viernes, 14 de enero de 2011

Los DDHH se conocen, pero no se cumplen


Patty Fuentes Gimón

“Lo ideal no es tener más, sino mejores policías”, asevera el criminólogo Javier Gorriño, tras destacar que “al funcionario lo enseñan a corromper dentro de la policía”.

La Fiscalía General de la República reveló en su Informe 2008 que, de enero de 2000 a noviembre de 2007, se registraron 7.243 ejecuciones por parte de uniformados y 350 violaciones mensuales (12 al día) a los Derechos Humanos por parte de los cuerpos policiales y militares.

Aunque uno de cada cinco delitos registrados en Venezuela es cometido por un funcionario policial y en los últimos 15 meses se duplicaron las violaciones a los DDHH, algunos efectivos están siendo educados en esta materia, lo que los compromete con los ciudadanos.

Policía Metropolitano

“Todos tenemos DDHH porque están contemplados en la Carta Magna. El Estado es el encargado de garantizarles la comodidad y el servicio a los ciudadanos”, expresa un inspector de la PM que prefiere mantenerse en el anonimato.

−¿Qué papel juegan entonces los policías en este ámbito?

−Nosotros somos los representantes del Estado, así que debemos hacer cumplir las leyes para garantizar los DDHH de los ciudadanos.

−¿Considera que en el país se vulneran los DDHH?

−Sí. En el país hay mucha violación a estos derechos. Muchos funcionarios no han entendido que no importa el delito que cometa el ciudadano, nunca podemos maltratarlos aunque nuestra conciencia nos diga otra cosa. Por ejemplo, no es fácil tener al lado a un hombre que acaba de violar a una niña de 3 años, pero debemos tener control y dominio de nosotros mismos. Si no estás en eso, estás fuera de la línea.

−¿Por qué cree que son tan frecuentes estos casos?

−Porque eso depende del principio de cada funcionario. A nosotros nos hacen exámenes psicológicos cuando ingresamos en la institución y cuando vamos a ascender. Además, nuestros jefes siempre nos están evaluando.

−¿Qué recomienda para acabar con las violaciones a los DDHH?

Realizar talleres a los funcionarios. A nosotros nos dan cursos y así vamos creando el hábito de garantizar la seguridad. Si te llega el mensaje, entras en reflexión interna y piensas: qué estoy haciendo, qué debo hacer y cómo debo hacerlo.

−¿Qué les enseñan en esos cursos?

−Nos enseñan a aplicar el uso progresivo de la fuerza, cómo dominar a una persona sin hacerle daño. Son técnicas que causan dolor, pero no hacen daño. Antes sólo nos enseñaban artes marciales que son más agresivas, con golpes contundentes. Ahora sabemos que si aplicamos el control, obtenemos lo que buscamos. La PM ha decaído, pero queda mucha gente buena.

Policía Nacional Bolivariana

Este efectivo policial también se negó a revelar su identidad y define los Derechos Humanos como el “respeto a la integridad física y moral de los ciudadanos”.

−¿Quiénes violan los DDHH?

−Los funcionarios son quienes más deben estar pendientes de esos derechos y quienes más los violan. Ahora nos están dando cursos en los cuales nos enseñan que la principal arma es el diálogo y luego el uso progresivo de la fuerza dependiendo del caso. Aprendemos técnicas suaves de control para someter a las personas que no quieren cooperar.

−¿Qué se debe hacer para que no se sigan presentando estos casos?

−Que las personas denuncien para que los funcionarios sean castigados. A nosotros también nos violaban nuestros DDHH. Nuestros jefes nos encerraban por toda una noche sólo por capricho. Ya esas cosas no pasan. Si nosotros sentimos que nos respetan nuestros DDHH, se nos hace más fácil respetar los de los ciudadanos.

Guardia Nacional

“Los que violan los DDHH son los uniformados. Nosotros debemos cumplir las leyes para hacer respetar los derechos de toda persona”, expresa un efectivo de la GN que, aunque sólo lleva pocos días trabajando como funcionario público, está consciente de que golpear a un delincuente no es la opción correcta, pues “en cualquier condición que esté un ciudadano, tiene derechos”.

Al preguntarle sobre las medidas que debe tomar el Gobierno para que no se vulneren los derechos fundamentales en Venezuela, el uniformado responde: “El Estado debe apretar las tuercas; no le deben temblar las manos para meter preso a un funcionario. Eso serviría de ejemplo para los demás efectivos policiales”.

Cicpc

“El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas debe velar por la seguridad de los venezolanos y por todos sus derechos”, explica un efectivo del cuerpo de inteligencia.

