Represiones no frenan protestas

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Con el pretexto de que la Asamblea Nacional se encuentra en un perímetro de seguridad, la Guardia Nacional arremetió el pasado martes con gases lacrimógenos contra los candidatos opositores que entregarían sus propuestas al poder legislativo.

La criminalización de las manifestaciones se ha vuelto costumbre en Venezuela. Entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, se produjeron 2.822 protestas pacíficas, de las cuales 187 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado, lo que representa 6,26%, de acuerdo con los datos contabilizados por Provea en su informe Situación de los Derechos Humanos en Venezuela.

Solamente en 2009, 584 personas resultaron heridas, 676 detenidas y, en la última década, 35 perdieron la vida producto del accionar represivo de los funcionarios policiales, lo que refleja, según Marco Antonio Ponce, de Provea, "una política poco democrática frente a las luchas populares".

Con la criminalización lo que se busca es implantar terror en la población. Sin embargo, parece que el Estado no ha tenido éxito en este sentido, pues en los últimos tres años el número de protestas se ha incrementado año tras año. En 2007, fueron 1.576; en 2008, 1.763; en 2009, 2.893; y en los primeros meses de 2010, 1.343.

EL ESTADO IDEAL
Si cada vez hay más represión, ¿por qué siguen aumentando las acciones de calle? Ponce considera que los venezolanos continuarán protestando porque confían en que existe un Estado ideal garantizado en la Constitución: derecho a una vivienda digna, a una contratación colectiva, a una salud pública efectiva, a la educación, a las manifestaciones pacíficas y, sobre todo, a la vida.

"Aunque hay un alto riesgo de ser detenido o incluso perder la vida por defender derechos, la gente sabe que no pide cosas novedosas, sino servicios básicos, empleo y vivienda digna. La tendencia a incrementar las protestas demuestra que la gente va a seguir saliendo a la calle y que 2010, al igual que 2009, va a ser un año récord en protestas", explica.

Por su parte, Marcos Gómez, director ejecutivo de Amnistía Internacional, señala que el aumento del número de manifestaciones es consecuencia de las carencias de la sociedad venezolana.

"En la medida en que el Estado permita que exista participación de la ciudadanía y respete la libertad de expresión, las movilizaciones por reclamos populares no cesarán porque nacen de las necesidades de la gente", añade.

Mikel Las Heras, director de conflictove.wordpress.com, blog que hace un monitoreo diario de las protestas en Venezuela, coincide con Gómez y agrega que "la gente tiene problemas que vive en carne propia. Por ejemplo, los que manifiestan porque no tienen luz en su barrio no piensan en que pueden ir presos, sino en que les resuelvan sus problemas".

Además, asegura que el Estado parece haber sido efectivo en lograr que las protestas no se relacionen entre sí. "A pesar de que aquí protesta todo el mundo, incluyendo al sector chavista, no hay un objetivo político por detrás que unifique todas esas acciones de calle", dice.

"Nos agarrarán con las botas puestas"

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Cada 27 minutos un venezolano es asesinado. Cada hora ocurren dos plagios en el país. El año pasado 19.113 personas perdieron la vida en manos del hampa. Entre julio de 2008 y julio de 2009, más de 16 mil ciudadanos fueron víctimas de al menos un secuestro.

Estos números no son inventados: son las cifras que arrojó una encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana realizada en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística, organismo que depende del Estado. Cifras que le han dado la vuelta al mundo.

Pero al Gobierno no le ha gustado que sobre Venezuela esté puesta la mirada internacional. Entre otras reacciones, el embajador en EEUU, Bernardo Álvarez, rechazó a través de una carta abierta un artículo publicado en The New York Times en el que se revela que en Irak, un país en guerra, hubo 4.644 muertes violentas en 2009, mientras que en Venezuela se registraron más de 16 mil homicidios.

“Acusar a los medios de comunicación de ser partícipes de una supuesta campaña mediática por reproducir cifras oficiales es verdaderamente absurdo. Los índices de inseguridad le han dado la vuelta al mundo porque son asombrosos y terroríficos. Venezuela es actualmente el país con mayor violencia”, asegura Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, quien también añade que la situación de inseguridad venezolana ha sido publicada también en 20 periódicos estadounidenses, 20 latinoamericanos y en casi todos los medios españoles.

CENSURA Y AUTOCENSURA
Prohibir la publicación de imágenes, informaciones y publicidad “con contenido de sangre, armas, mensajes de terror y de guerra” es, en pocas palabras, censurar. Al menos así lo considera Otero.

“El juez 12 de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, William Páez Jiménez, tomó una medida inconstitucional porque el artículo 57 de la Carta Magna dice expresamente que no se puede establecer censura a la libertad de información. Por lo tanto, debería ser sancionado”, denuncia.

El presidente editor de El Nacional califica de “política” la decisión del juez por haberla establecido durante 30 días, “justo la fecha en que termina la campaña electoral” y por haber sancionado únicamente a su diario y a TalCual cuando “los periódicos han publicado ese tipo de fotos toda la vida”.

