En 2010 aumentó la pobreza en 14 estados

Patty Fuentes Gimón

“Nuestra mayor preocupación es que pareciera que las políticas sociales del Gobierno se estancaron. Los efectos positivos que venían teniendo los sectores más pobres ya no tienen los mismos resultados que antes”, aseguró Marino Alvarado, coordinador general de Provea, durante la presentación del informe Situación de los Derechos Humanos en Venezuela que contempla el período de octubre 2009 a septiembre 2010.

Dicho estudio reveló que aumentó la pobreza en 14 estados de Venezuela, “en algunos hasta 4 ó 5 puntos, y en otros en un punto”.

Alvarado aseguró que “quien revise los datos del Instituto Nacional de Estadística se va a encontrar con que, hasta antes del golpe de Estado de 2002, el país venía reduciendo la pobreza. Después del paro petrolero, se incrementó significativamente y, desde hace tres años, se estancó. Ahora, con el nuevo aumento lo que nos preocupa es que pareciera que esta tendencia a bajar la pobreza empiece a revertirse en una situación de regresividad”.

La desaceleración de la lucha contra la pobreza y el estancamiento de varias misiones sociales han generado “un creciente descontento de la población que aumentó notablemente el número de protestas”.

Durante el año que cubre el informe, Provea registró 2.591 manifestaciones por derechos económicos, sociales y culturales, lo que representa 78,15% del total de las protestas, mientras que fueron 686 las que exigieron derechos civiles y políticos.

UNA DÉCADA DE PROTESTAS
“Si bien en Venezuela se garantiza constitucionalmente el derecho a la manifestación pacífica, durante los últimos cinco años las posibilidades de perder la libertad personal, e incluso la vida, se han incrementado progresivamente”, señaló Mariana Belalba, abogada de Espacio Público.

Desde el año 2005, se inició un proceso de criminalización de la protesta social “utilizando el sistema de administración de justicia” y, a la fecha, “más de 2.400 personas se encuentran procesadas en régimen de medidas cautelares, lo que implica que deben presentarse cada 15, 30 ó 45 días, en muchas casos fuera de sus lugares de trabajo, lo que les genera una carga económica”, añadió Belalba.

La abogada denunció que muchos de esos procesados tienen prohibición de hablar sobre su caso y de manifestar nuevamente. “También hay personas privadas de libertad, como el sindicalista Rubén González, a la espera de un juicio por participar en una huelga en el estado Bolívar”, ejemplificó.

A pesar de las represiones, la protesta pacífica se ha incrementado sustancialmente. Según el informe, en los últimos diez años se contabilizaron 19.250 manifestaciones y, solamente durante el período que evaluó este estudio, se presentaron 3.315, mientras que el año pasado fueron 2.857.

“No sólo se han incrementado, sino que se han ido radicalizando las manifestaciones públicas ante la ausencia de respuesta por parte de las instituciones del Estado. En el último período hubo siete tomas o quemas de establecimientos policiales. El año pasado, sólo hubo una huelga de hambre y este año se sumaron 105”, informó la representante de Espacio Público.

Belalba indicó que los sectores de menores recursos son los que más protestan y la mayoría de sus reclamos se orientan a las exigencias laborales. De todas las manifestaciones durante esta década, 71% (13.790) fueron por derechos económicos, sociales y culturales.

MÁS TORTURAS Y EJECUCIONES
Alvarado destacó que, entre octubre 2009 y septiembre 2010, se registraron 237 casos de violaciones a los Derechos Humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, lo que representa un incremento de 15% respecto al lapso anterior.

En su mayoría, se presentaron casos de ejecuciones, con un total de 199 víctimas; uso indiscriminado de la fuerza, con 16 personas; torturas o tratos inhumanos, con 10 fallecidos; el uso excesivo de la fuerza, con nueve; y las muertes por negligencia, con tres personas.

Alvarado atribuye el incremento de los casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales al “progresivo deterioro de los cuerpos policiales, pues casi 25% de los delitos que se producen en Venezuela, son cometidos por funcionarios policiales”.

También detalla dos situaciones que contribuyen a que estas violaciones a los DDHH persistan: los altos niveles de impunidad y el hecho de que no se haya intervenido el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Hago un llamado al presidente Chávez para que, así como ha hecho un esfuerzo con la creación de la Policía Nacional, profundice la reorganización del Cicpc, porque es el cuerpo más denunciado por torturas y ejecuciones. No se suficiente el mecanismo de investigación interno que tiene el Cicpc para contener las irregularidades que cometen los funcionarios de este organismo”, puntualizó.

