La situación carcelaria de Venezuela llega a la ONU

Patty Fuentes Gimón

Una Ventana a la Libertad envió el pasado domingo a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe sobre la situación penitenciaria en Venezuela para ser considerado en el Examen Periódico Universal (EPU) al que el país será sometido el próximo 7 de octubre en Ginebra.

La ONG destaca, entre otras cosas, que en el sistema carcelario venezolano hay un 300% de hacinamiento, pues la población penitenciaria es de 44.520 reclusos, mientras que la capacidad instalada es de 14.500.

Por otro lado, el estudio revela que, a pesar de que la legislación venezolana y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos establecen la clasificación de los internos, "en las cárceles venezolanas no existe ningún tipo de clasificación, ni siquiera una simple entre procesados y penados, delincuentes primarios o secundarios, menores de 30 años y mayores de 30 años", lo que dificulta la creación de planes de reinserción social.

Respecto a la violencia intramuros, Una Ventana a la Libertad se basa en los números del Observatorio Venezolano de Prisiones, según el cual en los últimos cuatro años se registraron 1.762 reclusos muertos y 3.974 heridos, en su mayoría por armas de fuego, ya que "se ha hecho cotidiano el empleo de armas de altos calibres, granadas fragmentarias y todo tipo de armamentos en posesión de los reclusos que evidentemente llegan a ellos por vía de los funcionarios de la Guardia Nacional... así como de los de la Dirección General de Servicios Penitenciarios del Ministerio de Interiores y Justicia", indica el texto.

En el informe se da a conocer también que 78% de la población reclusa es procesada, debido a la ausencia de transporte para el traslado a los tribunales además de la falta de jueces y fiscales del Ministerio Público que den agilidad a los procesos. Asimismo, se subraya la importancia de que el personal en las prisiones tenga conocimientos penitenciarios, pero esto no se cumple en Venezuela.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La ONG que defiende a los reos reiteró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado a seis cárceles del país medidas de protección desde el año 2006 con el fin de "garantizar la vida de los privados de libertad", pero "la violencia y la muerte siguen estando presentes en estos recintos carcelarios".

El Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, es uno de los que cuenta con medidas de protección. Sin embargo, en septiembre de 2010 los reclusos mantuvieron durante tres días un enfrentamiento armado del que resultaron 18 fallecidos y 40 heridos. Para calmar la riña, "ameritó la intervención de 1.800 efectivos de la Guardia Nacional, helicópteros, paracaidistas, francotiradores, tanquetas, etc. como si en efecto se tratara de una guerra".

En el Centro Penitenciario de Occidente (Uribana), otra de las prisiones con medidas de la CIDH, se presentan regularmente los llamados "Coliseos", en los cuales los reos sostienen una "lucha cuerpo a cuerpo para resolver sus conflictos y buscar poder... se colocan en el patio de la cárcel y en grupos de 2 pelean con armas blancas rudimentarias mientras los otros reclusos observan esperando su turno para combatir".

“Me recuperaré cuando Chávez se vaya”

Patty Fuentes Gimón

Foto: Emilio Boschetti

Su voz no se quiebra ante las adversidades. Estar pagando una condena de seis años no frena su lucha. A pesar de estar detenido desde el 2 de diciembre de 2009 en el retén policial Patrulleros de Caroní, en Puerto Ordaz, William Saud mantiene firme su posición de reorganizar la pequeña minería.

“Luego de operarme, pasaré un tiempo en casa de mi hija en Maracay y después regresaré a mi tierra, en Las Claritas, donde realmente hago falta porque tengo una responsabilidad con la pequeña minería que nos la quieren desarticular”, dice el minero de 62 años que hoy desde las 5:00 am se someterá a una operación a corazón abierto, con una duración de entre 9 y 11 horas, en el Hospital Clínico Universitario de Caracas.

−El Estado creó en 2004 la Misión Piar, ¿qué pasó con ese plan?

−Es lamentable reconocer que por quien votamos para que hubiera cambios, lo que hizo fue dejarnos un futuro incierto. Chávez inicialmente nos prometió un reordenamiento de la pequeña minería con la Misión Piar. Por eso me aboqué a colaborar con él, pero luego me vi traicionado. Ahora el general Rangel Silva, encargado del Plan Caura, ordena maltratar a los mineros, pero no vamos a tolerarlo. Si hay que pagar presidio, lo pagaremos pero seguiremos en la lucha hasta que logremos legalizar la pequeña minería.

