El precio de protestar

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

“He perdido la cuenta de las veces que han diferido las audiencias. Lo que hacen es alargar el proceso para mantenerme aquí privado de libertad y no dejarme representar a los trabajadores”, manifiesta el secretario general del Sindicato de Ferrominera Orinoco (FMO), Rubén González, detenido en agosto del año pasado por protagonizar una paralización de 15 días de los empleados que exigían que se cumpliera el contrato colectivo.

El martes se iba a llevar a cabo la audiencia de su caso, pero fue diferida para el 20 de julio por la ausencia de los escabinos. Seguirá recluido en la sede de Patrulleros de Caroní, policía de Ciudad Guayana.

Tras haberse comprometido a efectuar el contrato colectivo, la directiva de FMO armó un expediente que le sirvió a la Fiscalía para imputar a González de los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, trasgresión de zonas de seguridad y restricción del libre tránsito.

TRABAJADORES ANTE TODO
Aunque el sindicalista confiesa ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, asegura que para él es más importante defender las exigencias de los trabajadores que su inclinación política.

“Mi lineamiento no puede venir de un partido político, sino de la necesidad de los trabajadores. Soy autónomo dentro de mis decisiones. No puedo asumir una posición que vaya en contra de los empleados. Tengo mi conciencia muy clara de que lo que hice en ese momento tenía que hacerlo. Sigo militando con el PSUV, pero ellos no conmigo. Estoy esperando que me expulsen”, señala.

González dice que ningún militante de ese partido lo ha defendido a pesar de haber luchado por su causa. “Ellos no salen a hablar por mí. Ángel Marcano, José Ramón Rivero y otros dirigentes políticos del PSUV son los que están tras bastidores para criminalizarme y tenerme tras las rejas. Que me digan en dónde he fallado y lo reconoceré, pero yo no hice nada”, añade.

OTRO PRESO POLÍTICO
Rafael Uzcátegui, de Provea, afirma que el caso de Rubén González es emblemático, pues muestra cómo se politiza la justicia en Venezuela: “Se le han negado varios beneficios como el de ser juzgado en libertad. Se ha hecho uso arbitrario de la justicia. Con esto buscan que la gente se abstenga de manifestar pacíficamente”.

El defensor de Derechos Humanos asegura que la oposición no es la que protesta, pues “los principales actores de los conflictos en este país son las propias comunidades. Muchos siguen apoyando a Chávez, pero exigen sus derechos”.

Respecto al caso del sindicalista, Uzcátegui denuncia que ha habido retardo procesal, que el juicio ha sido político y que González es un preso más de Chávez.

LO QUE NO SE CUMPLE
Los trabajadores de FMO solicitaban que se cumpliera el convenio firmado por funcionarios de la Procuraduría General, del Ministerio de Planificación y Desarrollo, del Ministerio del Trabajo, de la directiva y el sindicato.

“No pagaron ni los retroactivos, ni el aumento salarial, ni las vacaciones, ni las prestaciones sociales. Además, ponen en riesgo la vida de los trabajadores y sus familiares porque los medios de transporte ya caducaron su vida útil. No estamos pidiendo regalos, sino que se cumpla lo firmado. El mismo Chávez vino al estado para mandar a homologar la contratación colectiva, pero tampoco cumplió”, denuncia.

Presos y torturados

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

"En Yare 3 no hay hacinamiento porque su capacidad es de 468 internos y alberga a 170, pero recibimos denuncias de maltratos de efectivos del grupo ERI", explica el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, quien destaca los siguientes casos:

1. El 26 de junio a Mayker Plazola "le quemaron las tetillas, le cayeron a palos con un listón y le pegaron corriente. Se solicitó una investigación del casoy que lo trasladaran a la Medicatura Forense, pero esto no se ha cumplido".

2. Erick Coello fue enviado a una celda de castigo durante 5 días y golpeado con un bate de aluminio por haber discutido con otro reo. Después lo trasladaron a la cárcel de Puente Ayala, en Anzoátegui.

3. Johnny Hernández "fue brutalmente maltratado en presencia de la propia directora del penal, Nora Valero. Le pegaron con un bate de aluminio y le aplicaron corriente. Él dijo que iba a denunciar a su tribunal; le dijeron que no les importaba y lo trasladaron también a Puente Ayala", relata.

4. "En el conteo, a Mohammad Abdul Ramal le ordenaron de forma arbitraria que entrara a su celda. Se negó y solicitó hablar con la directora de la cárcel, pero los mismos funcionarios le dieron una golpiza y le quemaron un brazo con cigarrillos. Tuvieron que trasladarlo al Hospital porque estaba convulsionando a causa de los maltratos".

5. A veinte internos de Yare 3 les raparon el cabello y los trasladaron a Yare 1 y, cuando pusieron la denuncia, fueron llevados a La Planta, Rodeo I, Rodeo II y Puente Ayala.

Prado afirma que su ONG solicitó ante el Ministerio Público, la Defensoría, Min. Interior, y la directora de Prisiones la apertura de una investigación inmediata e imparcial a los responsables de este "trato degradante e inhumano". "Exigimos que los reos que denuncian no sean trasladados y que el Estado tome en cuenta lo que hacen los funcionarios".

La GN agrede a los usuarios del Metro de Caracas

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Los retrasos en el Metro de Caracas causaron molestias en los usuarios. Marisol Márquez relata que en la estación Propatria se formó una protesta porque se sintieron engañados por los trabajadores del subterráneo.

