Le ponen tarea a la nueva AN

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

A sólo cuatro días de las elecciones parlamentarias, la ONG Espacio Público propone una agenda legislativa, “basada en los Derechos Humanos Internacionales”, que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información.

El director de Espacio Público, Carlos Correa, destacó que la primera recomendación que hacen a los próximos diputados de la Asamblea Nacional es promover una ley de acceso a la información pública para “facilitar el control ciudadano de la gestión pública, por medio de la publicidad, transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado”.

Correa aclaró que esa información debe ser publicada por el Gobierno “sin que haya que pedírsela” y que dicha ley debería ajustarse a la “ley modelo” aprobada este año por la Organización de Estados Americanos.

Respecto a las manifestaciones públicas, la organización plantea reformar el artículo 357 del Código Penal que establece que “quien ponga obstáculo en una vía de circulación de cualquier medio de transporte… o realice cualquier acto con el objeto de preparar el peligro de un siniestro, será castigado con pena de prisión de cuatro a ocho años”.

Asimismo, se sugiere crear una ley que sancione a los funcionarios que hagan uso desproporcionado de la fuerza, de armas de fuego o gases tóxicos en el control de manifestaciones.

“Debe haber equilibrio, un trato igualitario para todos los sectores, pues la regulación del derecho a la manifestación no puede vaciar el derecho”, asegura Correa.

El defensor de Derechos Humanos considera necesario despenalizar los llamados “delitos contra el honor y la reputación”, contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal. A su juicio, “restringen la libertad de prensa y de expresión, y pueden ser resarcidos a través del derecho a réplica o reparaciones económicas proporcionales”.

LO PÚBLICO ES DE TODOS
Espacio Público exhorta también a que se elaboren leyes que:
- Controlen los medios públicos para que sean dirigidos por un ente independiente al Estado y estén al servicio del conjunto de la sociedad y no de una parcela.
- Regulen la publicidad gubernamental “a fin de que se siga una administración justa”.
- Garanticen la diversidad y pluralidad en la futura implantación del modelo de radio y televisión digital.
- Promuevan el acceso universal a internet y la neutralidad de la red.

Retienen a dos periodistas de La Región

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Funcionarios de la Guardia Nacional (GN) detuvieron ayer durante poco más de media hora a dos periodistas del diario La Región, de Los Teques, mientras tomaban fotos a un operativo de Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) en la plaza Guaicaipuro.

El jefe de información del periódico, Daniel Murolo, informó que un teniente de la GN explicó al jefe de Fotografía, Jairo Ramírez, y a la periodista de sucesos, Glorimar Fernández, que esa era una zona militar, que debían pedir permiso para tomar fotos y que no iban a dejarlos ir hasta que no se presentara en el sitio el jefe del diario.

“Las zonas militares no son quita y pon. Esa es una plaza pública de Los Teques donde cualquiera puede transitar. Incluso, durante el fin de semana tomamos fotos al operativo y nadie nos había dicho nada. El teniente además dijo que ellos podían ser paramilitares que querían vender la foto a las FARC, a pesar de que los periodistas estaban identificados con el carnet del periódico”, relató Murolo.

El jefe de información acudió hasta la plaza Guaicaipuro para que dejaran ir a sus compañeros de trabajo. “Le dije al funcionario que eso es ilegal, que en todo caso él podía llamarles la atención y decirles que debían llevar un permiso para tomar fotos, pero no debía quitarles la cámara ni dejarlos retenidos”, añadió.

Murolo señaló que ese operativo está conformado por Poliguaicaipuro, el Cicpc, Polimiranda y la Guardia Nacional para combatir la delincuencia y que, efectivamente, durante el fin de semana no se registró homicidio alguno.

TalCual en el tribunal

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Ayer se llevó a cabo la continuación de la audiencia de sustanciación en relación al caso del diario TalCual, que fue demandado el pasado 16 de agosto por la Defensoría del Pueblo por la supuesta "violación y amenaza de los derechos de niños, niñas y adolescentes", tras publicar una imagen de la morgue de Bello Monte.

