Leocenis, otra vez un preso político

Patty Fuentes Gimón

Los delitos de opinión son incompatibles con las penas privativas de libertad. Los imputados deben ser juzgados fuera de la cárcel, recibir un juicio justo y un debido proceso. Ninguno de estos preceptos fueron tomados en cuenta al dictar privativa de libertad contra el editor de 6to Poder, Leocenis García, quien permanece recluido desde el martes en la sede del Sebin (Caracas) por los delitos de incitación al odio, vilipendio y ofensa a la mujer.

La decisión, tomada por la jueza 9º de Control, Denisse Bocanegra, está relacionada con la publicación en el semanario de un fotomontaje en el cual aparecen varias funcionarias del Estado disfrazadas de cabareteras. Además, constituye la segunda ocasión en la cual el periodista es detenido, pues hace poco más de un año fue liberado tras estar 2 años en Tocuyito por presunta extorsión contra el empresario Wilmer Ruperti.

“Esto constata el retrato hablado de la justicia en el país que tiene una balanza para castigar a quienes critican al Gobierno y otra para juzgar a quienes lo defienden. Por tres delitos menores no constituidos, Leocenis está preso. Por defender sus ideas y uno de los derechos universales: la libertad de expresión”, manifiesta Pedro Aranguren, abogado de García.

Naturalmente expuestos

El director de Espacio Público, Carlos Correa, explica que “las tipificaciones vinculadas con el vilipendio son incompatibles en su conjunto, pero mucho más en específico porque se supone que los funcionarios tienen que estar expuestos al escarnio público”. Por esto, considera que esta medida tiene efectos directos sobre García y sobre el resto del país, pues “si se aplicó esta norma con tal generalidad, es restrictiva, y si ya se aplicó, se puede volver a aplicar”.

A juicio de Aranguren, la medida es una “barbaridad jurídica sin precedente en la historia del país, ya que atenta contra un periodista para defender al Estado. En una democracia se defiende al individuo y a la libertad de expresión. Batallaremos y apelaremos contra esta barbaridad”.

Se desconoce el paradero de Leocenis

Patty Fuentes Gimón

Aunque se conoció que el editor del semanario 6to Poder, Leocenis García, fue trasladado el martes a la sede del Sebin, en Caracas, aún sus familiares y abogados no han podido establecer contacto con él.

“Hasta ahora no tenemos información de que vaya a ser llevado al tribunal 9º de Control. No nos han permitido hablar con él. Está totalmente incomunicado. Es una irregularidad porque el artículo 125 de la Constitución establece que una de las garantías que tiene el detenido es conversar con su familia y abogado”, destacó el defensor de García, Pedro Aranguren, ayer durante una rueda de prensa que ofreció en el Palacio de Justicia, junto con representantes de diversas ONG.

Theresly Malavé, directora de Justicia y Proceso Venezuela, exigió por su parte que el editor de 6to Poder sea juzgado en libertad y se le aplique el debido proceso. “El hecho de que no se haya presentado en el momento que fue requerido no justifica al tribunal para decretar una privativa. Los actos iniciales del tribunal fueron de venganza y persecución, pero no de justicia porque no se podía allanar la casa de Leocenis García ni se podía cerrar un medio de comunicación para hacer la investigación de un supuesto delito.

Aranguren añadió que solicitarán una medida cautelar porque los delitos que se le imputan son menores, no ameritan una privativa de libertad. “La instigación al odio requiere que haya un enfrentamiento, una violencia entre los habitantes de un país. Y el vilipendio es la ofensa a una autoridad pública que riñe con la democracia y ya está en desuso en el mundo. La crítica y la sátira política son propias de una democracia y de la libertad de expresión. No puede ser que unos funcionarios públicos por muy alta investidura que tengan pretendan no ser escrutados públicamente por los medios de comunicación o por un ciudadano que quiera emitir una opinión crítica”, señaló.

Apoyo de otras víctimas

Familiares de presos políticos se pronunciaron a favor de García y exigieron al Gobierno que garantice los derechos del periodista.

“El caso de 6to Poder debe ser investigado por los abogados del semanario y ejercerse acciones contra el mismo, no contra Leocenis”, expresó Nelson Afiuni, hermano de la jueza María Lourdes Afiuni.

Asimismo, Alexander Tirado, de Operación Libertad, anunció que preparan acciones para respaldar a todos los perseguidos políticos y esperan que hoy sea presentado Leocenis García en los tribunales. “Las cosas no van a cambiar si nosotros no hacemos que cambien”, sostuvo.

