jueves, 2 de septiembre de 2010

"Puedo perdonar pero no olvidar"


Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Sus lágrimas no cesaban. Con desánimo se trasladaba hacia Río Caribe, estado Sucre, donde se llevaría a cabo el sepelio de su padre, Franklin Brito, a quien recuerda con orgullo. "Mi papá tenía unos principios, una ética y un espíritu muy férreos", expresa Ángela Brito mientras se sujeta su oscuro cabello.

Las esperanzas siempre estuvieron presentes. Durante siete años, la familia Brito nunca dejó de luchar.

Esas expectativas crecieron todavía más cuando la semana pasada el presidente del Instituto Nacional de Tierras, Juan Carlos Loyo, visitó al productor agropecuario en el Hospital Militar y prometió resolver la situación. Pero, una vez más, lo prometido no fue deuda.

La joven aún no puede creer que el Gobierno no diese respuesta a las solicitudes de su familia. Siempre estuvo preocupada por la salud de su padre, pero nunca imaginó que el fin de la historia iba a ser este: siguen sin justicia, sin soluciones y, ahora, sin el resguardo de su papá.

—¿Qué va a hacer ahora la familia Brito?
—Acudiremos a instancias internacionales a que nos orienten porque aquí, en Venezuela, ningún poder es independiente, no hay debido proceso y no vamos a obtener justicia. Eso quedó demostrado.

—¿Tienen pensado continuar con la huelga de hambre que llevaba Franklin Brito?
—No, no vamos a protestar porque ya vimos lo que le pasó a mi papá.

Ángela, sus tres hermanos (Francia, Franklin y José Franklin) y su madre, Helena, confiaban en que algún día llegaría la justicia. En muchas oportunidades se negaron a que el agroproductor prosiguiera con la huelga de hambre, pero siempre lo respetaron y apoyaron en sus acciones.

—¿Cuál es su opinión respecto a la decisión de su papá?
—La decisión que tomó mi papá fue personal. Respetamos su voluntad porque él estaba consciente de lo que hacía. Para entenderlo, habría que conocer bien su ideología. Te confieso que una vez rechacé su decisión y le pedí que suspendiera la huelga, pero él me explicó sus motivos y los comprendí. Él me decía que no se lanzó a una huelga de hambre de buenas a primeras, sino que antes acudió a todos los organismos competentes y no obtuvo justicia.

—¿Por qué cree usted que el Gobierno nunca dio su brazo a torcer?
—El Gobierno nunca hizo lo que tenía que hacer, porque Chávez mandó a resolver los problemas de mi papá, dijo que tenía razón, que estaba cansado de tanta injusticia y hasta mostró el título de propiedad de nuestras tierras, pero no solucionó nada. A los tres años, el Tribunal Supremo de Justicia no le dio la razón a mi papá para no hacer quedar mal al Presidente. El meollo de todo esto está en los hechos de corrupción.

—Su papá le pidió que perdonara al presidente Chávez. ¿Cree que pueda hacerlo?
—Soy capaz de perdonarlo porque mi papá me lo pidió, pero perdonar no significa olvidar. No le guardaré rabia ni tendré resentimiento hacia él, pero tampoco dejaré de reconocer que el Estado cometió muchos errores en el caso de mi padre.

—¿Piensa que se logró algo con la huelga de hambre y con la muerte de Franklin Brito?
—Como venezolana, espero que esto ayude a reaccionar al pueblo de Venezuela, a defender sus principios con tanto ahínco como lo hizo mi papá; que los ayude a no doblegarse ante ningún poder que se quiera imponer o que viole sus Derechos Humanos y no permita el acceso a la justicia, cosa que no debería negársele a ningún ser humano. Eso es lo que espero como venezolana. Pero como hija, siento que perdí muchísimo.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Usurpación sin expropiación

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Con un simple juego de palabras el Estado le da la vuelta al caso para hacer creer que tiene la razón. El ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, aseguró ayer que el Gobierno apoyó “en todo momento” a Franklin Brito y “nunca se planteó la expropiación a los predios del productor agropecuario”.