En esta oportunidad, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía presentaron sus pruebas, mientras que los defensores del diario decidieron no promover pruebas por considerar que "se trata de un juicio político, donde se están mal utilizando los recursos".

Humberto Mendoza D’Paola, defensor del periódico, denunció que se está haciendo uso de la Lopna, con desviación de poder, "para imponerle una censura previa a TalCual que no busca proteger a los niños, niñas y adolescentes, sino tapar las muertes violentas que el Gobierno no combate".

El abogado explicó que se opusieron a las pruebas presentadas por los entes del Estado, pues "no estaban basadas en ninguna técnica jurídica". Además, "piden una experticia sin señalar quiénes son los expertos y la Fiscalía promovió que Conatel nos designara un semiólogo, a lo cual respondimos: que a los medios impresos no nos rige Conatel; que esa comisión es obviamente un ente interesado, por lo que no hay imparcialidad; y que la prueba no se promueve de esa manera".

La defensa de TalCual propuso que cada una de las partes designe su propio semiólogo. "Nosotros elegimos a Antonio Pasquali y llevaré su currículo, pero también espero que me entreguen los currículos de los expertos que presentarán la Fiscalía y la Defensoría. Terminamos enseñándole a la Fiscalía cómo se promueven las pruebas", añadió Mendoza D’Paola.

Reiteran confianza y garantía en el voto

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

A seis días de las elecciones parlamentarias, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó ayer que el ente comicial realizó la auditoría de predespacho en Fila de Mariche, donde actores políticos, testigos y observadores nacionales comprobaron la “seguridad y garantía que este Poder Electoral le da a las organizaciones postulantes y a todos los electores”.

“La auditoría de predespacho consiste en un resumen de varias auditorías que se hicieron previamente. Se emiten los votos para saber cómo se comportan las máquinas, se cuentan los votos y se imprime el comprobante para ver si coincide con lo expresado por el elector. También se hace un protocolo para ver cómo ha sido la transmisión y se hace una auditoría del hardware de la máquina”, explicó.

Lucena aseguró además que 80% de los miembros de mesa se han capacitado para el 26 de septiembre y que en los estados Cojedes, Apure, Yaracuy y Táchira la totalidad de ellos ya está instruida.

Sin embargo, advirtió que las personas que fueron seleccionadas como miembros de mesa, y aún no se han presentado en los centros electorales, deben hacerlo en el transcurso de esta semana, o serán sancionados de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Electoral.

La representante del CNE denunció, por otro lado, que ciertas organizaciones políticas están capacitando a miembros de mesa y testigos que no han sido reconocidos por el ente electoral.

“No sabemos si lo hacen para confundir y enredar, pero estamos muy atentos. Los manuales electorales están en la página web del CNE para quien necesite aclarar alguna duda”, señaló.

Lucena informó que fue extendido el plazo para la acreditación de testigos hasta el sábado antes de las elecciones y que, hasta ahora, se han acreditado 18.928 testigos de la Mesa de la Unidad, 30.762 del PSUV, 6.661 del PPT, 1.619 de otras alianzas y 1.016 de las representaciones indígenas.

Proceso “blindado”

El representante de la MUD ante el CNE, Vicente Bello, ha participado en las auditorías que se han llevado a cabo y asegura que están garantizados el secreto y la seguridad del voto.

“No existe conexión entre la máquina de votación y el capta huellas ni tampoco existe algún satélite que pueda ver cómo se ejerce el voto. El proceso electoral ha venido mejorando en la medida en que se ha realizado cada auditoría”, añadió.

Oscar Martínez, representante del PSUV ante el CNE, coincide con Bello y reitera que “una vez más, el ente electoral nos ha demostrado que tiene transparencia y brinda seguridad al voto de cada elector”.

Asimismo, afirma que todas las personas que han presenciado las auditorías llegaron a la conclusión de que “el proceso está blindado”.

La auditoría estuvo avalada también por Carenne Ludeña, de la Red de Observadores de la Asamblea de Educación, quien confirmó que “no hay hallazgos que reportar” y que los venezolanos deben tener confianza en el proceso. “El sábado hicimos el simulacro de las máquinas capta huellas y el domingo el de votación. Con ambos se demuestra que debe haber tranquilidad y seguridad en el voto”, destacó.

