viernes, 4 de febrero de 2011

El Código Penal viola los DDHH de las mujeres

Patty Fuentes Gimón 
El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres presentó el Informe Alternativo sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 2010, en el cual se denuncia que algunos artículos del Código Penal contradicen varias disposiciones de la Constitución y de los acuerdos internacionales.

Entre ellos, se destaca el 393 que exime de la pena a un violador si contrae matrimonio con su víctima, lo que según esta ONG, ocasiona que "muchas veces las niñas y mujeres violadas sean obligadas a casarse con sus violadores para que estos puedan salir de la cárcel", ya que "la mayoría de los casos de violación son cometidos por personas cercanas a la víctima".

El informe asegura que, a pesar de que el Código Penal fue reformado en 2005, aún mantiene normas que discriminan a las mujeres, disminuyen su condición humana, su sexualidad y su capacidad de decidir sobre sí mismas.

Por ejemplo, se establecen sanciones diferentes para hombres y para mujeres por un mismo delito, como el caso del adulterio, que además minimiza la pena del hombre que hiera o mate a su esposa si la sorprende en un acto de adulterio. "No incurrirán en las penas comunes de homicidio ni en las de lesiones, el marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer y a su cómplice, mate, hiera o maltrate a uno de ellos o a ambos", dicta el artículo 421.

IMPUNIDAD Y DESINFORMACIÓN
El estudio reveló también que, en el año 2009, la impunidad por violencia contra las mujeres fue de 96%. "En un clima de impunidad, de poco sirven las leyes, ya que si los organismos encargados de hacerlas cumplir no ejercen su responsabilidad, difícil- mente se puede lograr que las personas las obedezcan o que se denuncien, pues las víctimas dejan de creer en la posibilidad de hacer justicia a través de los medios legales", se expresa en el informe.

jueves, 3 de febrero de 2011

Firmes por la liberación de los presos políticos


Patty Fuentes Gimón
Hoy se cumplen cuatro días desde que nueve personas, entre ellos estudiantes, iniciaron una huelga de hambre frente a la sede de la Organización de Estados Americanos, en Las Mercedes, para exigir la liberación de los presos políticos venezolanos.

“Estamos un poco agotados, pero firmes en esta huelga. Aquí estamos y aquí nos mantendremos; es una lucha de resistencia en la que el tiempo es el principal jugador”, expresó Lorent Enrique Gómez Saleh, estudiante de la Universidad Alejandro de Humboldt.

Los huelguistas entregaron ayer en el despacho de Miraflores una carta explicando los motivos de su protesta y exigiendo que sus peticiones sean escuchadas. “Ya el Presidente debe tener la carta en sus manos al igual que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pero ninguno de los dos se ha pronunciado”, dijo el joven.

“En sus manos está que terminemos la huelga en felices términos, en sus manos está la libertad de estas personas; recuerde que usted es libre, no por su inocencia, sino por una amnistía… Hay 27 personas que permanecen tras las rejas por oponerse a usted, por tener conciencia distinta, hay gente alejada de sus familias siendo inocentes…”, expresaron los jóvenes a través de la carta dirigida al presidente Chávez.

El estudiante aseguró que, hasta ahora, sólo se han presentado al sitio de la huelga diputados, miembros de ONG y de la sociedad civil.

Conceden casa por cárcel a Afiuni


Patty Fuentes Gimón
Por fin actuaron constitucionalmente. No se sabe si el Gobierno se asustó después de que el mundo entero se pronunciara a favor de María Lourdes Afiuni o si el juez Alí Paredes se vio obligado a actuar. El hecho es que ahora la jueza podrá seguir con su proceso penal desde su casa, lejos de la pequeña celda del INOF que la albergó durante los últimos trece meses.

Así lo acordó ayer en la tarde el Tribunal 23 de Juicio, después de que la fiscal Luisa Ortega Díaz formalizara la solicitud de concederle arresto domiciliario a Afiuni por su deteriorado estado de salud. Los abogados de la privada de libertad también habían requerido al mencionado tribunal que acordara una medida menos gravosa, ajustada a Derecho.

“Ha sido una batalla, hemos logrado simplemente una victoria. Esperábamos que privara la sensatez porque, hasta ahora, no habían tomado en cuenta que la jueza estaba sometida a una situación de tortura, amenazada de muerte y con precaria salud, además de que estaban pasando por encima de la presunción de su inocencia”, expresó José Amalio Graterol, defensor de la jueza.

