Golpes impunes

La Defensoría del Pueblo pone en marcha una iniciativa que facilita el proceso de denuncia a las víctimas de violencia

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

Rosana es una de las tantas mujeres de Venezuela que no se atreve a denunciar ante las autoridades que su novio, Mauricio, la golpea. Prefiere seguir viviendo con él que acusarlo y provocar su prisión.

Cada dos días una mujer es asesinada por su pareja y, por cada denuncia, hay diez que no se notifican, de acuerdo con las cifras que maneja la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa).

“El año pasado, las cifras oficiales fueron de más de 100 mil mujeres agredidas por sus parejas o ex parejas, lo que revela que fueron más de un millón las víctimas que no hicieron las acusaciones formales”, estima la presidenta de Avesa, Mercedes Muñoz.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo elaboró la “Ruta Institucional de Atención a las Mujeres Afectadas por Violencia”, una iniciativa que brinda a las féminas la posibilidad de denunciar y obtener justicia en caso de ser víctimas de maltrato.

La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, explicó que la intención es “generar una herramienta que permita dar a conocer todo el proceso de receptoría de la denuncia para que las mujeres sepan a dónde deben acudir y cuáles pasos deben seguir”.

Ramírez aseguró que esta ruta estará divulgada en todas las prefecturas, en los cuerpos policiales, oficinas del Ministerio Público y de atención a las víctimas, y en todas las instituciones que tengan la responsabilidad de garantizar y salvaguardar los derechos de las mujeres.

“La policía es el primer actor que conoce las denuncias de violencia en las comunidades. Los funcionarios de la Policía Nacional van a estar formándose de manera especializada en esta materia”, dijo.

ESPACIOS DE DENUNCIA

La defensora indicó que los órganos receptores de denuncia son: el Ministerio Público, los cuerpos policiales, los juzgados de paz, la división de protección en materia de niñas, niños y adolescentes del Cicpc, las unidades de comando fronterizo y cualquier otro que tenga competencia. Estos órganos deberán:

1. Asesorar a las mujeres víctimas de violencia sobre la importancia de preservar las evidencias.
2. Proveer a las mujeres agredidas de información sobre los derechos que la ley les confiere y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención.
3. Elaborar un informe de las circunstancias que sirvan para esclarecer los hechos.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Referir a las mujeres agredidas que lo requieran a los centros especializados.

2. Tramitar el ingreso de las mujeres agredidas y de sus hijos a las casas de abrigo.

3. Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común para garantizarle seguridad integral a la mujer.

4. Reintegrar al domicilio a las mujeres víctimas de violencia luego de que el presunto agresor haya salido de la vivienda común.

5. Restringir al agresor el acercamiento a la mujer agredida, a su sitio de trabajo, de estudio o residencia.

La Defensoría del Pueblo enumera los delitos contra la mujer: violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenazas, violencia física y sexual, acto carnal con víctima especialmente vulnerable, actos lascivos, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, patrimonial, económica y obstétrica, esterilización forzada, ofensa pública por razones de género, violencia institucional y tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes.

NI UN PELO DE TONTA

Respecto a la intervención del Banco Federal, la defensora del Pueblo explicó que Sudeban había advertido sobre lo que venía sucediendo con esta institución financiera. Aseguró que el Estado, a través de Fogade, está inyectando nuevos recursos para pagarles a los ahorristas. “Tenemos el deber de vigilar los derechos de los ahorristas. Ya se ha divulgado que por lo menos 96% de los ahorristas va a tener garantizados sus depósitos. Deben tener la confianza de que el Estado va a responder con los recursos que no respondieron los verdaderos responsables y va a honrar todos los pasivos de los ahorristas que corrieron con la mala suerte de caer en manos de administradores de fondos privados irresponsables”, añadió.

“¡ZULOAGA, NO HUYAS!”

Para Ramírez resulta extraño que el presidente de Globovisión haya tomado el camino de la huida. Al menos esto explica su respaldo a las actuaciones del Ministerio Público en las investigaciones del caso Zuloaga: “Esta persona está evadiendo la justicia. La única circunstancia que no le hace ningún bien al país es la impunidad. Los delitos están muy claros. Este caso lo conocimos hace unos meses con el hallazgo de 25 vehículos rústicos 0 kilómetros para ser vendidos posteriormente. Es una práctica que, lamentablemente, ha prosperado en el país: enfriamiento de vehículos para venderlos por el triple de su precio. Ese señor le haría un favor al país si se enfrentara a la justicia para que no exista impunidad. Lo correcto es que asuma sus responsabilidades sobre los hechos que se le están imputando”.