LO QUE SE DEBE RECORDAR AL IR A VOTAR

1. Quiénes son los candidatos de su preferencia
2. Dónde están ubicados en las dos boletas los candidatos de su preferencia
3. Cuántos votos debe emitir

Frase: “No hay que dejarse atemorizar; el CNE garantiza el proceso electoral como siempre lo ha hecho. Saldremos todos a votar masivamente” Tibisay Lucena, presidenta del CNE

Leyenda: Tibisay Lucena denunció que organizaciones políticas capacitan a miembros de mesa que no han sido reconocidos por el CNE

Periodista es víctima de retaliación política

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Rosa Virginia Garrido llevaba cinco meses trabajando como periodista en el Consejo Legislativo del Estado Yaracuy (CLEY). En diversas oportunidades, se había pronunciado en contra de las violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela. Su condición de miembro del Tribunal Disciplinario Nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) la llevaba a no quedarse callada ante los casos que atentaban contra los comunicadores sociales, lo que la hizo perder su cargo.

“Primero fui coaccionada a renunciar por parte de la secretaria de Comunicación e Información de la Gobernación de Yaracuy, Nibean Corona, quien me dijo que no podía trabajar para el Gobierno y a la vez declarar en contra de su accionar”, relata.

Garrido también denuncia que la funcionaria le aseguró que el trabajo era un beneficio, a lo que ella respondió que “es un derecho” y se negó a renunciar.

Aproximadamente dos semanas después, a finales de agosto de este año, la periodista manifestó su rechazo por la actitud del Estado frente al caso de la fotografía de la morgue publicada en los diarios El Nacional y TalCual.

“Este tipo de acciones marcan un hito en la historia del periodismo en el país y sirven de precedente para que el Gobierno tome medidas contra otros medios que no respaldan sus intereses”, señala.

A raíz de dicho pronunciamiento, el departamento de Recursos Humanos del CLEY informó a Garrido que su contrato había finalizado y su jefa, la diputada Shirley Romero, le aseguró que se trataba de una reducción de personal. “La presunta culminación de contrato es totalmente falsa porque yo entré en marzo, cumplí mis primeros tres meses y continué hasta agosto. Tuve que firmar obligada porque esa es la única constancia que tengo ahora para comenzar con el procedimiento legal”, indica.

Mordaza por doquier

La reportera añade que el supuesto argumento de que había una reducción de personal también era falso, pues a los pocos días ya estaba alguien a cargo de sus labores.

“Esa persona forma parte de la directiva seccional del CNP en Yaracuy, donde ganaron los periodistas chavistas. Es claro que mi despido es producto de una retaliación política porque no soy de ellos ni estuve con su plancha, sino que quedé en la directiva nacional. Se han dedicado a hacerle la vida de cuadritos a los periodistas que no estuvieron con ellos”, sostiene.

Garrido agrega que al secretario general del CNP en ese estado, Carlos Vielma, le han abierto expedientes en el Tribunal Disciplinario Nacional por “haberse pronunciado públicamente a favor del cierre de medios” y por “ser uno de los que promueve la Constituyente gremial para acabar con el CNP”.

La comunicadora social lamenta que en Yaracuy no hay fuentes de trabajo, pues solamente existen tres diarios, diez estaciones de radio y una de televisión. “Estamos agremiados 138 periodistas yaracuyanos. Tenemos que trabajarles a las instituciones públicas porque no nos queda de otra”, dice.

“El periodismo hoy día se ve atacado descaradamente por la mordaza que nos quieren imponer y yo soy prueba de ello. Este mecanismo sin duda es un acto cobarde y violatorio de los principios de estabilidad laboral y de no discriminación consagrados en la Constitución”, denuncia.

