Afiuni podría ser la candidata por la unidad

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

El secretario general de Copei, Roberto Enríquez, aseguró que Agustín Berríos está dispuesto a declinar a favor de la jueza María Lourdes Afiuni para la primera opción de la candidatura del circuito 5 de Caracas, conformado por El Paraíso, La Vega, Antímano, Macarao y Caricuao.

“Lo lógico es que ella, como presa política, tenga una oportunidad en algún espacio más seguro que el circuito 5, pero estamos dispuestos a colaborar en esta causa que para nosotros es muy importante”, explicó Enríquez.

El representante de la tolda verde también aclaró que “la decisión no puede ser unilateral de Copei, pues hay que conocer las reacciones de la Mesa de la Unidad”. En el caso de que haya consenso en esta circunscripción, Berríos pasaría a ser suplente y Gustavo Rojas, de Primero Justicia, dejaría su postulación.

Además, dijo que esperan “señales similares” del resto de los partidos. “Ya abrimos una ventana, ojalá se abran otras para que la jueza Afiuni pueda escoger. Damos manifestaciones de solidaridad, pero también exigimos que otros lo hagan”, añadió.

Enríquez recordó que “antes nadie quería representar a la Unidad en ese circuito, pues es uno de los más duros” y reconoció que “los candidatos Juan José Molina y Agustín Berríos han dado una gran batalla, se han esforzado para revertir la situación”.

Cuando a Copei le correspondió asignar a un aspirante para el circuito 5, postuló a Berríos, primer vicepresidente del partido, quien “asumió el reto con dignidad, se dedicó a los sectores populares y concentró sus energías en Antímano y La Vega; por eso creemos que este circuito hay que verlo con mucho cuidado”, advirtió el secretario general de la tolda verde.

INMUNIDAD PARLAMENTARIA
Otorgar espacios a los “presos políticos” en las candidaturas para el próximo 26 de septiembre responde a una causa: la inmunidad parlamentaria.

El artículo 200 de la Constitución establece que los diputados de la Asamblea Nacional “gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la AN conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.

La jueza Afiuni se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina desde el 10 de diciembre de 2009, tras liberar al empresario Eligio Cedeño y ser acusada de los presuntos delitos de corrupción propia, abuso de poder, facilitación para la evasión y acción para delinquir.

Inician proceso a TalCual

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Este viernes a la 1:30 de la tarde se llevará a cabo la audiencia preliminar en relación al caso del diario TalCual, que fue demandado el pasado 16 de agosto por la Defensoría del Pueblo por la supuesta "violación y amenaza de los derechos de niños, niñas y adolescentes", tras publicar una imagen de la morgue de Bello Monte.

Humberto Mendoza D’Paola, defensor del periódico, asegura que insistirá en que la demanda no tiene procedencia. "Vamos a sostener que el artículo 57 de la Constitución es extremadamente claro en cuanto a la improcedencia de la censura previa a los medios de comunicación, elemento también recogido en el Pacto Interamericano de Protección a los Derechos Humanos".

El abogado añade que también se están vulnerando los artículos 57 y 58 de la Carta Magna que consagran la libertad de expresión y libre pensamiento.

"Ni siquiera ante el supuesto de una suspensión de garantías pudiera haber censura previa. El juez de la causa es quien viola la Constitución al tomar una decisión tan caprichosa como es la de prohibir la publicación de fotos que puedan ser violentas", señala.

Al día siguiente de que la Defensoría demandara a TalCual, se dictó una medida de protección innominada al periódico, que le impide "publicar imágenes de contenido violento, san- griento, grotesco, bien sea de sucesos o no, que de una u otra forma vulneren la integridad psíquica y moral de los niños, niñas y adolescentes... hasta que se decida el fondo de la presente acción de protección".

Respecto a esto, Mendoza D’Paola alega que se violaron "el sentido mismo de la palabra proceso" y el derecho a la defensa, pues "se tomó una medida preventiva sin habernos escuchado y se comenzó con la sentencia antes de llevar a cabo el juicio, concediéndole así a la Defensoría del Pueblo todo lo que estaba pidiendo".

Mientras el abogado dará los alegatos jurídicos, el director de TalCual, Teodoro Petkoff, hará una exposición política para "defender los derechos del periódico y los de sus lectores a no tener censura previa".

El ministro Loyo esta vez sí cumplió

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Seguir los pasos de Franklin Brito fue una buena opción para Francisco Alves. Ayer, el empresario portugués levantó la huelga de hambre que mantenía desde el pasado sábado en el estado Carabobo en rechazo a la medida de “rescate de tierra” que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) impuso sobre su predio de 2,7 hectáreas en el sector Valle Mozanga, del municipio San Diego.

