Pulmón en apuros

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

"La Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna pero no se puede consentir que se invadan terrenos para que en cualquier edificación se consolide un barrio. Entonces, ¿cómo los sacas de ahí?", se pregunta Fernando Canelón, residente de la parroquia ecológica Caricuao desde hace 32 años.

Las áreas verdes de esa parroquia representan 65% de Caracas y, en lo que va de año, los incendios han mermado más de 150 hectáreas, además de los daños ocasionados por las invasiones en los parques nacionales.

Canelón asegura que, desde hace casi tres años, las autoridades de competencia ambiental están al tanto de las preocupaciones de los vecinos de Caricuao, pero aún no les han dado respuesta.

"Es por esto que estamos acudiendo al Cabildo Metropolitano. El Instituto Nacional de la Vivienda es el propietario de los terrenos, así que hay una comercialización irrespetuosa hacia la colectividad. Al vender esos espacios públicos y convertirlos en edificaciones de viviendas, se genera una sobrecarga tremenda y se colapsan todos los servicios", denuncia.

INVASORES INCONFORMES
"En Caricuao hay cuatro parques nacionales: Vicente Emilio Sojo, Leonardo Ruiz Pineda, Zoológico Metropolitano y el Universal de la Paz. Estas áreas verdes forman parte del pequeño pulmón de la Caracas oeste, por lo que hay que protegerlos. La Guardia Nacional ni hace ni deja hacer porque está a pocos metros de donde se invade y no toma medidas", señala la concejala Gladys Castillo.

El edil metropolitano Andrés Bello coincide con Castillo y agrega que "si el Estado cumpliera a cabalidad sus funciones de garantizar un ambiente sano y una vivienda digna, no tendríamos tantas personas invadiendo en el país".

Bello asegura que 70% de los invasores manifiesta que no quisiera vivir allí y estima que el déficit habitacional alcanza las dos mil viviendas. Por esta razón, considera necesario un encuentro con los ocupantes ilegales para conocer las diligencias que han realizado al Gobierno.

Tras conocer la situación de Caricuao, la sesión del Cabildo Metropolitano propuso: solicitar aportes científicos de la Universidad Central de Venezuela y del Ministerio del Ambiente para hacer muestras del agua que se suministra en esa zona, exigir la presencia de los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda para que evalúe cuáles son los territorios afectados por las construcciones, y nombrar una comisión para dar respuestas a los vecinos.

PROMOVER CAMPAÑAS

El 30 de mayo inicia la semana de la conservación con una caminata desde Caricuao hasta La Vega (8.5 kilómetros) para incentivar la conciencia ambientalista. "Esperamos contar con 500 atletas", dice el concejal Andrés Bello.

La desmemoria de Jorge

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

“Le exigimos al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, que rinda cuentas no nada más a su sociedad de cómplices o a la Contraloría Municipal sino a todos los caraqueños que estamos solícitos de información”, señaló el concejal metropolitano Luis Velásquez.

La memoria y cuenta de la gestión de la Alcaldía Libertador debió haber sido entregada entre el 1º de enero y el último día de febrero, pero todavía está a la espera de los ciudadanos.

En estos dos meses de retraso, Rodríguez ha solicitado prórrogas en tres oportunidades y la última se venció el pasado martes 27 de abril.

Tras aclarar que no existen sanciones para esta situación, Velásquez se preguntó: “¿Qué esconde el alcalde? ¿Cómo justifica el desorden que tenemos en el municipio Libertador y la indolencia en función del recurso que se le ha destinado?”.

De acuerdo con el concejal, en la Ordenanza Municipal se informó que la gestión de Rodríguez arrancó con un presupuesto de 1, 3 millardos de bolívares y cerró el ejercicio fiscal con uno de Bs. 1, 9 millardos.

“¿Cómo está distribuido este recurso? El alcalde se gastó 1.8 billones de bolívares, nada más y nada menos, que en burocracia, parrandas y regalías, y solamente le entregó a Caracas Bs. 96 millones para hacer obras medias o de envergadura”, denunció.

¿DÓNDE ESTÁN LOS 96 MILLONES?
“Tantos recursos no son sólo para administrar las nóminas, sino también para ejecutar obras y servicios por parte de la Alcaldía”, agregó Velásquez, quien a su vez dio ejemplos de varios proyectos que nunca comenzaron o que quedaron a medias.

• Recuperación del Parque Infantil en la calle UD7 de la parroquia Caricuao: adjudicado por Bs. 167.068. Aún no ha arrancado.
• Construcción de cuartos de basura en la calle UD7 de la parroquia Caricuao: adjudicado por Bs. 104.364. Sin comenzar.
• Mercado de buhoneros de la esquina La Bolsa. En pésimas condiciones.
• Dos etapas de la Plaza Diego Ibarra, en la esquina La Bolsa. A pesar de que le han inyectado ciertos recursos, los avances han sido escasos.

