Militares inspeccionan ahora a los medios

Patty Fuentes Gimón 

Foto: Diario de Barinas 

“Tengo el honor de dirigirme a usted en la oportunidad de presentarle al capitán Víctor Manuel Salazar, de esta zona operativa de Defensa Integral, quien fue designado por este comando para conformar la comisión integrada por la Defensoría del Pueblo, Indepabis, Idena, Samat, Contraloría Social de Conatel y demás entes del Estado; con la finalidad de efectuar una inspección técnica a los medios de comunicación del estado Barinas en cumplimiento de la Ley Resorte…”.

A través de este texto, el Comandante de la 93º Brigada Caribe Especial de Seguridad y Desarrollo, General de Brigada Simón Adrián Noguera González, informó a la directiva de la emisora radial barinense Sensacional 94.7 FM que su medio de comunicación sería inspeccionado. La carta fue entregada por el propio capitán Salazar, quien alegó que la emisora está ilegal, pues este año se vence su concesión.

“Tenemos al aire 20 años y efectivamente está por vencerse la concesión, pero como no ha llegado la fecha de culminación, todavía tenemos tiempo y deben darme mi debido proceso. Estoy amparada por la Ley de Telecomunicaciones”, asegura Althis Torrealba, directora de la radio.

Este episodio ocurrió el pasado miércoles 19 de enero a las 5:30 pm. “Ellos llegaron diciendo que harían una inspección técnica para ver si cumplimos con la Ley Resorte. Yo iba en carretera, pero hablé por teléfono con el capitán y le expliqué que los documentos legales los manejo yo directamente, así que en ese momento no podía entregárselos. Aunque pareció estar de acuerdo, estuvo hasta las 8:30 pm en horas no administrativas exigiendo a los trabajadores de la radio que le entregaran la información”, relata Torrealba.

Al día siguiente, regresó el capitán, esta vez acompañado de un sargento técnico y de tres personas que vestían franelas rojas. “Intervinieron de manera fraudulenta y violenta dentro de los estudios de la emisora. A pesar de que en ninguna parte de la carta se autoriza la entrada de un sargento técnico, ellos dijeron que venían autorizados por Conatel. Pero era mentira, se hicieron pasar por funcionarios de Conatel, pues cuando llamé para confirmarlo, me dijeron que Conatel desconoce de alguna inspección en Barinas”, denuncia.

Una trabajadora de la radio que prefirió no revelar su identidad manifestó su rechazo a esta medida por considerarla una “intromisión militar y una orden que vino del Ejército para causar presión y amedrentar a un medio de comunicación”.

Un estorbo para el Gobierno

La directora de radio Sensacional considera que “todo esto lo propicia una persona que trabajaba en la Policía de Barinas y se autodenominó presidente de un comité de usuarios. Su nombre es Richard Zambrano. Él se ha declarado constantemente enemigo de la radio porque tiene problemas personales con casi todos los productores independientes”.

Desde la inspección, añade Torrealba, Zambrano se ha dedicado a realizar una campaña de descrédito contra la emisora y contra los productores independientes que en ella trabajan. “Ese señor que ni siquiera es periodista habla todos los días en un programa de Barinas TV. Se mete con las mujeres y nos ataca”, señala.

La directora de 94.7 FM también asegura que en la carta se explicaba que la inspección sería hecha a todos los medios barineses para “tapar”, pues su emisora es el único medio que sigue transmitiendo programas de opinión en ese estado.

Solicitan allanar inmunidad de Cordero Lara

Patty Fuentes Gimón

Provea solicitó a la directiva de la Asamblea Nacional el inicio de los procedimientos correspondientes para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado por el PSUV, Roger Cordero Lara, quien según la ONG, fue el autor material de la “Masacre de Cantaura”, suceso ocurrido el 4 de octubre de 1982 en el que fueron asesinadas 24 personas.

“Hay suficiente información en el expediente de Cantaura en poder del Ministerio Público que indica que este ciudadano comandó uno de los aviones que bombardeó el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva en la población de Cantaura, estado Anzoátegui”, explicó Provea a través de un comunicado que fue recibido y sellado por la directiva de la AN el pasado 26 de enero.