Respecto a esto, la abogada de Brito, Adriana Vigilanza, explica que cuando el Inti otorgó las cartas agrarias a dos vecinos del biólogo les dio derecho de posesión de las tierras, pero no de que se establecieran sobre el fundo del productor agropecuario.

“Efectivamente, eso no es expropiación como tal, sino que pudo haber sido un error del ente público. Pero, en caso de haber sido una equivocación, Brito pedía al Estado que reconociera que se había equivocado en la medición de las tierras”, señala.

Vigilanza asegura que “el problema de fondo fue una desviación de poder, pues el productor agropecuario presumía que había complicidad entre el alcalde Juan Carlos Sucre Figuera y el director del Inti porque Brito había ocasionado que al alcalde se le cayera un proyecto de pesticida”.

El Estado logró que los invasores se encargaran de no dejarlo entrar en su finca. “Buscaron de forma maquiavélica hacerle daño a Brito. Cuando Chávez ordenó arreglar el zaperoco, hicieron unos arreglos turbios para nunca darle la razón. Por ejemplo, le regalaron un tractor que no funcionaba o le dieron unos sacos de semilla podridos”, denuncia la defensora.

Loyo también destacó que Brito había sido “utilizado en su buena voluntad” para fines políticos por parte de sectores opositores y eso había “llegado a poner en riesgo su vida”. Unos días antes, el ministro había advertido que mientras el caso del productor agropecuario “se siguiera ventilando y apostara al escándalo, no vamos a poder llegar a unos resultados”.

El último aliento

Ángela Brito, hija del biólogo, reiteró que su padre murió buscando justicia más que esperando la devolución de sus tierras. “Muchos pensaron que iba a ser algo lejano a ellos y no vieron que la causa de Franklin Brito era una lucha por los Derechos Humanos en Venezuela, una lucha por el debido proceso, una lucha por el acceso a la justicia”, manifestó.

Vigilanza coincide con esta afirmación y añade que “la justicia lo tenía mortificado porque en este país no hay justicia. Él quería que le dijeran que tenía razón, que el Estado reconociera su error; era una querella contra el Estado”.

Ya en junio la esposa del productor agropecuario, Helena de Brito, había avisado que lo que vivía Franklin Brito no era más que una pequeña muestra de la situación venezolana. “Queremos llamar a la sociedad civil a que tome conciencia porque lo que estáamos viviendo hoy, tarde o temprano todos vamos a transitar por ese mismo camino… Venezuela también puede morir por inacción, por no defender sus derechos”, dijo.

Franklin Brito murió de un paro cardíaco producto de una prolongada huelga de hambre el lunes en la noche en el Hospital Militar, lugar donde estuvo recluido involuntariamente durante 9 meses.

A Brito se le garantizó la muerte

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

El Foro por la Vida responsabilizó al Estado, a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Juan Carlos Loyo; y a los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, por la muerte del productor agropecuario Franklin Brito.

"Expresamos nuestra más enérgica condena a las autoridades del Estado venezolano, quienes en vez de garantizar la vida e integridad de Franklin Brito y su familia, estimularon permanentemente la impunidad, haciendo uso desmedido del poder para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones", señaló la ONG, a través de un comunicado.

A juicio de esta organización, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también es culpable del fallecimiento de Brito por no demostrar "voluntad de instruir una investigación expedita y transparente de las denuncias presentadas por la familia Brito contra el INTI, solicitar una orden de traslado y por "ordenar su ilegítima privación de libertad" en el Hospital Militar.

"Responsabilizamos a la defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez Pérez, quien se hizo cómplice de los actos violatorios de la dignidad de Franklin Brito, demostrando una vez más que sus intereses están al margen del mandato constitucional que la obliga a defender los derechos humanos de todas las personas", se añade en el texto.

El Foro por la Vida considera a su vez que Loyo no facilitó la entrega de documentos que "formalizaran y explicaran las medidas de reparación por los daños causados a la actividad productiva del biólogo, la principal reivindicación por la que mantenía su huelga de hambre".

Asimismo, repudia que los diputados pesuvistas "alentaron a los otros poderes públicos, particularmente al Ejecutivo Nacional, para que no resolviera por vía democrática los reclamos de la familia Brito y se plegaron a la campaña de desprestigio contra el productor agropecuario".

