Gobierno busca quiebre de Globovisión

Patty Fuentes Gimón

Al Gobierno, de vez en cuando, le importa la opinión pública. Pese a que su interés en que Globovisión cierre es indudable, no se ha atrevido a apagar su señal de forma directa. Lo que ha hecho es dedicarse a hostigarlo, amenazarlo y sancionarlo con multas impagables para ahorcarlo económicamente.

Así lo considera el abogado Ricardo Antela, quien ayer, en el marco del decimoséptimo aniversario del referido medio de comunicación, señaló que aunque tienen plazo hasta el 31 de diciembre para pagar la multa aplicada por la transmisión de los sucesos de las cárceles Rodeo I y II, lo que han hecho hasta ahora es defender sus derechos.

“Esa multa es impagable”, reiteró, al tiempo que explicó que están a la espera de una medida cautelar y de un amparo constitucional. “Han pasado más de tres semanas desde que presentamos la acción y solicitamos el amparo. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en sus artículos 36 y 77 establece tres días hábiles para admitir la acción de nulidad y decidir el amparo constitucional cautelar”, sostuvo.

Por esta razón, ayer los representantes del canal acudieron a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo a exigir tutela judicial. “No deja de llamar la atención el caso de Kevin Ávila: el 24 de noviembre en la mañana se presentó la acción y en la tarde el Presidente lo defendió y lo abrazó públicamente. El mismo 25 de noviembre en la mañana, menos de 24 horas después, esa misma Corte le dio un amparo cautelar. No puede ser que la justicia trabaje tan rápida y efectivamente para unos ciudadanos y tan retardada para otros”, manifestó el abogado defensor del canal.

Claman justicia

A través de un comunicado los trabajadores de Globovisión aseguraron que más que para celebrar el 17º aniversario del canal, se reunieron por un “clamor de justicia” y porque están convencidos de que su deber es “informar de manera ética, oportuna, responsable y sin autocensura sobre los asuntos de interés público, como por ejemplo fueron los hechos en la cárcel El Rodeo”.

Tras destacar que la sanción impuesta por un directorio parcializado es política y pretende, en vísperas de un año electoral, atemorizar a los periodistas, los empleados del canal refirieron en el texto que la multa es inconstitucional, injusta e impagable, y que no sólo afecta a sus accionistas y trabajadores, sino a todos los venezolanos.

"Estábamos ilegales por culpa de ellos"

Patty Fuentes Gimón

Al menos 20 emisoras de radio han sido cerradas por Conatel en los últimos dos meses. La forma en que han desalojado los equipos y los pretextos que utilizan para tomar esta medida ponen en evidencia que no se trata, como explican, de un “plan de acción para el control de la prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones”, sino de una estrategia política.

Tal es el caso de Machiques 106.3, una de las tres emisoras de Perijá, en el estado Zulia, a la cual se le aplicó el pasado 2 de noviembre una medida cautelar por presunta “actividad clandestina”.

Sin embargo, el propietario de la radio, Robinson Millano, denuncia que no pueden calificarlos de clandestinos porque antes habían sido inspeccionados y tenían más de 10 años funcionando. “Estábamos ilegales por culpa de ellos. Desde 2006 estábamos esperando respuesta de Conatel. Habíamos entregado toda la permisología que exigen y hasta habíamos pagado alrededor de Bs 13 millones”, dice.

Millano relata que “un piquete de más de 50 guardias llegó a la emisora. Agarraron al operador, que no cargaba las llaves, fueron al liceo donde trabaja mi esposa y la sacaron de ahí con amenazas, intimidación y armas largas. Buscaron las llaves en mi casa, asaltaron la radio y le dieron a mi esposa un trato como si fuese la peor de las delincuentes”, expresa.  

La rabia del salto de talanquera

En el caso de esta emisora la intención política parece ser muy clara, pues Millano confiesa que durante casi 20 años apoyó al presidente Hugo Chávez, es capitán retirado de la aviación, fue el fundador del MVR en Machiques, director regional del INTI y del Tránsito Terrestre, prefecto del municipio Machiques y candidato a esa alcaldía en 2000.

“Pero en 2002 comencé a ver que Chávez promueve la lucha de clases y que ha habido una desviación absoluta. Mi emisora era la única firmemente opositora de la zona. Mientras estuve con el chavismo no tuve problemas con la radio”, añade.