Después de haber sido invadido durante los últimos cuatro meses, encadenarse a uno de los galpones de su terreno e, incluso, ser amenazado por una funcionaria del INTI, Alves por fin recibió respuesta del ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, con quien sostuvo ayer una reunión en la que se acordó revocar el decreto de “recuperación” del terreno Sociedad Metalúrgica Civil Somecil, propiedad del empresario lusitano desde hace 21 años.

La semana pasada, Alves recibió una notificación proveniente del INTI en la que se le anunciaba el inicio de un proceso de confiscación de tierras “por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública” y por encontrarse en el sector donde será desarrollado el terminal del ferrocarril Valencia – Puerto Cabello.

Sin embargo, en el encuentro de ayer “el ministro no explicó los motivos por los cuales había dictado esa medida, pero supongo que hubo una información distorsionada”, presume el empresario de 59 años de edad, y sostiene que sus tierras están en una zona industrial, 300 metros fuera del límite de las obras que desarrolla el Estado.

“Mi terreno no está en la zona de construcción, pero es una presa apetecible para el Gobierno porque, aunque ahorita no vale nada, cuando el ferrocarril esté listo tendrá mucho valor. Si acaso, posteriormente, hay alguna afectación del proyecto del Estado, se plantearía una medida de expropiación que sería parte de un proceso legal”, explica Alves, quien llegó a Venezuela hace 26 años y, cinco años más tarde, adquirió una hectárea del terreno que, según dice, es propiedad privada desde hace 176 años.

En el galpón donde funciona el predio de Francisco Alves fueron procesadas importantes obras para el estado Carabobo, como estructuras para el Forum de Valencia, la Torre Inteligente del BOD y el auditorio de la Hacienda Country Club. Actualmente, se están desarrollando trabajos para Pdvsa.

El empresario portugués señala que “el Gobierno tiene que evitar que estas ocasiones se sigan presentando” y asegura que “el hecho de que existan atropellos por parte de algunos grupos identificados con el oficialismo no quiere decir que ellos tengan derecho a cometerlos. El derecho sobre las tierras es de los propietarios y debemos defenderlos”.

Cuando defender los DDHH es delito

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Representantes de 106 organizaciones venezolanas y latinoamericanas de Derechos Humanos firmaron un documento en rechazo a la “campaña pública de desprestigio al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de desarrollo social, cultural y sindical”, además de la aplicación de sentencias e investigaciones que “restringen los derechos de libre asociación y que intentan deslegitimar el derecho de participar en asuntos públicos”.

Feliciano Reina, representante de Sinergia, asegura que “pretender silenciar la labor de las ONG es afectar la vida de millones de personas que no encontrarían otra manera de que se haga justicia cuando se violan sus Derechos Humanos”, y explica que la campaña de desprestigio se ha caracterizado por “la descalificación moral y pública ejercida por los medios gubernamentales, seguida de la apertura de procesos judiciales, intimidación mediante amenazas públicas, privación de la libertad y, en algunos casos, perdida de la vida humana”.

La directora de Cofavic, Liliana Ortega, subraya la importancia de la cooperación internacional en el papel de las ONG y afirma que cuando se descalifica esa ayuda extranjera “se está menoscabando la posibilidad de apoyo para aquellos que no tienen voz y que, en general, son los beneficiarios directos de los servicios que ofrecen las ONG en Venezuela y el mundo”.

“Una condición fundamental de un estado democrático es utilizar el diálogo como estrategia de persuasión y convicción, pero en Venezuela la búsqueda de consensos se ha proscrito y satanizado”, denuncia Ortega.

Por su parte, Rafael Uzcátegui, de Provea, indica que con la criminalización de la protesta, el Estado “intenta invisibilizar las contradicciones y deficiencias de sus políticas públicas”. Sin embargo, añade que en los últimos cuatro años se ha incrementado el número de manifestaciones y que, entre enero y junio de 2010, se registraron 1.581 protestas, un promedio de nueve al día.

Cifras
98 de cada 100 casos de violaciones a los Derechos Humanos quedan impunes en el país

900 personas al año son víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

2.500 enjuiciados por protestar pacíficamente y 40 defensores de DDHH amenazados

Lo hacen renunciar por no ser chavista

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

"Sirva la presente para saludarle y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones, igualmente deseo hacer de su conocimiento mi renuncia irrevocable al puesto de programador".

Así comienza la carta que Miguel Ángel García Belandria entregó a la Gobernación de Mérida el 29 de julio de 2010.

García Belandria comenzó a trabajar en esa institución el 15 de agosto de 2006 como programador de la Unidad de Control de Gestión (UCG), donde pasó tres años "sin ningún problema". Fue en noviembre de 2009 cuando el jefe de la UCG, coronel Pedro Guerrido, le solicitó un informe explicativo sobre su no participación en las primarias del PSUV.