La ONG rechaza además la manera en que algunos medios de comunicación oficialistas han manejado la información de la muerte del biólogo. "La pérdida humana de Brito representa la intolerancia con la cual actúan las autoridades para resolver conflictos de cualquier naturaleza... La acción gubernamental deriva de motivaciones políticas y no de la protección de los Derechos Humanos".

UNA MUERTE ANUNCIADA
Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de Provea, asegura que a Brito se le garantizó la muerte, pues su fallecimiento "es consecuencia de una manera de gobernar prepotente, intolerante y que no acepta el diálogo como vía para resolver conflictos".

Alvarado destacó que el productor agropecuario nunca se negó a recibir atención médica, sino que exigió ser atendido por médicos de confianza, como los de la Cruz Roja.

"A Brito no se le garantizó la vida, sino la muerte. Sus peticiones pudieron haberse resuelto, devolviéndole las hectáreas que le fueron arrebatadas de manera arbitraria por el INTI", agregó.

martes, 31 de agosto de 2010

El Invisible se fugó con complicidad

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

“Nosotros somos Los Invisibles, nadie nos conoce. Si denuncias en la policía nos enteraremos”, solían decir a sus rehenes los miembros de esa peligrosa banda que, en dos años, acumuló más de 45 secuestros entre Caracas y Valencia, además de otros seis delitos como robos y homicidios.

Después de jactarse en abril de la detención de Fraiber Velasco, uno de los líderes de Los Invisibles, el ministro Tareck El Aissami debió bajar la cabeza, pues el joven de 23 años logró escaparse por segunda vez. La primera fue en mayo cuando se fugó de la sede del Cicpc y, en esta ocasión, aprovechó que era domingo, día de visita, para huir por la entrada principal de la cárcel mínima de Carabobo, mejor conocida como Tocuyito y vendida por el Estado como una de las prisiones modelo de Humanización Penitenciaria. El reo llevaba sólo cuatro días de haber regresado a ese retén, pues había sido llevado al BAE, en Caracas, donde está su juicio.

“La evasión es producto de la corrupción que todavía existe en algunos espacios de la administración pública y da cuenta del deterioro moral que arrastramos en el sistema penitenciario", reconoció El Aissami.

También informó que detuvieron por posible complicidad a los diez custodios que se encontraban de guardia el día en que escapó Velasco, quien estaba recluido por los presuntos delitos de secuestro, agavillamiento, robo de vehículo, extorsión, homicidio y uso de adolescente para delinquir.

Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, tampoco descarta que haya confabulación por parte de las autoridades y “mucha plata de por medio”. “Para salir por la puerta principal tiene que haber complicidad tanto con la Guardia Nacional como con los funcionarios del Ministerio. Más aún, siendo un delincuente temido”, destaca.

Madre al fin

Belkis Vargas, mamá del “Invisible”, asegura que su hijo no se escapó y manifiesta estar atemorizada por los resultados de la persecución policial. “Esa cárcel es de máxima seguridad, es imposible que se haya escapado. Los organismos de seguridad deben decirme dónde está mi hijo porque ellos lo saben”, señaló.

Vargas denuncia que se está creando una persecución contra su hijo y negó que éste sea responsable de los crímenes por los que lo acusan: “Dicen que está en homicidios y violaciones. Eso no es así. A él lo pasaron con seis expedientes y no tienen nada que probarle. A mi me persiguen y siempre buscan excusas para retrasar la visita o no dejarme entrar. El ministro debe decirme qué es lo personal que tiene contra mi hijo”.

lunes, 30 de agosto de 2010

Le quieren quitar a su hijo de año y medio

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Betty Martínez y Fernando Casado llevaban cuatro meses casados cuando, después de varios intentos, la mujer quedó embarazada. Al darle la noticia a su esposo, la respuesta no fue la esperada: "No estoy preparado para tener un hijo.

Tienes que decidir si quieres continuar con tu embarazo o continuar con tu matrimonio". Tener al bebé fue la decisión.

