viernes, 15 de octubre de 2010

Venezuela a la CIDH

Por: Patty Fuentes Gimón

Activistas venezolanos de Derechos Humanos acudirán al 140º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo 29 de octubre a las 5:00 pm, para exponer las situaciones de seguridad ciudadana, cárceles y diversidad sexual.

Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, será el encargado de llevar a Washington el tema de las cárceles en el país.

“En primer lugar, denunciaremos los Coliseos que se han presentado en Uribana, pues esta prisión es una de las que tiene medidas de protección de la Corte Interamericana de DDHH y no se están cumpliendo en lo absoluto”, manifestó.

Además destacó que tratarán los temas de hacinamiento, retardo procesal e ingreso de armas y drogas a los recintos carcelarios, lo que ocasiona un incremento en los hechos de violencia intramuros.

Diversidad sexual y seguridad

Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, y Luis Cedeño, de Paz Activa, presentarán la seguridad ciudadana. “Señalaremos la impunidad del Estado en materia de los deberes de resguardar la vida de los ciudadanos y apresar a los culpables de homicidios. Igualmente revelaremos que los asesinatos han aumentado en Venezuela y que se niega el acceso a la información pública”, explicó San Miguel.

Cedeño, por su parte, aseguró que en Venezuela se violan los DDHH en materia de seguridad, por lo que informará que algunos grupos armados están apoyados por el Estado, la discontinuidad en políticas públicas y el bajo presupuesto asignado en materia de seguridad.

Por primera vez, Venezuela tocará el tema de la diversidad sexual en la CIDH. “Mientras el resto de los países latinoamericanos han incorporado leyes sobre discriminación que protegen a las personas contra despidos, agresiones en los colegios y limitaciones en el acceso a la salud, seguridad y vivienda, en Venezuela la Asamblea Nacional se ha negado a discutir cualquier propuesta que tenga que ver con la diversidad sexual”, manifestó Tamara Adrián, de Diversidad e Igualdad Sexual a Través de la Ley.

Potazo por los DDHH

Los defensores de DDHH están realizando un potazo en la plaza Francia de Altamira desde el pasado miércoles hasta este domingo 17 con el fin de recaudar fondos para poder denunciar la situación venezolana ante la CIDH. También están recibiendo colaboración a través de la cuenta corriente número 0134-0069-58-0691033228 a nombre de Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa Nacional, rif: J-31543353-2

Derecho a réplica

Por: Carlos Miguel Rodríguez García

Este artículo se presenta como un derecho a réplica y rectificación en base al artículo 58 de la Constitución por haber sido mi persona y reputación afectada "directamente por informaciones inexactas o agraviantes" publicadas en este diario el pasado viernes 30 de Julio bajo el título " Le arrebataron a sus hijas”

Yo Carlos Miguel Rodríguez García persigo únicamente velar por el bienestar y la salud de mis hijas. En este momento la guarda y custodia de las niñas se encuentra en un proceso y considero que la publicación del artículo de fecha 30 de julio de 2010 con el título “Le arrebataron a sus hijas” publicado incluso con foto de la madre, expone la identidad de 2 menores de edad violando los artículos 65, 542, 545 DE LA LOPNA. Por otro lado este diario ha debido verificar la información ofrecida por la madre. No se trata de una guerra entre 2 adultos, ni ataques a jueces, tampoco de ideologías políticas se trata del bienestar de los niños, en este caso mis hijas. Quiero hacer referencia a ciertas informaciones que no se ajustan a la realidad presentada por la madre.

Con relación a la fecha en la cual se indica que yo debía llevar de regreso a las niñas a su casa materna quiero aclarar que en tal fecha por solicitud de la madre en vista de que no tenía con quien dejarlas, la guardería estaba cerrada y el colegio culminaba, acordamos que yo cuidaría de las niñas durante el periodo vacacional lo cual acepte en apoyo a la madre.

Pertenecer a un partido político no es ni razón ni elemento suficiente para movilizar leyes o jueces y todas las decisiones que han sido tomadas por los tribunales competentes obedecen a procesos legales, transparentes e imparciales. Decir que las decisiones de un juez en materia de menores puedan estar signadas por una militancia política es una acusación grave hacia estas autoridades.