El trabajador denunció en el informe la "violación clara de los principios éticos y legales que buscan cualquier vinculación política con la administración pública", tal como lo establece el artículo 145 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y la vulneración de su libertad de asociación política, consagrada en el artículo 67 de la Constitución, al imponerle "por medio del amedrentamiento y el chantaje una participación política".

Inmediatamente, García Belandria fue puesto a la orden de la Dirección de Recursos Humanos. "A mí no me contrataron para eso, esa no era parte de mi trabajo. No me podían botar porque tenía más de cinco contratos y, legalmente, debían darme el cargo fijo desde hacía más de un año", expresa.

Y AHORA "MAISANTA" Poco tiempo después, el departamento de Recursos Humanos le asignó un cargo en la Comisión de Servicios para el Plan PADRE (Plan de Desarrollo Acelerado de la Región), en el cual el ingeniero José Gregorio Vielma, representante de la estatal petrolera, le solicitó la instalación del software informático "Maisanta", destinado a revisar si los trabajadores habían firmado contra el presidente Chávez en el referéndum revocatorio de 2004.

El programador se negó a llevar a cabo esa acción, pues asegura que se estaba violando el artículo 350 de la Constitución que prescribe que el pueblo venezolano "desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos". Una vez más, fue puesto a la orden de la Dirección de Recursos Humanos.

DESPIDO INDIRECTO El 9 de junio de este año, el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Mérida solicitó los servicios de García Belandria, quien estuvo más de un mes sin recibir respuesta y con la obligación de seguir cumpliendo su horario de trabajo.

"Pasaba los días sentado en una silla del pasillo sin hacer nada. Era un puesto de trabajo inexistente. Tenía que pagar entre 15 y 20 bolívares al día en estacionamiento, así que me salía más caro ir a trabajar que quedarme en mi casa", manifiesta.

García Belandria reitera que, como no podían despedirlo, hicieron todo lo posible para que fuera él quien renunciara. "El fin de ellos era que me obstinara y me fuera; fue un despido indirecto. El sueldo era una miseria, así que no valía la pena que me tragara mi orgullo", añade.

Más reclusos se suman a las protestas

Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Tras varios meses recibiendo golpes y violaciones a sus Derechos Humanos, 300 familiares de los reclusos del pabellón 1 del Centro Penitenciario de la Región Andina se autosecuestraron desde el pasado domingo, día de visita. Entre las personas que decidieron permanecer en ese centro de reclusión destacan 40 ancianos y 20 mujeres embarazadas.

“Una vez más, las represalias no sólo se dirigieron en contra de los internos, sino también en contra de nuestros familiares, quienes fueron víctimas de disparos de perdigones y gases lacrimógenos lanzados por funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ)”, denunciaron los reos merideños a través de un comunicado.

Los reclusos reiteraron que los funcionarios que laboren en centros penitenciarios deben “avocarse a la humanización y a la reinserción social”, más aún cuando se trata de una cárcel modelo como lo es la de Mérida, por lo que recomiendan llevar a cabo “un trabajo de depuración en esta dirección corrupta e incompetente” y exigen la destitución del director del penal, Juan Carlos Angulo.

También solicitaron el fin de los retardos procesales producto del diferimiento de las audiencias, respeto de sus Derechos Humanos y los de sus familiares, “mayor colaboración del MIJ y la GN para el ingreso de madera y otros materiales de trabajo, lo que permitiría el reinicio de actividades que contribuyan a nuestra reinserción social y a la humanización del centro penitenciario”.

Por otro lado, los internos del pabellón 2 dispararon al aire con la intención de amedrentar a la visita para que desista del autosecuestro, pero los reos del pabellón 1 advirtieron que no van a levantar la protesta hasta que no se apersonen al recinto carcelario el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, y una comisión de la Vicepresidencia de la República.

Lo que dejó el “Invisible”

Los más de mil reos de las cárceles de Tocuyito y Vista Hermosa amenazaron con radicalizar la huelga de hambre que mantienen desde la semana pasada en rechazo a los presuntos abusos que reciben por parte de funcionarios del Grupo ERI, tras la fuga del líder de la banda Los Invisibles, Fraibert Velasco.

“Están arremetiendo contra todos nosotros; nos torturan. Además no nos dejan recibir visita”, denunció uno de los 35 reos en huelga de la Mínima de Tocuyito.

A través de una carta dirigida al presidente Chávez, los internos denunciaron los traslados a centros penitenciarios lejos de sus ciudades de origen, “una práctica conjunta entre jueces y el MIJ de ubicar fuera de los penales de origen y lejos de sus jueces naturales a los internos que sin motivación alguna ellos consideran, deben estar concentrados en estos campos de terror y odio".