A juicio de este funcionario, “Venezuela se ha ido adaptando a las normas de DDHH porque antes a los culpables se les violaban sus derechos. Sólo 20 ó 25% de los efectivos siguen vulnerando estas normas y es por cuestiones ideológicas, no porque la institución los obligue”

POLICÍAS MUNICIPALES

Polihaillo

El uniformado entrevistado de El Hatillo estima que 95% de los funcionarios públicos respetan los Derechos Humanos. “Si se toma en cuenta la cantidad de funcionarios que hay en Venezuela y la cantidad que viola los DDHH, podemos darnos cuenta de que hay muchos policías buenos. La policía es un universo muy grande”, añade.

Sin embargo, asegura que estas garantías siguen siendo vulneradas por la cantidad de homicidios que se presentan diariamente: “Muchos policías cometen delitos porque la mayoría son de vieja data y antes no se cumplían los DDHH en este país”.

Polibaruta

“Antes se violaban los DDHH con más frecuencia que ahora porque a nosotros nos preparan para evitar que eso suceda, para salvaguardar y proteger la integridad física de toda persona”, expresa un efectivo de este municipio. Respecto a esto, agrega que las nuevas legislaciones hacen que los funcionarios entiendan que, si delinquen, les cae el peso de la ley, por lo que deben “tratar bien a cualquiera”. “La actividad policial se ha desprestigiado por un grupo de individuos que no se ha apegado a la norma”, indica.

El policía de Baruta afirma que no hace falta maltratar a los delincuentes para solucionar el problema: “El país necesita fortalecer la parte penitenciaria para reinsertar a los que salen de la cárcel. Hay que explicarles que hay otra forma de vida distinta a la de ellos”.

Polichacao

Para este funcionario policial, la forma en que se debe tratar a los delincuentes depende de cada ocasión. “Si está armado, hay que neutralizarlo porque primero debo preservar mi vida”, dice y denuncia que “las cosas han empeorado en Venezuela porque los delincuentes matan a los funcionarios, 70% de los policías cometen delitos y el propio Estado viola los DDHH”.

El uniformado no es muy optimista al pensar en el futuro del país, ya que manifiesta que “nadie va a cambiar la mentalidad del venezolano porque es algo que viene desde hace mucho tiempo. El policía no goza de DDHH, por eso es que ese 70% de funcionarios se ven en ese espejo y violan los derechos de los demás”.

Policaracas

“Para tratar a los delincuentes, debemos tener proporcionalidad en el uso de la fuerza. El problema es que nuestras leyes están hechas para delincuentes ocasionales cuando lo que tenemos son delincuentes habituales”, dice este efectivo de la Policía de Libertador.

El funcionario asegura que la función de la policía es “escoñetar a la gente” porque esa es la orden que reciben de su jefe. “Si un delincuente me saca un arma, lo mato. Los uniformados que torturan son pocos; eso pasa mucho en las zonas más pueblerinas porque los grupos de exterminio buscan a los que tienen menor instrucción”, añade.

FRASE

“Uno no es quien para quitarle la vida a nadie, pero hay delincuentes que deben ser sacados de circulación porque, si los metes presos, salen peores” Ex funcionario de la PM

Decálogo de DDHH establecido en el Código de Conducta para Funcionarios Policiales:

  1. Compromiso con la vida y la seguridad.
  2. Compromiso con la dignidad humana.
  3. Compromiso con la libertad personal.
  4. Uso debido de la fuerza y armas de fuego.
  5. Responsabilidad.
  6. Protección a las víctimas de abuso de poder.
  7. Compromiso contra la impunidad.
  8. Repudio a las ejecuciones y desapariciones forzosas.
  9. Respeto al derecho de los detenidos.
  10. Honor, justicia y lealtad.

Convocan a marchar el 23N por la democracia


Patty Fuentes Gimón

Representantes de Un Mundo sin Mordaza y otras ONG convocan a la sociedad civil a una marcha el próximo 23 de enero con el fin de defender la democracia. El evento denominado “Sácate una foto contra una dictadura” está pautado para las 10:00 am en la avenida Francisco de Miranda, donde se realizará una concentración para luego marchar desde la estación Parque Miranda hasta Chacaíto.

Félix Velásquez, representante de Un Mundo sin Mordaza, informó que la protesta también se desarrollará en otras 30 ciudades del mundo, como Bogotá, Managua, Sao Paulo, Nueva York, Miami, Paris, Washington, Lima, Panamá.

“La presión contra el capital privado, las expropiaciones, la privativa de libertad de los diputados electos por el pueblo, el golpe de Estado contra la Asamblea y las constantes violaciones a los DDHH son evidencia de que en Venezuela no hay democracia”, expresó.