En su función como periodistas y generadores de opinión pública les invito a validar los hechos y argumentos antes de publicar una acusación tan seria.

Con relación a la incomunicación entre madre e hijas debo aclarar que existen diferentes medios a través de los cuales pueden mantener el contacto permanente.

Con relación al informe médico a cual se refiere la publicación y que fuera emitido por un familiar debo aclarar que se trata tan solo de una referencia en la cual se me remite a llevar a las niñas a un médico especializado en el exterior.

Una vez más creo que la lucha no debe ser en mi contra o en contra de mis ideologías políticas y que un medio responsable no debe hacerse eco de denuncias sin fundamento, exponiendo con ello públicamente la identidad y resguardo de dos menores de edad.

Siempre las causas de los niños y adolecentes deben ser tratándolos con respeto, cariño, equidad y justicia pero sobre todo con conciencia respetando el interés superior por delante. La lucha es por el bienestar de mis hijas.


jueves, 14 de octubre de 2010

Plan de DEShumanización penitenciaria

Por: Patty Fuentes Gimón

"Si el Estado no cuida a las personas que están entre cuatro paredes, ¿cómo carrizo va a poder cuidar a una población completa?", se preguntó el director del Observatorio de Prisiones, Humberto Prado, durante la presentación del informe Los Derechos Humanos y el Debido Proceso de las Personas Privadas de Libertad, realizado en 2009.

Una vez más se comprobó que la violencia se apoderó de las cárceles venezolanas. Pese al llamado "Plan de Humanización" del Estado, el ocio, hacinamiento, deterioro de la infraestructura penitenciaria, las deplorables condiciones de vida, la corrupción y la deficiencia de los custodios hacen de las prisiones "universidades de la delincuencia".

El estudio del OVP fue elaborado a partir de las referencias de 10.400 internos en diez de los 33 centros penitenciarios del país, además de las percepciones de algunos familiares.

La seguridad personal es el primer Derecho Humano que se viola casi a diario en los recintos carcelarios. Más de 80% de la población entrevistada afirma que no existen criterios de clasificación de reos, lo que incrementa las muertes violentas en las prisiones.

Nada más en el primer semestre de 2010 el OVP contabilizó 221 privados de libertad asesinados y 450 heridos. "El bueno sale malo y el malo sale peor", denuncia Prado y reitera que una persona que ingrese a un penal por un delito leve, reincide por uno grave.

REINCIDENCIA DESATADA
Yare, La Planta y Rodeo II son las cárceles donde el trato de los funcionarios hacia la visita es peor calificado. Casi 60% de los encuestados considera que los efectivos de la Guardia Nacional y los custodios son "poco respetuosos", tanto con los internos como con sus familiares.

Además, la mayoría de los reclusos asegura no realizar actividades educativas, culturales o deportivas, en especial los de Rodeo I y Rodeo II. El informe arrojó que en los penales donde se combate el ocio es gracias a la iniciativa de los propios reos.

El OVP, sin embargo, aplaude la creación de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria de Venezuela, pero insiste en que ésta debe abarcar a un mayor número de la población, pues sólo 7 mil de los más de 40 mil internos pueden acceder a este programa.

"Alrededor de 30% de los presos que forman parte de la orquesta son de la cárcel de Mérida o de la de mujeres (INOF). ¿Por qué no hacer una réplica para que funcione en todas las prisiones? Esos reclusos podrían servir de ejemplo para el resto de los reos", señala Marianella Sánchez, coordinadora del Área Judicial del OVP.

Respecto a esto, Prado advierte que, sin soluciones inmediatas, las cifras de reincidencia seguirán incrementando y, por ende, la violencia e inseguridad de Venezuela no cesará.

"Los DDHH no son negociables. Sabemos que este informe va a ser descalificado por el Estado en vez de utilizarlo como referencia para reestablecer lo vulnerado", añadió.

