Medellín, un ejemplo para Caracas

Patty Fuentes Gimón

Medellín llegó a ser cuatro veces más violenta que Caracas. Hace 15 años, en esa ciudad colombiana se registraban 400 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hoy en día, se presentan 20 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Caracas es la ciudad más violenta del continente, con 109 homicidios por cada 100 mil habitantes. “Hasta los años 60 y 70, éramos de las ciudades más pacíficas de Latinoamérica. Si no se hace nada para resolver la inseguridad actual, la situación podría ser tan grave como la que se dio en Medellín”, advirtió el vicepresidente de la Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE), José María De Viana, durante la presentación del estudio: “Caso Medellín: De la ciudad más violenta a la más segura”.

Tras notar que estas dos ciudades tienen semejanzas, la profesora Josefina Bruni Celli, investigadora del IESA, explica que las políticas determinantes del éxito en la lucha contra la inseguridad en Medellín fueron: colaboración entre el Gobierno nacional y el local, estrategia centrada en la recuperación del monopolio de la fuerza, transformación de los organismos de seguridad y conquista de espacios públicos para la ciudadanía.

Trabajo en equipo

No sólo se aliaron el Ejecutivo nacional y los gobiernos regionales, sino también instancias como el Consejo Metropolitano de Seguridad y la Policía Nacional Metropolitana, entre otras.

“Se crearon espacios conjuntos para el diálogo, el análisis y la discusión, lo cual resultó en una comprensión más profunda del problema y, en consecuencia, es una mejor formulación de políticas públicas”, refiere el estudio.

Recuperación del monopolio de la fuerza

En 1990, el Estado colombiano intentó combatir la violencia en Medellín a través de la mediación entre bandas y grupos armados y la autogestión ciudadana del conflicto, pero los resultados no fueron los esperados.

Por ello, en 2002 realizó operaciones militares para recuperar las comunas donde se concentraba la confrontación entre bandas y llevó a cabo el programa de desarme, desmovilización y reinserción de grupos armados.

Nuevos y mejores policías

La Alcaldía de Medellín formó y contrató periódicamente nuevos efectivos policiales, con un estricto proceso de reclutamiento, invirtió en tecnología para el desarrollo de un sistema satelital de diligencia por video y propició una relación entre la comunidad y la policía.

“La ciudadanía pasó a jugar el papel evaluador y contralor de la Policía Metropolitana e incluso de la Policía Militar”, se añade en el informe presentado por AVE.

Conquista de espacios públicos

Recuperar las zonas ocupadas por grupos armados “buscaba no sólo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también erradicar el hampa y la actividad ilegal mediante una masiva presencia ciudadana en hermosos espacios públicos”.

Para tal fin, la Alcaldía de Medellín creó los Proyectos Urbanos Integrales como “instrumentos de intervención urbana”.

Todos los puntos pueden servir de guía para la capital venezolana, aquejada por la inseguridad pero con ejemplos cercanos de cómo lograr los cambios necesarios.

Fiscal: “Organismos internacionales nos atacan”

Patty Fuentes Gimón

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pareciera que desconoce la Constitución. Según ella, las decisiones adoptadas por los organismos internacionales “tienen que ajustarse a las leyes venezolanas para que exista una armonía” y “son vinculantes, pero en la medida en que no contraríen el ordenamiento jurídico interno”.

Sin embargo, el artículo 23 de la Carta Magna establece que los tratados relativos a DDHH, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas más favorables a las establecidas por la Constitución.

A juicio de la Fiscal, internacionalmente “hay como un ataque hacia Venezuela… Pareciera que tiene que haber impunidad para que el país sea reconocido porque muchas personas acuden a organismos internacionales para fustigar las decisiones del Estado”.

Pese a que se sabe, y la propia Fiscalía lo ha reconocido, que en el país más de 90% de los delitos quedan impunes, Ortega Díaz afirmó ayer que “si aquí se quebranta el ordenamiento jurídico, existen instituciones dispuestas a hacer respetar las leyes, pero el Estado tiene que asumir el cuestionamiento que se produce” por parte de los organismos internacionales.