“La selección de estas obras se hizo de forma aleatoria: agarramos el presupuesto y, para desgracia de ellos pero suerte de los que estamos haciendo la denuncia, las obras no han sido ejecutadas”, explicó el concejal.

Respecto a la gestión de Rodríguez, TalCual intentó comunicarse con varios concejales del PSUV, pero algunos se negaron a declarar. Simón Pereira aseguró no estar autorizado para tratar ese tema.

LA VOCERA CILIA
Tras dos semanas sin reunión, hoy se tiene previsto llevar a cabo una sesión solemne en la Plaza Bolívar, donde la oradora de orden será la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores.

“Como alcalde, Jorge Rodríguez debería ser quien hable e informe acerca del destino del presupuesto que se le ha otorgado. Al parecer, el PSUV se reunió y decidió quitarle la potestad de hablar al alcalde”, dijo la concejal metropolitana de Podemos, Maribel Castillo.

Un respiro para ex empleados de Avensa

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

Después de diez años y seis meses de espera, pareciera que se acerca el fin de la lucha de los más de dos mil ex trabajadores de diversos organismos públicos que exigen el pago de sus prestaciones sociales.

Hoy, una vez más, acudieron aproximadamente 80 ex empleados de Avensa, Servivensa y sus 34 filiales a la Vicepresidencia de la República, donde fueron recibidos por la Consultoría Jurídica, que les prometió una cita para el próximo viernes a las 10:00 am.

“Esperamos que la Vicepresidencia le transfiera el caso al Ejecutivo para que nos paguen la deuda en base al porcentaje accionario que tiene el Estado en esta empresa que nos dejó en la calle. El problema radica en que el Estado tiene el 23.3% de Avensa y Servivensa, por lo que tiene una gran cuota de responsabilidad con nosotros”, dijo el representante legal de Defensa y Derechos de Avensa, Edgar Bolívar, quien trabajó durante 15 años en la aerolínea que dejó de funcionar después del deslave de Vargas, en el año 2000.

Florencio Puentes, vocero de Avensa, relató que los representantes de la Consultoría Jurídica consideraban que los ex empleados estaban actuando de mala fe. “No les pareció correcto que estuviésemos haciendo una protesta porque ya nos habían recibido y habían leído la carta que les enviamos. Pero nosotros les dijimos que no era eso, sino que tenemos más de diez años en esta espera. Es un abuso volver para atrás después de tanto tiempo”, expresó y aseguró: “Mi única lucha es tratar de recuperar el dinero que nos quitaron”.

Metro censurado

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

Leximar Montero, de 38 años de edad, ejercía el pasado martes sus labores de operadora del Metro de Caracas. Cuando llegó a la estación Plaza Sucre, uno de los trenes presentó fallas, por lo que tuvo que desalojar a los usuarios sin pensar que por eso iba a parar en la clínica: golpes, empujones, gritos, insultos y patadas por parte de quienes se resistían a abandonar el vagón le causaron heridas graves.

Montero forma parte de­ los 1.400 empleados del Metro de Caracas que viven preocupados por el riesgo que corren durante sus jornadas laborales. “Estas situaciones que atentan contra la seguridad personal de nuestros trabajadores se han ido incrementando en los últimos meses, tanto así que el personal operativo tiene fundados temores de actuar en procedimientos que involucren a usuarios”, asegura el secretario de Condiciones de Trabajo del Sindicato de Trabajadores (Sitrameca), José Luis Antequera.

Mientras Montero estaba siendo agredida en el primer vagón, otros tres operadores del cuarto vagón tuvieron que huir tras ser amenazados de muerte por “estropear el servicio” del subterráneo. “Estamos siendo etiquetados como saboteadores cuando la verdad es que no tenemos la culpa de que haya una falla en el Metro. En el caso del pasado martes, ese tren no debía seguir andando con usuarios adentro, pero ellos no entendieron y simplemente decidieron atacar a la trabajadora”, explica Antequera.

CALLAR PARA COMER

El psicólogo clínico Reinaldo Rangel llevaba 20 años trabajando en el Metro de Caracas. Hace seis meses fue despedido por razones que, a su juicio, fueron injustas. “Salí a defender los derechos laborales de mis compañeros para exigir sueldos justos. Por eso me desincorporaron. Violaron el decreto presidencial de inamovilidad presidencial. Fue un despido ilegal”, denuncia.

Hablar parece ser motivo suficiente para destituir de su cargo a los trabajadores del subterráneo. “Esto es terrorismo, es cacería de bruja. El personal no puede declarar nada a los medios porque inmediatamente es despedido”, asegura el asesor legal de la empresa, Jorge Escalona.

