Traslados podrían ocasionar más muertes

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

“Me preocupa que realicen traslados para otras cárceles porque van a poner en riesgo la vida de los reclusos, pues ellos incumplieron con la regla de no crear motines cuando hay visita”, manifiesta Wendy García, esposa de un reo del Internado Judicial de Los Teques, donde el pasado domingo se produjo un enfrentamiento en el que murieron seis personas y otras 16 resultaron heridas.

García pasó la noche del sábado en el retén y estuvo durante el motín. “Había una fiesta con miniteca en el pabellón 4 (La Especial) y también estuvieron varios muchachos del pabellón 2. Uno de los del pabellón 2 forcejeó y le faltó el respeto a una muchacha que estaba bailando con todo el mundo. Alexis, uno de los fallecidos del pabellón 4, le dijo al hombre que no hiciera eso, que había mucha gente y que bajara los humos. El del pabellón 2 lanzó un disparo y acabó con la fiesta”, relata.

Esa noche durmieron tranquilos, pero al día siguiente comenzó la tensión. “Como a las once de la mañana, a Alexis le pidieron que subiera al pabellón 2 para arreglar el problema. Él fue con otro muchacho. Les cayeron a tiros y los mataron a los dos. Después subieron a la azotea a lanzar tiros como locos sin importarles que estuviera la visita”, prosigue.

La esposa del reo desmiente que haya habido prostitutas en la fiesta y que el pabellón 4 esté pagando para que trasladen a los del pabellón 2. También denuncia que la directora del internado, Niomar Mijares, no les ha dado la cara para informarles acerca de los posibles traslados y de la suspensión de visitas. “Lo poco que sabemos es gracias a la prensa. Hasta el 17 de julio vamos a estar sin visitarlos. Nos preocupa que no van a tener comida, agua potable, ni medicina”, expresa.

EN MANOS DEL GRUPO ERI

Wendy García, esposa de un recluso del Internado Judicial de Los Teques, asegura que los familiares de los reos no han sabido nada de ellos desde el domingo. “Me llegó información de que la directora del penal le entregó la cárcel al grupo ERI que es quien siempre maltrata a los presos, los roba y les parte los televisores. El día del motín me quedé afuera del internado hasta las nueve de la noche para saber cuántos y quiénes eran los muertos, y porque el grupo ERI iba para allá y queríamos que se inhibieran porque estábamos nosotros ahí”, explica.

“Afiuni es una presa más de Chávez”

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

La defensa de María Lourdes Afiuni, acompañada de varias ONG defensoras de Derechos Humanos, acudió al Tribunal Supremo de Justicia para presentar un informe que contiene las violaciones al debido proceso en el caso de la jueza.

Theresly Malavé, de la organización Justicia y Proceso Venezuela, explicó que el documento está dirigido a los magistrados Eladio Aponte Aponte y Luisa Estela Morales con el fin de exhortarlos a que se pronuncien acerca de las solicitudes planteados en el caso de Afiuni.

“Escuchamos las declaraciones de la presidenta del TSJ en las que aseguró no conocer el caso de la jueza. Por eso, estamos presentándoles sus condiciones carcelarias y las graves y escandalosas violaciones a la ley”, dijo y recordó que Afiuni estaba acusada por el delito de corrupción, pero en la audiencia preliminar la Fiscalía determinó que “no hubo dinero ni promesa de entrega de dinero”.

Malavé también destacó que, cuando el caso llegó al Tribunal 26 de Control, el magistrado Alí Paredes negó la medida cautelar “porque no era época de cautelares” y aseguró que Afiuni “quiere ser juzgada con la participación ciudadana”.

La defensora de DDHH afirma que en el caso de la jueza “no pudo haber abuso de autoridad porque en la ley no se prohíbe otorgar una medida cautelar sustitutiva y es justamente a los jueces de la República a quienes les corresponde llevar a cabo esas funciones”.

PRESUNCIÓN DEL TSJ

“Quieren convencer al ciudadano común de que hubo corrupción sin dinero. Eso es absurdo. Todo el mundo sabe que Afiuni es una presa de Chávez”, manifiesta el hermano de la jueza, Nelson Afiuni.

Para describir las condiciones en que viven los reclusos venezolanos, el hermano de María Lourdes Afiuni narró el caso de una interna que no tuvo permiso para asistir al funeral de su hijo que murió el domingo en el motín de la cárcel de Los Teques. “Llevaron el cadáver a las puertas del INOF para que viera a su hijo. No sólo lo vio la madre, sino las 600 presas. Aquí es donde se demuestra que la vida no vale nada y que no pueden garantizarle la vida a nadie en un penal. Es mentira que le están garantizando la vida a mi hermana”, aseguró.