Rodrigo Lepervanche, representante del Centro de Estudiantes de Derecho de la UCAB, afirmó que es necesario conocer el pasado para entender el presente del país. “El próximo 23 de enero se cumplen 53 años desde que Venezuela rescató la democracia. Ese día, toda la sociedad salió a la calle para derrocar un régimen dictatorial. Hoy, en nuestro país, no hay institucionalidad ni separación de poderes. Es hora de que Venezuela abra los ojos porque estas no son situaciones aisladas… Estamos perdiendo la democracia y tenemos que salir a defenderla”, señaló.

Por su parte, Pedro Rondón, miembro del sindicato de trabajadores de Sidor, aseguró que en la protesta participarán los trabajadores de Guayana y de todo el país, “para decirle NO a la dictadura que pretende menoscabar los derechos laborales y sindicales”.

Próximas actividades

19 de enero, 9:00 am. Protesta del sector salud. Desde Parque Carabobo hasta Miraflores.

23 de enero, 10:00 am. Marcha mundial en defensa de la democracia. Desde la estación Parque Miranda hasta Chacaíto

5 de febrero, 9:00 am. Manifestación para reclamar derechos laborales y sindicales. Desde el Parque del Este hasta el sector industrial de Los Cortijos.

Siguen sin atender emergencia médica de Afiuni


Patty Fuentes Gimón

Una vez más, la jueza María Lourdes Afiuni fue burlada. Este jueves debían practicarle los exámenes médicos para evaluar la taquicardia que padece desde el pasado 5 de enero, pero los cardiólogos no se presentaron.

José Amalio Graterol, abogado de la privada de libertad, denunció que aunque la cita estaba pautada para el jueves a las 7:00 am, el traslado al hospital Victorino Santaella de Los Teques fue a las 10:00 am.

“La cardióloga infantil fue la única que la pudo atender y ni siquiera pudo darle el resultado, porque el cardiólogo adulto no se encontraba”, dijo Graterol, quien además explicó que a la juez debían realizarle un electrocardiograma, un eco abdominal pélvico y unos exámenes hematológicos completos que habían sido ordenados por el médico forense enviado por la Fiscalía para que la revisara.

A juicio del abogado, la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina, Isabel González, “se manda sola”, pues tanto la dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, como el Ministerio de Interior y Justicia, solicitaron el pasado 6 de enero el traslado inmediato de Afiuni a un centro hospitalario porque su salud está delicada desde que presentó la “emergencia cardíaca”.

La propia directora nacional de Servicios Penitenciarios, Consuelo Cerrada, ordenó entonces que se le hicieran los exámenes médicos a la juez, pero la directora del INOF hizo caso omiso al mandato.

“Pareciera que la ciudadana Isabel González estuviera tratando de ejecutar un exterminio o una pena de muerta contra Afiuni al no acatar órdenes estrictamente médicas”, expresa Graterol.

jueves, 13 de enero de 2011

Invasores obedecen a su Comandante


Patty Fuentes Gimón

Ayer en la mañana alrededor de cuarenta personas intentaron invadir los galpones del periódico El Nuevo País, ubicados entre las esquinas de Brisas a Remedio, frente al Banco de Sangre del Hospital Vargas, en Caracas.

"Casi todos son vecinos de la zona porque antes vivían frente a la rotativa, donde ahora están construyendo unos edificios. Sus casas fueron expropiadas porque supuestamente se iba a hacer una gran avenida que comunicara con la Panteón. Como no se ejecutó la obra, más de 60 familiares volvieron a invadir el sitio. Luego, los sacaron, tumbaron sus casas y les prometieron que le van a dar vivienda a cada uno de ellos en el complejo socialista que están construyendo", relató un vecino de la zona.

Los invasores estuvieron dentro de la rotativa del diario poco menos de dos horas, pues dos representantes de Fundacaracas les solicitaron que se retiraran "porque no iban a conseguir nada", según contó el testigo. "Les dijeron que ellos no van a apoyar eso porque hay un plan de 2.500 viviendas, en el cual ya los invasores están incluidos. En el edificio que está frente al periódico habrá espacio para 70 familias; supongo que el resto será distribuido por toda Caracas", añadió.

El vecino explicó también que el levantamiento de la obra tiene casi dos años de retraso porque contratan a menos obreros de los que realmente se necesitan. "El plan, primero estuvo en manos de Freddy Bernal, luego pasó a Juan Barreto, después a Jacqueline Faría y ahora es Jorge Rodríguez quien está a cargo. Cada uno de ellos ha venido a reunirse con esas personas, pero todavía no han avanzado casi nada. Por eso, estas personas siempre se reúnen a ver el avance de sus casas y dicen: `Bueno, si no nos las entregan pronto, vamos a tomar la rotativa’. Esta vez, estaban esas personas y más tarde llegaron también como quince motorizados que no sé de dónde salieron", dijo.

