“El Aissami me declaró la guerra”

Patty Fuentes Gimón

El diálogo entre los jóvenes de Javu y el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, no duró lo suficiente como para que se cumplieran las metas que se habían establecido los estudiantes. Cuando el Gobierno parecía estar dando su brazo a torcer, tras liberar a cinco presos políticos, la situación dio un vuelco de 180 grados.

Las constantes denuncias sobre el sistema carcelario por parte de los dirigentes estudiantiles y, en especial, del líder de la huelga de hambre que dio inicio a la llamada Operación Libertad, Lorent Saleh, desataron la furia de El Aissami, quien desde entonces se ha dedicado a amenazar al joven y ordenar que sea agredido por parte de la Policía de Barinas.

“El ministro hace un mes me llamó y me amenazó diciéndome que si seguía denunciando lo que pasa en las cárceles, iba a haber un problema. Luego denuncié lo que pasa en La Planta y ahí me declaró la guerra. Él es quien ha girado instrucciones precisas a los cuerpos de seguridad para que me amedrenten”, asegura Saleh, después de haber sido brutalmente atacado dos veces en menos de una semana por los cuerpos de seguridad barineses.

Sin embargo, el joven afirma que seguirá luchando a pesar de las arremetidas que ha sufrido y de que su casa y la de sus compañeros han sido allanadas sin autorización. “Yo no me voy a quedar callado simplemente porque el ministro me llame y me amenace. Ahora más que nunca vamos a seguir protestando”, expresa.

No le teme a nada

El martes el Tribunal de Control Primero del Circuito Judicial Penal de Barinas otorgó medida cautelar bajo régimen de presentación en Carabobo a Saleh, tras haber sido imputado por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones tipo básicas y ultraje violento contra funcionario público. De igual manera, su madre, Yamilet Saleh, y la estudiante Marialvi Olivares deberán presentarse cada cinco días, pero el líder de la Operación Libertad probablemente se declare en desobediencia civil.

“Todavía no sé si vaya a asumir esa medida o me coloque en desobediencia porque no es posible que nos golpeen, nos disparen a quemarropa, nos roben nuestras pertenencias y además nos imputen. Pusimos las denuncias en Fiscalía y Defensoría, pero no hay ni un solo policía investigado. Los que salimos imputados fuimos nosotros. Esto no puede seguir pasando”, reitera.   

Saleh resultó herido en esa oportunidad en la cara y la pierna, además de presentar fractura de tabique. Luego fue detenido en un calabozo contaminado con desechos humanos, ratas y sangre, lo que le produjo infecciones en varias partes del cuerpo, pues aún tenía las heridas abiertas. Su madre fue esposada, encerrada con reos comunes, despojada de sus pertenencias, desnudada e imputada por proteger a su hijo cuando estaba siendo agredido por los policías.

Barinas, zona de secuestro

Saleh denuncia que en la cárcel de Barinas hay capacidad para 300 reos, pero allí habitan 1.350, por lo que hay un excedente de más de mil personas. Igualmente, destaca que hay 54 personas secuestradas en dicho estado, sin que se haya iniciado investigación alguna.

"Mi hijo volvió a nacer"

Patty Fuentes Gimón

Hizo falta una semana trágica para que las autoridades penitenciarias resolvieran una pequeña parte de lo que, por la naturaleza de sus cargos, les corresponde solucionar a diario.

Después de que el miércoles en la noche fueran liberados seis de los 22 funcionarios (12 mujeres y 10 hombres) de la cárcel Rodeo II, en Guatire, ayer los internos del penal acordaron con el Ministerio de Interior y Justicia poner en libertad al resto de los rehenes.

El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del MIJ, Edwin Rojas, anunció la destitución del director de Custodia y Seguridad Penitenciaria del Rodeo II, Miguel Jiménez, quien será reemplazado por Trino Gómez, y el traslado a un centro hospitalario de los seis internos con síntomas de tuberculosis: Jorge Luis Blanco, Jose Miguel Monasterios Moreno, Freddy Borges, Heriberto Avariano, Carlos José Álvarez Ávila y Fernando Molina.

Estas dos decisiones llevaron a que los reclusos cesaran la huelga, los familiares de los privados de libertad retomaran las visitas y a que los parientes de los rehenes tengan de vuelta a sus hijos, padres, sobrinos o hermanos.