“¿Cómo es posible que la presidenta del TSJ, en el caso de la comida podrida, diga que ella no investiga presunciones? Mi hermana está presa porque se presume que pudo haber cobrado. Su caso pasó a juicio pero está parado porque hay cuatro escabinos que ya se excusaron”, expresa Nelson Afiuni.

JUECES CON MIEDO

El abogado de la jueza, José Amalio Graterol, afirma que a raíz de la privación de libertad de Afiuni, el resto de los magistrados actúa con temor. “Los jueces están omitiendo decidir para no meterse en problemas. Ellos saben que si toman una decisión judicial de fondo pueden correr con la misma suerte que Afiuni. Eso es denegación de justicia”, dice. También destaca que el martes solicitó a la Medicatura Forense que determine si la jueza debe ser tratada médicamente debido a que tiene una protuberancia entre la axila derecha y el seno derecho. “Espero que aquí no haya miedo porque se trata de la salud de una privada de libertad. El mundo da vueltas y en algún momento habrá justicia en nuestro país”, expresa.

Pretenden reformar el Código Penal

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional está discutiendo una nueva reforma del Código Penal sin que se haya dado a conocer el texto del anteproyecto, según alerta la Academia de Ciencias Políticas y Sociales a través de un comunicado en el que manifiesta su preocupación porque se trata de "las normas que regulan una de las materias más importantes para la vida social y que, por ello, impone la máxima participación y el mayor consenso de todas las fuerzas vivas del país".

Respecto a esto, el penalista Alberto Arteaga señala que en el Código Penal se establecen los delitos y penas, es decir, los hechos más graves que afectan a la colectividad. "Esta reforma será aprobada en primera discusión en agosto y, definitivamente, en diciembre, sin que la opinión pública, la comunidad y los profesores de derecho penal conozcan el texto", dice.

Arteaga considera "inaceptable" que la AN, que se encuentra en su fase terminal, apruebe un nuevo Código Penal. "Esta Asamblea no representa a todas las corrientes que hacen vida en el país. Tenemos firme confianza en que la nueva AN será plural", expresa.

ARTÍCULOS EN PELIGRO

Probablemente se regulen los delitos de desacato que, según el penalista, han desaparecido de la mayoría de las legislaciones penales modernas en conformidad con las organizaciones de Derechos Humanos. "Es posible que, en vez de eliminar esos delitos, se incrementen las penas por hechos como difamación, injuria u ofensa a funcionarios públicos, como se hizo en la reforma del año 2005", estima.

"¿Se mantendrá el delito de información falsa?", se pregunta el doctor Arteaga y recuerda que este ha sido aplicado al ex candidato presidencial Oswaldo Álvarez Paz y al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga. "Debería desaparecer porque es terrorismo mediático y afecta la libertad de expresión", añade.

El abogado penal advierte que es posible que se despenalicen el aborto y la eutanasia. "Esto tendría que ser debatido ampliamente en la colectividad porque estaría en juego el derecho a la vida. Tenemos una Constitución que habla de participación de la comunidad y del poder popular. No puede haber una discusión secreta de un código tan importante como lo es el Código Penal", expresa.

Víctimas de torturas guardan silencio

Por: Patty Fuentes Gumón / diario TalCual

“La mayoría de las víctimas de torturas no quiere denunciar y someterse al calvario de la búsqueda de la justicia”, asegura Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, quien también destacó que su ONG atiende a aproximadamente 30 víctimas de tortura por año, “lo cual es una pequeña muestra de la gravedad del problema en el país”.

Entre 1995 y 2010, la Red de Apoyo ha atendido 473 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y desde 2003 hasta junio de este año ha apoyado a 212 personas, de las cuales la mayoría fue golpeada o pateada, agredida verbalmente y amenazada de muerte.

De esas denuncias, 80% fueron realizadas por hombres jóvenes, entre 18 y 28 años, de los sectores más pobres del país. La mayoría de esos hombres eran obreros, campesinos o estudiantes que fueron maltratados por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de la Guardia Nacional o de la policía de su estado.

Ruiz asegura que “la impunidad presente en la mayoría de los casos genera un estado de inseguridad en la población y pérdida de confianza en la justicia como poder regulador de la convivencia y la paz social”, por lo que propone la promulgación de una ley para prevenir y sancionar la tortura, lo que obligaría a los fiscales del Ministerio Público a presentar acusación contra los funcionarios que maltraten a los ciudadanos.

POR LOS DDHH

Desde 2001, la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República fijó como doctrina que las torturas por parte de cuerpos policiales deben ser tipificadas como maltrato al detenido y quebrantamiento de pactos internacionales.