Rangel coincide con el abogado y argumenta que es por esto que conocer las cifras de operadores atacados por usuarios es casi indeterminable. “Se podría estimar que son entre uno y dos cada quince días, pero eso depende de muchas cosas. La directiva siempre trata de evitar que las cosas que causan impacto salgan a la luz pública. Los operadores ahora deben usar chaquetas negras o marrones para que nadie sepa que son trabajadores del Metro. Las pocas veces que algún empleado se ha defendido de un usuario, ha sido despedido y el pasajero se queda con la razón”, señala.

Aunque el representante del Sitrameca no dio cifras exactas de las veces en que los empleados del Metro han sido víctimas de la violencia de los pasajeros, se atreve a decir que cada vez son más seguidas las quejas de los trabajadores por las reiteradas agresiones físicas y verbales. “Al día siguiente de lo que le ocurrió a Montero, se presentó una situación parecida, pues un inspector del área de tráfico fue empujado y golpeado por tener que desalojar a los usuarios. Menos mal que el hombre pudo defenderse y salir corriendo sin llegar a mayores”, relata.

LA EMPRESA NO DA LA CARA

Hasta ahora, la junta directiva del Metro de Caracas no se ha manifestado respecto a estos episodios ni ha desmentido que los conductores sean los responsables de las deficiencias del subterráneo.

“No hay un representante de la empresa que acabe con esa matriz de opinión de que lo hacemos con mala intención, que haya manifestado públicamente que nosotros no tenemos la culpa y que admita que hay problemas en los trenes”, añadió Antequera.

El asesor legal considera que el presidente del Metro es el gran responsable del caos en el subterráneo. “No se les hace el mantenimiento adecuado a los trenes, la gerencia de seguridad está pintada en la pared porque no ha creado ningún plan para disminuir el clima de inseguridad, hay inestabilidad laboral, se están violando los derechos de la mujer, el contrato colectivo y la Ley Orgánica del Trabajo. En definitiva, la gerencia ha sido negligente”, afirma.

Es por esto que, a través de un comunicado, los representantes de Sitrameca exigieron al presidente del Metro de Caracas que dé la cara. “Señor ingeniero Víctor Hugo Matute López, estamos seguros de que con el poco tiempo que tiene presidiendo esta empresa de transporte masivo, ha podido confirmar la calidad humana de nuestros trabajadores… Exigimos de usted una expedita manifestación de voluntad para la solución a este grave problema”, dice en el texto.

Una muerte evitable

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

"Llegamos a la frontera, como a las cinco de la tarde, donde nos recibieron los efectivos que nos iban a dirigir al sitio de la pauta. Durante el recorrido tuvimos que caminar descalzos, sin seguridad, con el lodo que nos llegaba a la altura de la cintura; no contábamos con hidratación ni la vestimenta adecuada. Al llegar al lugar había baldes de acetona que nos ocasionaron mareos, desmayos y vomitos. Al terminar... nos dieron órdenes de salir rápidamente del lugar porque podría haber paramilitares y estaba anocheciendo. En el regreso, el fotógrafo Jorge Durán presentó síntomas de malestar. Al llegar al helicóptero, nos dimos cuenta de que faltaban Durán y el camarógrafo de Reuters, a lo que respondieron que no podían esperarlos... El camarógrafo caminó hasta la carretera y llegó a un Comando de la Guardia, donde dijo que el fotógrafo estaba en malas condiciones de salud. Pocas horas después nos informaron que Jorge Durán había fallecido de un paro cardíaco...".

Así relatan la periodista Jessica Rojas y el camarógrafo Pedro Amoruso los acontecimientos del pasado jueves cuando, junto al reportero gráfico de la Dirección de Información del Ministerio de Interior y Justicia, Jorge Durán, debieron dirigirse a un lugar ubicado a 200 metros de la frontera con Colombia, en el municipio Catatumbo, estado Zulia, para asistir a la rueda de prensa que ofreció el general Miguel Vivas Landino, jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.

Los periodistas fueron enviados por el director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, Jorge Galindo, quien les dio órdenes de ir hasta allá "sin ningún tipo de protección, ni médicos, ni la debida custodia".

"Durán intentó resistirse a viajar a esa hora y en esas condiciones, pero el mayor Galindo lo amenazó con tomar represalias laborales contra él", denuncia el vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, Mario Villegas, quien considera que la muerte del fotógrafo pudo haber sido provocada por la "irresponsabilidad y negligencia de funcionarios públicos y oficiales militares".

ESTO NO ES POLÍTICA
A pesar de haber mantenido relaciones estrechas con Durán y tras haber realizado denuncias formales en varias ocasiones, Villegas prefiere apartarse del caso para evitar que el fallecimiento del reportero gráfico se ligue con la política.

