Los venezolanos no confían ni en sus sombras

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Más de 90% de la población venezolana considera que el problema más importante que tiene el país es la inseguridad, seguido del desempleo con 45% y el alto costo de la vida con 22,4%.

Así lo destacó el director del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec), Pedro Rangel, tras realizar entre el 12 y el 31 de julio de 2010 un estudio de violencia interpersonal y percepción ciudadana de la situación de seguridad en 1.500 hogares a través de entrevistas a mayores de 18 años de edad.

“La gente siente que en los últimos 12 meses la seguridad se ha venido deteriorando. Esta percepción está acorde con la realidad, pues en los primeros seis meses de este año solamente los fines de semana en Caracas habían muerto violentamente más de mil ciudadanos y en el último año la inseguridad personal se ha incrementado en 83%”, explica.

De acuerdo con los datos revelados por el Incosec, más de un tercio de la población ha sido víctima de algún delito. En materia de homicidios, 20 hogares de los 1.500 encuestados se han visto afectados.

MIEDO Y DESCONFIANZA
“Más de 77% de la población ha cambiado su estilo de vida, ha limitado sus actividades de recreación y diversión. Ya no se pueden reunir en parques ni en plazas porque los espacios públicos están hipotecados por el hampa”, señala el director del Incosec.

Rangel añade que “toda la cadena del sistema de justicia penal, desde los fiscales hasta las policías municipales y estadales, incluyendo el sistema carcelario, refleja índices de aprobación muy por debajo de 50%. Se ha perdido la confianza en la institución policial y en el sistema de justicia penal de Venezuela”.

¿Por qué tanta desconfianza? El estudio del Incosec devela que más de 30% de los ciudadanos ha denunciado cuando ha sido víctima de algún delito, pero no ha recibido justicia, mientras que 50% no denuncia porque considera que “las autoridades no hacen nada”.

OJO POR OJO
Aproximadamente, 6% de los venezolanos admite que posee un arma de fuego en su hogar. Del 94% restante, 36% manifiesta que estaría dispuesto a adquirir una.

Hace más de un año, el presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Juan Mendoza, estimó que en Venezuela había 9 millones de armas legales e ilegales en manos de la población civil. “Estos números coinciden con que 98% de los homicidios que se han presentado en lo que va de año han ocurrido por armas de fuego”, dice Rangel.

En el estudio se revela que 46,2% de los venezolanos considera que existen situaciones en las cuales se justifica matar a un delincuente y 25% está de acuerdo con que un grupo de gente armada asesine a “gente indeseable”.

“¿Será que estamos llegando a una situación de caos donde hay que aplicar la ley del ojo por ojo y diente por diente?”, se pregunta el director del Incosec.

RECOMENDACIONES
El Incosec recomienda reducir la delincuencia a través de:
Control policial y de Derechos Humanos.
Prevención.
Participación ciudadana en términos de contraloría social.
Estrategia de reinserción social.

CIFRA
116 mil venezolanos han sido asesinados desde 1999.

Violencia contra niños no es una sensación

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Era jueves. El autobús del plan vacacional "Mano e’ Tambor" transitaba por la carretera vieja vía Higuerote. El volcamiento de una gandola impedía el paso por la autopista. Los gritos y las risas de 69 niños fueron silenciados por las obscenas frases de cuatro sujetos que atracaron el vehículo.

Posteriormente, funcionarios del Cicpc detuvieron en Guatire a los responsables: un joven de 23 años y tres adolescentes de 12, 14 y 15.

En el procedimiento policial se incautaron una escopeta calibre 12 de doble cañón, una sencilla calibre 12 y diversos cartuchos, además de recuperar seis celulares y varias prendas de vestir de las víctimas.

La inseguridad en niños y adolescentes tampoco es una sensación. Entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, se registraron 3.231 casos de violencia contra esa población, de los cuales casi 90% afectaron a adolescentes de sexo masculino entre 12 y 17 años de edad, de acuerdo con las cifras manejadas por Cecodap.