−Entonces usted estaba con el Gobierno antes de ser detenido.

−Yo nunca he estado con este Gobierno ni con Gobierno alguno. Siempre estoy del lado de la razón, donde hay una legalidad para el desarrollo de la pequeña minería. Vi en la Misión Piar una luz al final del túnel después de tantos años, pero fue un desencanto más. Protestamos en 2005 porque la trasnacional Crystallex International Corporation incumplió un contrato que había firmado con la Corporación Venezolana de Guayana para beneficiar a las comunidades y generar 4.500 fuentes de empleo en menos de dos años. Después de 6 años, el pasado 3 de febrero, la CVG rescindió el contrato por incumplimiento, o sea, nos dio la razón.

−Si usted sólo lideró una protesta común, ¿por qué el Estado se ensañó de esa manera?

−Si hay algo que altera los nervios de los políticos es que los desenmascaren. El general Francisco Rangel Gómez, que era presidente de la CVG en 2002, fue quien otorgó a la trasnacional la concesión sin licitación donde está detectado el yacimiento aurífero más grande de Latinoamérica y el tercero del mundo, con reservas de más de 20 millones de onzas de oro. Luego, Crystallex le otorgó en 2002 al general 15 millones de dólares en efectivo para ser invertidos en servicios comunitarios, pero hasta el sol de hoy no sabemos qué pasó con ese dinero.

Prisioneros del mañana

Su salud se ha visto cada vez más afectada desde que fue apresado en 2009. Los tribunales no habían cumplido con sus deberes hasta la semana pasada que Saud recibió una medida humanitaria extraordinaria para colocarse tres bypass, pues tiene tres arterias obstruidas.

“Yo era un hombre sano, activo y trabajador. La enfermedad que me aquejaba antes de ser detenido era cáncer de piel, que me estaba haciendo metástasis, por el exceso de sol al que me sometía a diario. Le exigí a los tribunales que autorizaran el traslado a un centro de salud porque además tenía enfisema pulmonar, pero me fue negado durante un año. Eso fue acrecentando mi padecimiento. Se me complicó la próstata y comencé a sentir dolores en el pecho”, relata el minero.

En enero de este año, por fin fue trasladado a una clínica de Puerto Ordaz e intervenido quirúrgicamente para atacar el cáncer. Cuando se realizó los estudios preoperatorios, también se aplicó un examen completo en el que se reveló una afección cardiológica, por lo que había que operarlo con urgencia. No fue sino hasta el pasado jueves que lo llevaron al Hospital Clínico Universitario.

−¿Considera que el problema que tiene ahora en el corazón es consecuencia de la prisión?

−Definitivamente mi afección cardíaca se generó por el encierro. Nunca me había separado de mi familia. De repente, me vi privado de libertad ilegítimamente y de manera injusta. Sin duda, eso me causó reacciones orgánicas, sobre todo en el corazón. El estrés agravó mi padecimiento, nunca había sufrido del corazón.

−Le otorgaron una libertad provisional…

−Esta no es ninguna libertad. Es una medida chucuta porque el Poder Ejecutivo tiene secuestrado al Poder Judicial que perdió la legitimidad, autenticidad y autonomía. El Poder Judicial hace lo que dictamine una llamada telefónica.

−¿Quién determina cuándo estará usted completamente recuperado?

−Mi recuperación total depende de cuando se vaya Hugo Chávez. Ahí sí voy a enfrentar a la justicia, pero una justicia diferente, con jueces honestos, que no se vendan ni obedezcan órdenes políticas y que tengan solvencia moral. Con esos jueces es que quiero enfrentarme porque la situación va a ser diferente. Los que ayer me acusaron serán los prisioneros de mañana. Una de las habitaciones que hay en el calabozo donde estoy se la tengo al general Rangel Gómez y la otra a Chávez, por supuesto, porque le voy a planchar la verruga.

−¿Cómo ha sobrellevado su familia toda esta situación?

−Mi familia es muy solidaria. A pesar de todas las vicisitudes, han sido fieles conmigo. Seguimos luchando y enfrentándonos con sacrificio y mucho coraje a esta situación. Tengo cinco hijos, seis nietos y una esposa bella que amo mucho.

−¿Su esposa se mantiene fuerte?

−Claro que sí. No sólo porque sabe que seré liberado, sino porque saldré reconstruido y repotenciado para darle tres muchachos más.

“Libertad sin vida, ¿para qué?”