 

Un ejemplo para las autoridades

Reinaldo Jurado, consultor jurídico del Rodeo II, es uno de los funcionarios que permaneció una semana secuestrado en el retén. Mientras tanto, sus padres y su tía se instalaron a las afueras del penal, siempre esperando que una de aquellas noches fuera liberado.

“Cuando caían las seis de la tarde, se nos iba cayendo la esperanza de ese día, pero con la lucha y la fuerza nos quedábamos aquí con mucha perseverancia todos los días. El viernes y el sábado no tuvimos contacto con él y esa fue una situación bastante tensa, preocupante. Había que esperar que dentro del penal, no sabemos quién, empezara a mantener el contacto con nosotros. Además, estuvo sin batería un tiempo y me llamaba de un teléfono que no se de quién era”, relata la madre del rehén, Milagros Marín, mientras se seca las lágrimas del rostro.

Marín cuenta que, según lo que le decía su hijo, los mismos internos eran quienes les daban comida. “Los bendecidos, los religiosos, ayudaban a hacer las comidas. Les daban poco agua porque en esta zona se fue el agua por varios días. Los mantenían en las celdas; hubo momentos en los que estuvieron separados. A veces, les pasaban colchonetas para que no les pasara nada, pues ellos mismos los protegían”, añade. Sin embargo, la madre aclara que “no los trataban muy muy muy bien, sino bajo las condiciones básicas, lo elemental”.

El padre, Reinaldo Jurado, por su parte, asegura que su hijo “mantuvo siempre los pies sobre la tierra. A ellos les dieron un trato muy especial y esto sirve de ejemplo para las autoridades para que vean que se pueden resolver las cosas poniéndoles a los reos sus comodidades básicas y haciendo que el proceso penal sea más rápido. Las condiciones tienen que mejorar. Yo como padre del consultor Reinaldo Jurado fui y sigo siendo muy celoso de que se le cumplan a todos los internos sus peticiones”, expresa.

Jurado también narra que tiene una comunicación muy efectiva con su hijo. “Una de las cosas que yo le dije era que vea el cielo. Él interpreta muy bien lo que yo le quiero decir porque soy funcionario también. Le quise dar a entender que lo único que uno tiene libre es el pensamiento. Me imagino que en ese momento cerró los ojos y se imaginó que estaba en una piscina o en otro lugar mejor. Supimos interpretar muy bien los mensajes y no tergiversarlos, mas no le respondíamos muchas veces porque como no lo estábamos viendo, no sabíamos si en realidad era él o estaba bajo presión”, dice.

El papá de Reinaldo Jurado piensa que su hijo no dejará de trabajar en las cárceles, a pesar de lo que tuvo que padecer, pues “le gusta mucho su trabajo, por eso estudió esa carrera”.

Su madre, muy feliz, manifiesta que quiere trasladarlo a casa para consentirlo: “Quiero llevármelo, cargarlo y que vea a su hermanita que lo está esperando. Ahora que lo vi pasar, lo veo completo. Gracias a Dios, volvió a nacer y yo volví a la vida!”.

Calma para la visita

Afuera de Rodeo II esperaban ayer con ansias los familiares de los reos, pues después de una semana retomaron la visita.

Libia Méndez tiene a su esposo en el penal desde hace seis años. Ella relata que, durante los días del secuestro, tuvo contacto con él y pudo conocer que estaban casi sin comida y sin agua.

Por su lado, el hijo de 18 años de edad de Ana Mireya García fue detenido hace un año y 5 meses, pero aún no ha sido sentenciado. “Mi hijo debe estar desmayado de hambre porque lo que le traigo siempre es poquito, lo que me alcanza de mi bolsillo. El hijo que me ayudaba con el dinero se mató el año pasado y también tengo a un hijo de 11 años que mantener, pero no tengo esposo. Además, mi hija se quedó sin trabajo a raíz de esto; nos hacen la vida imposible porque dicen que fue un intento de secuestro, pero fue una riña”, relata.

Compromisos del MIJ

El viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del MIJ, Edwin Rojas, informó que en un acta suscrita, firmada y sellada por el referido despacho y los voceros de los familiares de los reos, se pactó:

1. Destituir al director de Custodia y Seguridad Penitenciaria del Rodeo II, Miguel Jiménez, quien será reemplazado por Trino Gómez.

