medida humanitaria, interpondremos una acción de amparo. Si la declaran sin lugar, porque es la misma Corte de Apelaciones que siempre niega lo que pedimos, lo estarían condenando a muerte. También tendremos que denunciar el caso ante la Comisión del Delito de Tortura porque constituye tortura”, sostiene.

Podría colapsar
Seis condiciones médicas destacan en el complicado diagnóstico médico del comisario Vivas. Padece de glaucoma en ambos ojos, que lo puede conducir a perder por completo la vista si no se trata constantemente. También, sufre de tinnitus, padecimiento en un oído que le produce un ruido fuerte, por lo que ha perdido parte de la audición. En su colon se encontraron pólipos premalignos, por los cuales necesita ser operado porque puede convertirse en cáncer. Similar condición tiene en el esófago, donde el Síndrome de Barrett antecede a un cáncer. Por si fuera poco, el ex policía presenta un tumor en la garganta y sufre de rinitis.

martes, 1 de noviembre de 2011

Código Penitenciario centraliza más

Patty Fuentes Gimón
Hasta ahora, el Estado no ha acatado lo establecido en el artículo 272 de la Constitución que prescribe que las cárceles “se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.

Con la promulgación de un Código Orgánico Penitenciario se busca darle legitimidad a lo que nunca se ha querido cumplir, pues “no reconoce la descentralización porque aún cuando se hace un vuelo por el tema, se deja de manera ambigua, como todo en este Gobierno, para luego hacer la interpretación que mejor se le ocurra al Ejecutivo Nacional que siempre ha opinado en pro del centralismo”, asegura William Ojeda (UNT-Miranda), diputado de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario en la Asamblea Nacional

A pesar de que se nombra en varias ocasiones la “institución rectora”, no se deja claro a cuál organismo se refiere. Sin embargo, Ojeda considera que “se sobreentiende que se trata del Ministerio de Servicios Penitenciarios, pero esto debería ser en concordancia con los entes descentralizados”.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, coincide con el diputado y recomienda que se cree un ente autónomo con carácter técnico con el fin de que “baje políticas públicas a los gobiernos regionales, que serían los encargados de responder penal, civil y administrativamente”.  

Retroceso carcelario
Por otro lado, el mencionado código elimina funciones del juez de ejecución, como la de calcular el tiempo de cumplimiento de la pena, y se las otorga al Ejecutivo, a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

“Esto es muy grave porque cuando un interno no está de acuerdo con una medida, hoy en día apela a una instancia judicial superior (la Corte de Apelaciones, por ejemplo). Ahora, con el código, sólo pudiese introducir un recurso jerárquico ante el Ministerio que no sería más que un recurso administrativo, muy diferente de una diligencia judicial”, sostiene Ojeda.

El diputado señala también que con esto se pretende retroceder a antes de que existiera el vigente Código Orgánico Procesal Penal que permite a los internos interactuar durante el cumplimiento de la pena, es decir, introducir recursos o apelar. En cambio, este código establecería que el juicio termina el día que se emita la condena y que el interno “quede únicamente a merced de la discrecionalidad de los burócratas del Ministerio”.

Contradice la Constitución 
El artículo 87 del Código Orgánico Penitenciario contempla que la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios “será encomendada a la Policía Nacional Bolivariana, quienes se encargarán de la vigilancia externa, control de acceso, traslados, conducciones al exterior, la requisa general y el control de alteraciones masivas del orden” dentro de los penales. Esto contradice el artículo 272 de la Constitución. Ojeda sostiene, por el contrario, que las prisiones “funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias”. Los propios estándares internacionales exigen que ni los policías ni los militares deban trabajar en las cárceles.


lunes, 31 de octubre de 2011

"No olvido la cara de mis secuestradores"


Patty Fuentes Gimón
Eran las seis de la tarde. Laura Guevara y sus dos hermanos regresaban a Caracas tras pasar Navidad con su familia en Puerto La Cruz. La lluvia no les permitía ver bien la carretera. Cuando transitaban por la vía de El Guapo, cayeron en dos huecos que ocasionaron que se espichara un caucho del automóvil. Siguieron rodando hasta hallar un sitio iluminado.

“Era un caserío. Salieron varias señoras, chamos y niños a ayudarnos. Después de cambiar el caucho, todos se fueron de nuevo a sus casas y sólo se quedaron cuatro tipos y nosotros tres. Nos dijeron que era un secuestro y nos montaron en el carro. Rodamos no sé hasta dónde con la cabeza hacia abajo. Pasamos alcabalas y echamos gasolina”, relata Guevara.

La joven de 26 años destaca que uno de los sitios donde se estacionaron “era un monte con casas de donde salieron varios tipos con armas largas. Ellos metían las armas al carro y nos amenazaban de muerte”.

Después de unas doce horas, cuando casi estaba amaneciendo, los victimarios liberaron a los tres plagiados a 20 minutos de Guatire. “Nos dejaron en una montaña y nos fuimos bajando uno por uno. Tuvimos que correr de espaldas y todo. Cuando estábamos con ellos, el que manejaba llamaba a otros y les daba datos para otros secuestros. Al parecer, según dijo la policía, esa es una banda de El Guapo que se encarga de abrir esos huecos en la carretera”, denuncia.

Han transcurrido casi dos años desde entonces y a Guevara todavía le cuesta conciliar el sueño de vez en cuando. “Al principio, casi no podía dormir porque soñaba siempre con eso. Tuve que ir al psicólogo, me mandaron pastillas para dormir, me trataron para que se me quitaran esos miedos y me enseñaron técnicas de respiración para calmarme”, cuenta.