“No nos vamos a mover de aquí”

Patty Fuentes Gimón

Han transcurrido 26 días desde que las Mujeres de Negro iniciaron una huelga de hambre en Caracas con el fin de exigir la liberación de los presos políticos del país. La salud de las huelguistas se ha visto afectada; sin embargo, no levantarán la protesta hasta ver acciones contundentes por parte del Estado.

“Aquí nos vamos a quedar hasta las últimas consecuencias. Ya está mermándose nuestra salud, ya estamos más débiles. En mi caso, los valores me los consiguieron muy bajos y la tensión también, pero no nos vamos a mover de aquí”, expresa Sonia Camacho.

La mujer de 65 años de edad señala también que lo que buscan es la “reconciliación” de Venezuela. “Esperamos que el Gobierno recapacite. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Pedimos amnistía. Habiendo prisioneros y perseguidos políticos no puede haber reconciliación”, asegura.

Además de Camacho, se encuentran otras dos Mujeres de Negro en huelga de hambre: Venezuela Fernández (44 años) y Yarelis Guédez (51 años). Ante esta situación, una comisión de la Defensoría del Pueblo se ha presentado en tres ocasiones. “Nada ganamos con eso. Lo que queremos es que el Presidente decrete la amnistía, pero el Gobierno se está haciendo la vista gorda, quizás porque los medios no nos han dado tanta cobertura o porque no están tomando muy en serio esta huelga. Pero si una de nosotras se muere, las otras dos nos quedaremos aquí y veremos qué hacen ellos”, dice Camacho.

Se descompensa una estudiante

Ayer fue trasladada a un centro de salud Emily Vera, de 20 años, quien estuvo apoyando la huelga durante 20 días, por presentar vómito, desmayo, fiebre y descompensación. “Estamos molestas porque no la sacaron en camilla ni en ambulancia, sino caminando. Nunca molestamos, así que si llamamos a Salud Chacao es porque había una emergencia”, denuncia Camacho.

Además, anuncia que ahora la huelga será sólo de Mujeres de Negro para que no se sumen otras jóvenes.

El hambre logra liberaciones

Aunque en los últimos años han sido liberados más de 20 presos políticos, todavía siguen tras las rejas 22. Según Julio César Rivas, presidente fundador de Javu, cuando su plataforma se sumó a la lucha por los disidentes del país, eran 56 los que se encontraban en esta situación.

“La hemos bajado bastante. Yo salí de la cárcel en 2009 y después liberaron a los 11 presos de la Alcaldía Metropolitana, a tres militares, a Richard Blanco y a muchos más”, destaca.

Hace seis meses los jóvenes de la Operación Libertad realizaron una huelga de hambre que duró 23 días y lograron la excarcelación de cinco presos políticos: Silvio Mérida, Felipe Rodríguez, Otto Gebauer, Freddy Curupe y Biagio Pilieri.

En julio de este año, fueron otorgadas medidas humanitarias a Alejandro Peña Esclusa y a Lázaro Forero luego de ser diagnosticados con cáncer.

Un año, pero las huelgas continúan

Patty Fuentes Gimón

Su voz se quiebra cuando habla de su padre. Ha transcurrido un año desde que la muerte separó a Ángela Brito del productor agropecuario Franklin Brito, quien mantuvo durante seis años diversas huelgas de hambre en busca de justicia. Una justicia que aún no llega.

La pérdida de quien fuera la cabeza de la familia Brito trajo también problemas económicos, pues ahora no cuentan con las ganancias que generaba el fundo “Iguaraya”, en el estado Bolívar.

“Estamos prácticamente en la calle. En diciembre mi mamá estuvo vendiendo hallacas y todo este tiempo ha estado haciendo comidas por encargo, transporte y dando tareas dirigidas. Mi mamá y mis hermanos (los morochos de 14 años) viven en Caracas, en la iglesia que los ampara, con unas monjitas. Yo estoy en Bolívar estudiando, vivo en una residencia que pago porque mi primo me ayuda”, relata Ángela Brito.

La joven de 21 años sostiene que el terreno sigue en las mismas condiciones. “Cuando mi papá estaba en el Hospital Militar, los invasores no estaban físicamente ahí a pesar de que había documentos de propiedad que avalaban que ellos ocuparan esas tierras. Hace poco fui y otra vez están ahí con su ganado. Me dijeron que no se van a salir”, añade.