Patty Fuentes Gimón

Han transcurrido seis días desde que la fiscal superior del estado Bolívar notificó que introducirá ante los tribunales superiores una medida sustitutiva de libertad para William Saud por sus condiciones de salud. Pero el minero sigue detenido en la sede de Patrulleros de Caroní.

“El tribunal no se ha pronunciado. Mis abogados llevaron el documento a la Sala Superior de Apelaciones de Ciudad Bolívar, donde lo recibieron y lo enviaron vía fax a la Sala de Casación Penal del TSJ que debe ser la que libre la boleta de excarcelación”, relata Saud, quien amerita con urgencia una operación a corazón abierto por tener tres arterias coronarias obstruidas.

El minero recluido en Puerto Ordaz desde el 2 de diciembre de 2009 y sentenciado a seis años de prisión por liderar una protesta en Las Claritas tiene pautada una cita para mañana jueves en el Hospital Clínico Universitario, de Caracas, donde lo intervendrán quirúrgicamente, por lo que ese día comenzará con los exámenes preoperatorios.

“Ojalá que, si no me van a dar la libertad, por lo menos me envíen un equipo médico o una ambulancia para trasladarme al hospital. Es el Estado quien tiene que garantizar mi salud. No soy un delincuente común, sino un preso político. No estoy interesado en libertad. Libertad sin vida, ¿para qué? Lo que clamo es justicia… Dios quiera que no me suceda nada aquí adentro”, expresa el minero de 62 años de edad.

No les bastó con Brito

Al día siguiente de la visita de la fiscal superior, Saud fue llevado al Hospital Militar de Puerto Ordaz, donde un cardiólogo lo evaluó y su informe coincidió con el del médico personal del paciente, por lo que recomendó que sea operado de inmediato. Asimismo, le explicaron que dicho centro de salud no está capacitado para atender su situación.

“Ese día los funcionarios me informaron que la orden que dieron desde arriba era que me internaran en el Hospital Militar de Puerto Ordaz. Por eso me declaré en desobediencia civil. Ya tenemos la experiencia de Franklin Brito y no quiero que se repita conmigo ni con ningún venezolano”, añade.

Saud asegura que desacatará cualquier orden de traslado a un hospital que no esté en condiciones de atender su salud. “Si me trasladan al Hospital Clínico Universitario, al Pérez Carreño o me dan los recursos para ver qué clínica puede atenderme, lo acepto. Pero no voy a aceptar algo que vaya en detrimento de mi salud ni de mi seguridad personal”, advierte.

Atienden salud de William Saud

Patty Fuentes Gimón

Después de un año y tres meses, el Estado está atendiendo la salud de William Saud, detenido desde 2005 en la sede de Patrulleros de Caroní, en Puerto Ordaz, por liderar una protesta en Las Claritas. 

Es probable que hoy se realice una audiencia especial para imponer el beneficio y hacer entrega de la boleta de libertad.

Desde el 2 de diciembre de 2009, día en que el minero de 62 años fue encarcelado y sentenciado a 6 años de prisión, ha estado solicitando un traslado para ser asistido médicamente, pues padecía de cáncer de piel en estado de metástasis, tiene problemas pulmonares y de próstata, además de ser hipertenso.

Un año después, autorizaron su traslado y el 24 de enero de 2011 fue intervenido quirúrgicamente para atacar el cáncer en una clínica privada de Puerto Ordaz, en la cual tuvo que utilizar sus propios recursos, pues el Estado no veló por su derecho a la salud.

“No me habían permitido el traslado, sólo me llevaron dos veces a un hospital de emergencia, donde me tomaron la tensión y me pusieron una inyección. Ahora, cuando me hicieron los estudios preoperatorios, me salió este problema en tres arterias coronarias y amerito una operación a corazón abierto para instalarme tres bypass”, explica Saud.

Resultados de las protestas

Tras la presión generada por ONG, sindicatos y la sociedad civil que exigen medidas humanitarias para el dirigente minero, el miércoles representantes de la Defensoría y la Fiscalía lo visitaron y aseguraron que pronto su caso será resuelto.

Esa noche, también asistió al centro de reclusión Marlene de Castro, doctora forense de Puerto Ordaz. “Dudó de la veracidad de mi caso. Le dije que si es médico, no debe dudar jamás de la veracidad de un informe: un estudio de cateterismo que es bien delicado y preciso. Le planteé mi situación y me dijo que iba a llevarla a los tribunales”, relata.

