En las comisarías se paga por todo

Patty Fuentes Gimón

No solamente en las cárceles hay mafias. En las comisarías, los funcionarios también se aprovechan de las situaciones para hacer dinero. El negocio comienza desde que detienen, probablemente de forma arbitraria, a una persona e intentan cobrarle a cambio de dejarla en libertad.

Los tres fallecidos de la División de Aprehensiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicada en El Rosal, destapó en gran medida lo que se vive en los retenes policiales del país.

“Hay una serie de privilegios que sólo tienes si cancelas una suma de dinero. Por ejemplo, te ponen en celdas con prisioneros que no sean de peligrosidad o en las que haya menos gente, te permiten ver a tus familiares, te trasladan a donde te tengan que trasladar, te dan acceso a una cama o a una colchoneta… Todo tiene un precio. Es una situación bastante similar a la de los recintos penitenciarios”, explica Rafael Uzcátegui, investigador de Provea.

La abogada de la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz, Laura Roldán, estima que los efectivos pueden cobrar más de mil bolívares para que la persona no sea detenida o cada vez que los familiares quieran visitarla. “Son hasta Bs. 5 mil para que el juez no se entere de este proceso”, dice al tiempo que aclara que en su ONG no han recibido a ciudadanos que denuncien directamente extorsiones, pero que siempre hacen referencia a situaciones de este tipo.

“Esto no es algo nuevo, ha existido desde siempre. Hace muchísimos años, cuando teníamos el Código de Enjuiciamiento Criminal, los familiares tenían que pagar para que no detuvieran a sus hijos antes de pasar a tribunales y para tener acceso al debido proceso. Este delito, hoy en día, es una práctica reiterada por estos cuerpos que siempre tratan de negociar con el detenido. Si no tienen el dinero, van presos tengan o no tengan responsabilidad en la detención. Lo peor es que se hace con la complicidad de los comisarios y de los jefes”, añade.

Lo vio con sus propios ojos

Los hechos hablan por sí solos. En noviembre del año pasado, el presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos, Luis Ugas, estuvo detenido en las divisiones de capturas de Barcelona y de El Rosal, en Caracas.

“Cuando llegué al Cicpc de Barcelona me rompieron la frente con un cachazo y me metieron en un calabozo de 2x1 con 23 personas. Dormí tres noches parado y ahora tengo los pies hinchados y me salió una infección”, denunció en aquel momento.

A los cuatro días, lo reubicaron en El Rosal. “Ahí fue peor. Es un cuartito de 4x2 con 78 personas. Dormí abrazado con un hombre durante un día y una noche. Eso lo que crea es violencia porque ni siquiera nos pasan comida ni tenemos baño”, aseguró.

Ugas señaló entonces que en ese sitio de capturas hay clasificación, pero no precisamente por grado de delito, sino por dinero. “Hay dos calabozos para malandros y dos para los que tienen plata que deben pagar Bs. 3.500 semanales. Esos tienen televisores y DVD. Hay 43 presos ahí, así que el director de ese lugar y sus funcionarios se deben meter como Bs. 700 millones al mes”, estimó.

“La cifra negra de extorsiones en las comisarías es muy alta porque 70% de la gente que denuncia es hostigada” 

Liliana Ortega, fundadora de Cofavic

Población penal creció 200% desde 2006

Patty Fuentes Gimón

La población penal ha crecido 200% desde el año 2006. Ante esta situación, el Gobierno ha entendido que la prisión no debe ser el mecanismo necesario de cambio de la conducta humana, o al menos así lo afirma el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Edwin Rojas Mata.

“Creemos en la libertad como principio y en la prisión como excepción. Somos fieles creyentes de que los juicios deben ser en libertad, pero sabemos que eso no es lo que pasa en la realidad”, dijo Rojas ayer durante la consulta pública del proyecto del Código Orgánico Penitenciario, llevada a cabo en la sala Simón Rodríguez de la Asamblea Nacional.

La reunión estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, Yelitze Santaella (PSUV-Delta); del viceministro Rojas Mata; y del secretario ejecutivo del Consejo Superior Penitenciario, Reinaldo Hidalgo.

“Hemos recogido el sentir de los privados de libertad, sus familiares y los funcionarios. Hoy nos toca escuchar el planteamiento de las instituciones para enriquecer este instrumento jurídico. Sabemos que se ha venido avanzando, pero hace falta acelerar los instrumentos que permitan un mayor avance en la situación penitenciaria”, destacó Santaella, sobre el código ya aprobado en primera discusión.

