Patty Fuentes Gimón
En las calles de Venezuela rondan alrededor de 12 millones de armas de fuego ilegales, según Amnistía Internacional. De los asesinatos que se cometen en el país, 89% se ejecuta con armamento de fuego, estima el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec).
Aunque el Estado no revela cifras oficiales de estas problemáticas, es de conocimiento público que las armas están por doquier. Sin embargo, no se tiene claro de dónde provienen.
“El gobierno nacional es el que está armando a los delincuentes en este país”, señala el diputado Abelardo Díaz (Copei-Táchira), quien ayer denunció que dos armas que habían sido incautadas por la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (órgano adscrito al Ministerio de Defensa que hoy se denomina Dirección General de Armas y Explosivos), en operación conjunta con el Ministerio de Interior y Justicia, fueron utilizadas para cometer delitos.
En 2009 ─relató el parlamentario─ las mencionadas autoridades confiscaron 2 mil armas de la Policía de Táchira con fines “eminentemente políticos, pero el MinDefensa dijo que era para revisarlas, troquelarlas y luego regresarlas al cuerpo policial. Esa devolución no se efectuó jamás”.
Hace pocos días, “nos dimos cuenta de que dos de esas armas que están en actas de retención, de fechas 16 y 19 de octubre de 2009, fueron encontradas en la comisión de hechos punibles: una en un enfrentamiento entre la Policía de Lara y los presuntos antisociales en El Tocuyo (Lara), y otra en un intento de homicidio en Cordero (Táchira)”.
Por esta razón, ayer el diputado solicitó al Ministerio Público que investigue estos casos y, en el documento que introdujo en la Fiscalía, precisó que en ambos episodios los armamentos los llevaban presuntos funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar.
“No puede ser que pase esto en un país que debe tener como norte luchar contra la inseguridad, que es el flagelo más grande que hoy sufrimos los venezolanos. Por ello, el Gobierno tiene que revisar estos hechos. Nuestra denuncia fue recibida por la Dirección de Secretaría Unidad de Registro del MP, con el número 0041, y esperamos que esta investigación se abra de manera clara. Estamos dispuestos a colaborar con ellos dado que tenemos las pruebas requeridas”, añadió Díaz.
El parlamentario informó también que llevará el caso a la plenaria de la Asamblea Nacional y espera que “la mayoría oficialista no se haga la vista gorda ante esta situación tan grave”.
jueves, 19 de enero de 2012
Aceleran el retardo procesal
Patty Fuentes Gimón
La última cifra oficial acerca de la situación jurídica de la población privada de libertad revela que 66% de los internos son procesados, es decir, están recluidos mientras se deciden sus causas. Esta situación incluso ha sido reconocida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en diversas ocasiones ha expresado que “es un problema con el cual hay que acabar”.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Caracas ordenó la rotación de los jueces en funciones de Juicio, por lo que quedarán interrumpidos más de 250 juicios en curso en los 30 tribunales del Área Metropolitana de Caracas y, por ende, empeorará el retardo procesal.
“Esta es una gravísima irresponsabilidad que no tiene cabida en un Estado social democrático de derecho y justicia. El Código Orgánico Procesal Penal establece que los jueces deben rotar anualmente, pero esto no se puede hacer causando perjuicio a los procesados”, explica el abogado de la ONG Justicia y Proceso José Luis Tamayo, quien solicitó ayer a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar que deje sin efecto la decisión que vulnera los derechos colectivos de más de 300 procesados que van a quedar sin la tutela judicial efectiva.
Las interrupciones se van a producir porque el COPP prescribe que el juez que inicie un juicio debe terminarlo. “Van a tener que repetirse todas las audiencias. Esto va a ocasionar nuevas protestas por parte de los procesados y significa un costo económico, material y humano muy importante para el Estado, es decir, se está causando un gravísimo perjuicio al patrimonio público”, añade.
Tamayo denuncia que “hay intereses completamente contrarios a la administración de justicia” porque las rotaciones fueron establecidas para formar a los jueces de primera instancia. “Aquí se hacen de manera selectiva, se rota un juez de un tribunal a otro o se rotan jueces de las mismas salas de la Corte de Apelaciones, lo que contradice al COPP”, sostiene.
También señala que “todo pareciera indicar que se busca entorpecer la labor de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien está haciendo lo posible por acelerar los procesos”.
La última cifra oficial acerca de la situación jurídica de la población privada de libertad revela que 66% de los internos son procesados, es decir, están recluidos mientras se deciden sus causas. Esta situación incluso ha sido reconocida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en diversas ocasiones ha expresado que “es un problema con el cual hay que acabar”.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Caracas ordenó la rotación de los jueces en funciones de Juicio, por lo que quedarán interrumpidos más de 250 juicios en curso en los 30 tribunales del Área Metropolitana de Caracas y, por ende, empeorará el retardo procesal.
“Esta es una gravísima irresponsabilidad que no tiene cabida en un Estado social democrático de derecho y justicia. El Código Orgánico Procesal Penal establece que los jueces deben rotar anualmente, pero esto no se puede hacer causando perjuicio a los procesados”, explica el abogado de la ONG Justicia y Proceso José Luis Tamayo, quien solicitó ayer a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar que deje sin efecto la decisión que vulnera los derechos colectivos de más de 300 procesados que van a quedar sin la tutela judicial efectiva.
Las interrupciones se van a producir porque el COPP prescribe que el juez que inicie un juicio debe terminarlo. “Van a tener que repetirse todas las audiencias. Esto va a ocasionar nuevas protestas por parte de los procesados y significa un costo económico, material y humano muy importante para el Estado, es decir, se está causando un gravísimo perjuicio al patrimonio público”, añade.
Tamayo denuncia que “hay intereses completamente contrarios a la administración de justicia” porque las rotaciones fueron establecidas para formar a los jueces de primera instancia. “Aquí se hacen de manera selectiva, se rota un juez de un tribunal a otro o se rotan jueces de las mismas salas de la Corte de Apelaciones, lo que contradice al COPP”, sostiene.
También señala que “todo pareciera indicar que se busca entorpecer la labor de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien está haciendo lo posible por acelerar los procesos”.
martes, 17 de enero de 2012
Funcionarios policiales de Zulia torturan a pescadores
Patty Fuentes Gimón
Provea denunció ayer que once pescadores del Lago de Maracaibo fueron torturados la semana pasada por la policía del municipio Miranda, en el estado Zulia, en las instalaciones de dicho cuerpo policial.
Según las víctimas, la violencia se originó luego de que un uniformado extraviara su armamento en la orilla de una playa y responsabilizara a los pescadores del robo. Fue entonces cuando 15 policías apresaron a los nueve hombres y dos menores de edad.
“Nos llenaron la boca con papel, nos amordazaron con tirro, nos metieron las cabezas en bolsas, las amarraron en el cuello, casi ahorcándonos, y entonces empezaron a coñacearnos por la boca del estómago, las costillas y la nuca”, relató a Provea uno de los pescadores, quien precisó que los funcionarios con sus botas pisaron los órganos genitales y dedos de las víctimas.
Después de al menos seis horas de tortura, los efectivos policiales cesaron, pues uno de los pescadores casi muere asfixiado. Desde entonces, las víctimas y sus familiares han sido severamente amenazados.
“Las primeras denuncias salieron gracias a que se encontraron con un colaborador de Provea. Ayer formalizaron la denuncia en la Defensoría de Zulia y ya el MIJ abrió una investigación administrativa. La fiscal 19 de Derechos Fundamentales, Jenny Díaz, es quien lleva el caso. Una vez que se incorporaron la Defensoría, la Fiscalía y el MIJ al proceso, las víctimas tienen más confianza para denunciar”, explica el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, quien además informó que este sería el cuarto caso de este tipo que se está procesando.