Sin embargo, la víctima asegura que sigue soñando con el episodio y con los delincuentes. “No olvido sus caras. Cuando me da miedo, no salgo. Me vine a vivir a otro estado porque me quedó el trauma. Si veo a una persona de mal aspecto, empiezo a temblar y me dan ataques de llanto. En Caracas no podía montarme en el Metro ni ver a un indigente. Aquí, poco a poco, me he obligado a ir perdiendo el miedo”, dice.

Más y más plagios
El caso de Guevara forma parte de los 730 secuestros que, según los datos del Cicpc, se registraron en el país durante el año 2009. De acuerdo con Incosec, en 2010, 186 casos de plagios fueron denunciados al Cicpc tan sólo en uno de los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas, mientras que en los primeros cinco meses de este año, 174 casos de este tipo de delito han sido denunciados en todo el país. 

“Desde 1999 hasta 2010, el secuestro se incrementó en 2.680%, pues en 1999 ocurrieron 44 plagios en Venezuela y en 2010, según la proyección de Incosec basada en las cifras del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, fueron 1.179”, señala Fernando Esquerre, investigador de Incosec. 

Sin embargo, el experto resalta que el Cicpc destacó que el año pasado se presentaron 686 plagios en el país, pero “hay que tomar en cuenta que por cada secuestro denunciado, hay tres que no se denuncian”. 

Además, Esquerre sostiene que en 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que 66% de los secuestros con fines extorsivos ocurridos en el mundo tuvieron lugar en América Latina, región que sólo ocupa 8% de la población mundial. 

También el movimiento católico por la paz Pax Christi Internacional indicó en ese año que Venezuela ocupa el octavo lugar en secuestros del mundo y que el tipo de plagio que más se presenta en el país es el breve, mejor conocido como express, que es castigado con prisión de 15 a 20 años, pena establecida en el artículo 6 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión.

Impacto emocional
Las reacciones de las personas después de sufrir un secuestro varían dependiendo del equilibrio psíquico de cada quien.

El psicoterapeuta Julio Pérez explica que la etapa inicial de shock dura más o menos 24 horas y el afectado debería recibir atención psicológica durante ese período, pues “es muy importante porque la persona está en estado de impacto emocional y su primer sueño generalmente lo relaciona con el hecho porque penetra otras capas del inconsciente”. Posteriormente, viene la etapa de aceptación del evento y recuperación.

“Si una persona tiene algún trastorno psíquico o tiene cierta inmadurez emocional, puede quedarse en la primera etapa. Ahí es donde vienen los focos psicóticos, donde la persona queda en neutro, sin saber quién es”, dice.

Pérez aclara que, aunque el individuo supere el hecho de la mejor manera, siempre queda una huella. “Es una de las características del estrés postraumático. Ese paciente va a ser más susceptible frente a los eventos. Cuando se le acerquen extraños o tenga experiencias parecidas, puede alterarse mucho. Quizás vuelva a sus actividades normales, pero siempre quedará una sensibilidad”, agrega.

El psicólogo clínico Adrián Liberman coincide con Pérez y sostiene que la reacción general después de un secuestro es aguda y de ansiedad, pues la persona estuvo en una situación límite, donde la muerte se convierte en una cuasi realidad.

Ante episodios de este tipo, muchos toman decisiones apresuradas, como mudarse de estado o irse del país. “De repente, introducen modificaciones abruptas en su vida o toman decisiones precipitadas o descabelladas para evitar volver a experimentar una situación de tanto riesgo”, subraya.

Para evitar que quede una huella indeleble en el afectado, el doctor recomienda que, como los seres humanos son complejos e infinitamente variados, acuda a un profesional para superar el hecho.

Maltratos
Esquerre afirma que las víctimas de secuestros “tienen trastornos en sus pensamientos porque su vida y su libertad fueron objeto de negociación, a través de un lenguaje soez, con simulacros de asesinato (disparan mientras hablan por teléfono con la familia), manipulación de sus estados emocionales, custodia hostil, condiciones físicas degradantes, etc.”.

A su vez, estima que algunas personas se distancian de sus allegados por sentir que sólo ellos pueden cuidarse a sí mismos; otras, se encierran en sus casas, niegan la situación o se van del país para evitar estímulos que le recuerden el secuestro.

Tips para evitar ser
víctima de un secuestro
– Mantener un perfil bajo. No usar carros de lujo ni joyas llamativas.
– No transitar siempre por las mismas vías.
– Variar los sitios de entretenimiento.
– Mantener un medio de comunicación activo. Informar siempre dónde está.
– Evitar salir a la calle en las noches.
– Mantenerse alerta de lo que ocurre alrededor.
– Ver si hay personas en actitud sospechosa cerca de la casa, oficina o automóvil.
– Mantener distancia entre su automóvil y el de adelante.
– Estar alerta en los semáforos.
Fuente: Incosec
 
Si usted es víctima…
– No se resista.
– Reconozca que cada caso es particular.
– No pierda la calma y siga las instrucciones de los secuestradores.
– Nunca intente huir.
 
95% de las veces que los secuestradores dicen que son policías es falso 
 
 
“Ningún familiar debe negociar con los secuestradores sin haber recibido instrucciones de parte de las autoridades”
Fernando Esquerre, investigador de Incosec