Prisión como excepción

En cuanto al trabajo en las prisiones, el representante del Ministerio de Interior y Justicia indicó que “el presidente Chávez propone que todos los privados de libertad salgan todo el día a trabajar, de manera que se reduzca el tiempo intramuros y que las cárceles sean centros de producción. Ahí está una de las claves fundamentales para la solución del hacinamiento penitenciario”.

Rojas también reconoció que “detrás del problema penitenciario hay grandes mafias, donde están involucrados funcionarios y no funcionarios. Hay gente que vive del caos penitenciario”.

Penitenciaristas a un lado

Hidalgo, a su vez, sostuvo que el Código Orgánico Penitenciario es necesario porque las normas carcelarias que existen actualmente interfieren entre ellas y para “desarrollar el precepto constitucional en una legislación robusta, progresista  y capaz de atender la perspectiva más reciente que domina la doctrina penitenciaria internacionalmente”.

Respecto a esto, el coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, dijo en su intervención que la idea de crear este código surgió en 2000 y que la descentralización de las cárceles se establece en el artículo 272 de la Constitución, mientras que en el este código “no está claro el término”.

Nieto Palma denunció que también se ignora a los penitenciaristas y al Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, fundado hace 20 años por el doctor Elio Gómez Grillo. “Hablan de formación penitenciaria de refilón”, agrega. Lo mismo sucede con la asistencia postpenitenciaria que también está establecido en la Constitución.

Otro aspecto que el defensor de DDHH de los reclusos reprocha es que en el Consejo Superior y el los consejos regionales se deja a un lado a la sociedad civil y a las ONG. También se refirió a que el código debe tener vacatio legis de al menos uno o dos años porque “no hay estructura para empezar a aplicarlo”.

Los reos contra la violencia carcelaria

Patty Fuentes Gimón

En el primer trimestre de 2011 murieron 124 personas privadas de libertad, lo que representa un aumento de 22% respecto al mismo período del año pasado, cuando fueron 102 los reos que fueron asesinados.

La cantidad de reclusos heridos en el primer trimestre de este año también se incrementó en 11%, pues fue de 266, mientras que en los primeros tres meses del año pasado fue de 204 internos.

Así lo informó el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, quien a su vez recordó que el año pasado fue el segundo más violento de la década, con un total de 465 reos asesinados, por lo que 2011 podría ser peor.

Poner los pies en las cárceles

El OVP consignó ayer ante el Ministerio de Interior y Justicia un documento que plantea la creación de “Comités de Derechos Humanos para la Paz”, lo que define como “grupos de personas privadas de libertad, elegidos por todas las demás personas recluidas en el respectivo centro carcelario para que, de manera organizada, definan y presenten ante las autoridades penitenciarias programas y acciones dirigidos a mejorar la protección de los DDHH de la población reclusa”.

La idea es utilizar a las cárceles La Planta y Rodeo II como modelos “para ver si se puede replicar según la experiencia” y por las particularidades que han presentado: secuestros a funcionarios y repetidas situaciones de violencia.

Según informó Prado, el comité estará integrado por dos representantes de cada uno de los pabellones, letras o torres del respectivo centro de reclusión. Además, estará presidido por el director del penal y asimismo se conformará de dos de los familiares de los reos, el presidente del Circuito Judicial Penal, voceros del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, el Comandante del Destacamento de la Guardia Nacional que resguarda la prisión, el jefe de la zona educativa del Distrito Capital y el director de Salud del Distrito Capital. También participarán en las mesas de trabajo el sector empresarial, la coordinadora de DDHH del Colegio de Abogados y representantes de las universidades de la localidad, de las iglesias Católica y Evangélica y de las ONG de DDHH.

Apoyo internacional

Humberto Prado informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió en marzo de este año la denuncia interpuesta por el Observatorio Venezolano de Prisiones en contra del Estado venezolano, en relación a las ejecuciones extrajudiciales ocurridas el 10 de noviembre de 2003 en contra de seis reos de la cárcel de Vista Hermosa, ubicada en el estado Bolívar.

No les bastó la muerte de Franklin Brito

Patty Fuentes Gimón

Familiares y abogados de Franklin Brito, productor agropecuario fallecido tras llevar a cabo una huelga de hambre, consignaron ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República un documento a través del cual exigen que la muerte de Brito sea objeto de investigación por parte del Ministerio Público y sean sancionados los culpables.