PUDREVAL PAGARÁ

Sobre los contenedores con alimentos descompuestos hallados en Puerto Cabello, la defensora afirmó que, ya sea un delito de omisión o uno de corrupción, el caso debe ser conocido y sancionado: “Ya han sido privadas de libertad cuatro personas. Tenemos que rescatar que el Estado ha sido reconocido internacionalmente por garantizar el derecho a la alimentación”.

¿HUMANIZACIÓN PENITENCIARIA?

Mientras jueces de Holanda solicitan el traslado de María Lourdes Afiuni a otro sitio de reclusión que no ponga en peligro su vida, la defensora venezolana del Pueblo aclara que la jueza se encuentra en una zona de resguardo donde tiene vigilancia permanente. Esto sin tomar en cuenta la situación en que se encuentran las cárceles venezolanas. “No hay otro centro de reclusión en el país que tenga las condiciones para que esté la jueza. El INOF es el lugar que mejor preserva las condiciones en el proceso judicial que se le sigue a Afiuni, pues no está mezclada con el resto de la población penal y el defensor del pueblo en Miranda la visita todas las semanas. Ella puede hacer recorridos cortos acompañada de la seguridad”, agrega.

Refugiados en espera

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

Durante la última década, cerca de 200 mil personas en necesidad de protección internacional han llegado a Venezuela. De esas, más de 14 mil están a la espera de la condición de refugiado y más de 95% proceden del vecino país, huyendo de sus lugares de residencia en un clima de persecuciones, amenazas y un conflicto armado que tiene cuatro décadas.

El 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, razón por la cual organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), HIAS y Caritas de Venezuela realizan numerosas actividades para dar a conocer la situación de estas personas.

"La idea es recordar la circunstancia de millones de personas que viven fuera de sus países de origen porque fueron perseguidos y necesitan protección de otra nación. Este es un tema desconocido por el venezolano de a pie, por eso queremos que se entienda que los refugiados no vinieron a nuestro país para hacer turismo ni para conseguir una mejor oportunidad de trabajo, sino porque en su nación ya no pueden vivir", explica Dorialbys De La Rosa, coordinadora nacional de Incidencia del SJR.

En Venezuela, la mayoría de los refugiados están en la frontera colombovenezolana: en los estados Apure, Zulia y Táchira. "En Zulia es donde se encuentra el mayor número (desde 2001 hasta el primer trimestre de 2010 hay un aproximado de 14 mil solicitudes, de las cuales 2.500 han recibido formalmente el estatuto de refugiado, es decir, tienen una cédula que los acredita como transeúntes)", añade De La Rosa.

ES UN DERECHO
Aunque la vocera del SJR reconoce que el Estado venezolano en los últimos meses ha mostrado voluntad frente a la situación de los refugiados, destaca la importancia de las ONG. "Hace dos años se creó la Comisión Nacional para Refugiados que depende de la Cancillería y que se encarga de decidir quiénes están aptos para obtener el estatuto. Nosotros, por otro lado, acompañamos a las personas durante todo el proceso que deben hacer ante el Estado para brindarle refugio. Les damos apoyo humanitario (tratamos de reconstruir sus procesos de vida), legal y de integración, pues trabajamos con las comunidades receptoras", relata.

La oficial de Información de Acnur, Ligimat Pérez, califica de "joven y débil" la Comisión Nacional para Refugiados, por lo que indica que su organización, junto a las demás ONG, deben velar por los derechos de los necesitados de protección internacional. "Debemos apoyar a la organización del Estado para que preste mejor servicio y cumpla con sus obligaciones", dice.

De La Rosa espera que para el en espera. "Cada año entran casi 2.500 y cada una de ellas tiene un grupo familiar amplio con necesidades bien específicas que deben ser cubiertas. El Estado ha tenido la voluntad de acortar el trecho que hay entre las solicitudes respondidas y las solicitudes hechas, pero todavía hay muchos casos que están a la espera de una decisión", agrega.

¿Y CÓMO VIVEN? El Estado debe garantizar que se cumplan tres principios básicos: que el refugiado no se devuelva a su país de origen porque podrían atentar contra su vida; que no sea sancionado por permanecer en Venezuela de forma ilegal durante un período; y que la familia del solicitante siempre se mantenga unida.

"La mayoría de los refugiados vive en zonas rurales del país. Todo depende del perfil. En Apure, normalmente son campesinos colombianos quienes fueron desplazados.

En Zulia y Táchira, el perfil es más alto. Por ejemplo, algunos son defensores de Derechos Humanos que tienen una capacidad económica más alta. Otros llegan sin ningún tipo de recurso porque salen a la fuerza, sin documentos ni ropa. Los que pueden llegar aquí y comprar una casa son casos excepcionales", explica.