"El señor me abandonó y fui maltratada física y psicológicamente por decidir continuar con mi embarazo. Acudí a Inamujer y me atendió la doctora Neyla Isturdes, quien me refirió ante el Cicpc y a la Fiscalía 64 de violencia contra la mujer. Logré que lo imputaran por violencia psicológica y patrimonial en mi contra", relata Martínez.

Aunque Casado no quiso ocuparse del embarazo, cuando el niño cumplió sus primeros meses demandó a la madre ante el tribunal de menores por no dejar verlo. "Yo estaba dispuesta a que lo viera todos los días, pero una vez tenía que devolvérmelo a las tres de la tarde y apareció a las nueve de la noche", dice Martínez.

El 13 de agosto de 2009, varios funcionarios policiales, militares y alguaciles rodearon el módulo de Barrio Adentro en el que Betty Martínez trabaja y se llevaron al pequeño a la fuerza. "Atropellaron también a integrantes de los consejos comunales que querían defenderme. Fui humillada delante de mi familia y mis pacientes, pues me obligaron a entregar al bebé que, además, estaba enfermo en ese momento. Me exigieron que suspendiera la lactancia materna para que el padre disfrutara de un régimen de convivencia familiar y se lo llevara a su casa", recuerda con desagrado.

Esta misma situación se presentó dos veces más.

"Una vez fue la jueza también, le dio un manotón a la puerta y me amenazó con meterme presa. Siempre me tapa la boca diciéndome que ella es la máxima autoridad y que puede hacer lo que quiera. Hasta los funcionarios que ella misma llevó a mi módulo pusieron cara de indignación", señala.

La sentencia fue ratificada posteriormente por la jueza Rosa Reyes, jefa del circuito judicial, con quien Martínez se había reunido días antes y le había prometido ayudarla. De ahora en adelante, la madre debía cumplir con el Régimen de Convivencia Familiar Supervisado y el niño pasaría martes, jueves y dos fines de semana al mes con su padre, a pesar de que en la evaluación psicológica ante el equipo multidisciplinario confesó ser consumidor de marihuana.

"Fernando Casado es profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela y asesor internacional en el Minci. Como es una persona que lo que quiere son cargos políticos, usa a mi hijo para demostrar a sus amigos que es buen padre y no le da ni medio al bebito para su manutención.

La juez de violencia contra la mujer y el abogado del señor son amigos", añade.

MEDIDAS DE DESPROTECCIÓN Durante la estadía con su papá, el infante ha presentado lesiones corporales en dos oportunidades. La primera fue el pasado 8 de febrero, día en que el niño regresó a casa de su madre con un golpe fuerte en la rodilla; y la segunda fue el 22 de ese mismo mes cuando fue devuelto con una deformación en la cabeza y con fiebre de 40ºC. En esa ocasión, lo trasladaron al hospital de niños, donde le diagnosticaron un hematoma subgaleal en el occipital derecho. El padre no se hizo responsable a pesar de haberse producido el golpe, estando bajo su guardia y custodia.

En junio de este año, Casado entregó al bebé con intenso olor a nicotina en su cabello, piel y ropa.

Martínez solicitó al equipo multidisciplinario que incluyeran esto en las actas de entrega y puso la denuncia ante el Consejo de Protección. Logró que suspendieran provisional- mente el régimen de convivencia familiar como medida de protección hasta que se comprobaran las denuncias.

El padre amenaza a Martínez de llevarse al niño a España. Incluso, le sacó el pasaporte sin autorización de la madre. Ella denuncia ante el tribunal, pero la acusan de paranoica.

DENUNCIAS NO ESCUCHADAS Betty Martínez ha denunciado a la jueza que lleva el caso, Rosa Caraballo, por separarla de su hijo lactante de un año de edad. También denunció a Rosa Reyes, jefa del circuito judicial, por utilizar sus influencias para favorecer al padre del pequeño. Ninguna de las dos denuncias fue tomada en cuenta. Ahora recusará a la juez y solicitará que el papá vea al niño en el tribunal para que “no pueda drogarse ni maltratar a mi hijo, porque estará bajo vigilancia”.