El informe Situación de los DDHH en Venezuela, realizado por Provea en el período octubre 2008 septiembre 2009, revela que, respecto al lapso 2007 2008 hubo un incremento de cinco puntos porcentuales en cuanto a los niños y jóvenes que mueren en situaciones violentas, ya que de 10,48% de las víctimas conocidas en 2008, aumentó a 15,47% de las de 2009.

EL ESTADO IMPOTENTE
¿Qué ha hecho el Gobierno para atacar este problema? "Si se hubiesen implementado medidas efectivas, los índices de violencia hubieran disminuido y las cifras de asesinatos que vemos todos los fines de semana no fueran tan alarmantes", asegura Oscar Misle, director de Cecodap.

Según el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, existen 503 defensorías y 310 consejos de protección, mientras que en 2004 sólo había 245 y 266, respectivamente. Cecodap reconoce un "avance de institucionalidad", pero destaca que, "aunque le fue solicitada, el organismo no ofreció mayor información sobre el resumen de gestión de esos entes en el ámbito nacional".

Misle señala que, a pesar de que no se pueden evaluar los posibles progresos del Estado en materia de seguridad porque no son publicados, es evidente que "la política ha sido deficiente o insuficiente" porque "los testimonios abundan en que la gente ha sido asalta, le han matado a un familiar o han debido esconderse en una balacera".

FOTO VERSUS REALIDAD
El artículo 79 de la Lopna prohíbe difundir por cualquier medio de comunicación mensajes "que promuevan el terror en los niños y adolescentes".

El director de Cecodap reconoce que la foto de la morgue publicada en El Nacional "es cruda y a cualquiera puede afectar", pero también destaca que desnuda una realidad.

"¿Qué se va a hacer para que esa realidad no se siga produciendo, sobre todo cuando hay un número importante de menores de 18 años en la morgue? El Estado debe asumirlo con responsabilidad, debe garantizar la protección de los niños. Más que evitar que vean imágenes grotescas, debe reaccionar ante lo que evidencia esa imagen", añade.

Policías violentos

El estudio de Cecodap contabilizó 85 casos de agresión a niños y adolescentes por parte de funcionarios de algún organismo del Estado. De esas víctimas, 26 fueron ajusticiadas y 9 asesinadas por efectivos que no estaban en servicio. Por otro lado, se registraron 137 jóvenes heridos con armas de fuego, 128 secuestrados, 45 desaparecidos y 37 testigos presenciales de homicidios.

Reclutados por las FARC

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

“Señor Oscar, haga algo aunque sea para que me entreguen los huesitos. Yo ya estoy resignado”, manifiesta el padre de uno de los 48 desaparecidos en el estado Barinas al defensor de Derechos Humanos, Oscar Pineda.

El también coordinador de la ONG Paz y Vida asegura que anteriormente los familiares de las víctimas barinenses podían al menos enterrar los cadáveres, pero ahora la modalidad cambió, pues “las personas se desaparecen como el humo, pasando los días semanas, meses, años y no se sabe cuándo esos seres aparecerán. Ya son adversos los deseos de sus familiares a sus sentimientos y piden que al menos les den sus huesitos para dar su cristiana sepultura… Me dicen: ‘Antes era mejor, los tiraban en las avenidas y carreteras y los parientes no tenían esta incertidumbre’”.

El año pasado, de las 498 muertes violentas registradas en el estado Barinas, 178 ocurrieron en la avenida Ribereña y en las carreteras Salesiana y vía el Toreño, de la ciudad de Barinas. El ex defensor del Pueblo en esa región, Raymond Gutiérrez, denunció el pasado 21 de abril más de 40 ajusticiamientos por parte de cuerpos policiales, lo que le costó su cargo.

Policías velan por la inseguridad
“A mi hermano se lo llevaron. Dicen que fue la policía. Él iba con siete personas más que nunca fueron llamadas para interrogarlas. Ya no sé que hacer; en septiembre cumple dos años”, lamenta otro de los familiares.