Saud considera que la atención del Estado es producto de la rueda de prensa que ofrecieron el miércoles el sindicalista recién liberado Rubén González y el representante de Javu, Lorent Saleh, pues “enviaron un mensaje muy contundente”.

Además, ayer asistió a la sede de Patrulleros de Caroní la fiscal superior del estado Bolívar, quien notificó que introducirá ante los tribunales superiores una medida sustitutiva de libertad para el minero por sus condiciones de salud.

“Tengo que trasladarme a Caracas para efectuarme la operación porque la abogada Tamara Sujú hizo contacto con el doctor Sergio Brandis, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario que se puso a la disposición de operarme, supongo que de forma gratuita por ser un hospital público”, expresó.

Preso por protestar

William Saud fue detenido el 2 de diciembre de 2009 por los presuntos delitos de agavillamiento, incitación al cierre de vías y al pánico y la zozobra de la colectividad. “Todo fue por una protesta que se ejecutó en 2005, en la que el alcalde Carlos Chancellor y yo intervenimos como mediadores para evitar una matazón en la Corporación Venezolana de Guayana por el incumplimiento de un contrato y el maltrato hacia la población minera. Ahora estamos en la etapa de apelación ante la Sala de Casación Penal del TSJ”, señala el minero.

Avesa dejará de funcionar el 28 de febrero

Patty Fuentes Gimón

El próximo 28 de febrero la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) dejará de funcionar a falta de recursos financieros, pues el Ministerio de Salud lleva dos meses sin entregarle el subsidio aprobado en la Ley de Presupuesto Nacional para 2011, asignado por la Asamblea Nacional.

"Este año los niños, niñas y adolescentes pobres y abusados sexualmente, que el Estado no atiende y tampoco permite que atendamos las organizaciones no gubernamentales, se quedarán a la deriva. Esperamos respuesta pública de la ministra de Salud antes de esa fecha", expresa Mercedes Muñoz, presidenta de la asociación que, desde hace 26 años, apoya a víctimas de violencia sexual y doméstica.

Desde hace dos meses, el personal de Avesa no recibe salario, por lo que la directiva se vio obligada a pedirles la renuncia a los trabajadores.

"Dimos plazo hasta el 31 de enero para que el Ministerio de Salud nos contestara, pero hasta ahora no nos han respondido ni una letra; la política ha sido el silencio. No tomamos la decisión antes porque tenemos que cerrar los casos e informarles a los pacientes la situación", explica.

IRREGULARIDADES DESDE 2010 
Los desembolsos eran repartidos, normalmente, cada tres meses, al comienzo de cada trimestre. Sin embargo, desde el año pasado "la ministra Eugenia Sader decidió que serían otorgados al final de cada trimestre, por lo que tuvimos que usar recursos de otras partidas de nuestra organización y luego reponerlos", añade Muñoz.

Además, la presidenta de la ONG denuncia que en 2010 los primeros tres subsidios fueron entregados a destiempo y el último de los pagos aún no ha sido efectuado.

"Después de insistir e insistir, técnicos medios nos dijeron que los recursos que estaban destinados a Avesa fueron enviados a la Fundación Barrio Adentro y que la ministra ahora decidirá a cuáles organizaciones seguirá subsidiando", señala.

CULTURA DE PODER
Los casos de violencia sexual y doméstica que llegan a la Fiscalía son procesados y, posteriormente, enviados a organizaciones como Avesa porque el Estado no ofrece servicios de apoyo psicológico.

"Ninguna escuela de Psicología, Derecho o Psiquiatría de este país estudia la atención a victimas de violencia sexual y doméstica, a pesar de que es un tema problemático porque todos estamos llenos de prejuicios y tendemos a caer en la culpabilización de la víctima", asegura Muñoz.

La presidenta de Avesa estima también que, en Venezuela, las cifras de estos casos pueden ser tan espeluznantes como las de homicidios.

"Es un tema de poder. Generalmente, ocurre en la sombra, en su propia casa, con su padre biológico, su padrastro, su tío o su hermano. Es la palabra de una niña de 5 años contra la de su papá", indica.

Asimismo, refiere que en la medida en que las personas son más pequeñas, las cifras de niñas y niños abusados sexualmente son equivalentes, mientras que si son adolescentes, las víctimas son mayormente niñas porque se juntan los factores de poder: edad y sexo.