LA VERDAD SOBRE TOCORÓN
No fueron 16 los reos que murieron en el enfrentamiento del pasado mes en la cárcel de Tocorón. "En total fueron 19 internos, pues uno fue operado, pero se descompensó a los pocos días; otro fue trasladado a La Planta y, posteriormente, asesinado; y el tercero murió de forma violenta el domingo", relató Humberto Prado.

miércoles, 13 de octubre de 2010

Afrodescendientes sin DDHH en Venezuela


Por: Patty Fuentes Gimón

"Para alcanzar un adecuado desarrollo humano, los afrolatinoamericanos deben superar el racismo estructural. El problema de este pueblo en el siglo XX era la raza; hoy en día, su principal desafío es la pobreza. Si en el siglo XIX se buscaba la libertad, y en el siglo XX la igualdad de raza, en el XXI se lucha por las ciudadanías culturales y diferenciales".

Así lo destacó el antropólogo colombiano Jhon Antón Sánchez durante la presentación del libro "Derechos de la población afrodescendiente de América Latina: Desafíos para su implementación", realizada en Managua, Nicaragua, el pasado 6 de octubre.

La publicación la elaboró el proyecto regional "Población afrodescen- diente de América Latina", del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Está conformada por cuatro informes, divididos por regiones, a través de los cuales se evalúa la implementación de los pactos y convenios internacionales relacionados con los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de la población afrodescendiente en Latinoamérica.

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay fueron abordados por la historiadora argentina María José Becerra. El informe de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela fue realizado por el antropólogo colombiano Jhon Antón Sánchez; mientras que el economista brasileño Marcelo Paixão se encargó de los indicadores sociales recientes de Brasil. Por último, América Central y México estuvieron en manos de un equipo de investigadoras, entre las que destaca la economista nicaragüense Alta Hooker.

Los autores de los informes coinciden en que la discriminación, la pobreza, la desigualdad social y la exclusión son los principales problemas a los que debe enfrentarse la población afrodescendiente de América Latina.

"Si bien los países de la región han realizado avances en lo que respecta a la creación de instituciones relacionadas con la población afrolatinoamericana, muchas de estas carecen de apoyo político", afirmó Silvia García Savino, coordinadora del proyecto regional del PNUD.

RACISMO ESTRUCTURAL

Jhon Antón Sánchez, también coordinador del Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano, aseguró durante el encuentro en Managua que "el pueblo afrodescendiente de Latinoamérica ha construido una historia enmarcada en un proceso de larga duración que se ha caracterizado por la esclavización, la colonización, la discriminación y la exclusión".

A su juicio, las privaciones en el alcance de los Derechos Humanos han generado en los afrodescendientes pobreza, desigualdad y marginalidad, determinadas por el racismo estructural.

CIFRAS ESCONDIDAS

Un desafío relevante para esta población es la demografía. Jhon Antón Sánchez asegura que "hablar de los censos es una de las estrategias de reivindicación porque hay que saber cuántos somos".

De acuerdo con las cifras que reveló el antropólogo colombiano, en América Latina habitan entre 180 millones y 200 millones de afrodescendientes.

En los cuatro países del estudio realizado por este investigador (Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) viven aproximadamente 16 millones de esta población, lo que representa en términos brutos 16% de todos los afrolatinoamericanos.

Los números específicos de Venezuela no pueden ser precisados, pues hasta ahora en los estudios del país no se ha incluido la variable afrodescendiente. Sin embargo, la Red de Organizaciones Afrovenezolanas estima que existen casi 5 mil comunidades, distribuidas principalmente en los estados Vargas, Miranda, Aragua, Sucre, Falcón, Carabobo, Zulia, Yaracuy, Bolívar y Distrito Capital.

VENEZUELA PODRÍA EMPEORAR

En la mencionada publicación se hace referencia a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que han suscrito, firmado, incorporado o ratificado a sus constituciones y legislaciones los estados de la región.

No obstante, se desestima que "esto no es más que un reconocimiento fáctico de tales instrumentos", pues "en la realidad la aplicación de tales derechos a favor de los afrodescendientes en la región andina no ha tenido efectos positivos ni ha sido capaz de transformar la situación de vulnerabilidad, pobreza, exclusión social, desigualdad y violación constante de sus derechos más elementales".

A través de tres variables (políticas antirracistas impulsadas por los gobiernos, la fuerza misma de la sociedad afrodescendiente y las condiciones sociales-económicas históricas en que el pueblo se encuentra) se pudo determinar cuáles países se ubican en una situación favorable y cuáles no.