El juez de la causa a su vez estableció una medida de presentación periódica cada ocho días ante el Tribunal y una prohibición de declarar a medios nacionales e internacionales sobre su caso, lo que para el abogado de la jueza resulta una restricción a la libertad de expresión.

Hoy podría ser operada
Afiuni fue trasladada ayer al oncológico Padre Machado, donde permanecerá hospitalizada hasta que, a través de exámenes médicos, se determine cuál será la fecha de su operación.

“En la biopsia pudimos ver que tiene engrosamiento y fibromatosis en el útero (patología tumoral benigna frecuente en el aparato genital femenino). Hay que hacerle una histerectomía total, es decir, habrá que extraerle el útero, pero primero el neumólogo tiene que ver sus condiciones físicas para decir si está preparada para la operación”, explicó el hermano de la jueza, Nelson Afiuni.

Graterol, por su parte, señaló que el oncólogo que trata a su defendida estima que la recuperación de la intervención quirúrgica puede ser de 30 a 35 días. “La salida del hospital depende de lo que digan los galenos del oncológico. Después de recuperarse, podrá irse para su casa”, añadió.

El hermano de la jueza 31 de Control asegura que en su vivienda estará mejor, pues su madre la atenderá a toda hora, su padre ya está retirado y, además, contará con la compañía de su única hija.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Arturo Camaripano lleva 1 año secuestrado


Patty Fuentes Gimón
Eran las 10:30 de la mañana. El productor Arturo Camaripano entraba a su finca San Ramón en las Mercedes del Llano, estado Guárico. Su asistente agropecuaria, Carmen González, iba de copiloto en la Nissan Frontier que fue interceptada por otro automóvil. Varios sujetos se bajaron de la camioneta y se llevaron secuestrados a Camaripano y a González.

Ha transcurrido casi un año desde entonces y los familiares de los plagiados siguen esperando su liberación. “Fue el 4 de febrero de 2010 cuando comenzó toda esta odisea. Yo me enteré como a las 12 del mediodía que se me ocurrió llamarlo al teléfono de la finca, me dijeron que no había llegado y de una vez pensé: ‘Se lo llevaron’. Lo supuse porque él me había dicho varias veces que lo llamara; no sé si tenía un mal presentimiento o qué”, expresa Diana Camaripano, la segunda de los seis hijos de Arturo Camaripano.

Aunque los propietarios de San Ramón no habían recibido amenazas, la joven de 27 años explica que “siempre teníamos miedo de que nos secuestraran porque con la delincuencia que hay en el país uno siempre está alerta”.

La misma noche del secuestro, se presentaron en la casa de los Camaripano, a media hora de la hacienda, funcionarios del Cicpc y de la Guardia Nacional. “Durante el día no hubo ni una alcabala en todo el estado. Era como si no hubiera pasado nada porque todo el mundo estaba en el desfile del 4 de febrero con Chávez… Nadie me contestaba, tenían los teléfonos apagados. Nosotros mismos fuimos los que encontramos el carro al día siguiente: estaba en la vía Agua Blanca, cerca de Calabozo”, relata.

Dos semanas después, los secuestradores se comunicaron con la familia González y dieron la orden de que compraran un celular Digitel y otro Movilnet. “Nos llamaron al día siguiente, tenían acento como colombiano. Desde ahí empezaron las negociaciones, nos pidieron Bs.F. 15 millones y nos dijeron que si no, los iban a matar. Después bajaron la cantidad, pero cuando les pedíamos fe de vida nos subían el monto. No he visto fotos ni videos de mi papá, sólo nos ha respondido preguntas secretas que nada más puede saber él y el 26 de febrero recibimos una carta escrita por la señora Carmen diciendo que negociáramos rápido porque estar secuestrado es muy malo”, añade.

Los familiares no han tenido contacto con los plagiarios desde el 26 de septiembre ni han podido localizarlos porque las llamadas que recibían son desde una plataforma internacional.

“La última vez nos pidieron 2 millones de bolívares. No tenemos ese dinero porque mi papá es el único que puede vender y negociar porque todo está a su nombre; no manejamos dinero en efectivo”, indica.  

“El Gobierno dice que está trabajando en esto, pero hasta que no me traigan a mi papá, no será efectiva su labor” 
Diana Camaripano, hija de Arturo Camaripano

Cinco presos asesinados en Vista Hermosa

Patty Fuentes Gimón
Foto: Renier Otto
Cinco reos de la cárcel de Vista Hermosa, ubicada en el estado Bolívar, fallecieron la madrugada de ayer y otros 20 resultaron heridos producto de una riña que se originó presuntamente por el control del recinto.