“Sin involucrar directamente a nadie, estamos solicitando a la Fiscalía que investigue los hechos relacionados con la muerte de mi papá y la reclusión forzosa en el Hospital Militar. Queremos que se investigue a los posibles causantes del fallecimiento de mi padre, ya que él estaba bajo cuidado del Gobierno”, explicó Ángela Brito, hija del productor agropecuario fallecido el pasado 30 de agosto.

La rabia los consume

La familia Brito y el doctor Alberto Arteaga Sánchez, abogado del grupo familiar, fueron agredidos verbalmente por varios seguidores del Gobierno que estaban esperándolos a las afueras de la sede de la Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo.

Entre otras cosas, les gritaban “Adecos y asesinos”, además de asegurar que el ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez era un asesino y que antes no había Derechos Humanos.

“Cuando estábamos declarando a los medios, le dijeron asesino al doctor Arteaga porque él lo apoyaba y a nosotros nos decían que las víctimas eran las de Carlos Andrés Pérez y que mi papá no es ninguna víctima. Cuando regresamos al taxi, nos tiraron pancartas y cosas, además de darle golpes al carro. Tuvimos que irnos rápido de ahí; ni siquiera dejaban avanzar al taxi, se ponían en el medio”, relata la hija del agroproductor.

El Foro por la Vida rechazó este hecho, tras destacar, a través de un comunicado, que “se inscribe en un creciente contexto de intolerancia y violencia que pretenden inhibir la protesta pacífica y las muestras legítimas de exigibilidad de derechos, propias de un estado democrático, dentro de una estrategia de criminalización de la protesta”.

Poliaragua extermina a la familia Barrios

Patty Fuentes Gimón

Eran las 8:30 de la noche. Juan José Barrios regresaba de dejar a su esposa en la medicatura del pueblo Guanayén, en el estado Aragua. Cuando se dirigía a su casa, en el sector Las Casitas, fue interceptado por dos hombres vestidos de negro. Barrios no tuvo tiempo de mediar palabras, pues en cuestión de microsegundos recibió varios disparos que lo dejaron sin vida a sus 28 años de edad.

La esposa de la víctima, sin sospechar que algo malo estuviese pasando, regresó del ambulatorio a las pocas horas. Al llegar a su casa y no encontrar a su marido, pidió ayuda a sus hermanos, quienes hallaron la mañana del día siguiente el cadáver de Barrios en un estancamiento de agua.

Así fue como el pasado sábado 28 de mayo murió ajusticiado, presuntamente en manos de funcionarios de la Policía de Aragua, el séptimo miembro de la familia Barrios. Desde septiembre de 2004, este grupo familiar tiene orden de protección emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el Gobierno no ha enfrentado la situación.

“Hoy un nuevo hecho de violación a los Derechos Humanos que enluta a la familia Barrios, cuya única explicación es la sobreprotección del Estado venezolano hacia los funcionarios que representan los cuerpo represivos a los cuales se les ha otorgado patente para cometer cualquier tipo de atropello, que va desde violación de morada hasta ejecuciones extrasumariales”, señaló, a través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua.

Ensañamiento

Sólo han transcurrido cuatro meses desde que la familia Barrios recibió el último atentado. En aquella oportunidad fue en contra de Néstor Caudi Barrios, quien también fue interceptado en Guanayén y recibió dos tiros en el brazo izquierdo y en los glúteos. Eloisa Barrios, tía de Néstor, ya había advertido entonces que la historia se estaba repitiendo una y otra vez.

“A Néstor le pasó igual que a los demás. En algunos casos hubo testigos que comprobaron la intervención de los policías en los asesinatos. En otras ocasiones, han sido hombres encapuchados y vestidos de negro que llegan de noche a matar a mis sobrinos", relató en aquel momento Eloisa Barrios.

El primer homicidio fue hace 12 años, cuando Benito Barrios fue torturado y exterminado, a los 28 años, tras recibir diversas amenazas de muerte por parte de efectivos de Poliaragua. Según testimonios de los familiares, Benito tenía un bar al cual siempre acudían los uniformados a consumir alcohol y se retiraban sin cancelar la cuenta. Una noche, Benito reclamó a los funcionarios y al día siguiente ingresó su cadáver en la funeraria de Barbacoa.