Los reclusos de Carabobo y Bolívar aseguran que no levantarán la huelga de hambre mientras “no se tomen las acciones conducentes a restablecer los Derechos Humanos de los internos de Tocuyito y se tomen medidas cónsonas a la ley y el derecho en cuanto a la radicación de estos internos llevados fuera de sus lugares de origen”.

300 familiares de reos del Centro Penitenciario de la Región Andina se autosecuestraron

3 cárceles están en protesta. Hoy podrían sumarse más en apoyo a los internos de Tocuyito

5 de los 100 reclusos que fueron trasladados a la prisión de Mérida tuvieron audiencia

Humberto Prado representará a Venezuela

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

Del 8 al 10 de septiembre se llevará a cabo la “Conferencia Regional del Estado de Derecho en Latinoamérica y el Caribe”, organizada por The World Justice Project en la ciudad de Lima, donde se reunirán cien abogados, educadores, científicos, periodistas y defensores de Derechos Humanos de esas regiones.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, es el invitado especial de Venezuela, quien describirá el funcionamiento de las cárceles latinoamericanas y, en especial, venezolanas, y visitará dos centros penitenciarios de Perú.

“No voy con el objetivo de recordar que tenemos las peores prisiones en Venezuela, pero sí con la intención de decir la verdad respecto a lo que son las cárceles en Brasil, México, Colombia, Haití y otras partes de Latinoamérica. Presentaré a los gobiernos propuestas para solucionar los sistemas penitenciarios y todo lo relacionado con DDHH”, asegura Prado.

En primer lugar, el defensor de los Derechos Humanos de los privados de libertad planteará la opción de crear la figura del “ombusman penitenciario”, quien servirá de “ojo vigilante de los DDHH de los presos”. La idea es que “sea un funcionario que componga un organismo del Estado con autonomía funcional, financiera y jurídica”, explica y recomienda que exista un ente autónomo en materia carcelaria.

Prado también expondrá los motivos por los que debe ser erradicada la pena de muerte en todos los países latinoamericanos, además de desaparecer la cadena perpetua, y convertir los sistemas inquisitivos en acusatorios “con el fin de que se respete el derecho a la defensa y al debido proceso”.

Asimismo, destacará por qué todas las naciones deben cumplir con las Reglas Mínimas del Tratamiento del Recluso, de las Naciones Unidas, y con los Principios Sobre Buenas Prácticas, de la Comisión Interamericana de DDHH.

“Si yo he podido avanzar en esta lucha, a pesar de que me ha tocado que me descalifiquen, ataquen y amenacen, muchas personas tienen chance de progresar en la defensa de los Derechos Humanos de los presos. Oscurece, pero amanece”, expresa Prado.

Su huelga no fue suicidio

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

"Estamos muy consternados y asombrados por la decisión que tomó la Fiscalía y por la forma en que el Gobierno pretende usar todo su poder en contra de una familia humilde. No respeta ni siquiera la situación que estamos pasando por la reciente muerte de mi padre", manifestó en rueda de prensa Ángela Brito, hija del productor agropecuario Franklin Brito, quien falleció el pasado lunes 30 de agosto tras mantener durante nueve meses una huelga de hambre.

Dos días después de la muerte de Brito, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ordenó la averiguación en contra de los familiares del agroproductor por el presunto delito de inducción al suicidio.

Respecto a esto, Elinor Montes, representante del Colegio de Abogados de Caracas, explicó que "el derecho a la protesta pacífica mediante una huelga de hambre no es un suicidio" y que "el huelguista generalmente lo que quiere es que se le restituyan los derechos infringidos y el único método que encuentra para hacer valer su protesta y para que sea conocida por el mundo entero es el derecho a la huelga".

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados manifestó su repudio a la violación de los Derechos Humanos de la familia Brito y recordó a las autoridades que la política de un país debe "garantizar el respeto de la dignidad de la persona humana, el equilibrio entre los poderes públicos, el Estado de Derecho y la democracia".

La hija del huelguista fallecido coincide con estas denuncias y señala que la fiscal, "en vez de iniciar procesos judiciales sin ningún tipo de basamento legal por simples llamadas anónimas, debería avocarse a los actos de corrupción que mi papá denunció en tantas oportunidades y a las condiciones de tortura que denunciamos cuando mi padre estaba recluido en el Hospital Militar, donde no se le permitía ser asistido por un médico de confianza y se le violaban sus DDHH".

Por su parte, la esposa de Brito, Helena Rodríguez, asegura que siempre tuvieron la esperanza de que el presidente Chávez diera una solución oportuna. "Jamás hubiésemos querido que falleciera y mucho menos de la manera en que falleció. Como familia estuvimos en la disposición de apoyar a mi esposo porque siempre supimos que era una lucha justa", añade.