En el texto, la ONG recordó que muchos de los actuales parlamentarios han condenado en reiteradas ocasiones la “Masacre de Cantaura” “señalándola como uno de los hechos más graves de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en la Cuarta República” y han planteado la necesidad de que este caso no quede impune.

Por esta razón, los defensores de los DDHH se suman al reclamo de justicia tanto en la Masacre de Cantaura, como en las de Yumare y El Amparo. “Durante años hemos denunciado la impunidad y realizado actuaciones muy diversas para que se investigue y sancione a los responsables… Nos preocupa que se use la inmunidad para favorecer la impunidad. Avanzar en la búsqueda de justicia en el caso de la Masacre de Cantaura obliga al Parlamento a generar políticas y acciones que faciliten las investigaciones y sanción a los responsables”, se añade en el comunicado.

Provea aclaró que la solicitud también va dirigida a cualquier otro parlamentario que haya violado los DDHH de los venezolanos. “Apoyamos igualmente toda iniciativa de esta naturaleza que se adopte en cualquier otro diputado o diputada a quien se le señale de haber participado en graves violaciones a los Derechos Humanos”, señala.

La ONG aprovechó la oportunidad para recordarle a la AN que el antiguo Parlamento no cumplió la promesa de “presentar al país un informe sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos que se produjeron en las décadas de los años 60, 70 y 80”. Por eso, sugirieron a la actual directiva del Poder Legislativo que reimpulse la iniciativa, pues “puede contribuir a conocer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables”.

Afiuni recibe apoyo de Amnistía Internacional

Patty Fuentes Gimón

Amnistía Internacional instó a las autoridades venezolanas a que liberen a María Lourdes Afiuni, pues la jueza “está delicada de salud y ha estado amenazada por otros reos en el centro donde está recluida”.

Guadalupe Marengo, director adjunto de América de Amnistía Internacional, aseguró que la detención de la jueza responde a asuntos políticos guiados por el presidente Chávez porque la Fiscalía no ha demostrado pruebas que justifiquen los cargos que se le imputan.

La ONG manifestó su preocupación porque el caso de Afiuni pueda disuadir a los demás jueces de tratar a todos los acusados por igual, lo que podría afectar negativamente los Derechos Humanos de la población y la capacidad de los acusados y las víctimas de posibles violaciones de posibles violaciones de DDHH para garantizar la justicia”.

Ironías vienen y van

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó de "caliche y falso" el informe que publicó el pasado lunes Human Rights Watch, donde rechaza la situación de la jueza Afiuni.

"El informe carece de rigor científico. Es como una copia de las declaraciones de algunos voceros de la oposición sobre las instituciones del Estado, voceros que emiten opiniones de manera amplia, libre y sin censura a través de algunos medios de comunicación”, expresó y consideró una “ironía” que HRW revelara la presencia de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.

Además, señaló que a Afiuni se le han garantizado todos sus derechos, pues “se le ha prestado en 26 ocasiones atención medica, se han realizado seis traslados y 20 intramuros; se le han hecho reconocimientos psiquiátricos y psicológicos de médicos de distintas especialidades".

Proponen crear ley de apoyo a familiares de reos

Patty Fuentes Gimón

Aunque las prioridades no son las mismas, tanto los reos y sus familiares como los diputados y los expertos coinciden en que el sistema penitenciario debe dar un giro de 180 grados.

Tomando en cuenta que el principal objetivo de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional es conocer los asuntos relacionados “con el desarrollo de mecanismos que contribuyan con un sistema penitenciario para la rehabilitación del interno”, el vicepresidente de la misma, William Ojeda, asegura que sus propuestas se concretan en los artículos 26 y 272 de la Constitución.

“El 26 dicta cómo debe ser la justicia en el país y establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los órganos de justicia. El 272 se refiere a la orientación hacia el trabajo y el estudio de los presos para limitarles el tiempo de ocio. Basándonos en esto, trataremos de que incidan todas las columnas del sistema de justicia”, señala.

En específico, el diputado se refiere a “que se hagan los traslados a tiempo, que las familias sean bien tratadas, que se clasifique la población penal, que se les brinde a los internos la alimentación adecuada y que funcione el sistema del personal médico y asistencial”.