En diciembre de 2003, varios agentes dejaron sin vida a Narciso a los 22 años. Situaciones similares ocurrieron cuando ultimaron a Luis Alberto, en 2004; a Rigoberto, en 2005; a Óscar, en 2009; y a Wilmer el pasado año.

Chávez y la mente de un dictador

Patty Fuentes Gimón

Aunque no existen teorías confiables acerca del funcionamiento del cerebro de un dictador, los científicos han recopilado anécdotas y discursos que revelan ciertas características que poseen estas mentes.

“La mayoría de los dictadores parecieran ser psicópatas, con desórdenes de personalidad y antisociales. Muchos tienen rasgos narcisistas malignos. Algunos incluso son sádicos, asesinos y están llenos de odio y venganza. Pero muchos otros parecieran pensar que realmente están salvando su país y el mundo, lo cual siempre es un error”, explica James Fallon, neurocientífico estadounidense especializado en la conciencia, la creatividad y en cómo el cerebro se relaciona con el arte y las leyes.

De acuerdo con el estudio “Psychopathy Checklist Revised” (lista revisada de verificación en psicopatías) del estadounidense Robert Hare, investigador en el campo de la psicología criminal, los dictadores son altamente propensos a ser psicópatas; muchos son similares a asesinos en serie. “Tenemos escasa genética comprensiva, imágenes cerebrales y data clínica de los dictadores y asesinos en serie, pero pudimos crear una acertada conjetura, con data real, sobre las características de la mente de un dictador”, añade Fallon.

Llegó a Miraflores

El neurocientífico estadounidense asegura que, con base en lo que ha leído y escuchado en los discursos del presidente Hugo Chávez, ha podido notar que “pareciera tener muchas de las características de la mente de un dictador y su infancia abusiva no ayuda, pues genera una cascada psicópata”.

Fallon aclara no tener suficiente conocimiento sobre el mandatario venezolano y que para obtener una estimación acerca de si es psicópata o no tendría que hacer un análisis psiquiátrico profundo. Sin embargo, señala que a simple vista “se pueden notar sus rasgos de manía, violencia, grandiosidad, depresión o bipolaridad. Los individuos tratados de forma ineficiente de bipolaridad probablemente no serán cabezas de Estado ideales, especialmente si además sufren de algún nivel de psicopatía. Yo no sé si él los sufre, pero muchas veces su comportamiento es más que un poco extraño”.

El psicoanalista Adrián Liberman, por su parte, sostiene que los dictadores tienen un concepto de sí mismos inflado y fuera de la realidad, se consideran indispensables para regir los destinos de cualquier nación. “La psicopatía es un trastorno que tiene como eje el absoluto y total desprecio por los efectos de las acciones propias hacia los demás. Es alguien que hace lo que quiere sin considerar si hiere o daña a otro”, dice.

Liberman afirma que Hitler, Stalin y Mussolini evidentemente eran psicópatas porque “el comportamiento de ellos jamás consideró el efecto de sus acciones en los otros; generalmente, el autoritarismo político y la autocracia calzan muy bien con este tipo de estructuras mentales. La psicopatía encaja con el ejercicio de la dictadura de cualquier signo”.

En cuanto al presidente Chávez, el psicoanalista indica que “tiene rasgos narcisistas muy acentuados, predomina en él lo emotivo sobre lo racional, lo que lo ayuda a tener una conexión inmediata con la gente, difícilmente tolera la frustración y la diversidad de opiniones, necesita sentirse el centro de atracción permanente; incidir en conductas delictuosas, en trasgresiones, no le resulta ningún tipo de conflicto; hacer trampa no le parece que sea nada reprochable, no le causa culpa porque en las personas con comportamiento transgresivo hay ausencia de culpa. La preocupación por los efectos de su comportamiento en los otros es algo que aparece en su discurso, pero en los hechos, la realidad es muy contradictoria”.

Venezuela dictatorial

El neurocientífico estadounidense James Fallon considera que varios “dictadores” de Centro y Suramérica “parecieran tener el mismo desorden de personalidad psicópata subyacente”. Entre ellos, destaca del pasado a los venezolanos: José Tadeo Monagas (1847-1858), Juan Vicente Gómez (1908-1935), Carlos Delgado Chalbaud (1948-1950) y Marcos Pérez Jiménez (1953-1958).