Impulsor de las huelgas

Aunque Ángela Brito lamenta haber pasado por circunstancias difíciles, considera que la lucha de su padre motivó a otras personas a protestar por sus derechos. “A pesar de todo lo doloroso que fue todo, siento que lo de mi papá ha impulsado a otros a que alcen su voz en contra de las injusticias”, expresa.

Sin embargo, advierte que las huelgas de hambre son dolorosas para quien la hace y para sus familiares, además de que representan un riesgo. “Hacer una protesta de ese tipo es una decisión muy personal. A algunas de las que se han hecho después de mi papá les han resuelto su problema”, señala.

Para conmemorar la fecha, hoy se realizará una misa en la iglesia Don Bosco de Altamira a las 6:30 pm.

Salud en detrimento 

Tras permanecer seis años luchando por sus derechos, Franklin Brito falleció de un paro cardíaco en el Hospital Militar de Caracas, donde estuvo casi seis meses en contra de su voluntad. El 5 de septiembre de 2010, pocos días después de fallecer, el natural de Irapa, en el estado Sucre, hubiese cumplido 50 años. Murió con apenas 35 kilos y con un índice de masa muscular que no alcanzaba el 10%. Presentaba infecciones generalizadas en diversos órganos del cuerpo, como los riñones y el hígado, y no podía respirar por sí solo.

CRONOLOGÍA 

24 de noviembre de 2004

Primera huelga de hambre en la Plaza Miranda de Caracas en rechazo a la expropiación de un terreno de su hato “Iguaraya”, ubicado en el estado Bolívar, y porque él y su esposa, Elena Rodríguez, fueron despedidos injustificadamente del Ministerio de Educación.

11 de noviembre de 2005

Después de iniciar una segunda huelga de hambre y mantenerla durante 125 días, Brito se amputó un dedo meñique frente a periodistas en la Plaza Miranda debido a la falta de respuestas por parte del Gobierno.

2006

Brito recibió una indemnización de Bs. 150 mil y le fue devuelto su terreno, pero no fueron revocadas las cartas agrarias que el Instituto Nacional de Tierras había repartido dentro de los linderos de su fundo.

2 de julio de 2009

Inició nuevamente una huelga de hambre frente a la sede de la Organización de Estados Americanos, en Las Mercedes, Caracas. Allí estuvo durante 154 días y la levantó cuando el INTI se comprometió a anular las cartas agrarias. El 4 de diciembre de ese año, efectivamente el INTI cumplió su palabra, pero Brito insistió entonces que esta acción no era legal, por lo que a los pocos días retomó la huelga de hambre.

13 de diciembre de 2009

Efectivos de la Policía Metropolitana se llevaron a la fuerza a Brito al Hospital Militar alegando que el productor agropecuario no presentaba “la mejor condición mental”. Sin embargo, los informes médicos indicaban lo contrario.

1º de marzo de 2010

El biólogo retoma la huelga de hambre en protesta por permanecer involuntariamente en el Hospital Militar y porque el INTI había actuado de forma corrupta: no se había legalizado la carta agraria que recibió sobre la titularidad de sus tierras.

5 de junio de 2010

Después de más de 70 días, Brito continúa con la huelga de hambre e inicia una de sed. Días después, radicaliza aún más su protesta y suspende el consumo de suero.

30 de agosto de 2010

Franklin Brito fallece, tras estar diez días en un coma inducido en la terapia intensiva del Hospital Militar.

Varela, mucho ruido y ningún cambio

Patty Fuentes Gimón

Lo que pasa en las cárceles no parece tener nada que ver con ella. A un mes de la creación del Ministerio del Servicio Penitenciario, Iris Varela no ha propuesto siquiera un proyecto para solventar el grave problema carcelario ni ha dado la cara en más de tres ocasiones.

Mientras tanto, los reclusos siguen manteniendo riñas y huelgas de hambre, asesinándose, hiriéndose, fugándose… Desde el pasado 26 de julio, cuando se conformó el referido despacho, se han producido 23 eventos alarmantes en diversas prisiones del país.

Nada más durante la semana pasada, ocurrieron conflictos en seis centros penitenciarios: Internado Judicial de Los Teques (en el cual murieron tres reos y cinco resultaron heridos), Puente Ayala en Anzoátegui (con tres muertos), Yare III (hubo una protesta), Yare II (protesta y heridos), penal de Guanare (un muerto, un herido y varios reclusos en huelga de hambre se cosieron la boca) y Uribana (dos muertos y 12 heridos).