2. El Ministerio Público abrirá una investigación en el recinto penitenciario y tramitará una medida de protección para los familiares que guardan relación con los hechos.

3. El MIJ y el MP instalarán un operativo de salud en dicha cárcel “en aras de realizar un chequeo con los especialistas y seguir ampliando el sistema de salud, mejorar las condiciones de salud y del área de enfermería”.

4. La Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios se compromete a enviar un equipo técnico que “integrará la junta de clasificación para la respectiva evaluación, observación y clasificación de la población privada de libertad”.

5. El MIJ y el MP instalarán una biblioteca para los internos de Rodeo II.

6. Trasladar a un centro hospitalario a los seis internos con síntomas de tuberculosis.

7. El MIJ “se compromete a tratar de que no haya represalia contra la población reclusa y sus voceros bajo la supervisión de los familiares y la Dirección de Derechos Humanos”.

Descaro penitenciario

Tras la liberación de los 15 rehenes, el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del MIJ, Edwin Rojas, invitó a los reos de Rodeo II y a sus familiares a “retomar la normalidad y la dinámica del sistema penitenciario para que sigamos avanzando en función de un sistema cada día más digno, que poco a poco dejará aquellos problemas que heredamos del pasado y se establecerá bajo los principios de humanismo, convivencia y respeto al estado de derecho”. También aseguró a los reclusos que “la causa por un sistema más justo es nuestra causa” y que “la lucha por los privados de libertad es la lucha del Gobierno bolivariano”.

Se solidarizan con empleados de Rodeo II

Patty Fuentes Gimón

Ante la situación que se viene presentando en la cárcel Rodeo II desde hace más de una semana, el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Sintrasde) manifestó su preocupación y aseguró que los 21 empleados de la Dirección de Custodia y Seguridad Penitenciaria son las víctimas “del desastre que represente el sistema penitenciario nacional”, pues “la modalidad de secuestro por parte de los reclusos es sólo un ápice de la situación que deben soportar todos los días los compañeros que laboran en los centros de reclusión”.

El presidente de Sintrasde, José Pérez, aseguró que los trabajadores de los penales son el “eslabón olvidado” del sistema penitenciario. “Son ellos los que día a día tienen que confrontar los problemas de los penales, la agresión de los internos, el malestar de los familiares, las insuficiencias y carencias de las cárceles. Nuestros compañeros de trabajo están prácticamente cumpliendo la condena, junto a los reclusos, siendo inocentes y víctimas del sistema”, añadió.

Tras hacer responsables a las autoridades del Ministerio de Interior y Justicia de la integridad física de los rehenes, los trabajadores de Sintrasde exigieron la reestructuración del sistema penitenciario, por considerar que “está podrido”.

El Código podría fracasar

La situación de Rodeo II no es una excepción del sistema carcelario. Por esta razón, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, presentó ayer ante la Asamblea Nacional un análisis del proyecto del Código Orgánico Penitenciario, en el cual dio a conocer los pro y los contra de dicha iniciativa.

Entre los aciertos, el OVP destacó que en el proyecto se abandona el viejo paradigma de la rehabilitación y se sustituye por el modelo de DDHH, tiene un buen desarrollo de las normas relativas al servicio de salud y hace un correcto tratamiento del trabajo fuera del establecimiento.

Sin embargo, resalta algunos defectos: ausencia de mecanismos para exigir el cumplimiento de los DDHH de los reos, deterioro de la figura del juez de ejecución, propone una organización centralizada, confusa normativa referente a la clasificación de los reclusos, pésimo procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas y no prevé un vacatio legis del Código, a pesar de que “amerita uno de por lo menos dos años, sin lo cual el Código fracasará”.

Cada vez hay más autocensura en el país

Patty Fuentes Gimón

La insistencia del Estado en censurar a los medios de comunicación ha generado cada vez más autocensura. Aunque éste es un fenómeno casi imposible de contabilizar, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela reveló en su informe sobre la libertad de expresión “Medios en asfixia”, realizado entre 2008 y 2010, que el miedo es el principal censor del periodismo venezolano.