Pineda afirma que el Sindicato de Trabajadores también participa en estos raptos, desapariciones y secuestros, y explica que el Cicpc no realiza las averiguaciones pertinentes en algunos casos por falta de recursos y en otros por estar involucrado en el delito.

“El Cicpc les quita dinero a los afectados porque dicen que no tiene medios para investigar. A un muchacho le quitaron la camioneta y una madre pagó 40 mil bolívares fuertes. Ellos admiten que muchas veces han agarrado a los funcionarios con las armas, pero deben soltarlos porque eso tiene un costo político y porque sirve de estrategia para someter al pueblo”, añade.

Guerrilla involucrada
Lo que más temen los allegados a las víctimas es que sus familiares sean reclutados forzosamente por las FARC para obligarlos a formar parte de su ejército.

El defensor de Derechos Humanos relata que la madre de un joven desaparecido desde hace más de un año pensaba que su hijo había sido secuestrado, pero se dio cuenta de que no era así cuando lo reconoció vestido de guerrillero en una fotografía de las FARC, publicada el pasado 12 de julio en el Diario de Frente de Barinas.

“Este muchacho no tenía formación socialista. La hipótesis que se maneja es que los reclutan en Venezuela y se los llevan a Colombia. Puede ser que los estén vendiendo. Hay 21 jóvenes con promedio de 24 años de edad dentro del grupo de los desaparecidos. Esos adolescentes son los más vulnerables a ser reclutados por grupos guerrilleros”, advierte Pineda y agrega que en Táchira fueron reclutados 12 jóvenes por las FARC.

Aunque la situación sigue empeorando, las madres de los jóvenes desaparecidos no cesan de denunciar. “Ya no tengo miedo. Puse la denuncia y si tengo que hacer el ridículo, lo haré con tal de que aparezca mi hijo”, suelen expresar.

Carta al Presidente
Oscar Pineda, defensor de DDHH que el año pasado caminó de Barinas a Caracas en rechazo a las 178 muertes violentas registradas en esa ciudad, dirigió una carta al presidente Chávez para darle a conocer el dolor de 48 hogares barineses debido a los secuestros, raptos y desapariciones. “Cuántas veces tendríamos que soportar el silencio de la Fiscalía, el no actuar de los organismos policiales y sin saber que exista por ahora un organismo del Estado que nos atienda… más aún donde hemos denunciado casos concretos como es la presunta implicación del Sindicato de la Construcción, alcaldías y cuerpos policiales que han actuado en estas desapariciones”, se pregunta el coordinador de la ONG Paz y Vida, al tiempo que solicita al mandatario que solucione “esta penosa tragedia”.

FRASE
“La hipótesis que se maneja es que los reclutan en Venezuela y se los llevan a Colombia” Oscar Pineda, coordinador de la ONG Paz y Vida

CIFRA
498 muertes violentas se registraron en el estado Barinas durante el año 2009

Oda a la impunidad

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Un año no ha sido suficiente para que la Fiscalía General de la República resuelva el caso de los doce periodistas de la Cadena Capriles que fueron agredidos por un grupo de aproximadamente 30 individuos, identificados como "simpatizantes de la revolución", cuando repartían en la avenida Urdaneta volantes en rechazo a la discusión de la Ley Orgánica de Educación.

Ocho de los doce lesionados fueron de gravedad.

Uno de ellos fue Ubaldo Arrieta, quien recuerda que esa fue "una experiencia dramática, donde quienes ejercemos el periodismo que recoge las realidades que vive Venezuela, nos vimos de frente con la intolerancia y la violencia de un sistema que no permite la crítica ni el enjuiciamiento de la colectividad frente a sus deficiencias en la función pública".

Arrieta fue brutalmente golpeado en la cara, lo que le produjo una fractura del tabique nasal, razón por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente.

Pese a que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que el caso se resolvería rápidamente, aún no se ha hecho justicia. Los periodistas han acudido en diversas oportunidades al Ministerio Público República para exigir que sean castigados los responsables de este suceso.