“A un mes de creado este Ministerio, no han presentado plan para solucionar la crisis penitenciaria más allá de los dos anuncios de liberar a 20 mil reclusos así como la prohibición de ingresos a los recintos carcelarios, que tuvo que revocarlo días después por el caos que se vaticinaba”, denuncia Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad.

¡Que patee las cárceles!

Aunque Nieto Palma reconoce que acabar con la crisis penitenciaria no es tarea fácil porque las cárceles están hacinadas, hay 80% de retardo procesal, ocio, un personal deficiente y mafias carcelarias, plantea que la ministra Varela visite los centros de reclusión para conocer de cerca las inquietudes de los internos.

“Bajarían los niveles de ansiedad de la población penal si ella se dedicara a recorrer las cárceles, palpar los problemas y escuchar a los presos porque no es lo mismo que se lo cuenten. A ella le hace falta patear cárceles”, dice.

El vocero de la ONG que defiende los Derechos Humanos de los privados de libertad recomienda que la titular de Servicio Penitenciario se rodee de expertos en la materia. “No tiene buenos asesores. De información bien confiable, supe que la gente que está con ella es la misma que estaba antes. Es más, una de sus asesoras principales es quien fue directora de Asuntos Penitenciarios, Consuelo Cerrada. Aquí no ha pasado nada, lo que se cambió fue el nombre porque todo sigue igual. ¡Qué locura! Una de las responsables del caos ahora asesora a la ministra”, expresa. 

12 motines y riñas

19 muertos

58 heridos

2 fugas con un total de 7 fugados

2 secuestros de personal penitenciario

3 huelgas de hambre

1 retención de familiares

2 protestas

1 toma de una cárcel de hombres por las mujeres que estaban en el anexo femenino

2 de cada 10 detenidos quedan en libertad

Patty Fuentes Gimón

Venezuela es el segundo país de Latinoamérica con más homicidios en relación a la población. De los 123 mil asesinatos que se cometieron entre 1999 y 2008, según las cifras que maneja el Cicpc, sólo fueron 23 mil los sospechosos detenidos. De acuerdo con la propia Fiscalía General de la República, hoy la impunidad es de alrededor de 92%.

De estos números no se escapan los estados ni los municipios. En Sucre, específicamente, fueron aprehendidos 1.092 ciudadanos durante el primer semestre de este año, de los cuales sólo 216 quedaron privados de libertad. Al resto (79%) les fue otorgada libertad plena o una medida cautelar.

Así lo dio a conocer ayer el alcalde Carlos Ocariz, quien a su vez informó que desde 2008 en su jurisdicción han disminuido los homicidios en 27% y los hurtos en 33%. “En 2008 fueron asesinadas 722 personas y ocurrieron 882 hurtos, mientras que en 2010 fueron 530 los homicidios y 588 los hurtos”, dijo.

Policías que ganan como obreros

Ocariz anunció también un aumento salarial para los policías y destacó que desde 2008 hasta hoy ha habido un incremento de 254% en los sueldos de los uniformados. “Un agente en 2008 ganaba Bs. 1.188. Hoy en día, con este aumento, pasa a ganar Bs. 3.025, además del correspondiente bono de alimentación”, sostuvo.

Aunque el criminólogo Fermín Mármol García aplaude el incremento para la Policía de Sucre, asegura que “con el dinero que ha ingresado a Venezuela durante estos 12 años, las profesiones de policía, docentes y médicos realmente no se han reivindicado como merecen. Los policías no pueden seguir estando pagados como obreros”.

Sin embargo, señala que “toda reivindicación social es positiva, pero las policías municipales y estadales necesitan de un gran apoyo del Gobierno central. Aquí eso está muy partidizado, depende de si eres del Gobierno o de la oposición”.

Asimismo, reconoce que con la administración de Ocariz, Polisucre ha sufrido una transformación a positivo. “Se han podido rescatar patrullar y motos, y ha habido una depuración. Sin embargo, la Policía de Sucre tiene un área de competencia territorial muy compleja y de forma solitaria no va a poder tener una seguridad integral. La política contra el crimen es mucho más integral, es un tema de primer nivel, debe venir desde la Presidencia”, añade.

¿Por qué se produce la impunidad?