Además, reitera que su medio continúa sujeto a una multa y a una prohibición de publicar fotografías que develen la violencia en el país.

“Esta medida no está bien explicada, pues no dice cómo debe aplicarse. Estamos cumpliendo con el ordenamiento, pero queremos que quede claro que es censura. Iremos a todas las instancias que tengamos que ir para denunciar esta decisión inconstitucional”, advierte.

Respecto a la línea editorial de El Nacional, Otero asegura que en la medida en que la inseguridad siga siendo prioridad para los venezolanos, su diario seguirá dándole importancia.

“No vamos a cambiar la línea editorial porque los medios del Estado nos insulten y amenacen ni porque vengan diez mil jueces. A nosotros nos agarrarán con las botas puestas”.

• 95,8% de la población venezolana cree que los funcionarios policiales no son eficaces para combatir el crimen
• 87,65% considera que los medios de comunicación no son los que le generan la sensación de inseguridad

Las comisarías también funcionan como prisiones

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Eran las 3:45 de la madrugada. Ochos reos del retén de Cabimas aprovecharon el momento para fugarse.

Forzaron con una segueta los barrotes de la parte externa de la sala en la que se encontraban y, a través de la ventana, cruzaron a otro perímetro por el cual lograron salir a la calle.

Se presume que pudo haber complicidad con los funcionarios policiales de esa comisaría o que huyeron por un presunto túnel que estaban construyendo en uno de los baños.

El pasado domingo se presentó una riña en ese retén zuliano donde resultaron heridos cuatro reclusos y ocho visitantes, razón por la cual varios de ellos fueran trasladados a una sala improvisada de aislamiento que originalmente estaba destinada para dos internos con VIH.

"El Retén de Detenciones Preventivas de Cabimas tiene capacidad para 240 internos y actualmente hay 510 reos. Aunque tiene tres pabellones, el espacio es pequeño para la cantidad de reos que allí habitan", explica Odalys Caldera, directora de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Zulia.

NO HAY CLASIFICACIÓN
En los centros de cumplimiento de pena deberían estar detenidos los penados; en los internados judiciales, los procesados; y las comisarías o retenes son los lugares transitorios.

"Producto del hacinamiento, del retardo procesal y del aumento significativo de la población penal, las comisarías han pasado a funcionar como internados judiciales.

Eso genera una problemática porque los funcionarios policiales no están capacitados para asumir el rol de custodios y porque mientras las comisarías dependen de la gobernación de cada estado, los internados judiciales dependen del Ministerio de Interior y Justicia", denuncia Wilmer Linero, abogado del Observatorio Venezolano de Prisiones.

Los retenes no se prestan para brindar tratamiento integral al privado de libertad por lo que el tiempo estimado de permanencia allí es máximo de tres días, pero en el caso del retén de Cabimas los fugados llevaban entre dos y tres años, y están imputados por delitos como homicidio, robo de vehículo, secuestro, porte ilícito de armas y resistencia a la autoridad.

DÉFICIT DE FUNCIONARIOS
Linero afirma que pueden haber más trabas para fugarse de un establecimiento penitenciario que de una comisaría porque en las prisiones los reos están custodiados por los funcionarios adscritos al MIJ y por los efectivos de la Guardia Nacional que resguardan la parte externa del penal, mientras que en las comisarías sólo están los cuerpos policiales de la región.

"En Venezuela reina un déficit de custodios. Por cada interno debe haber al menos un vigilante y aquí por más de mil reclusos hay tan sólo diez custodios. Esto, sumado a la eventual complicidad entre delincuentes y funcionarios, hace que escaparse no sea imposible", dice el especialista en Derechos Humanos.

Chavista se declara preso político

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Saber en qué momento se está haciendo justicia en Venezuela parece una misión imposible. El caso de Williams Sanguino, joven militante del PSUV detenido desde hace 8 meses y acusado de asesinar al estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Jesús Ramírez, resulta cada vez más confuso.

Su hermana, Lilian Sanguino, permanece desde el 9 de agosto en huelga de hambre frente a la Asamblea Nacional y asegura que la detención es injusta.

"La diputada Nellyver Lugo y el presidente de la Misión Ribas, Orlando Ortegano, hicieron un complot con el Cicpc para criminalizar al Movimiento Estudiantil Revolucionario de Táchira. Sin orden de allanamiento, llegaron a nuestra casa y se llevaron a mi hermano a la sede del Cicpc.

Lo torturaron por más de dos días, permaneció 48 días detenido y luego lo enviaron a la cárcel de Yare, en Caracas", denuncia.

Tras exigir su liberación inmediata, la joven asegura que Sanguino fue incriminado sin ningún tipo de prueba y no se le ha permitido el derecho a la defensa. "El ministro Tareck El Aissami manipula a jueces y fiscales para tapar el mal manejo policial.

El juez quinto de control, Braulio Sánchez, no ha permitido que se le nombre un abogado".

Lilian Sanguino destaca que, a pesar de llevar 16 días en huelga de hambre, no ha recibido respuesta.