Aunque hasta el cierre de esta edición el director del penal se había negado a ofrecer declaraciones oficiales a los medios de comunicación, se pudo conocer que los reclusos que murieron provenían del Comando Policial de Guaiparo, localizado en San Félix, y habían sido trasladados el lunes a Vista Hermosa, considerada una de las prisiones más peligrosas del país.

Amenazan con iniciar huelga de sangre
Más de 300 internos del Centro Penitenciario de Cumaná iniciaron una huelga de hambre el lunes en la tarde para solicitar celeridad en los procesos judiciales y con el fin de denunciar las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones de ese penal.

Los reclusos advirtieron ayer que, de no ser convocados pronto a una reunión con el director de la cárcel y con el circuito penal, llevarán a cabo una huelga de sangre. Sin embargo, las autoridades no han dado ningún tipo de respuesta.

Como medida de presión, los internos de Cumaná secuestraron a algunos familiares durante más de cinco horas hace aproximadamente dos semanas, pero tampoco fueron atendidas sus solicitudes.

UNT se pronuncia
El diputado William Ojeda, vicepresidente de la Comisión de Régimen Penitenciarios y Cultos, aseguró que la situación irregular ocurrida en la cárcel de Vista Hermosa es producto de la fuerte molestia en los recintos penitenciarios, debido a que el Ministerio del Interior y Justicia tiene un fuerte retraso en los traslados para las audiencias preliminares en el Palacio de Justicia.

Para el diputado de Un Nuevo Tiempo no queda duda de que este escenario de violencia es responsabilidad del Estado y, específicamente, del ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, a quien exigió su renuncio ante la ineficiencia.

martes, 1 de febrero de 2011

Los oficios ahora matan sentencias


Patty Fuentes Gimón
Foto: Saúl Uzcátegui
Eloísa Álvarez lleva cinco años tratando de recuperar su vivienda en Colinas de Bello Monte, Caracas. En 2002 decidió alquilar su apartamento porque no tenía ingresos suficientes para mantener a sus dos hijas. Cuando venció la prórroga legal de los inquilinos, en octubre de 2009, Álvarez les avisó que debían retirarse de la vivienda, pero estos se negaron, por lo que el caso fue llevado a tribunales.

Después de un año y un mes de espera, en noviembre de 2010 se firmó la sentencia firme con orden de desalojo forzoso, pero no logró que los arrendatarios salieran.

El 10 de enero de 2011, la propietaria del apartamento presentó una segunda orden de desalojo forzoso a sus inquilinos, quienes solicitaron un lapso de 15 días para salir voluntariamente, de los cuales se les otorgaron 10, por lo que debían retirarse el 20 de enero.

Cuando llegó el día y Álvarez notó que los arrendatarios no tenían intenciones de salir, decidió instalarse en el pasillo frente a su apartamento. Han transcurrido once días desde entonces y los inquilinos alegan estar amparados por la ley, pues el 14 de enero el Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo las instrucciones del presidente Chávez, publicó un oficio que suspende temporalmente los desalojos de inmuebles alquilados.

“Hay muchas Eloísas”
Álvarez es uno de los 1.500.000 propietarios que se ven afectados por el oficio del TSJ, según el coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Raimundo Orta Poleo, quien también estima que directamente deben haber sido detenidas las ejecuciones de 4 mil sentencias en todo el país.

“El oficio lo firma Luis Estela Morales en su carácter de presidenta de la Comisión Judicial del TSJ y no en nombre de la presidencia del TSJ porque eso no ha pasado por un juicio. Esa comisión no tiene facultad para ordenarles a los jueces que no ejecuten temporalmente medidas judiciales, preventivas o ejecutivas que conlleven al desalojo de inmuebles destinados a vivienda o habitación, aun existiendo sentencia definitiva”, explica el abogado.

El escritorio jurídico Orta Poleo ejerció el recurso de reconsideración administrativa para que, en los próximos 15 días, revoquen totalmente la decisión. “Ya quedan sólo 4 días. Si no lo hacen, tendremos que recurrir a la Sala Constitucional porque se violan los derechos a la defensa y al debido proceso”, señala.

¿Desalojos arbitrarios y masivos?
A juicio del experto en materia inmobiliaria, “en gran parte se acabó el Estado de derecho en el país porque un órgano administrativo no puede ir contra los poderes Judicial y Legislativo”.

