“El Gobierno ha dado buenas señales”

Patty Fuentes Gimón

Foto: Gregory Jaimes

El presidente fundador de Javu, Julio César Rivas, informó ayer que, aunque sólo han sido liberados dos de los siete presos políticos acordados, el Gobierno “ha dado muy buenas señales de que vamos por el camino correcto, de que están respetando los acuerdos y de que hay palabra de honor por parte del ministro Tareck El Aissami”.

“No pido a los venezolanos confianza en el Gobierno, porque yo tampoco la tengo, pero sí confianza en esta operación y en el sacrificio que seguimos ejerciendo desde cada una de las regiones donde estamos permanentemente en vigilia. Hasta ahora, las agendas se han llevado tal como lo teníamos acordado y se han creado canales abiertos de diálogo diariamente con el ministro”, detalló.

Respecto a la sentencia de 7 años, seis meses y 21 días de Rubén González, el joven aseguró que el sindicalista pertenece a la lista de presos políticos de la Operación Libertad. “Le manifestamos al Estado nuestra sorpresa de que, en este proceso de diálogo, se haya dado una condena a este dirigente sindical. El ministro nos dijo que son las instituciones las que están actuando; nosotros interpondremos ante los organismos de justicia algunos recursos para tratar de que rectifiquen en este caso”, expresó.

Rivas relató que, a inicios de semana, el grupo de estudiantes se reunió con los familiares de los presos políticos para escuchar cuáles son sus peticiones y así en las mesas de diálogo, poder resolver con el Gobierno “situaciones inmediatas, como los traslados y la atención médica”.

Radicalismo irresponsable

El representante de Javu rechazó los “comentarios que obstruyen los caminos de diálogo” que han logrado hasta ahora. “Hacemos un llamado a aquellos que generan rumores falsos para que sean responsables al hablar de este tema porque no estamos jugando puestos de poder, sino libertad de personas que están alejadas de sus familias”, dijo. Asimismo, solicitó a la sociedad tener paciencia “para permitir a las instituciones que, con sus herramientas, tiempos y reglas, puedan darle la felicidad a los venezolanos”.

“Permanecemos atentos ante cualquier violación de estos caminos de diálogo para accionar con protestas”  

Julio César Rivas, presidente de Javu

Avesa cierra parcialmente sus puertas

Patty Fuentes Gimón

Ayer la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) cerró su servicio de apoyo psicológico y médico a las víctimas de violencia sexual y doméstica. La medida es consecuencia de que el Ministerio de Salud lleva casi tres meses sin entregarle el subsidio aprobado en la Ley de Presupuesto Nacional para 2011, asignado por la Asamblea Nacional.

Ante estas circunstancias, la ONG inició el pasado sábado una campaña para recolectar fondos provenientes de instituciones privadas y de “ciudadanos conscientes de que este servicio es necesario para la sociedad”.

Las personas y empresas interesadas en colaborar con esta ONG, que desde hace 26 años atiende a 500 mujeres anualmente, pueden depositar en la cuenta corriente de Banesco 0134-0366-00-3661006128 a nombre de Avesa.

Inhabilitaciones en manos de la CIDH

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

Por primera vez en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demanda ante la Corte a un estado miembro de la OEA por la violación del artículo 23 de la Convención Americana sobre DDHH, que regula el ejercicio de los derechos políticos.

Se trata del caso del ex alcalde de Chacao inhabilitado políticamente desde 2005 por la Contraloría General de Venezuela, Leopoldo López, quien hoy y mañana participará en una audiencia pública en San José de Costa Rica para “juzgar la violación de los derechos políticos que se adelanta en Venezuela a través de las inhabilitaciones políticas”.

Tanto la Constitución venezolana, en su artículo 65, como la Convención Americana, establecen que los derechos políticos únicamente podrán ser suspendidos en caso de que el ciudadano haya sido condenado por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por el contrario, sostiene que en la declaratoria de responsabilidad administrativa “corresponderá al Contralor General de la República, de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento,… imponer su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años”.

López no ha sido sentenciado, pero sí inhabilitado, por lo que el Estado venezolano está poniendo una ley por encima de la Carta Magna y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Es por esta razón que la CIDH concluye que el Estado violó los derechos del líder de oposición y solicita que se anule su inhabilitación, además de que se modifique el artículo 105 de la Ley de Contraloría para evitar que se sigan presentando casos como éste.   

“Lo que la Corte decida será crucial para Venezuela, pues estamos luchando para que no se siga utilizando este mecanismo como una herramienta de persecución y debilitamiento de la democracia. El dictamen podría evitar que se sigan aplicando las inhabilitaciones y así los ciudadanos podrán elegir al candidato de su preferencia y no a quien pretenda imponer el Gobierno”, expresó López a través de un comunicado.

Miedo al posible rival

Leopoldo López fue inhabilitado en dos oportunidades por casos contra los que se interpusieron acciones de nulidad y que no resultaron en procesos penales con suficientes garantías.

El 24 de agosto de 2005 fue privado de ejercer sus derechos políticos durante tres años por presuntas irregularidades en la donación que realizó Pdvsa para un proyecto de “Educando para la Justicia”. Sin embargo, el ahora dirigente de Voluntad Popular asegura que el plan se llevó a cabo hace quince años “sin ningún tipo de irregularidad”, pues “se hicieron las auditorías de Pdvsa y no hubo daño patrimonial”.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2005, fue inhabilitado por seis años por una modificación presupuestaria en el municipio Chacao, cuando era alcalde, para favorecer a profesores, bomberos, policías y alumbrado público. López explica que el ajuste fue legal porque contó previamente con la aprobación de la Cámara Municipal.

8 de las doce veces que el Estado venezolano ha sido demandado por la CIDH han ocurrido durante el actual Gobierno

2 de los cinco casos que la CIDH lleva a cabo en este período son de Venezuela. Otros dos son de Ecuador y uno de Uruguay