Emisoras cerradas en los últimos dos meses

18/10 en Carora: Éxitos 95.7 FM y Ligera 98.7 FM

31/10 en Valencia: Cosmopolitan 107.9 FM

2/11 en Falcón: Enamórate 95.3 FM y Viajera 101.7 FM

2/11 en Zulia: K’lor 92.1 FM, Romance 104.3 FM y Machiques 106.3 FM

5/11 en Zulia: Titán 98.5 FM y Coquivacoa 102.7 FM

9/11 en Miranda: Maxilider 97.1 FM y Sol 98.1 FM

24/11 en Monagas: Activa 93.9 FM, Digital 90.1 FM, Elim Estereo 90.3 FM y Rema Estereo 101.3 FM

28/11 en Táchira: Extrema 97.1 FM y Vida 98.7 FM

30/11 en Miranda: Soberana 92.5 FM

30/11 en Distrito Capital: Amiga 97.1 FM

Globovisión: 11 de 17 años recibiendo palo

Patty Fuentes Gimón

De los 17 años que Globovisión lleva al aire, al menos once han sido esquivando amenazas, hostigamiento y apertura de procedimientos por parte del Gobierno.

Hasta el año 2001, las relaciones gubernamentales con el canal eran institucionales. Tanto así, que en 1999 el Premio Nacional de Periodismo fue entregado a este medio de comunicación, ya que en aquella época se otorgaba “independientemente de las condiciones políticas”, asegura el actual abogado de Globovisión, Ricardo Antela.

Quizás esto se debía a que el canal apenas estaba empezando, por lo que “no tenía el nivel de influencia que tiene ahora”, explica el director de Espacio Público, Carlos Correa. Pero en 2001 el Gobierno abrió a Globovisión el primer procedimiento, conocido como el caso de los taxistas; y en 2003, el del paro nacional.

En el año 2004, cuando se aprobó la Ley Resorte, la situación empeoró. Desde entonces, la relación es de “permanente hostigamiento e intimidación. La intención parece ser la autocensura y, en última instancia, ahorcar económicamente al canal para que deje de ser viable sin que sean ellos quienes nos pongan un candado. Pero si el Gobierno quiere cerrarnos, tendrá que venir a hacerlo porque Globovisión no ha cerrado ni planea cerrar”, afirma Antela, quien también precisa que en total han sido nueve los procedimientos que les han abierto.

A juicio de Correa, las circunstancias variaron en 2004 también porque el presidente Hugo Chávez ganó el referéndum. “Ahí se dio un proceso de consolidación de la plataforma gubernamental y una estrategia de debilitamiento de los medios audiovisuales”, agrega.

De acuerdo con el abogado del canal, el Gobierno se ha puesto en contra de todos los medios independientes, pero sobre todo del que él defiende, debido a que está enteramente dedicado a la información. Sin embargo, aclara que la línea editorial del canal no es “antigobierno”, sino “la independencia frente a cualquier gobierno, la pluralidad, el compromiso de informar y la defensa de los Derechos Humanos”.

Descalificación trae agresión

Carlos Correa sostiene que siempre ha habido confrontación entre el poder político y los medios de comunicación, pero la diferencia entre los pasados gobiernos y el de Chávez es que, aunque antes los medios se veían como adversarios, nunca se planteaban la idea de que pudiesen ser cerrados.

“También había posibilidad de alternabilidad en el poder. Una de las características en los últimos tiempos es la permanencia. Los que están en el poder no se plantean que pueden perder las elecciones. Ese es un mecanismo que lleva a cometer atropellos y genera comportamientos arbitrarios”, señala.

El experto en materia comunicacional indica que en los últimos años el patrón ha sido de sistemática descalificación, lo que produce agresiones a reporteros y medios sin que haya castigo para los responsables, además de que se han desdibujado las garantías judiciales. “Paralelo a eso, se han desarrollado o ampliado normas para aplicar sanciones penales o delitos de opinión”, dice. 

Procedimientos abiertos a Globovisión

Antes de la Ley Resorte

1.      2001: Caso de los taxistas.

2.      2003: Caso del paro nacional

Después de la Ley Resorte

1.      Octubre 2008: Declaraciones de Rafael Poleo

2.      Noviembre 2008: Declaraciones de Henrique Salas Feo

3.      Mayo 2009: Cobertura que dio el canal al sismo

4.      Junio 2009: Por “coadyuvar en la comisión de delitos”

5.      Julio 2009: Transmisión de la campaña a favor de la propiedad firmada por Cedice y Asoesfuerzo

6.      Septiembre 2009: Transmisión de mensajes de texto

7.      Junio 2001: Transmisión de imágenes en el caso de las cárceles Rodeo I y II. Este es el único decidido

Masacres en tiempos de Chávez

Patty Fuentes Gimón

A falta de respuesta por parte de la justicia venezolana, Cofavic y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentó el lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Néstor José Uzcátegui, quien fue asesinado el 1º de enero de 2001 presuntamente por funcionarios de la Policía de Falcón.