El parlamentario también afirma que invitará al ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, a visitar todas las cárceles del país junto con su comisión. “La idea es solucionar y no sólo criticar. Sabemos que hay cosas que se pueden hacer de inmediato y de forma sencilla con el ministro”, indica.

Prevención del delito

Los familiares de los reclusos padecen los desperfectos de las cárceles casi de igual manera que los propios reos. Para visitarlos, deben pasar entre 10 y 12 horas formados en la puerta del penal, bajo el sol y cargando con alimentos, ropa, medicinas y otros insumos para sus parientes.

“Los guardias nos humillan mucho a uno como familiar, nos tratan como si uno fuera lo peor. Yo tengo cuatro meses sin ver a mi novio y más de un mes sin poder hablar con él por teléfono porque la directora no quiere. Ella es súper grosera”, manifiesta Yusbeli Márquez, pareja de uno de los internos de Yare III que resultaron heridos hace dos semanas luego de ser agredidos por custodios del penal.

Gilber Caro, coordinador nacional de las redes penitenciarias del partido Voluntad Popular, explica que al abandonar a las madres, esposas y, sobre todo, a los hijos de los privados de libertad, se deja a un lado la prevención del delito, por lo que plantea a la nueva AN aprobar una ley de apoyo a los familiares de los presos.

“Primero que nada, los diputados deben ir a las colas que hacen ellos en las calle y entrevistarlos para que entiendan su situación. Después, deben crear una ley que garantice que el Estado se ocupará de la educación de los niños que tienen padres en la cárcel. No es posible que las mujeres pasen horas haciendo cola cuando los venezolanos pagamos impuestos para que haya una buena alimentación penitenciaria. ¿Dónde está ese dinero?”, se pregunta Caro.

Mala alimentación, armas y violencia

Yusbeli Márquez denuncia que la comida que le dan a su novio en Yare III siempre está fría y en condiciones deplorables. Su opinión coincide con la de 78% de los familiares de la población reclusa que llevan los alimentos a las prisiones y con 59% que califica que la comida de los penales es “muy mala”, según reveló el Informe sobre los Derechos Humanos y el Debido Proceso de las Personas Privadas de Libertad, realizado en 2009 por el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Después de pasar un año tras las rejas y conocer las experiencias de sus compañeros de celda, el parlamentario Ojeda está consciente de que el tema de la alimentación es uno de los primeros que hay que atacar en materia penitenciaria. “Antes era mala, pero ahora las raciones son inferiores porque el presupuesto asignado es de Bs. 9 por preso al día. Hay una macolla formada ahí; eso no alcanza para nada”, dice.  

Respecto al ingreso de las armas dentro de las prisiones, el diputado asegura que existe una gran cooperación por parte de los efectivos de la Guardia Nacional, por lo que en la Asamblea Nacional tratará el tema de que las cárceles deben estar custodiadas por penitenciaristas.

“Los especialistas en la materia saben cómo tratar a la población penal y utilizar la psicología correcta. Es un contrasentido que el Ministerio de Interior y Justicia no aproveche del personal graduado del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios”, añade.

Despenalizar delitos

Mientras que Ojeda considera que “el mal obrar hay que castigarlo”, Caro plantea despenalizar algunos delitos y “llevarlos a una ley de trabajo comunitario para que los delincuentes primarios tengan trabajo y para disminuir el hacinamiento carcelario”. Lo cierto es que ambos concuerdan en que dentro de las prisiones se debe velar por los DDHH.

Caro además sugiere que tanto el Estado como la población “tengan una reconciliación con esas 200 mil personas (40 mil presos y al menos cinco familiares por cada uno de ellos) porque tener una sociedad que quiere venganza, nos hace víctimas del sistema penitenciario”.

“Dimos el todo por el todo y así nos pagan”

Patty Fuentes Gimón
Foto: Saúl Uzcátegui 

Ya son nueve los días que nueve ex trabajadores de Pdvsa llevan en huelga de hambre en la esquina de Pajarito para exigir su reincorporación en la empresa, pues alegan que fueron despedidos injustificadamente.

“Muchos estaban de reposo por accidentes laborales y cuando debían reincorporarse, la empresa no los dejó entrar. Los demás tampoco recibimos explicación de los despidos”, expresa Johnny Croquer, instrumentista de turno de la refinería El Palito hasta hace dos años y medio.