Así lo informó la periodista Luisa Torrealba en el foro “Rebelión contra la autocensura” llevado a cabo ayer con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa y organizado por el Colegio Nacional de Periodistas, el diario El Nacional y diversas asociaciones civiles.

La directora general del IPYS destacó que en el estudio se determinó que los principales obstáculos para el ejercicio del periodismo en ese período fueron los atentados contra la vida y la integridad física de los comunicadores sociales, la confiscación o destrucción de equipos e infraestructura de medios y los impedimentos de cobertura.

La censura avanza con la tecnología

Con las reformas de las leyes Resorte y Orgánica de Telecomunicaciones “se establece en Venezuela la autocensura y se instituye la censura de manera legal, no sólo en la radio y la televisión, sino también en los medios que estén por venir, incluido Internet”, según el comunicólogo Marcelino Bisbal.

En cuanto a la Ley Resorte, el también profesor universitario resaltó que “los legisladores se adelantan al futuro, pues en el artículo 1 se establece que la ley regulará el contenido de cualquier medio de comunicación que exista o se invente en el futuro”.

El periodista Vladimir Villegas coincide con Bisbal y añade que “debe haber un tratamiento responsable de los temas, pero no puede haber temas tabúes”. Además, aclara que la censura y la autocensura no están asociadas únicamente a este Gobierno y que esta situación trasciende el periodismo, pero “es a través de los medios que los ciudadanos expresan sus descontentos y en la medida que los periodistas sentimos el peso de la censura y autocensura, nos alejamos de nuestro compromiso”.

Respecto a la Ley de Telecomunicaciones, Bisbal explicó que el Gobierno abandonó la idea de implantar un punto único de interconexión a Internet al percatarse de que 95,3% del grupo de información que llega vía Internet es a través de la empresa estatal Cantv.

“Conatel se ha convertido en una especie de cajita negra donde la opacidad en relación con el espectro radioeléctrico es lo que prevalece”

Luisa Torrealba, directora general de IPYS Venezuela

Cada 2 días se viola la libertad de expresión en Venezuela

Patty Fuentes Gimón

Cada dos o tres días se presenta una violación a la libertad de expresión en Venezuela. Nada más en el año 2010 se registraron al menos 159 casos de restricción a este derecho, con un total de 193 denuncias, según el informe anual de Espacio Público.

Aunque esta cifra es una de las más bajas desde 2002 y representa una disminución respecto a 2009, cuando fueron 246 los casos, hubo un incremento en cuanto a la censura. De 2005 a 2008 la media era de 15 eventos, mientras que en 2009 aumentó a 35 y en 2010 a 52.

“Se desarrollaron casos como la prohibición de difundir imágenes violentas, se decomisaron cámaras o no dejaron entrar a algunos medios en ruedas de prensa”, destacó Carlos Correa, director de Espacio Público.

El segundo tipo de violación a la libertad de expresión fue la agresión, con 46 casos, seguido del hostigamiento judicial y administrativo. Estas vulneraciones estuvieron estimuladas por la impunidad, ya que la mayoría de las denuncias que hacen los periodistas quedan en la fase de investigación.

Más actuación del Estado

Durante los años 2002, 2003 y 2004 la mayoría de los victimarios de estas violaciones eran terceros particulares, es decir, simpatizantes del Gobierno o de la oposición que arremetían contra medios adversarios.

Sin embargo, el Estado ha asumido cada vez más la responsabilidad de vulnerar la libertad de expresión en el país, ya sea emitiendo sentencias a través de instancias administrativas o utilizando a sus cuerpos de seguridad para atacar a los medios de comunicación.

En 2010, 81,10% de los casos de este tipo fueron cometidos por el Estado. Los principales responsables fueron cuerpos de seguridad (con 38,9%), funcionarios públicos (con 14,6%) y el Poder Judicial (con 13,6%). Las principales víctimas fueron los periodistas (38,6%), los medios de comunicación (21%) y los camarógrafos. La mayoría de ellos son hombres (64%).

Distrito Capital fue el estado con más violaciones (78), con 49% de los casos; seguido de Barinas (12), con 7,55%; Mérida (9), con 5,66%; y Aragua (7), con 4,40%.

Se aprovechan de las vacaciones

El estudio de Espacio Público reveló también que el Estado se aprovecha de los períodos vacacionales para aplicar medidas restrictivas a la libertad de expresión. Esta tendencia, que se viene presentando desde hace más de dos años, se ratificó en 2010, cuando la mayoría de los casos se presentaron en enero (24), marzo (19), junio (16) y agosto (16).