Según el criminólogo Fermín Mármol García, el sistema judicial venezolano está colapsado y hay un gran déficit de personal. “Vista la población y la incidencia delictiva se necesitan 2 mil fiscales y sólo contamos con 700; se requieren 120 mil policías uniformados, pero hay 72 mil; y deberíamos tener 25 mil policías de investigación criminal y tenemos 4.200. Nuestras estructuras del sistema judicial penal pertenecen a estándares de la década de los 90. Desde hace 20 años no sufren una adecuación. El gran problema es que la impunidad produce imitación, es decir, se crea la tendencia en aquellas personas desviadas de que la carrera delictiva es rentable y poco riesgosa”, explica.

Liberación de los PM sigue retrasándose

Patty Fuentes Gimón

Han transcurrido seis meses desde que los miembros de la plataforma Javu cesaron la huelga de hambre que duró 23 días y con la que se logró la liberación de cinco presos políticos: Silvio Mérida, Felipe Rodríguez, Otto Gebauer, Freddy Curupe y Biagio Pilieri.

Sin embargo, dentro de las negociaciones estaban incluidas las excarcelaciones de los ex funcionarios de la Policía Metropolitana detenidos por los hechos del 11 de abril de 2002, Arube Pérez Salazar y Marco Hurtado, a quienes desde hace tres años les corresponde el Régimen Abierto.

“La semana pasada llevamos los papeles y nos dijeron que teníamos que esperar a que ellos dieran la fecha para hacerles los exámenes psicosociales porque dentro de poco se les vence el Régimen Abierto. Ya tienen ocho años presos pero con las horas de trabajo, deben llegar como a 10 años”, explica Licy de Pérez, esposa de Pérez Salazar.

La cónyuge del funcionario denuncia también que el abogado que les solicitó los documentos les pidió a cada uno de los familiares que llevara 500 copias, por lo que cada una gastó alrededor de Bs. 500, a pesar de que todos los PM forman parte de un mismo caso. “Fue un abuso de ese abogado, pero teníamos que hacerlo porque si no se agarran de ahí pa’ no liberarlos”, dice.

“Malas señales” que demoran

El presidente fundador de Javu, Julio César Rivas, sostiene que las excarcelaciones de estos dos PM “sufrieron ciertos retrasos porque empezaron a tener prioridad los presos políticos graves de salud y por comentarios o acciones que afectaron que se diera el cumplimiento total del acuerdo con el Gobierno”.

El estudiante se refiere a las otras protestas que se produjeron simultáneamente que para el Gobierno significaron “malas señales” de parte de los miembros de la Operación Libertad. “Esto entorpeció las negociaciones. Nuestra apreciación es que ellos faltaron a su palabra y la de ellos es que nosotros faltamos a la nuestra. Pero en un conflicto siempre hay que buscar solución y aquí pensamos que lo mejor es que los abogados y familiares utilicen los canales que logramos abrir”, añade.

Rivas señala a su vez que Pérez Salazar y Hurtado fueron incluidos “en último momento” al pliego de peticiones: “Cuando los abogados nos dijeron que ellos ya tenían acceso a los beneficios procesales, los sumamos a la lista de solicitudes y el Gobierno pidió a la juez que revisara esos casos. Lo que pasó fue que la juez de Maracay no ha hecho los exámenes psicosociales y por eso seguimos presionando”.  

Semana de excarcelaciones

Julio César Rivas, de Javu, asegura que esta semana serán liberados otros presos políticos que padecen enfermedades y, posteriormente, aquellos a quienes ya les corresponden medidas alternativas al cumplimiento de la pena. “Veremos la continuidad de lo que comenzó con Lázaro Forero. Estarán incluidos los comisarios y todos los PM detenidos por los sucesos del 11 de abril. Hay una clara disposición de resolver el problema a pesar de que el Gobierno siempre se va a cuidar de no ser derrotado”, dice. El joven detalla que no han tenido más contacto con el ministro Tareck El Aissami, pero sí con representantes de la OEA, de la Defensoría y de la Fiscalía.

Operación Libertad y Javu se separan

Otra de las causas por las cuales se han retrasado las liberaciones de los PM es que los miembros de Javu se separaron de la Operación Libertad. “Cuando iniciamos con la operación había una sola organización y ahora es un movimiento con otras acciones, porque muchas personas tienen una estrategia distinta que pueda afectar que se sigan concretando las acciones que logramos con la huelga de hambre. Lorent Saleh se separó de Javu y realizó actividades paralelas que no compartimos”, agrega Vivas.

“El Gobierno no cumplió del todo porque consideró que nosotros tampoco cumplimos del todo” 

Julio César Rivas, presidente de Javu