Orta Poleo indica que esta medida proviene de un error fundamental que se comete en Venezuela: “El TSJ no debería tener funciones administrativas que antes dependían del Ministerio de Justicia”.  
El abogado denuncia que el oficio estuvo motivado “porque algunas personas que se dicen representantes de los arrendatarios, convencieron a esos órganos de que aquí se producen desalojos arbitrarios y masivos. No pueden ser arbitrarios porque siempre vienen de un acto de un tribunal, ni pueden ser masivos porque los juicios son individuales”.

¡Alerta, inquilinos!
Orta Poleo entiende a los inquilinos, pues después de que declararon la congelación de alquileres, quedaron inmovilizados. “No consiguen lugar para mudarse como inquilinos, sino que tendrían que pasar a ser propietarios y los inmuebles no están al alcance económico de muchos de ellos. Por eso, se aprovechan de este oficio”, dice. Sin embargo, advierte a los inquilinos que se mantengan al día con sus pagos y busquen vivienda porque “cuando se levante esta medida podrían quedar en la calle”. El abogado asegura que “el Gobierno debe recapacitar, pues está contrariando totalmente la Constitución”.

“La ley establece cómo son los procesos judiciales y ningún órgano, ni siquiera un tribunal, lo puede modificar” 
Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de Apiur





















lunes, 31 de enero de 2011

No callarán a las ONG en Venezuela


Patty Fuentes Gimón
Video: ONG venezolanas
Con o sin Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, las organizaciones no gubernamentales seguirán haciendo su trabajo.

Aunque el estatuto legal fue aprobado el 22 de diciembre, aún no hay una reglamentación que explique con claridad los lineamientos de la ley.

"No sabemos cómo se va a ejecutar. Apenas estamos interpretando las disposiciones generales para ver de qué manera podrían verse afectadas las ONG. A partir de la semana que viene tomaremos decisiones porque no dejaremos que nos agarren por sorpresa", asegura Oscar Misle, director de Cecodap.

Sin embargo, el también fundador de la ONG que promueve los derechos humanos de los niños y adolescentes estima que "en el supuesto de que nos regulen la cooperación internacional, tendremos que agruparnos con otras ONG para tener un plan B. Hay que ver cuál es el tipo de cooperación que se regula".

CREATIVIDAD COMO ALTERNATIVA
En vista de que el Estado hará hasta lo imposible para que las ONG dejen de recibir financiamiento internacional, los defensores de derechos humanos buscarán otras opciones para seguir haciendo su trabajo.

"Previniendo que esto pudiera pasar, hicimos un convenio con El Nacional y dictamos talleres con un costo muy bajo. Ahora tenemos que pensar en cosas nuevas, como organizar potazos y verbenas; editar libros y venderlos a precios económicos, o proponer a alcaldías y gobernaciones dictar talleres en sus jurisdicciones en materia de derechos humanos", señala Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, ONG que protege los derechos de los privados de libertad.

Nieto Palma añade que, ante la posible aprobación de este instrumento legal, Una Ventana a la Libertad decidió unirse el año pasado a otras siete ONG y crear el Foro para los derechos humanos y la Democracia, coalición a través de la cual podrán realizar actividades que generen recursos.

"Lo que te puedo asegurar es que ni cerraremos la ventana, ni apagaremos las luces, ni botaremos las llaves. Aquí seguimos aunque no sabemos cómo será. Pediremos prestado, haremos 'vacas' o algo inventaremos. La ley nos podrá coartar algunas cosas, pero no todas... Dios no abandona a los buenos y, como dice Rocío San Miguel, para defender los derechos humanos lo que hace falta es estar vivo", expresó Nieto Palma.

POLÍTICA DE SUBSIDIO
Para Misle, la Ley de Defensa de la Soberanía Política no solamente puede verse desde el punto de vista económico, sino también como una ruptura de la solidaridad entre países.

"Financiamiento no nada más implica dinero. Con esta ley podría romperse el esquema de la solidaridad, lo que generaría reacciones en muchos países, pues se estarían coartando procesos de articulación que permitan implementar políticas regionales con el fin de buscar soluciones a la violencia", agrega.

El director de Cecodap afirma que su ONG tiene una política de no depender exclusivamente de la cooperación internacional, por lo que genera recursos a través de la venta de guías, folletos y libros, además de la realización de cursos y talleres.

"Esta no es una respuesta que nos satisface del todo porque sabemos que en el país no hay cultura de responsabilidad social. Debemos incentivar la recaudación de fondos en el país y crear una política de subsidio para poder seguir tratando el tema de la violencia que actualmente está muy demandado", dice.