López en la mira

En cuanto al caso de Leopoldo López, la Fiscal reiteró que la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH es inejecutable, tal como lo había señalado en días anteriores el Tribunal Supremo de Justicia. Pero destacó que el Ministerio Público “no está llamado a interpretar sentencias” y que debe remitir el cuerpo del expediente a los fines de que continúe con las investigaciones penales.

Específicamente, Ortega Díaz hizo referencia a los dos delitos por los cuales fue denunciado el dirigente de Voluntad Popular: presunto desvío de recursos de la Alcaldía de Chacao y dos presuntas donaciones de la industria petrolera (una el 11 de septiembre de 1998 y otra el 23 de septiembre del mismo año) a favor de Primero Justicia. “Este ciudadano no recuperó sus derechos políticos porque siempre los había tenido”, añadió.

Apoya violaciones a la libertad de expresión

Respecto a la privativa de libertad del editor del semanario 6to Poder, Leocenis García, Ortega Díaz sostuvo que “ya fue presentada una acusación ante el tribunal de control, al cual ahora le corresponde fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, donde se debaten los fundamentos esgrimidos por el MP”. 

Al cuestionarla acerca de la sanción administrativa que se impuso a Globovisión el pasado martes, la también presidenta del Consejo Moral Republicano se negó a declarar. Sólo dijo: “Esa es una sanción administrativa; en materia penal no tenemos todavía conocimiento oficial de alguna denuncia que se haya formulado en relación con esta decisión. En consecuencia, no tenemos nada que pronunciar”. 

Recomendaciones “malintencionadas”

La fiscal Luisa Ortega Díaz asegura que las recomendaciones que fueron rechazadas en el Examen Periódico Universal, al que fue sometido Venezuela ante la ONU el pasado 7 de octubre, “parecieran malintencionadas”. A su juicio, “la exposición de Venezuela fue excelente y el país aceptó 96 de las 149 recomendaciones que se le hicieron. Hubo 37 que rechazamos. Una era erradicar la esclavitud infantil porque estaban partiendo de un falso supuesto”. 

Conatel es cada día más chavista

Patty Fuentes Gimón

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones sólo atiende las denuncias que se realizan contra medios de comunicación privados. Desde su creación en 1999, este ente se ha dedicado a abrir investigaciones relacionadas con quienes no apoyan la revolución bolivariana. Pero cuando los periodistas de los canales del Estado insultan e instigan al odio, esta comisión no actúa.

En diciembre de 2004, fue promulgada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión con el supuesto fin de regular los horarios de la programación que pudiera afectar a los niños. Sin embargo, día a día su propósito se ha ido desvirtuando y la necesidad de esa Ley se hace cada vez más evidente: el Gobierno la aplica con intenciones meramente políticas.

“Conatel hasta ahora no ha abierto ningún procedimiento por el tema de transmisiones y producciones adecuadas para la infancia en los canales. Todos los procedimientos que se han abierto tienen contenidos políticos”, explica el investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Andrés Cañizález.

Demandas ignoradas

Silvia Alegrett, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, señala que muchas personas no hacen denuncias formales porque saben que no serán procesadas. Cuando diversas personas han acudido a Conatel para pedir que se abra una investigación contra algún medio del Estado, no ha pasado nada.

Por ejemplo, en julio de este año, el director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, introdujo una demanda contra el conductor de La Hojilla, Mario Silva, por los insultos que recibió de su parte durante el programa que se transmite en VTV. Hasta ahora no se ha abierto la correspondiente investigación.

Globovisión, en el curso de su defensa, consignó declaraciones de voceros del oficialismo que, según el abogado del canal, Ricardo Antela, “configuraban apología del delito e incurrían en todo lo que se nos acusa a nosotros. Lo consignamos para denunciar discriminación en la aplicación de la Ley, pero Conatel se limitó a señalar que no se estaba evaluando la actuación de VTV sino la de Globovisión y desestimó todas esas pruebas”.

“No sé en qué momento planea el Directorio de Responsabilidad Social de Conatel evaluar la actuación de VTV porque está integrado por 11 personas que simpatizan con el proceso revolucionario”, añade el abogado. 

Recuadro

Globo los tiene locos

Siete procedimientos han sido iniciados por Conatel contra Globovisión:

1.      16 de octubre de 2008. Por las declaraciones de Rafael Poleo difundidas en Aló Ciudadano

2.      27 de noviembre de 2008. Por las declaraciones de Henrique Salas Feo referentes a las elecciones regionales.