También, desde 1987 entró en vigencia la Convención Contra la Tortura, razón por la cual el 26 de junio se celebra el Día Internacional de Solidaridad con las víctimas de ese delito y la erradicación de esa práctica que atenta contra los Derechos Humanos.

Debido a que la tortura se sigue presentando en Venezuela y en algunas otras partes del mundo, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz exige al gobierno de Estados Unidos que cierre definitivamente la base militar en Guantánamo, Cuba, mayor centro de torturas del mundo, y la Escuela de las Américas en Georgia, EEUU, que es “la mayor escuela de terroristas y torturadores”.

Asimismo, solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cree una relatoría especial contra la tortura y que presente un informe anual sobre el registro de los casos de maltrato en todos los países del mundo.

TORTURAS MÁS IMPACTANTES

- Lanzar por las escaleras o contra el piso

- Cubrir la cabeza con bolsas plásticas

- Aplicar electricidad

- Sumergir la cabeza en agua helada

- Suspender el cuerpo por las manos o pies atados

- Obligar a realizar tareas degradantes

- Disparar con perdigones a quemarropa

- Colocar grapas en la región nasal

- Obligar a ver la tortura de un familiar

Cárceles saturadas

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

En los últimos cuatro meses se ha evidenciado un aumento de 6 mil reclusos nuevos en las cárceles venezolanas. En febrero, la población penal era de 32 mil y actualmente hay más de 38 mil internos, asegura Carlos Nieto Palma, director de la ONG `Una Ventana a la Libertad’.

"Este incremento tiene que ver con la mala función de los jueces y con el desastre dentro del sistema penitenciario. No creo que hayan sido apresadas más personas para evitar la delincuencia. Considero que el problema se les ha escapado de las manos", afirma el director de la ONG.

Nieto Palma advierte que esta cifra no había sido reflejada nunca antes en el país y que cada vez son más los índices de hacinamiento: "La capacidad real es de 14 mil reclusos, por lo que estamos hablando de 200% de hacinamiento".

Cuando el presidente Hugo Chávez asumió el poder en 1999 agrega estaban recluidas 25 mil personas y ya se presenciaba un hacinamiento crítico.

"Esa cifra disminuyó sustancialmente con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en julio de ese año. Hoy en día tenemos 13 mil internos más y sólo se han abierto dos nuevas cárceles que aún no están en pleno funcionamiento: una en Coro y otra en Yare", acota.

De esos 38 mil privados de libertad, aproximadamente 25 mil están procesados, lo que representa 74%, según estima el abogado defensor de Derechos Humanos, y apenas 26% están sentenciados.

"Por lo menos la mitad de la población penal, no debería estar en prisión. Deberían tener una medida sustitutiva o primero correspondería cumplírseles su derecho a presunción de inocencia. Lo más grave del sistema penitenciario es el hacinamiento, el retardo procesal y la falta de interés por parte del Estado. Los presos son las personas más olvidadas del país", asegura.

DE HUELGA EN HUELGA
De acuerdo con cifras de Una Ventana a la Libertad, en lo que va de año se han realizado alrededor de 20 huelgas en las prisiones. De estas, las más destacadas fueron:

La primera semana de enero los familiares que pasaron las navidades en las cárceles, se negaron a salir de los recintos y los reclusos iniciaron una huelga de hambre cuando un efectivo de la Guardia Nacional le impidió la entrada a un visitante y lo golpeó.

En enero, un funcionario de la GN asesinó a un interno de Yare y los privados de libertad se unieron en una protesta.

Desde hace más de un mes, doce cárceles se encuentran en desacato judicial sin recibir respuesta. Los reclusos exigen emergencia judicial y carcelaria, y que los jueces trabajen dentro de los recintos penitenciarios.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, asegura que con estas huelgas los internos han logrado rescatar el tema de la reforma al COPP.

Nieto Palma, por su parte, dice que ninguna de las protestas ha sido efectiva. "No han obtenido lo solicitado. Han sido puros pañitos calientes y nada más", afirma.

PROMESAS SIN CUMPLIR
Para Carlos Nieto Palma, el Plan de Humanización Carcelaria, anunciado desde hace más de cinco años por el Gobierno, ha fracasado.

"Hasta ahora no ha dado ningún resultado. Se ha convertido en un conjunto de promesas sin cumplir. El Ministerio de Interior y Justicia dijo que a principios de año crearía diez recintos carcelarios y aún no se ha visto el primero. El Estado tiene en sus manos la solución a la crisis penitenciaria, pero se niega a crear mesas de trabajo con expertos para aunar esfuerzos y a cumplir el artículo 272 de la Constitución", que establece que el Estado debe garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos.