Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual
El artículo 200 de la Constitución establece que los diputados gozan de “inmunidad en el ejercicio de sus funciones”, lo que significa que “de los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el TSJ, única autoridad que podrá ordenar, con previa autorización de la AN, su detención y continuar su enjuiciamiento”.
Pasar por encima de las leyes y de la propia Constitución cada vez se hace más común en Venezuela. Esta vez, sin ton ni son, el diputado Wilmer Azuaje fue detenido en la División de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en Quinta Crespo, tras haber discutido con un funcionario.
“Azuaje fue al Cicpc para hacer un reclamo sobre el hurto de la camioneta de su mamá. Allí se presentó un altercado verbal, pero no físico, entre el parlamentario y un efectivo. Por orden no sé de quién le pusieron unas esposas que le dejaron las manos marcadas. Estuve ahí hasta que se resolvió el problema: Wilmer se dio la mano con el funcionario y hasta se pidieron disculpas. Cuando llegué a la AN me avisaron que lo tenían detenido ahí. Me imagino que el presidente Chávez lo mandó a meter preso”, denunció el diputado de Podemos Ismael García.
Por su parte, el parlamentario Ricardo Gutiérrez explicó que en el intercambio de palabras también intervino una funcionaria, excusa utilizada por el director de la División de Vehículos del Cicpc para retener a Azuaje e imputarlo por el supuesto delito de agresión a una mujer.
“Construyeron un expediente y lo trasladaron en un despliegue de fuerzas policiales a La Carlota para enviarlo hasta su domicilio en Barinas”, prosiguió.
Cuando iban en camino hacia ese estado, se devolvieron y decidieron llevarlo a la residencia de su hijo en La Candelaria para darle casa por cárcel. Ahora el Tribunal Supremo de Justicia deberá indicar si hay méritos suficientes para juzgar al diputado.
La Asamblea Nacional decidirá si deberán suspenderle la inmunidad parlamentaria luego de otorgarle el derecho de palabra, intervención de todos los parlamentarios y una votación.
MENTIRA IN FRAGANTI
La Carta Magna también dicta en el mencionado artículo que en caso de delito flagrante cometido por un diputado “la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al TSJ”.
El diputado Gutiérrez se pregunta: “No habiendo incurrido en delito, ¿de qué flagrancia se puede hablar?” y denuncia que “estamos ante una situación aberrante nunca antes vista en Venezuela: desaparición del Estado de Derecho. Hemos quedado indefensos, están en suspensión los derechos civiles, políticos y hasta humanos”.
Ante esto, hizo un llamado a los venezolanos para que “pongamos al país en pie, pues no es posible que este atropello vaya a pasar desapercibido porque lo mismo va a ocurrir con las personas vinculadas a la disidencia en lo que le queda de gobierno a Chávez. Los venezolanos no nos vamos a mover del país, como hicieron los cubanos que se fueron a Miami. Tenemos que reestablecer el Estado de Derecho”, expresó y aseguró que él, junto a los demás parlamentarios de la oposición, hará todas las diligencias que haya que hacer para evitar que la detención de Azuaje la lleven a mayores".
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