3.      7 de mayo de 2009. Por la cobertura que dio el canal al sismo ocurrido tres días antes.

4.      16 de junio de 2009. Por supuestamente vulnerar el artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que castiga el coadyuvar en la comisión de delitos.

5.      3 de julio de 2009. Por la transmisión de campaña a favor de la propiedad firmada por Cedice y Asoesfuerzo.

6.       7 de septiembre de 2009. Por la transmisión de mensajes de texto en el programa Buenas Noches.

7.      30 de junio de 2011. Por la transmisión de las imágenes de los sucesos en las cárceles Rodeo I y II. Este es el único caso que ya está decidido.

“Lo de Globovisión es una demostración del sesgo con el cual maneja Conatel la aplicación de la Ley Resorte”

Andrés Cañizález, investigador del Centro de DDHH de la UCAB

Si Leopoldo López resulta electo, no se sabe qué pasará

Patty Fuentes Gimón

Pese a que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de Leopoldo López, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, aseguró que el dirigente de Voluntad Popular “goza de todos los derechos políticos consagrados en la Constitución, como elegir y ser electo”.

La situación es bastante confusa. Morales explicó que López puede participar en cualquier votación, pero de resultar electo no se sabe si podrá ejercer el cargo. “No se encuentra inhabilitado desde el punto de vista político. Sin embargo, no podemos pronunciarnos acerca de situaciones futuras. Si resultase electo, tendríamos que dar una interpretación en ese momento”, señaló.

La presidenta del máximo tribunal sostuvo también que lo que resulta inejecutable es la nulidad de las resoluciones administrativas de la Contraloría General que “obedecen a establecer la protección en contra de la corrupción” porque sería un retroceso “en los avances que ha dado Venezuela en la lucha contra la corrupción”.

Por esta razón, no admiten la modificación del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, ya que “eso sería intromisión en la soberanía del pueblo venezolano para dictar sus leyes y desarrollar los principios constitucionales”. El TSJ además considera inejecutable “la nulidad de los actos administrativos por los cuales se inhabilitó administrativamente a López”.

Pasan por encima de la Corte IDH

Morales recordó que Venezuela ha firmado dos convenciones interamericanas en contra de la corrupción, una en 1996 y otra en 2003. Por ello, destaca que “hay una gran diferencia entre una norma que tiene carácter supraconstitucional y otra integrada a la Constitución misma. En este caso la Constitución absorbe y amplía el contenido del convenio”.

La magistrada señaló que no existen posibilidades de penalización porque “el órgano internacional se extralimitó en lo que debe ser la aplicación de los Derechos Humanos. Resultaría ilógico que a Venezuela se le castigue por mantenerse firme frente a las convenciones que ha firmado”.

Un magistrado rojo, rojito

Arcadio de Jesús Delgado Rosales tiene 57 años de edad, nació en Maracaibo y es abogado de la Universidad del Zulia. Hoy es magistrado de la Sala Constitucional del TSJ y, además de declarar inejecutable la sentencia de la Corte IDH en el caso de López, ha presidido ponencias de suma importancia para el país.

• En mayo de 2010 negó la medida cautelar innominada presentada por RCTV Internacional, mediante la cual se solicitaba regresar a la señal de televisión por suscripción.
• En noviembre de 2010 declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por los defensores de Raúl Isaías Baduel, contra un auto dictado en agosto de 2010 por la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar.
• En octubre de 2010 declaró con lugar la solicitud de desestimación de una denuncia presentada por Pablo Medina contra Hugo Chávez por ejercer violencia contra la mujer en el caso de María Lourdes Afiuni.
• En agosto de 2008 declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por Xiomara Lucena Guédez contra el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General que establece sanciones como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.  

Comprar armas es tarea fácil

Patty Fuentes Gimón

A los delincuentes cada vez se les hace más sencillo conseguir un arma de fuego para cometer crímenes. Según Amnistía Internacional, en Venezuela hay aproximadamente 12 millones de armamento de fuego ilegal, mientras que los números que maneja el Observatorio Venezolano de Violencia revelan que son 5 millones.

