“En este pulso, seguimos pulseando”

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

“Muchas veces la dinámica de participación no es más que la articulación de intereses compartidos porque somos víctimas de algo en común y tratamos de mover la solidaridad de la sociedad o de incidir en la política pública”.

Así lo expresó Carlos Correa, director de Espacio Público, en el foro “Importancia de las ONG en el fortalecimiento de la democracia”, que fue realizado el pasado sábado en el marco del noveno aniversario de la asociación civil Ciudadanía Activa.

Ante la aprobación de la Ley de Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que impide a las ONG recibir financiamiento internacional, representantes de diversas asociaciones señalaron tener un gran desafío por delante y aseguraron que seguirán en la lucha.

“Hay una pretensión de restringir el derecho a la asociación, pero en este pulso, seguimos pulseando en defensa de la democracia y de los valores de los sectores con enormes necesidades”, indicó Correa.

El director de Espacio Público advirtió que en la ley también se limita la posibilidad de invitar a un académico al país para que hable sobre un tema. “Puede ser interpretado de manera retorcida y podrían aplicarnos sanciones como inhabilitación política o pago de multas entre Bs. 275 y Vd. 550 millones”, añadió.

Cuenta regresiva… 614 días

Tras destacar que se siente optimista porque “si se mantienen los números, quedan 614 días para el final de todo esto”, el diputado Enrique Mendoza afirmó que para que la participación sea auténtica, no puede estar controlada por el Estado, “debe ser pluralista y desvinculada de lo político y religioso”.

El parlamentario explicó que lo único en lo que coincidían la sociedad marxista y la capitalista es en que para ser exitoso hay que buscar el talento. “Chávez hizo un antivalor: desprecia a la gente preparada, lo que crea la mediocridad y no hay sociedad que bajo un concepto de mediocridad se pueda construir”, agregó.  

¿Sobrevivirán? ¡Las que lo merezcan!

Jesús Torrealba, coordinador de Radar de los Barrios, alerta que sólo seguirán funcionando aquellas organizaciones que no hayan sido creadas desde el poder ni hayan perdido de vista la línea entre una ONG y una empresa consultora. “Sobrevivirán los pueblos organizados en función de objetivos específicos y con fines de contraloría social que promuevan las minorías que integran la mayoría silenciosa y que sus labores sean útiles para la sociedad”, aclaró.

No callarán a las ONG en Venezuela

Patty Fuentes Gimón
Video: ONG venezolanas

Con o sin Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, las organizaciones no gubernamentales seguirán haciendo su trabajo.

Aunque el estatuto legal fue aprobado el 22 de diciembre, aún no hay una reglamentación que explique con claridad los lineamientos de la ley.

"No sabemos cómo se va a ejecutar. Apenas estamos interpretando las disposiciones generales para ver de qué manera podrían verse afectadas las ONG. A partir de la semana que viene tomaremos decisiones porque no dejaremos que nos agarren por sorpresa", asegura Oscar Misle, director de Cecodap.

Sin embargo, el también fundador de la ONG que promueve los derechos humanos de los niños y adolescentes estima que "en el supuesto de que nos regulen la cooperación internacional, tendremos que agruparnos con otras ONG para tener un plan B. Hay que ver cuál es el tipo de cooperación que se regula".

CREATIVIDAD COMO ALTERNATIVA
En vista de que el Estado hará hasta lo imposible para que las ONG dejen de recibir financiamiento internacional, los defensores de derechos humanos buscarán otras opciones para seguir haciendo su trabajo.

"Previniendo que esto pudiera pasar, hicimos un convenio con El Nacional y dictamos talleres con un costo muy bajo. Ahora tenemos que pensar en cosas nuevas, como organizar potazos y verbenas; editar libros y venderlos a precios económicos, o proponer a alcaldías y gobernaciones dictar talleres en sus jurisdicciones en materia de derechos humanos", señala Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, ONG que protege los derechos de los privados de libertad.

Nieto Palma añade que, ante la posible aprobación de este instrumento legal, Una Ventana a la Libertad decidió unirse el año pasado a otras siete ONG y crear el Foro para los derechos humanos y la Democracia, coalición a través de la cual podrán realizar actividades que generen recursos.

"Lo que te puedo asegurar es que ni cerraremos la ventana, ni apagaremos las luces, ni botaremos las llaves. Aquí seguimos aunque no sabemos cómo será. Pediremos prestado, haremos 'vacas' o algo inventaremos. La ley nos podrá coartar algunas cosas, pero no todas... Dios no abandona a los buenos y, como dice Rocío San Miguel, para defender los derechos humanos lo que hace falta es estar vivo", expresó Nieto Palma.

POLÍTICA DE SUBSIDIO
Para Misle, la Ley de Defensa de la Soberanía Política no solamente puede verse desde el punto de vista económico, sino también como una ruptura de la solidaridad entre países.

"Financiamiento no nada más implica dinero. Con esta ley podría romperse el esquema de la solidaridad, lo que generaría reacciones en muchos países, pues se estarían coartando procesos de articulación que permitan implementar políticas regionales con el fin de buscar soluciones a la violencia", agrega.

El director de Cecodap afirma que su ONG tiene una política de no depender exclusivamente de la cooperación internacional, por lo que genera recursos a través de la venta de guías, folletos y libros, además de la realización de cursos y talleres.

"Esta no es una respuesta que nos satisface del todo porque sabemos que en el país no hay cultura de responsabilidad social. Debemos incentivar la recaudación de fondos en el país y crear una política de subsidio para poder seguir tratando el tema de la violencia que actualmente está muy demandado", dice.

RESTRICCIONES Y AMENAZAS
Feliciano Reyna, presidente de las ONG Sinergia y Acción Solidaria, considera que la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional plantea amenazas para la defensa de los derechos humanos, pues "no hay manera de promover el derecho a una vivienda digna, salud, educación o a la vida misma, si no se tiene la posibilidad de organizarse para participar en la vida pública".

Reyna compara este instrumento legal con la censura previa porque "sólo por recibir recursos internacionales, ya se supone que se está haciendo una actividad ilegal. Para quienes mal utilicen ese dinero, ya está establecido el debido proceso en el Código Penal".