Incluso, en marzo de este año, William Echeverría, entonces presidente del Colegio Nacional de Periodistas, denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y advirtió que situaciones como esta ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión en el país.

La CIDH incluyó en su informe de 2009, emitido a principios de este año, la golpiza a los periodistas de la Cadena Capriles.

IMPUNIDAD SIN FIN

Hasta ahora, solamente ha sido procesado uno de los agresores, pero el Ministerio Público todavía no ha presentado un acto conclusivo.

Gabriel Jesús Uzcátegui Beumont, de 28 años de edad, fue imputado el 17 de agosto de 2009 por la presunta comisión de los delitos de agavillamiento, lesiones leves, instigación pública en el supuesto del odio entre los habitantes y concurso real de los delitos. Estuvo detenido solamente durante cuatro días.

También existen dos órdenes de captura expedidas por el Tribunal 16 de Control contra dos sujetos que presuntamente estuvieron involucrados en los hechos, pero el Cicpc no los ha aprehendido.

Franklin Brito apuesta su vida por justicia

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

En vista de que su protesta no ha sido efectiva, el productor agropecuario Franklin Brito radicaliza su huelga de hambre durante diez días en espera de que el presidente Chávez se pronuncie sobre su caso.

“Suspendió la ingesta de suero y ahora sólo consume agua. En caso de que Chávez no se manifieste en estos diez días, iniciará una huelga de sed indefinida hasta que se resuelva el problema”, afirma la hija del productor, Ángela Brito.

La joven asegura que la única persona capaz de resolver el problema es el mandatario nacional. “Se nos ha hecho difícil solucionarlo de manera digna y justa a través del INTI porque esto dañaría la imagen de Chávez, ya que se vería que el Presidente no lo ayudó a pesar de que se comprometió luego de que mi padre se amputó un dedo públicamente”, explica.

“Creemos que ninguna institución va a ir en contra del Presidente. Entonces, mientras él siga involucrado, no creemos que se resuelva nuestra situación. Chávez ha dicho en dos ocasiones que mi papá tiene razón. Quiero saber qué va a decir esta vez si se pronuncia”, añade en referencia a los actos de corrupción que se cometieron las dos veces que el mandatario se comprometió con Brito.

TORTURAS DESCARADAS
Una vez más la hija de Brito insiste en que su padre está siendo torturado en el Hospital Militar, lugar donde “está recluido en contra de su voluntad a pesar de no haber cometido ningún delito”.

Ángela Brito detalla que su padre permanece en un cubículo de la terapia intensiva en el que las enfermeras entran y salen constantemente para buscar suero y jeringa. “También está al lado del baño y cerca del motor del aire acondicionado que sirve a toda la terapia, por lo que las vibraciones no lo dejan dormir”, agrega.

“Creemos que lo hacen para torturarlo porque se los hemos explicado varias veces y no lo corrigen. Hoy mi papá cumple 78 días en terapia intensiva y, cuando lo recluyeron ahí no había necesidad de ese servicio. Él dice que lo quisieron tener ahí para aislarlo y evitar que se le tomen fotos y que las personas lo vean. Únicamente podemos verlo mi mamá y yo. Los médicos de la Cruz Roja pueden ir por poco tiempo. Siempre estamos custodiados por militares. Está en un régimen peor que el de los presos porque ni siquiera tiene el privilegio de ver a sus abogados”, manifiesta.

HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE
Los médicos que atienden a Franklin Brito advierten que es probable que su cuerpo no aguante 10 días en dieta de agua.

“Su salud está bastante grave. Su índice de masa corporal está por debajo de 11 y ya en 13 era peligroso. Tiene daños hepáticos, en los pulmones y en los riñones”, señala su hija. Brito no levantará la huelga, pues desde el inicio de la protesta ha asegurado estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. “Con esto evita que se le haga esa injusticia a otra familia venezolana”, expresa Ángela Brito.