"No quiero que mis declaraciones se puedan interpretar de esa manera, cuando la verdad es que se trata de un problema humanitario y gremial, donde se actuó bajo unas condiciones peligrosas y sin tomar en cuenta el buen criterio profesional que se requiere para organizar una rueda de prensa en la frontera", aclaró.

Es por esta razón, que el también exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa solicitó al CNP y a los gremios periodísticos que conduzcan la denuncian formal ante los órganos correspondientes.

"Pido a las autoridades del Estado que ordenen una investigación imparcial de estos hechos al margen de la diatriba y de cualquier sectarismo político", añadió.

Mujeres en riesgo

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

Mireya y Gregorio llevaban dos meses de novios cuando él, durante una discusión, le dio un empujón. Ella se molestó y dejó de hablarle por tres días hasta que él, insistentemente, se disculpó, prometió no hacerlo más nunca y se excusó diciendo que fue un momento de descontrol.

Después de seis meses, Mireya quedó embarazada y decidieron casarse. Cada vez los maltratos verbales y físicos se fueron haciendo más frecuentes hasta que se convirtieron en una rutina. Golpes, perdón, golpes, perdón. Así fue durante mucho tiempo la vida de esta pareja.

¿Por qué Mireya no denunciaba lo que le pasaba ni acudía a sus familiares? Esta es la pregunta que muchos se hacen cuando ocurren casos de este tipo.

“Cuando las mujeres son agredidas, van acumulando tensión, sienten miedo y su autoestima se va deteriorando poco a poco. La mayoría de las veces prefieren callar porque están enamoradas y creen que él puede cambiar, tienen una dependencia económica, hay hijos de por medio o sienten que si hacen la denuncia no van a estar protegidas”, explica Mercedes Muñoz, presidenta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa).

Muñoz señala que se trata de un ciclo en escalada de la violencia, donde intervienen aspectos culturales, pues “en Venezuela los hombres son educados para el ejercicio de la violencia, poder y agresión en vez de negociación, mientras que las mujeres están socializadas para primero ser madres y esposas que profesionales”.

Avesa estima que cada dos días una mujer es asesinada por su pareja y que, por cada denuncia, hay diez que no se notifican a las autoridades.

“El año pasado, las cifras oficiales fueron de más de 100 mil mujeres agredidas por sus parejas o ex parejas, lo que revela que fueron más de un millón las víctimas que no hicieron las acusaciones formales”, destaca Muñoz.

DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO
La representante de Avesa considera que se han creado leyes “bastante completas” para la defensa de las féminas, como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero que hace falta contemplar mecanismos de prevención.

“Hace poco, esta situación se consideraba un tema de marido y mujer, un problema de la vida privada. Ahora se entiende que es público, por lo que el Estado tiene que responder por la justicia y protección de las víctimas. Se deben elaborar programas culturales y educativos que impliquen la transformación de valores y roles que han sido asignados tradicionalmente a hombres y mujeres”, recomienda Muñoz.

Además, dice que es necesario formar a todos los profesionales vinculados con el problema: fiscales, jueces y policías, porque “cuando la mujer quiere salir de ese hueco y denuncia, tiene que esperar a que el caso vaya a Fiscalía. Mientras tanto, debe volver a su hogar, donde está el victimario”.

La defensora de los derechos de las mujeres asegura que la ley establece que el agresor no puede acercarse a la mujer y que la victima debe ser trasladada a una Casa de Abrigo cuando la permanencia en sus residencias implique amenaza inminente.

“El problema es que en el país solamente contamos con dos Casas de Abrigo desde hace once años: una en Caracas y otra en Aragua, lo que no es ni suficiente ni esperanzador”, asegura Ofelia Álvarez, directora general de la Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (Fundamujer), quien calcula que diariamente recibe entre 10 y 12 solicitudes de asesoría femenina por agresión de sus novios o esposos.

ANTES DE QUE SEA PEOR

1. Si percibe que su vida está en peligro, abandone a su pareja.
   Cuando tiene hijos con el agresor, acuda a la Fiscalía o llame al 0-800-FISCAL-0 También puede comunicarse con el Instituto Nacional de la Mujer a través del 0-800-MUJERES
2. No se preocupe por el qué dirán. Hable con vecinos, amigos y familia: su vida puede estar en peligro.
3. Si usted es familiar o conocido de una mujer agredida que le está pidiendo ayuda, apóyela. Puede evitar una desgracia.
4. No se preocupe por el qué dirán. Hable con vecinos, amigos y familia: su vida puede estar en peligro.
5. Si usted es familiar o conocido de una mujer agredida que le está pidiendo ayuda, apóyela. Puede evitar una desgracia.