“Pareciera que el Estado procura anunciar este tipo de medidas cuando la sociedad está potencialmente desmovilizada, especialmente cuando se trata de sanciones administrativas”, expresó Correa.

La censura continúa

En el primer trimestre de 2011 se contabilizaron 33 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, lo que representa una reducción respecto al mismo período de 2010, cuando fueron 56 los eventos. Sin embargo, se mantiene la censura como patrón, pues en estos tres meses se han registrado diez casos de este tipo.

1.689 violaciones a la libertad de expresión se registraron de 2002 a 2010

“En Nicaragua se perdió la confianza en el voto”

Patty Fuentes Gimón

Detrás de sus anteojos se oculta la mirada de un hombre instruido. Sus estudios en Economía y Periodismo han fortalecido su interés en defender la democracia de Nicaragua, país por el cual ha luchado permanentemente, siguiendo los pasos de su madre, Violeta Chamorro, ex gobernante nicaragüense.

A sus 55 años, Carlos Fernando Chamorro mantiene viva la preocupación por su nación. Además del desempleo y el costo de la vida, el periodista asegura que a los ciudadanos de Nicaragua les mortifica la incertidumbre sobre el futuro.

−A su juicio, ¿cuáles son los Derechos Humanos que se violan con mayor frecuencia en su país?

−Hay una situación de violación flagrante de los derechos políticos, empezando porque en 2008 se ejecutó un fraude electoral ampliamente documentado. Desde que se pierde la confianza en el voto, hay un problema grave de derechos políticos. También hay un proceso de desmantelamiento sistemático del Estado de Derecho, lo que significa, entre otras cosas, la utilización de la Corte Suprema de Justicia como un instrumento partidario y no como un ente del Estado para administrar justicia.

−¿Qué consecuencias ha originado la manipulación de la Corte Suprema de Justicia?

−Se ha reformado la Constitución por la vía de hecho, pues ésta establece que la Asamblea es la que puede reformarla a través de un proceso de dos legislaturas que requiere mayoría calificada. Sin embargo, se ha recurrido a esa Corte para reformar ilegalmente la Constitución. Se han emitido sentencias intentando reformar el artículo 47 que regula cómo se puede ser candidato a la Presidencia de la República. Ese artículo establece claramente que no puede ser candidato alguien que ya haya ejercido la Presidencia en dos ocasiones, como es el caso del Gobierno actual, pero la Corte alega que esa restricción representa una violación al principio de igualdad ante la ley.

−¿Qué es lo que más preocupa a los nicaragüenses?

−La incertidumbre sobre el futuro, en el sentido de que se supone que los conflictos políticos se resuelven por la vía de la competencia electoral. Sin embargo, en este país nadie sabe quién va a contar los votos y si se hará de manera transparente. Al paso que vamos, se están creando las condiciones para que, ilegalmente, Ortega compita por la reelección y, en caso de que enfrente una oposición muy fuerte, el fraude ya está incorporado en los planes del Gobierno. Eso es lo que más preocupa, además del desempleo, la crisis económica, el costo de la vida y el déficit de medio millón de viviendas. 

−¿Es Nicaragua un país violento?

−Nicaragua tiene niveles de seguridad ciudadana mucho menores que los de Honduras, El Salvador y Guatemala. A pesar de que nuestros indicadores de pobreza son parecidos a los de ellos, los nuestros de seguridad ciudadana se parecen más a la parte sur de Centroamérica (Panamá y Costa Rica). Aquí no hay secuestros ni asaltos bancarios; hay niveles de criminalidad y homicidios muy por debajo de la media de esos países.

−¿Por qué cree que Nicaragua se diferencia de Honduras, El Salvador y Guatemala en ese sentido?

−Creo que la explicación está en el profesionalismo de la Policía Nacional y del Ejército. Han logrado impedir que se establezca de manera permanente el crimen organizado y tienen una estrategia preventiva para lidiar con el delito. Eso da como resultado que en Nicaragua no existan pandillas como organizaciones criminales, sino sólo pocas juveniles. Hay 3 mil jóvenes en pandillas, mientras que en Honduras hay 20 mil; en El Salvador, 25 mil y en Guatemala, 30 mil.