"Estábamos esperando ahí desde las ocho de la mañana. Nos dijeron que supuestamente no había luz, pero insistimos tanto que por fin nos abrieron las puertas del Metro.

Cuando entramos, nos dimos cuenta de que sí había luz, así que nos molestamos porque nos habían mentido. A los pocos minutos, apagaron otra vez los vagones y la molestia fue mucho peor porque cuando ya íbamos a tomar nuestro metro, nos volvieron a sacar", denuncia.

Márquez señala que, aunque los trabajadores exigían el desalojo de todas las personas, los usuarios se negaron a abandonar los vagones. "Ahí fue cuando empezó la protesta como tal porque decidimos que no nos íbamos porque no somos vacilón ni mamadera de gallo de nadie", expresa.

Los usuarios exigieron la presencia de los medios de comunicación, pero lo que recibieron fue a varios funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional.

"La Guardia Nacional, como siempre, llegó con su actitud agresiva. Uno de los funcionarios le puso un FAL en el estómago a uno de mis compañeros y, peor aún, a una niña como de cuatro años le puso la pistola en la cabeza delante de su mamá y de todo el mundo. La gente protestó porque no es posible que porque tengan un uniforme agredan a la gente".

A otro joven querían quitarle el teléfono porque estaba grabando el episodio. Impidieron el acceso a los medios de comunicación. Las santamarías solamente se levantaron para sacar al Guardia Nacional que arremetió contra los usuarios.

Fue entonces, casi cuatro horas más tarde cuando ya los usuarios habían resuelto sus problemas de transporte y habían llegado tarde a sus sitios de trabajo, que apareció el presidente del Metro, Víctor Hugo Matute, para informar que el sistema de transporte subterráneo tuvo "fallas en el suministro de energía eléctrica afectando el sistema de energía auxiliar".

Aunque los usuarios reportaron excesivo retraso y congestionamiento en los andenes, Matute asegura que "no hubo impacto directamente en cuanto a servicio" y, cuando aseguró que ya se había restablecido el servicio, los usuarios seguían denunciando retrasos y protestas en varias estaciones.

Abusos policiales impunes

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

José Cupertino es un comerciante de 52 años que fue secuestrado y hurtado por cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el año 2004. Él es una de las tantas víctimas de abusos policiales en el estado Lara.

Aunque los cuerpos de seguridad intentaron intimidarlo, Cupertino no dudó en poner la denuncia en la Fiscalía y en la sede del Cicpc.

“Cuando llegué a Asuntos Internos del Cicpc de Lara, el que me abrió la puerta fue el inspector Juan Vicente Gori Castellanos, quien dirigía a los que me robaron. Tuve que luchar contra todos los obstáculos, pero seguí denunciándolos”, recuerda.

Dos semanas después, fue interceptado en Barquisimeto por cuatro agentes de la Policía de Lara que, según cuenta, le sembraron 125 envoltorios de droga: “Pasé quince días en la sede de esa policía y salí con una medida cautelar gracias a cartas de apoyo de las comunidades que ya me conocían como luchador social”.

Cupertino estuvo todos estos años bajo régimen de presentación hasta que el pasado 12 de marzo fue absuelto por la Fiscalía 22 que, además, se disculpó con él por haberlo sometido a un proceso penal de forma injusta.

El comerciante denuncia que desde que hizo la denuncia pública se incrementaron los atropellos. “Secuestraron a mi sobrino y amenazaron de muerte a mi hermano. Tuvimos que organizarnos y crear el Comité de Víctimas contra la Impunidad en Lara”, señala.

POLICÍA CONTRA POLICÍA
Uno de los casos más relevantes que ha atendido el comité larense es el de Tito Sánchez, sargento de la policía de ese estado a quien agentes del Cicpc le asesinaron a su hija de 12 años de edad en un supuesto enfrentamiento en el año 2003.

“Los funcionarios muy descarados. Después de lanzar varios disparos a la casa del sargento, matar a la niña y huir, mandaron a un superior a ofrecer dinero para que les permitieran llevarse las conchas de las balas”, relata Cupertino.

Hace tres semanas, transcurridos siete años desde la muerte de la pequeña, dictaron privativa de libertad contra seis oficiales del Cicpc por este caso. Dos de ellos están detenidos en La Planta, en Caracas, y a los otros cuatro les dictaron una medida cautelar.

“La situación del sargento lo llevó a defender a las víctimas de abusos policiales. Siendo funcionario, tuvo que sumarse al Comité de Víctimas contra la Impunidad. Una vez lo amenazaron de que, si seguía en el comité, lo iban a pasar a disciplina”, añade.

NO MÁS IMPUNIDAD
Rafael Uzcategui, de Provea, sugiere agotar todos los mecanismos de denuncia, aunque no se obtengan respuestas satisfactorias, para presionar a los poderes públicos y lograr que estos abusos policiales no sigan presentándose.

También propone que la sociedad se organice, active mecanismos de defensa a través de los medios de comunicación y proteste contra la inseguridad.

“El caso de Lara es muy emblemático porque se creó el Comité de Víctimas contra la Impunidad para exigir que se administre justicia. Esa es una referencia para el resto del país, pues todos podemos organizarnos para que no se repitan estas violaciones a los Derechos Humanos”, añade.