De acuerdo con las ONG denunciantes, los uniformados irrumpieron en casa de Uzcátegui, golpearon a los demás miembros de la familia y detuvieron de forma arbitraria a Luis Uzcátegui, hermano de la víctima y principal testigo del homicidio, quien también asegura que frecuentemente es amenazado y agredido por querer conseguir justicia.

“Han sido diez años muy duros. Tal vez mi familia y yo podríamos cambiarle el semblante a esta Navidad. Tengo la plena convicción de que son imparciales y que darán un veredicto razonable”, manifestó Luis Uzcátegui, durante su declaración en la audiencia ante la CorteIDH que emitirá su sentencia en el segundo semestre de 2012.

Pese a los años que han transcurrido desde entonces, el caso todavía no ha pasado de la etapa de investigación. El Estado no ha negado que fueron policías quienes protagonizaron la ejecución extrajudicial, ni ha contradicho que los funcionarios ingresaran al domicilio de los Uzcátegui sin orden de un juez competente.

El asesinato de Néstor José Uzcátegui representa a más de 260 episodios de este tipo, ocurridos entre los años 2000 y 2005. Así lo dio a conocer ante la CorteIDH Giancarlo Guerrero, director del Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos de Familiares del Estado Falcón, quien además destacó que la mayoría de estas muertes permanece impune.

Acusan a la GN

Seis años no han sido suficientes para hacer justicia en las ejecuciones de Mario Buroz, Edgar Soterán y Francisco Mora, funcionarios de la Policía de Aragua que presuntamente fueron asesinados por efectivos de la Guardia Nacional el 3 de junio de 2005 cuando realizaban un trabajo de inteligencia encomendado por la Fiscalía 19 del Ministerio Público.

El juicio de la llamada “Masacre de Santa Rosa” inició el 22 de abril de 2009, pero se interrumpió en septiembre de ese mismo año porque la jueza Betty Alcántara, entonces titular del Tribunal 5º de Juicio del Circuito Judicial Penal de Aragua, fijó la fecha de juicio fuera del límite máximo que permite la ley.

El segundo juicio oral y público seguido en contra de César Omar Peña, Andrés Aguilera, Antonio José Galea y Adonai Rafael Díaz Molina, comenzó el 20 de mayo de 2010 y se interrumpió el pasado 24 de noviembre, es decir, deberá ser realizado desde su inicio por no haberse reanudado el debate en el undécimo día desde la última suspensión, según informó el juez Nelson García, del Tribunal 5º de Juicio Mixto de Aragua.

“La interrupción del juicio fue, a todas luces, una estrategia de los abogados de la defensa para entorpecer la administración de justicia. Lo que es aún más grave es que el juez Nelson García tomó y avaló la táctica dilatoria de interrumpir el juicio, quien pudiendo tomar medidas para evitar la interrupción, se abstuvo de hacerlo, vulnerando el debido proceso y los derechos de las víctimas”, sostiene Rafael Garrido, abogado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

Y la FAN también

El martes 22 de noviembre al menos cuatro campesinos fueron asesinados presuntamente por efectivos de la FAN en la reserva forestal de San Camilo, en el Alto Apure. El Ministerio de Defensa dijo que fue un enfrentamiento. Sin embargo, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y diversos vecinos denuncian que lo que hubo fue una masacre en contra de “trabajadores de la comunidad, bien conocidos en la zona”. Ayer, el diputado por Táchira Leomagno Flores, detalló que aún hay varios heridos incomunicados en el hospital de San Cristóbal, que los cadáveres presentaron señales de tortura, que hubo demora en entregar los cadáveres, que resulta sospechoso el silencio del gobernador de Apure y que este hecho fue para beneficiar al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por esto, propuso que la Comisión de Defensa y Seguridad investigue el caso que, según su información, dejó cuatro muertos, tres heridos, dos detenidos y dos desaparecidos.

Ajusticiamiento en el Alto Apure

Patty Fuentes Gimón

Lo que primero fue revelado como un enfrentamiento entre la sociedad civil y la FAN en el Alto Apure ahora se denuncia como una masacre por parte de militares, en la cual fueron asesinados cuatro campesinos y otros tres sobrevivieron.

El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, había informado que la madrugada del pasado martes 22 de noviembre “miembros del 923 batallón de Caribes ‘Sucre’ tuvieron un enfrentamiento armado en la reserva forestal de San Camilo, municipio especial del Alto Apure, con integrantes de un grupo generador de violencia, que según informaciones, se dedicaba al robo y contrabando de ganado”.

Sin embargo, con los días se ha ido destapando la olla. El pasado sábado, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora desmintió esa versión y sostuvo que los fallecidos “eran luchadores sociales, revolucionarios y trabajadores de la comunidad, bien conocidos en la zona”, y que si se hubiese tratado de delincuentes, “no se justifica, en tiempos de revolución, la vil práctica del ajusticiamiento”.