Provea denunció ayer que once pescadores del Lago de Maracaibo fueron torturados la semana pasada por la policía del municipio Miranda, en el estado Zulia, en las instalaciones de dicho cuerpo policial.
Según las víctimas, la violencia se originó luego de que un uniformado extraviara su armamento en la orilla de una playa y responsabilizara a los pescadores del robo. Fue entonces cuando 15 policías apresaron a los nueve hombres y dos menores de edad.
“Nos llenaron la boca con papel, nos amordazaron con tirro, nos metieron las cabezas en bolsas, las amarraron en el cuello, casi ahorcándonos, y entonces empezaron a coñacearnos por la boca del estómago, las costillas y la nuca”, relató a Provea uno de los pescadores, quien precisó que los funcionarios con sus botas pisaron los órganos genitales y dedos de las víctimas.
Después de al menos seis horas de tortura, los efectivos policiales cesaron, pues uno de los pescadores casi muere asfixiado. Desde entonces, las víctimas y sus familiares han sido severamente amenazados.
“Las primeras denuncias salieron gracias a que se encontraron con un colaborador de Provea. Ayer formalizaron la denuncia en la Defensoría de Zulia y ya el MIJ abrió una investigación administrativa. La fiscal 19 de Derechos Fundamentales, Jenny Díaz, es quien lleva el caso. Una vez que se incorporaron la Defensoría, la Fiscalía y el MIJ al proceso, las víctimas tienen más confianza para denunciar”, explica el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, quien además informó que este sería el cuarto caso de este tipo que se está procesando.
De 92% a 70% podría bajar la impunidad
Patty Fuentes Gimón
En 13 años, el Gobierno ha designado a once ministros de Interior y Justicia y ha elaborado 20 planes de seguridad. Sin embargo, los resultados no han sido positivos. Así lo considera el criminólogo Fermín Mármol García, quien denuncia que la prioridad del presidente Hugo Chávez no ha sido combatir la delincuencia.
“La Memoria y Cuenta que presentó el pasado viernes duró 9 horas y 27 minutos, pero sólo 25 minutos fueron dedicados al tema de seguridad integral. Aunque anunció la Misión Seguridad, el Presidente tiene que comprender que no estamos muy optimistas, pero le damos el beneficio de la duda”, asegura.
Para que el plan funcione, según Mármol García, debe contemplar: rescate de la institucionalidad venezolana, despolitización de las instituciones y que ubiquen en el sistema de administración de justicia a las personas más capacitadas. “También tiene que demostrar cómo va a hacer para que de 80 mil policías preventivos pasemos a 120 mil en calles, avenidas, plazas y parques; de 5 mil funcionarios de investigación criminal a 30 mil; descentralizar las cárceles y desarmar a los colectivos del 23 de enero y al Frente Bolivariano de Liberación”, añade.
Una vez que esas medidas sean aplicadas durante un año, se podrán ver “vientos de cambio”. Entonces, se conseguirá recuperar los espacios públicos, decomisar 500 mil armas de fuego, desmantelar al menos 4 mil bandas delictivas, reducir la tasa de homicidios de 65 a 50 por cada 100 mil habitantes y la impunidad de 92% a 70%.
Por su parte, el especialista en seguridad Franklin Chaparro precisa que “si unificamos a todos los entes públicos y privados; arrancamos con un verdadero plan no sólo de prevención y represión, sino también de tratamiento; equilibramos el nivel de controles versus los riesgos; y enseñamos a la gente a no ser víctima, vamos a mejorar los índices delictivos porque ataque que no se previene no se detiene”.
Además, el también director general del Grupo Serseco, señala que las sanciones inmediatas son esenciales, lo que implicaría un equilibrio entre autoridad y libertad. “A su vez, es fundamental trabajar para unificar al país frente al hecho delictivo y la incorporación de la comunidad porque es la mejor fórmula de control social”, dice.