Venezuela y Perú son los países de esta región con escenarios poco alentadores. Ambos comparten condiciones políticas que no garantizan el reconocimiento étnico, como la omisión expresa de los afrodescendientes en las actuales constituciones (de 2003 en Perú y de 1999 en Venezuela). También coinciden en la invisibilidad estadística que caracteriza a los institutos de censos, lo que ocasiona una ausencia total de la política pública y del diagnóstico efectivo de las condiciones de vida de los afroperuanos y afrovenezolanos.

Jhon Antón Sánchez señala que, si se impulsan medidas institucionales, la situación de Perú podría mejorar. No ocurre lo mismo con Venezuela porque "habrá que dar el salto de la retórica política de la revolución bolivariana a una verdadera inclusión revolucionaria".

Para mejorar las condiciones de Venezuela, se recomienda impulsar la inclusión de la variable afrodescendiente en el próximo censo, fortalecer la Comisión Nacional contra la Discriminación Racial y financiar un estudio de la problemática afrovenezolana y una propuesta de acciones prioritarias.

MEJORES, PERO NO EJEMPLARES

Colombia y Ecuador se encuentran en el lado opuesto del escenario, pues en los últimos 25 años los movimientos sociales afrodescendientes han sido capaces de aprovechar las oportunidades políticas del sistema, según sostiene Jhon Antón Sánchez.

"Mediante acciones colectivas, los afrocolombianos y afroecuatorianos han incluido en la agenda política puntos importantes de sus reivindicaciones. En estos países hubo cambios democráticos a partir de la promulgación de sus constituciones en las que se incluyó el reconocimiento de los afrodescendientes como pueblo", destaca el investigador colombiano, en referencia a las reformas de Colombia, en 1991, y de Ecuador, en 1998 y 2008.

En esas naciones también se abarca la variable de autoidentificación en los censos y encuestas de hogares, se establecieron oficinas públicas sobre afrodescendientes y se crearon leyes y planes de desarrollo.

Jhon Antón Sánchez considera, sin embargo, que "los desafíos para la garantía de los DDHH, la protección del Derecho Internacional Humanitario, los efectos perversos del conflicto armado, el desplazamiento interno y la lucha contra la discriminación y desigualdad son más grandes que las oportunidades políticas del sistema".

El antropólogo advierte que el escenario de Colombia podría empeorar si el conflicto armado no cesa, pues "afecta los territorios ancestrales de los afrocolombianos".

Amenazas para el cumplimiento de los derechos de los afrodescendientes

1. Conflicto armado interno colombiano. Afecta la vida de los afrodescendientes tanto en Venezuela como en Ecuador.

2. Pérdida del territorio ancestral, monopolio de los recursos y deterioro ambiental. No hay control de las comunidades en el territorio ancestral. Sin territorio no hay cultura.

3. Perfil racial e incitación al odio, violencia policial y cárceles.

4. Migraciones rurales urbanas, aumento de cinturones de miseria urbanos.

5. Negación al empleo profesional y exclusión laboral de la mujer.

6. Enfermedades con mayor acento en los afrodescendientes (hipertensión, miomas, diabetes, cáncer y VIH creciente).

7. Bajas tasas de asistencia a la universidad: pocos profesionales postgraduados.

8. Medios de comunicación que aumentan los estereotipos y el prejuicio racial.

9. Organismos del Estado, el sistema internacional y las universidades no ocupan profesionalmente a los afrodescendientes.

Desafíos para los estados

  1. Aceptar el racismo estructural como eje de las desigualdades sociales.
  2. Garantizar el derecho a la no discriminación.
  3. Asumir con seriedad una política de combate a la desigualdad socioeconómica y la exclusión sociopolítica.
  4. Superar la supremacía blanco-mestiza como eje de la estructura social latinoamericana.
  5. Ampliar los circuitos de participación política en el sistema democrático.

Escenarios tendenciales para la política de reconocimiento afrodescendiente en los países andinos

Escenario favorable

Ecuador

Colombia

Escenario desfavorable

Perú

Venezuela

Tendencia

Mejorar

Empeorar o mantenerse