−El Ejército y la Policía Nacional son las instituciones con mayor credibilidad en Nicaragua…

−Sí, y a los nicaragüenses les preocupa que eventualmente esas instituciones, que se administran de forma muy profesional, terminen siendo sometidas y subordinadas al proyecto autoritario individual del Presidente de la República. El día que eso pase, el sentido de la seguridad ciudadana y de la confianza que los nicaragüenses tienen en los órganos policiales se puede perder. Aquí puede ocurrir un fraude electoral, una tendencia de mayor represión, opresión en materia de violación de DDHH, pero lo peor sería que estas dos instituciones terminen sometidas al control autoritario del presidente Ortega.

La otra parte de la culpa

Chamorro considera que la oposición nicaragüense es “corresponsable de la crisis que vive el país”, lo que brinda al presidente Ortega mayores posibilidades de mantenerse en el poder.

−¿Existe una oposición unida en su país?

−No. Hay una gran dispersión, hay sectores de la oposición que son cómplices del Gobierno. Esa es otra de las incógnitas: si en los próximos meses la oposición nicaragüense va a lograr resolver su crisis y presentar una candidatura que genere algo de esperanza a la mayoría de los nicaragüenses para que vayan a votar o si simplemente se va a mantener esa dispersión. Si se mantiene, Ortega gana con minoría de votos.

−¿Cómo puede ganar con minoría de votos?

−En el año 2000, se hizo un pacto que después se tradujo en una reforma constitucional. Se creó una situación que no existe en ninguna otra parte de América Latina. Aquí se gana una elección en primera vuelta con 35% de los votos, siempre y cuando se tenga 5 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Ortega ganó en 2006 con 38% en primera vuelta. Si hubiera ido a segunda vuelta, evidentemente no hubiera ganado. Pero con esas reglas, la oposición dispersa y el control de los aparatos electorales, el partido de Gobierno tiene muchas ventajas.

Más autocensura que censura

A pesar de que Chamorro señala que no existe legislación nicaragüense que controle los medios de comunicación, aclara que algunas actuaciones del actual Gobierno revelan las intenciones de intimidar a aquellos que declaran en su contra. Igualmente, explica que existe una especie de “limbo jurídico” en cuanto a la asignación de las frecuencias radioeléctricas.

−¿Cómo está Nicaragua en cuanto a la libertad de prensa?

−En Nicaragua no hay una ley que regule y controle a los medios de comunicación. Han existido declaraciones de voceros del Gobierno que han dicho que quieren regular a los medios, pero hasta el momento no existe un proyecto en esa materia. Lo que hay es una política, por la vía de hecho, de intimidación, presión y agresiones. El foco del Gobierno no está en cerrar medios. Incluso, en algunos casos, los han comprado utilizando los recursos de la cooperación venezolana.

−Ante las intimidaciones, ¿algunos medios se han autocensurado?

−Hay una especie de limbo jurídico en el país en relación con la asignación de las frecuencias radioeléctricas. Hace falta que se elabore una nueva ley que regule el proceso de asignación de las licencias. Mientras no exista la nueva ley, los dueños de radio y TV se encuentran en una situación de inseguridad jurídica. Algunos han optado por replegarse por temor a la presión del Gobierno, autocensurarse, cancelar programas de opinión que eran críticos al Gobierno; otros se mantienen en una posición independiente.

“El Gobierno nicaragüense tiene mucha capacidad de captación gracias a la corrupción. Llegó a la Asamblea con 38 diputados de 92 y ahora controla más de 50”

Carlos Fernando Chamorro

Defensores de la vida

El Foro por la Vida, coalición de más de veinte ONG, reconoció ayer a periodistas y activistas por sus labores en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Entre los galardonados, figura nuestra reportera  dedicada a la fuente de DDHH, Patty Fuentes Gimón, quien fue distinguida por su "ética y profesionalidad en la preocupación por la defensa de la vida y del ser humano". Asimismo fue destacada la lucha por la libertad de expresión del ex presidente del CNP, William Echeverria. Igualmente fueron reconocidos la Embajada de Holanda, el sindicalista Rubén González, el activista del estado Aragua, Luis Aguilera, Edgar Carrasco y el periodista Edgar López.