Fiscales atiborrados
Para el diputado Juan Carlos Caldera, la fiscal Luisa Ortega Díaz debería “pegarse una pelea por recursos para poder ampliar la Fiscalía, aumentar el número de fiscales y no conformarse con lo que le dan. Aunque hubiese una fiscal eficiente, el modelo del sistema de la Fiscalía, donde cada fiscal tiene cerca de 2 mil causas, es inviable. Eso hace que no haya investigación y que no tengan capacidad de dar respuestas”. Sin embargo, denuncia que muchas veces en 24 horas se generan autos de detención y persecuciones para algunos casos, mientras que para otros hay una total impunidad.
18.850 homicidios ocurrieron en 2011, de acuerdo con el Cicpc
19.336 personas fueron asesinadas el año pasado, según el OVV
En 13 años, el Gobierno ha designado a once ministros de Interior y Justicia y ha elaborado 20 planes de seguridad. Sin embargo, los resultados no han sido positivos. Así lo considera el criminólogo Fermín Mármol García, quien denuncia que la prioridad del presidente Hugo Chávez no ha sido combatir la delincuencia.
“La Memoria y Cuenta que presentó el pasado viernes duró 9 horas y 27 minutos, pero sólo 25 minutos fueron dedicados al tema de seguridad integral. Aunque anunció la Misión Seguridad, el Presidente tiene que comprender que no estamos muy optimistas, pero le damos el beneficio de la duda”, asegura.
Para que el plan funcione, según Mármol García, debe contemplar: rescate de la institucionalidad venezolana, despolitización de las instituciones y que ubiquen en el sistema de administración de justicia a las personas más capacitadas. “También tiene que demostrar cómo va a hacer para que de 80 mil policías preventivos pasemos a 120 mil en calles, avenidas, plazas y parques; de 5 mil funcionarios de investigación criminal a 30 mil; descentralizar las cárceles y desarmar a los colectivos del 23 de enero y al Frente Bolivariano de Liberación”, añade.
Una vez que esas medidas sean aplicadas durante un año, se podrán ver “vientos de cambio”. Entonces, se conseguirá recuperar los espacios públicos, decomisar 500 mil armas de fuego, desmantelar al menos 4 mil bandas delictivas, reducir la tasa de homicidios de 65 a 50 por cada 100 mil habitantes y la impunidad de 92% a 70%.
Por su parte, el especialista en seguridad Franklin Chaparro precisa que “si unificamos a todos los entes públicos y privados; arrancamos con un verdadero plan no sólo de prevención y represión, sino también de tratamiento; equilibramos el nivel de controles versus los riesgos; y enseñamos a la gente a no ser víctima, vamos a mejorar los índices delictivos porque ataque que no se previene no se detiene”.
Además, el también director general del Grupo Serseco, señala que las sanciones inmediatas son esenciales, lo que implicaría un equilibrio entre autoridad y libertad. “A su vez, es fundamental trabajar para unificar al país frente al hecho delictivo y la incorporación de la comunidad porque es la mejor fórmula de control social”, dice.
Fiscales atiborrados
Para el diputado Juan Carlos Caldera, la fiscal Luisa Ortega Díaz debería “pegarse una pelea por recursos para poder ampliar la Fiscalía, aumentar el número de fiscales y no conformarse con lo que le dan. Aunque hubiese una fiscal eficiente, el modelo del sistema de la Fiscalía, donde cada fiscal tiene cerca de 2 mil causas, es inviable. Eso hace que no haya investigación y que no tengan capacidad de dar respuestas”. Sin embargo, denuncia que muchas veces en 24 horas se generan autos de detención y persecuciones para algunos casos, mientras que para otros hay una total impunidad.
18.850 homicidios ocurrieron en 2011, de acuerdo con el Cicpc
19.336 personas fueron asesinadas el año pasado, según el OVV
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