"Solamente nos han dicho que los trapitos sucios se lavan en la casa. Williams Sanguino es un preso político revolucionario por los caprichos de algunos infiltrados dentro del proceso. Su único delito fue defender uno de los pocos espacios que le quedan a la revolución en Táchira", añade.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

"Estamos contentos de que al menos haya un detenido porque hubo justicia. No sabemos si Williams Sanguino es culpable porque los que nos dispararon tenían cubiertos sus rostros.

La investigación del Cicpc arrojó que Sanguino es culpable", señala William Zabaleta, presidente del Centro de Estudiantes de la UNET.

Pocos días después del asesinato de Ramírez, funcionarios del Cicpc informaron la detención de Sanguino y otro joven porque las pruebas del Análisis de Trazos de Disparos y de nitrato de pólvora en la ropa habían resultado positivas.

Zabaleta asegura que los autores intelectuales también deberían estar detenidos. "Tenemos un video en el que el diputado Henry Parra llamó a `meter en cintura’ a los estudiantes de la UNET. También encontramos en el lugar de los hechos un mensaje de texto de un celular donde los convocaban con palabras claves a `defender la revolución’. Presentamos ambas pruebas en el Cicpc. Creemos que tras este grupo armado hay muchos involucrados que dieron la orden de disparar a los manifestantes de la protesta".

El dirigente de la UNET afirma que el Movimiento Estudiantil no se quedará tranquilo hasta que no se haga justicia: "No vamos a permitir que esa muerte quede impune porque no fue asesinado ni un chavista ni un opositor, ni un caraquista ni un magallanero, sino un joven en manos de la violencia de este país".

Presos y con mala alimentación

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

El estómago de Joseíto reclama alimento. La comida que le dan en La Planta casi siempre tiene gusanos, pero tiene que comérsela porque no hay otra. Espera con ansias que llegue el domingo, día en que su madre irá a visitarlo. Sus arepitas no las cambia por nada.

La situación de Joseíto no es más que una pequeña muestra de lo que viven casi 40 mil reclusos en Venezuela. "La comida que dan en las cárceles es muy mala. Preparan alimento para 300 personas donde hay más de mil.

Los internos sobreviven porque los familiares son los principales proveedores de comida en las prisiones", explica Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Que no sea suficiente la comida que ofrecen parecer ser consecuencia directa del escaso presupuesto destinado para este fin. La semana pasada, el presidente Chávez informó que aprobó BsF 47 millones para cubrir los gastos alimenticios de los privados de libertad.

Este monto repartido entre los 130 días que quedan del año y dividido entre los 40 mil reos del país, da como resultado un poco más de BsF 9. Si a esta cifra se le suman los otros BsF 9 que ya estaban destinados para la comida de cada interno, el total sería de BsF 18 diarios.

"Sigue siendo poco. Si antes el costo por reo era de 2 dólares, ahora será de cuatro, por lo que el dinero no alcanzará para darle desayuno, almuerzo y cena a cada recluso", asegura Nieto Palma.

El artículo 34 de la Ley de Régimen Penitenciario establece que se debe suministrar a los penados "una dieta alimenticia suficiente para el mantenimiento de su salud". Igualmente, el artículo 20, en su numeral 1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, expone que "todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas".

LA COCINA ES UN NEGOCIO
"Además de que no hay comida suficiente ni una dieta verdaderamente balanceada, mucha gente se lucra de esto. Como todo lo de las cárceles venezolanas, la alimentación es un negocio", denuncia el defensor de Derechos Humanos.

El periodista Leocenis García, quien estuvo detenido en Tocuyito durante más de dos años, no titubea al afirmar que los encargados de la comida "son contratistas relacionados con el Ministerio de Interior y Justicia, que venden con sobrefacturación".

Nieto Palma coincide con esta afirmación y añade que anteriormente las compras de alimentos eran hechas por los directores de las cárceles, pero "eso se centralizó y ahora desde el viceministro de Seguridad Ciudadana hasta la Dirección General de Servicios Penitenciarios se encargan del negocio. Hay un solo proveedor para todas las cárceles. Más plata para menos gente".

Una investigación de Human Rights Watch denominada Castigados sin condena. Condiciones en las prisiones de Venezuela y publicada en 1998, destaca que los reclusos aseguran que "la cocina es un negocio", pues los funcionarios se llevan los mejores alimentos para venderlos a los internos.

El director de Una Ventana a la Libertad no descarta que la comida que se pudrió en Puerto Cabello haya sido servida en los recintos penitenciarios. "He visto cárceles donde dan vísceras, comida vencida, con gusanos y podrida.

Comprar lo más barato para quedarse con buena parte del dinero destinado para la comida carcelaria es parte del negocio", agrega.

SOLUCIONES DE LOS REOS

Pero los internos no se quedan de brazos cruzados. La mayoría de ellos consigue su propia comida a través de sus familiares o de los puestos de venta que ellos mismos han organizado en los penales.

"Los presos suelen utilizar cocinas improvisadas para calentar la comida en sus celdas, a veces un fuego sobre el suelo. En algunas prisiones, vimos a internos cocinando en fuegos de madera, papel o plástico en baños sucios o en áreas con muy poca ventilación", se revela en el estudio de Human Rights Watch.