¡EXPRÓPIESE!

El grupo invasor no eligió la rotativa del periódico El Nuevo País por casualidad. De acuerdo con lo que el vecino ha podido observar en los últimos meses, los invasores están elaborando un plan para apoderarse de los galpones.

"Ellos conocen perfectamente el lugar porque son de aquí y saben que pertenece a Rafael Poleo. Entonces, como dice el Gobierno: `¡Exprópiese!’. La intención que tienen es ocupar el sitio y pedir la expropiación para luego quedarse ahí. Han hecho reuniones y dicen que van a tomar ese terreno, tienen tiempo programando que van a solicitar la expropiación. En la medida en que no se les resuelvan sus situaciones de vivienda, van a seguir insistiendo en expropiar. Yo pienso que deben tener cuidado porque, aunque ese periódico sea de Poleo, Lina Ron tiene páginas ahí y Müller Rojas también tenía; ellos también hacen negocios en esa rotativa", advierte.

miércoles, 12 de enero de 2011

Buscan una pena de muerte

Patty Fuentes Gimón

La emergencia médica de la jueza María Lourdes Afiuni no ha sido atendida. Ayer fue trasladada al Oncológico Padre Machado para realizarle una biopsia de cuello uterino. Sin embargo, aún no se le han hecho los exámenes que ordenó el médico forense enviado por la Fiscalía para que la revisara.

“El traslado de ayer estaba programado desde el 19 de diciembre. Con relación a la emergencia cardiaca que presentó la jueza el 5 de enero, la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Isabel González, no ha acatado las órdenes de la dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público (MP) ni del Ministerio de Interior y Justicia”, denunció José Amalio Graterol, abogado de Afiuni.

El 6 de enero de este año, la dirección de Derechos Fundamentales del MP y la Defensoría del Pueblo solicitaron a la directora nacional de Servicios Penitenciarios, Consuelo Cerrada, que ordenara el traslado inmediato de la jueza a un centro asistencial, sin la orden de un tribunal por tratarse de una emergencia. Aunque Cerrada cumplió, la directora del INOF hizo caso omiso.

“No entendemos la situación contradictoria entre la Fiscalía, la Defensoría y la directora del INOF que se manda sola. Pareciera que la ciudadana Isabel González estuviera tratando de ejecutar un exterminio o una pena de muerta contra Afiuni al no acatar órdenes estrictamente médicas”, expresa Graterol, y añade que ante la “crisis cardiológica”, a la jueza deben realizarle un electrocardiograma y un eco abdominal pélvico, según prescribió el doctor.

El abogado informó también que, para este jueves 13 de enero, se acordó “de forma oficiosa” que la privada de libertad sea llevada al hospital Victorino Santaella para practicarle las evaluaciones y determinar las causas del sangrado, la taquicardia y la constante sudoración de la jueza. “Aunque no se hizo a tiempo, confiamos en Dios y esperamos que no le pase nada de aquí al jueves”, manifestó el representante legal.

Coinciden las fechas

El próximo 18 de enero, Afiuni tiene pautada una cita en el Oncológico Padre Machado y también está fijada su audiencia. El abogado de la jueza espera que, antes del juicio, sea llevada al hospital.

“Creemos que prevalecen los artículos 43 y 83 de la Constitución, que establecen el derecho a la vida y a la salud. Debe atenderse la situación médica de Afiuni que ha desmejorado a consecuencia del hostigamiento y la presión física y psicológica que se ha generado en el INOF por parte de la directora”, señala.

Denuncias ignoradas

El abogado de María Lourdes Afiuni, José Amalio Graterol, reitera que la directora del INOF, Isabel González, fue denunciada por maltratar a la detenida, delito que está contemplado en el artículo 181 del Código Penal, que dicta: “Todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna persona detenida o condenada, que cometa contra ella actos arbitrarios o la someta a actos no autorizados por los reglamentos del caso, será castigado con prisión de quince días a veinte meses… Se castigarán con prisión de 3 a 6 años los sufrimientos, ofensas a la dignidad humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o morales cometidos en persona detenida por parte de sus guardianes o carceleros, o de quien la orden de ejecutarlos”.

Graterol denunció asimismo que la directora de la cárcel de mujeres no cumple con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó que Afiuni sea enviada a otro centro de reclusión por ser juez penal y que se vele por el buen desarrollo de sus condiciones físicas, psíquicas y morales.