Ello coincide con la investigación que Provea ha realizado. “No hubo enfrentamiento. Los campesinos fueron detenidos y ejecutados. Algunos de ellos eran líderes del PSUV. Eran personas conocidas; en el entierro había mucha gente, fue como un sepelio protesta”, explica el coordinador general de esa ONG, Marino Alvarado.

Abusos que se repiten

De acuerdo con la información que ha logrado recopilar Provea, el coronel Ángel Serdeño, a quien se responsabiliza de las muertes de los cuatro campesinos, “ha recibido muchas denuncias desde hace varios meses por abusos cometidos por parte de la FAN bajo su mando. Parece que es una persona bastante déspota”.

Alvarado indica que el problema es genérico, pues “el teatro de operaciones históricamente ha funcionado como un gobierno paralelo al poder civil. La gente del Alto Apure siempre está sometida a la actitud democrática o no democrática que tengan los militares”.

Además, manifiesta que actualmente “pareciera que estamos ante un teatro de operaciones con una oficialidad de actitud arbitraria. En general, hay un descontento”.  

Como El Amparo

Para Marino Alvarado, esta masacre tiene mucha similitud con la de El Amparo, ocurrida en 1988, debido a que la primera versión oficial habló de un enfrentamiento y fue desmentida por los sobrevivientes. Además, le da importancia al hecho de que quienes están denunciando que se trata de una ejecución militar son del PSUV y a que, una vez más, haya estado involucrada la FAN.

La lucha contra la pobreza se estancó

Patty Fuentes Gimón

Pese a que el discurso del actual Gobierno generalmente va orientado hacia la lucha por los derechos sociales, en los últimos cuatro años la pobreza sólo ha disminuido en 0,1%, en una coyuntura de alto precio petrolero y desde antes de que iniciara la crisis económica mundial.

Así lo dio a conocer el coordinador general de Provea, Marino Alvarado, quien destacó que hasta el año 2006, el Gobierno logró reducir este fenómeno en 21,6%, pero “en su segundo mandato la lucha contra la pobreza se estancó, pues en 2007 el índice era de 27,5% y, hoy en día, está en 27,4%, lo que significa que 2 millones de habitantes se encuentran en situación de pobreza”.

Desde el primer semestre de 2007 hasta el mismo período de este año, en 17 de los 23 estados del país aumentó la pobreza, en algunos hasta 11 puntos, reveló Alvarado, en el foro “Venezuela: ¿en democracia?”, realizado ayer en la UCAB con motivo del décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana.

Una situación parecida ocurre en cuanto al desempleo que, en 2004, momento en el que se creó la Misión Vuelvan Caras, el índice era de 16,7% y el presidente Hugo Chávez prometió llevarlo a 5%. Sin embargo, a pesar de la enorme inversión, sólo bajó a 14%, según datos del propio Instituto Nacional de Estadísticas. Peor aún, desde 2007 hasta hoy ha ido creciendo progresivamente: de 7,5% a poco más de 8%.

Además, mientras en 2006, cuando el Gobierno se encontraba en campaña electoral, se invertía 6,8% del Producto Interno Bruto en derechos sociales, el pasado año sólo se usó 2,4% del PIB para tal fin.

Lo militar como prioridad

Por si fuera poco, cada vez es mayor el gasto bélico por parte del Gobierno. Según Alvarado, quien se basa en los datos del INE, el Estado invierte en ese ámbito 33% más que en el Ministerio de la Mujer y 70% más que en el Ministerio de los Pueblos Indígenas.

“También se gasta dos veces más en lo militar que en salud, seguridad ciudadana o inversión social. Desde el punto de vista de gestión pública, el presupuesto no se destina a donde debería. El interés debería privar en atacar la pobreza, pues no puede haber democracia con tantas personas en situación de pobreza”, expresa el coordinador general de Provea.

Socialismo obligado

Si el Gobierno de Chávez prácticamente no ha progresado en derechos sociales desde el año 2006, ¿a qué se ha dedicado entonces?

De acuerdo con Marino Alvarado, de Provea, el Presidente se ha enfocado en “imponer el socialismo, pero las ideologías no se imponen y, según las encuestas, la mitad de la población no cree en el socialismo”.

Además, sostiene que el Gobierno ha puesto un gran esfuerzo en el tema militar por la “paranoia de que lo van a invadir”. Sin embargo, asegura que “no se puede hablar de desarme y al mismo tiempo crear milicias en las escuelas o invertir en armas de guerra. Eso es un doble discurso”.  

“En 2006 el Gobierno se radicalizó con un discurso que reivindica el socialismo pero con resultados pobres”  

Marino Alvarado, coordinador general de Provea