Los ex empleados de la industria petrolera, de Zulia, Falcón y de El Palito, aseguran que “la empresa no ha querido acatar la orden” a pesar de tener providencia administrativa y amparo constitucional. “Ingresamos en 2003 en pleno paro petrolero, hicimos un esfuerzo para el levantamiento de la industria. Hemos dado el todo por el todo y nos pagaron con esto”, lamenta.

También han acudido a instancias gubernamentales, pero no han sido atendidas sus peticiones. “Uno de los primeros días de la huelga, hicimos una mesa de diálogo con el corporativo La Campiña, en la cual nos dijeron que se iban a reunir con la gerencia de Pdvsa, pero no nos han dicho nada aún. El domingo entregamos un documento explicativo al vicepresidente Elías Jaua, al canciller Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional, pero tampoco nos responden”, relata Croquer.

“No hemos recibido ni medio bolívar ni lo recibiremos porque hasta que no nos regresen nuestros puestos de trabajo, no firmaremos nada. Seguiremos aquí hasta tener respuesta de la Presidencia de la República, de la Vicepresidencia, de la Asamblea o del corporativo Pdvsa La Campiña”, añade.

Sin distinciones políticas

Hugo Bastidas era secretario general de un sindicato en Pdvsa Lagunillas y fue despedido en julio de 2009 presuntamente por defender los derechos de los trabajadores petroleros. “Peleamos por las reivindicaciones, por la falta de atención médica y por el fondo de pensión de los trabajadores jubilados”, dice. Además, denuncia que un representante del Minsalud no les brindó servicio médico durante la huelga porque algunos dirigentes habían declarado en contra del oficialismo. “Pertenecemos a una masa trabajadora. No vinimos a hablar en contra o a favor del Gobierno, sino a favor de los trabajadores y en contra de los despidos injustificados. Siempre hemos trabajado por el proceso revolucionario. No venimos a guarimbear, sino a exigir nuestro derecho”, aclara.  

Derechos Inhumanos y precarios en Venezuela

Patty Fuentes Gimón

Human Rights Watch (HRW) calificó de “precaria” la situación de los Derechos Humanos en Venezuela a causa del “control ejercido por el Gobierno sobre el Poder Judicial” y del “debilitamiento del sistema de frenos y contrapesos democráticos”.

En su informe 2010, la organización sostuvo que el presidente Chávez “ha socavado sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de las organizaciones y defensores de DDHH de promover derechos básicos”, además de que “ha perseguido a opositores políticos” y “ha endurecido su rechazo frente a la observación internacional”.  

La ONG señaló que el Tribunal Supremo de Justicia “ha abdicado su rol de contralor del Poder Ejecutivo y ha dejado de proteger derechos fundamentales establecidos en la Constitución”, mientras que el Gobierno “muestra escaso respeto por los controles democráticos”. Por estas condiciones, se originan represalias como la de la jueza María Lourdes Afiuni, quien “estaba cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria” y “durante el juicio penal en su contra se vulneraron varios aspectos de su derecho al debido proceso”.

En cuanto a la libertad de expresión, HRW reveló que “el Gobierno ha reforzado la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión y creado poderosos incentivos para que los críticos del Gobierno se autocensuren”, como la reforma del Código Penal que “amplía el alcance de las leyes de desacato… pese a que las normas internacionales exigen su abolición”, y la promulgación de la Ley Resorte que “permite la suspensión arbitraria de canales sobre la base del delito de incitación, definido de una manera sumamente vaga”.

Más abusos policiales

Tras anunciar que en Venezuela los delitos son comunes y que las ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios públicos continúan siendo frecuentes, la ONG destacó que el propio Ministerio de Interior y Justicia estima que uno de cada cinco delitos es cometido por un policía. También recordó que, según el Ministerio Público, los cuerpos de seguridad asesinaron a 7.998 personas entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2009. La ONG no dejó a un lado las cárceles venezolanas, por ser de las más violentas de Latinoamérica.

“La impunidad continúa siendo la regla para todos los delitos violentos, incluidos aquellos perpetrados por policías”

Más de 2.000 discursos han tenido que transmitir los medios públicos obligatoriamente