CNP se solidariza

A través de un comunicado, el secretario general de la seccional yaracuyana, Carlos Vielma, se solidarizó con Garrido y con otras dos periodistas, Lorena Uzcategui y Edith López, que fueron despedidas en ese estado. También destacó su labor de “abrir las correspondientes averiguaciones para determinar cuáles fueron las razones por las cuales fueron despedidas. Una vez cubierto el proceso administrativo, procederemos a tomar las medidas que correspondan dependiendo de cuál sea el caso”. Respecto a esto, Garrido asegura que debieron presionar a la directiva del CNP Yaracuy para que se pronunciara por los despidos, pues “no defienden a los periodistas sino a los intereses del Gobierno… esto sólo pasa en tiempos de revolución”, expresa.

Cifra

3 periodistas fueron despedidas en una semana, presuntamente por no apoyar el chavismo

Leyenda: Rosa Garrido lamenta que en Yaracuy no hay fuentes de trabajo

Por los DDHH de los reclusos

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Frente a la consecuente violación de los Derechos Humanos de la población reclusa, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) elaboraron una propuesta para el Estado, basada en los planteamientos de los internos, sus familiares, la Iglesia Católica, diversas ONG y profesores universitarios.

"Vamos dirigidos a que se le dé cumplimiento al artículo 272 de la Constitución y a la importancia que tiene el juez de ejecución, encargado de supervisar que se acate el adecuado régimen penitenciario. Entregaremos una exigencia seria al Estado en vista de la cantidad de muertos y heridos en las prisiones", señaló la coordinadora del Área Judicial del OVP, Marianella Sánchez, durante la "Agenda Alternativa para la Exigibilidad de los DDHH de la Población Penitenciaria".

La principal sugerencia de los expertos en materia penitenciaria se apoya en la descentralización de los recintos carcelarios, tal como lo dicta la Carta Magna.

"Es más fácil que 27 gobernadores den cumplimiento a que una sola persona tenga la potestad de dirigir todo el sistema penitenciario. Solicitaremos que se abran las puertas a la participación de la sociedad civil, pues este problema no es solamente de las 40 mil familias que tienen a alguien en prisión, sino que cualquiera puede llegar a formar parte de esto", añade Sánchez.

MENOS VIOLENCIA Y MÁS REINSERCIÓN
El informe "Situación carcelaria en Venezuela", realizado por el OVP, revela que en el primer semestre de este año fueron asesinados 221 reclusos, mientras que 450 resultaron heridos.

Estas cifras representan un aumento de 25% y 31%, respectivamente con relación a los primeros seis meses de 2009, razón por la cual los académicos recomiendan organizar actividades preventivas del delito.

"Venezuela invierte mucho en represión. La violencia es una cuestión social. Queremos que el interno sienta que, a pesar de que cometió un error, el Estado le dará una nueva oportunidad. Para esto debemos sensibilizar a la sociedad civil y, en vez de maltratar a los reos, debemos enseñarlos con respeto", sugiere la representante del OVP.

Respecto a la reinserción social de los ex presidiarios, la abogada considera que, con una población reclusa netamente joven, de entre 18 y 31 años de edad, puede ser más sencillo lograr una regeneración.

"Esta es una población que puede ser rescatada, a la que se le puede enseñar un nuevo ritmo de vida. Tenemos la obligación de darles una mano para que vuelvan a la sociedad como personas honestas y no como los monstruos que se están creando producto del maltrato, la humillación y el retardo procesal", expresa.

Para obtener estos resultados, Sánchez plantea que el Estado exija a las empresas privadas y públicas establecer un número de empleos para los ex internos, y que durante la pena se les brinden herramientas de reinserción contrarias al ocio y al hacinamiento.

UN PROBLEMA COLECTIVO
El OVP reconoce que la Orquesta Sinfónica Penitenciaria de Venezuela representa un gran logro en el Plan de Humanización del Estado. Sin embargo, lamenta que solamente 7 mil de los más de 40 mil internos puedan acceder a ese programa.

También repudia que no se le dé respuesta oportuna a los reclusos y que no se individualicen las responsabilidades de cada interno.

"Estimamos entregarle la propuesta a las autoridades en el transcurso de la semana que viene para que los entes encargados se reúnan y nos den la oportunidad de participar, además de retomar el espacio que está abandonado dentro del sistema penitenciario", dice Marianella Sánchez, del OVP.