CIFRAS

• 50% han disminuido la cantidad de planteles bolivarianos, respecto al año pasado
• 9,6% es la tasa de desempleo, mientras que en 2009 era de 6,6%
• 232 casos de conflictos laborales se registraron durante 2010
• 3 millones de viviendas es el déficit habitacional
• 1.484% aumentaron las denuncias de casos respecto a la libertad personal con 12.837 víctimas, la cifra más alta desde 1989
• 66,2% de privados de libertad están sin sentencia firme

"Lo que estamos viviendo no es eterno"

Patty Fuentes Gimón

Hoy se cumplen 13 años desde que fue fundada Una Ventana a la Libertad, ONG que dio sus primeros pasos luego de que en 1996 murieron quemados 27 internos de la cárcel La Planta.

"Decidimos que había que comenzar a trabajar para mejorar la calidad de vida de los internos de nuestras cárceles, el sector más débil y abandonado del sistema judicial venezolano", se explica en la página web de la organización.

En entrevista exclusiva con TalCual, el coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Alberto Nieto Palma, informó que está creando talleres para que, el año que viene, sean formados los familiares de los reclusos.

"En la medida que logremos sensibilizar a la gente en el tema penitenciario, iremos avanzando. Quisiéramos hacer muchas otras cosas, pero el Estado nos pone trabas. Hacemos hasta donde podemos", indica.

-¿En qué sentido el Estado les pone trabas?
-El Gobierno entorpece nuestro trabajo constantemente. Durante seis años, tuve medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por persecuciones del Estado. Decían que yo era de la CIA, que era un espía... me perseguían, me atacaban, intentaron allanar mi casa y hasta se metieron con mi familia. Hoy en día no lo hacen de esa manera, pero no nos permiten la entrada a las cárceles. No puedo llevar a mis alumnos de la universidad a las prisiones a pesar de que dicto una materia que se llama "Cárceles y DDHH". Además, somos copeticionarios de las medidas de protección de Yare y, según la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado tiene que participarnos lo que hace... pero a nosotros no nos participan absolutamente nada.

-En estos 13 años, ¿ha cambiado en algo el sistema penitenciario?
-En materia legislativa, sí. En julio de 1999 entró en vigencia el COPP y en diciembre de ese mismo año, entró la Constitución, donde está el artículo 272 que habla del sistema penitenciario. Sólo en lo teórico ha habido progreso; en la realidad y en la acción estamos mucho peor que antes. Los índices de violencia que hay ahora no los había antes. Tampoco se oía hablar de que los presos tenían granadas ni ametralladoras.

-¿Qué es lo primero que hay que hacer para mejorar la situación carcelaria?
-De entrada, descentralizar las cárceles, como lo dice la Constitución. Hay que entregárselas a los gobernadores porque eso facilitaría el trabajo y creo que crearía hasta competencia entre los mismos gobernadores por ver quién tiene las mejores prisiones del país. También se debe crear un cuerpo de seguridad penitenciaria, tal como lo establece la Ley de Policía Nacional, para que salgan de las prisiones los efectivos de la Guardia Nacional que son los corruptos principales.

-¿Cree usted que con las labores de Una Ventana a la Libertad ha habido algún avance en el tema penitenciario?
-Hemos logrado sensibilizar a la gente. Estuvimos en la audiencia del 29 de octubre de la Corte Interamericana de DDHH denunciando los Coliseos que se presentan en Uribana. Pedimos que actuaran y a la semana la Comisión se pronunció. Eso es un avance. Lo importante es que la gente sepa lo que está pasando. El tema penitenciario es difícil porque a nadie le interesa. Creo que de alguna manera, con el apoyo de los medios, hemos logrado que la gente tenga un poco de compasión con esa gente.

-Pero, ¿qué se obtiene de la compasión si las cárceles siguen iguales?
-Va a llegar el momento en que las cosas van a cambiar. Lo que estamos viviendo no es eterno. Cuando todo esto termine, la gente va a pensar en que hay que humanizar las cárceles, no como un título demagógico, sino de verdad. También logramos con el pronunciamiento de la CIDH que sea como un jalón de orejas para el Estado venezolano y significa que todos los países del hemisferio se enteraron de lo que pasa en las cárceles del país.

"NO TENEMOS MIEDO"

"Todas las ONG nos veremos afectadas con la Ley de Cooperación Internacional porque nos van a limitar los recursos y nos prohibirán que recibamos dinero de organizaciones internacionales. Lo que buscan es silenciarnos, pero Una Ventana a la Libertad no le tiene miedo a esa ley y vamos a seguir trabajando así tengamos que pedir colaboración en el Metro", asegura Nieto Palma.

"El Estado no ha podido controlar la FAN"

Por: Patty Fuentes Gimón

Por segundo año consecutivo, el Cabildo Metropolitano entregará la Orden Luis María Olaso a todas aquellas personas y organizaciones que defienden, promueven y divulgan los Derechos Humanos en el Área Metropolitana de Caracas.