RESTRICCIONES Y AMENAZAS
Feliciano Reyna, presidente de las ONG Sinergia y Acción Solidaria, considera que la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional plantea amenazas para la defensa de los derechos humanos, pues "no hay manera de promover el derecho a una vivienda digna, salud, educación o a la vida misma, si no se tiene la posibilidad de organizarse para participar en la vida pública".

Reyna compara este instrumento legal con la censura previa porque "sólo por recibir recursos internacionales, ya se supone que se está haciendo una actividad ilegal. Para quienes mal utilicen ese dinero, ya está establecido el debido proceso en el Código Penal".

La violencia se ataca con espacios públicos

Patty Fuentes Gimón
Foto: Saúl Uzcátegui
Giovanni Rodríguez murió a manos de su mejor amigo. Una pequeña discusión por diferencias deportivas terminó siendo una tragedia. El hombre de 32 años era fanático de Navegantes del Magallanes y su compañero de Leones del Caracas.

Después de que los melenudos vencieron al equipo valenciano en la final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional 2009-2010, los aficionados discutieron y se fueron a las manos hasta que el caraquista sacó una navaja y dejó sin vida a su amigo.

Este fue uno de los 17.600 asesinatos que, según el Observatorio Venezolano de Violencia, se registraron durante el año 2010. Muchos de estos homicidios son producto de la falta de reconocimiento en el país, pues la intolerancia política, religiosa, social e, incluso, ideológica, se ha hecho cada vez más frecuente en los venezolanos.

“Hoy en día, cualquier disputa puede convertirse en un hecho de sangre. Como el sistema de justicia no funciona en Venezuela, para muchos la única vía es la del ojo por ojo. Todo se resumen en un problema de convivencia ciudadana”, estima Luis Cedeño, coordinador de la ONG Paz Activa. 

En el marco del Día Mundial de la No Violencia, que se celebra este domingo, el sociólogo asegura que las sociedades siempre han tenido dificultades para reconocerse y, más aún, en los países con altos índices de pobreza.

“Siempre hay una tensión dialéctica entre las clases, una lucha que no contribuye a construir el capital social, sino que resalta la dinámica del ganar-perder: si alguien gana, el otro tiene que perder”, señala.

Cedeño explica que la construcción del capital social se logra a través del reconocimiento del otro y de los niveles de asociaciones superiores.

“Debemos entender que todos somos válidos dentro de la sociedad y es importante que la gente cada vez esté más organizada. Mientras más relacionados estemos con lo que piensan los demás, tendremos mayor garantía de que disminuirán los niveles de violencia”, añade.

NO RENUNCIAR, SINO RESCATAR
“Celebrar el Día Mundial de la No Violencia tiene sentido porque ésta se ha convertido en un fenómeno que se ha generado por el aumento de la población, la aparición de nuevos problemas de convivencia y la ausencia de espacios para que haya una interacción de identificación y no de conflicto”, expresa Amalio Belmonte, secretario general de la Universidad Central de Venezuela.

El profesor afirma que, en el mundo entero, la violencia se ha hecho más presente en las ciudades que en las zonas rurales. En Venezuela, antes se sabía que la frontera y las ciudades más pobladas eran las más violentas. Ahora, está en todas partes.

“Sin mecanismos de comunicación, instituciones que resuelvan conflictos y espacios públicos para que la gente se reconozca, es más probable que haya violencia. El fenómeno es tan complicado de examinar que hay ciudades como Nueva York y Medellín que fueron violentas y ya no lo son, lo que indica que vivir en la ciudad no significa vivir en violencia, sino que depende de cómo esté planificada la urbe”, dice.

Para Belmonte, “Caracas es un ejemplo bastante exacto de lo que no debe ser una ciudad”, porque no hay espacios públicos, salvo los centros comerciales, ni hay una fortaleza institucional que permita dirimir los conflictos, lo que ocasiona que los ciudadanos traten de resolver los conflictos directamente.

“Además, la densidad poblacional de Caracas es muy alta. La promiscuidad y las propias fallas de los servicios generan agresividad y una especie de paranoia colectiva que tiende a la violencia. Esto tiene un agregado político que antes no existía y que divide a la ciudad en zonas. Los ciudadanos han sido expulsados del espacio público. Los dueños ahora son los delincuentes”, denuncia.

El secretario de la UCV recomienda, en vez de renunciar a los espacios públicos, rescatarlos a través de una acción combinada entre los vecinos, el sector privado, las alcaldías, gobernaciones y el Gobierno Nacional.