Lo cierto es que las propias cifras de asesinatos, hurtos, secuestros, sicariatos y otros delitos evidencian que las armas están por doquier. ¿Cómo se nutre este mercado de armas ilícitas? El criminólogo Fermín Mármol García resalta cuatro maneras de obtener armamento de fuego ilegal.

En primer lugar, existen cuatro grupos subversivos que manejan el tráfico de armas y municiones ilícitas en Venezuela, que controlan la ruta del narcotráfico, del secuestro y de las extorsiones. Estas agrupaciones son: las FARC, el ELN y los paramilitares (estos tres son colombianos) y el Frente Bolivariano de Liberación (venezolano).

En segundo lugar, Mármol García destaca la corrupción, es decir, “el funcionario público, ya sea civil o militar, que es reclutado por el delito organizado y empieza a recibir prebendas por distraer y negociar municiones y armamentos en el país”.

El criminólogo añade que “hay un mercado negro que se nutre de aquel particular que ha sido sorprendido en un atraco, en hurtos a viviendas o a empresas, o sea, esto sucede cuando la delincuencia venezolana desarma a la población civil”.

Por último, se refiere al lavado de dinero. “La delincuencia organizada, a través del dinero obtenido del narcotráfico o del secuestro, empieza a comprar armamento en el exterior, que por vía marítima llega a Venezuela desde otros países latinoamericanos. Este es el narcotráfico que en Venezuela opera como puente, como territorio de movilidad de los narcóticos, pues 52% de los cargamentos de cocaína que llegaron a Europa y África el año pasado salieron de Venezuela, según la propia Organización de Naciones Unidas”, sostiene.

El diputado Juan Carlos Caldera, miembro de la Comisión de Política Interior y que lleva adelante el proyecto de la Ley para el Desarme, coincide con Mármol García y resume tres grandes fuentes para disponer de armas ilícitas: robo o extravío de armamento legal de personas con porte, contrabando que viene de otro país y decomiso de armas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.  

Las ganancias del delito

De acuerdo con Caldera, 63% de las personas que murieron el año pasado por armas de fuego recibieron más de cinco impactos de bala, lo que demuestra la factibilidad de disponer de municiones.

Hoy en día, el precio de un arma de fuego ilegal es de aproximadamente 5 mil bolívares fuertes, pero depende de la capacidad de carga de municiones que tenga el armamento y de si es automática o semiautomática. Una caja de 50 municiones cuesta alrededor de 600 bolívares fuertes, explica Mármol García.

“Las ganancias producto del delito son de tal magnitud que el riesgo está minimizado y que a los delincuentes les parece económico comprar armas y municiones. Por ejemplo, cada secuestro express está en 100 mil bolívares fuertes y el secuestro prolongado en 500 mil bolívares fuertes. En 2011, en comparación con 2010, se rompió el récord de asalto a bancos y blindados, y el secuestro volvió a repuntar desde julio de este año. También el microtráfico y el tráfico de drogas generan ganancias muy importantes”, agrega el experto.

El especialista en criminología analiza que más aún sucede esto en un país donde la policía uniformada no está en la calle, el Cicpc está acuartelado, la ciudadanía está desprotegida y la impunidad está montada en 92%. A su vez, resalta que desde febrero de 1999 hasta hoy el secuestro se ha incrementado en 480% y el homicidio en 270%, y que Venezuela está entre los 15 países más corruptos del planeta.

Lo que los diputados proponen

Caldera informa que uno de los planteamientos que hacen los diputados que participan en el proyecto de Ley para el Desarme es la individualización del cartucho, ya que “es la única manera de tener la seguridad de a quién se le vendió la munición y eso va a permitir que las personas que adquirieron municiones sean más responsables en el destino que le dan”.

También propone la serialización de las municiones y utilizar diferentes colores para saber quién tiene la bala, es decir, para las Fuerzas Armadas, un color; para los policías, otro; y para los civiles, otro.

Recargadoras artesanales

El criminólogo Fermín Mármol García sostiene que en las barriadas venezolanas es muy factible que existan recargadoras artesanales, es decir, máquinas caseras con las cuales los ciudadanos comunes pueden elaborar municiones. El último decomiso de un aparato de este tipo fue en 2009, cuando funcionarios de la Policía Metropolitana desmantelaron en Petare una recargadora artesanal.

Sólo 8 de cada 100 delitos son castigados en Venezuela