El encuentro tendrá lugar el próximo 9 de diciembre a las 10:00 am en el Colegio de Ingenieros y se entrega en seis categorías, entre las que se encuentra la de la "Persona Emergente" que, en esta oportunidad, será otorgada a la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

-¿Cuál considera usted que es el Derecho Humano más vulnerado actualmente en Venezuela?
-En primer lugar, el derecho a la vida, que se ve con la cantidad de muertes con la que cerraremos este año. Este país no tiene cifras de homicidios pero todos sabemos que la jornada diaria culmina con más de un muerto por cada hora. En segundo lugar, el derecho a la no discriminación política. Expresar una opinión política en Venezuela tiene un costo que afecta el goce de otros derechos, como el de la sindicalización, la vivienda, la salud o el ejercicio en libertad de los propios derechos civiles y políticos.

-¿Cómo se ve afectada la seguridad nacional por la falta de acceso a la información?
-De manera brutal, especialmente porque el tema del acceso a la información está comportando riesgos sobre la seguridad nacional, la corrupción y sobre los propios valores de la democracia. Pudiera estar ocurriendo en este momento en Venezuela que presupuestos vinculados a la seguridad de la nación estuviesen destinados, arbitrariamente, para afectar elementos constitutivos del Estado como el territorio, la población y el sistema jurídico político.

-¿Se está violando la justicia militar?
-Venezuela tiene el estándar más retrogrado del sistema de justicia militar del continente. Lo supera solamente Cuba. Nuestro país tiene un esquema en donde el Presidente tiene facultades para abrir y cerrar juicios, lo que rompe todos los estándares del debido proceso. Se están aplicando sanciones administrativas por el sistema de justicia, es decir, te llevan a juicio militar por circunstancias que deberían ser administrativas, con lo cual atemorizan al sector militar. En segundo lugar, los delitos que se están juzgando en la justicia militar no son delitos de función, por lo que la justicia militar no cumple la regla básica de constituirse en una excepción, sino en una regla. Por otro lado, todo el sistema de justicia depende económicamente del Poder Ejecutivo. No hay cifras ni estadísticas, ni rendición de cuentas mínimas sobre lo que está ocurriendo en los recintos penitenciarios de carácter militar del país.

-¿Cuáles son los compromisos que tiene pendientes el Estado con el Estatuto de Roma?
-Todos. Venezuela solamente ha cumplido el más elemental de los compromisos, que es la ratificación con efectos internacionales, pero ninguno de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma constituye delito en el territorio nacional. Por ejemplo, los crímenes de guerra no encuentran tipo penal ni en el Código Orgánico de Justicia Militar ni en el Código Penal. Los delitos de lesa humanidad tampoco y los de genocidio, menos.

MÁS TRANSPARENCIA, MENOS ARBITRARIEDAD
"La intolerancia por razones políticas puede acarrear, tal como ha ocurrido en el mundo desde hace 15 años, la persecución y la eliminación de un sector de la población por razones políticas", advierte San Miguel y estima que "eso comenzó a ocurrir en Venezuela hace largo rato y está tonificando la vulneración de derechos importantes civiles, políticos, económicos, sociales y culturales".

-¿Considera usted que los distintos sectores de la sociedad están comprometidos con la seguridad y la defensa nacional? -Sí hay compromiso, voluntariedad e interés. Cada ciudadano está impactado por algún rasgo de inseguridad, ya sea vial, de salud, personal, etc. Lo que pasa es que hay un juego trancado en el que el Gobierno no permite a los ciudadanos participar.

-¿De qué manera podría el Estado cumplir con las políticas públicas que conciernen a la seguridad, defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN)?
-Edificando el concepto estratégico de defensa nacional, pues Venezuela tiene 10 años en mora con este mandato constitucional. Esto puede mirarse objetivamente sólo con contrastar más de 12 leyes que debieron haberse reformado o promulgado en el marco del título séptimo de la Constitución que se refiere a la seguridad de la nación. Paradójicamente, la Ley Orgánica de la FAN ha sido reformulada tres veces. Pareciera que el Ejecutivo estuviese tratando de encontrar la fórmula de hacerse de un poder que, en mi opinión, todavía no ha podido controlar. Adicionalmente, el Estado debe aplicar una política de defensa nacional que se base en los principios de transparencia, rendición de cuentas, auditabilidad, respeto a los DDHH y a la participación. Hay demasiada soberbia en la concepción de lo que es una política de defensa nacional que, en mi opinión, no existe. Además con el agravante de que el Presidente ha entendido que la Fuerza Armada Nacional depende de él... La FAN es un bien público de la nación.