"Aprendí a pintar en la cárcel"

Patty Fuentes Gimón

Las horas pasan lentamente en Ramo Verde. Leer libros, conversar con sus compañeros, escribir y hacer deporte durante los últimos ocho años no ha sido suficiente para que Julio Rodríguez Salazar “mate los minutos de ocio”.

Cuando en la cárcel ofrecieron un curso de pintura lírica, el ex sargento primero de la Policía Metropolitana no dudó en inscribirse. Fue tanto el esmero que le puso, que el pasado 12 de noviembre fueron exhibidos sus 17 cuadros a base de piedra molida en Miami, Florida, con el fin de recolectar dinero para sus familiares y, próximamente, presentará una segunda tanda de obras.

“En vista de la injusta condena que pesa sobre mis hombros, quiero y necesito seguir ayudando a mi familia”, expresó a través de una carta el ex funcionario condenado a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002.

Con colores oscuros, rejas y cadenas, Rodríguez Salazar logró plasmar la tristeza que lo invade desde que fue separado de su esposa, sus siete hijos y su nieto. “Son ocho años con este sufrimiento y este dolor. Mi esposa viene casi siempre a la visita; ella es muy fuerte y mantiene la fe por delante de todo. Seguiremos luchando y esperando”, dice.

El ex PM de 47 años relata que, cuando fue detenido, tenía sólo un nieto y ahora tiene cinco: de 9, 4 y 3 años, uno de 1 año y el más pequeño que cuenta con 7 meses de nacido.

“Mis hijos siempre me traen a los niños. Tres de ellos no viven aquí y los he visto muy pocas veces… se la pasan preguntándome cuándo voy a visitarlos. Para mi hijo de 12 años ha sido muy difícil, pues pasó de ser un niño de 3 años a un adolescente de bachillerato. Le toca vivir la tortura de venir a verme todos los fines de semana; él es quien más me visita”, añade.

Un país sin futuro

Rodríguez Salazar utiliza la bandera de Venezuela y los colores azules para contrastar sus deseos de salir en libertad con la forma en que el país perdió su norte. “Aunque tengo muchas esperanzas de irme, no creo que con Chávez en el poder, pueda salir de aquí… Sé que saldré algún día, pero no sé cuándo”, lamenta.

El ex agente tendría hoy 30 años de servicio en la Policía Metropolitana y asegura que lo acusan de homicidio frustrado en complicidad correspectiva cuando “se demostró que la foto que utilizan para involucrarme era de muchas horas antes de que ocurriera el enfrentamiento y que muchos de los PM que estamos presos nos conocimos en este calvario, no antes”.

Transcurridos estos ocho años tras las rejas, el interno ya puede optar por una medida sustitutiva de la pena, pero según denuncia, el tribunal hace caso omiso de los trámites que ha introducido: “Esa gente es fuerte… ni les viene ni les va lo que nos pase a nosotros aquí”.

Su salud, incluso, se ha visto afectada por la negligencia de las autoridades. En diversas oportunidades ha solicitado ser asistido por un médico, ya que padece de problemas de vista. Sin embargo, aún no le han practicado el chequeo general.   

  

Fe ante todo

Julio Rodríguez Salazar confiesa que “hay días en que uno se va de boca y se le viene el mundo encima”. No obstante, asegura tener muchas esperanzas de salir pronto de la prisión, pues agradece que cuente con muchas personas que le brindan apoyo y le dan fortaleza. “Lo que nos interesa es buscar la forma de salir de esto. Mientras tanto, hacemos mucho ejercicio y trabajamos en lo que sea. Por eso, hace poco me entregaron un certificado de trabajo”, señala y hace énfasis en lo sarcástica que puede ser la vida: “Trabajé con el papá de Erasmo Bolívar y ahora estoy preso con su hijo”.

“Me han quitado todo cuanto han podido, pero jamás mi dignidad y mi responsabilidad para con los míos”  

Julio Rodríguez Salazar

“Tengo fuerzas gracias a mi familia”

Patty Fuentes Gimón

Diciembre de 2004 era la fecha tope para que Erasmo Bolívar saliera en libertad. Al menos así lo creían sus familiares. Ese año, el agente de la Policía Metropolitana, recluido por los sucesos del 11 de abril, planificó tener un hijo con Mayrim, quien actualmente es su esposa, para poder criarlo juntos. En mayo de 2005, nació la pequeña, pero Bolívar aún sigue recluido en Ramo Verde.

“De verdad pensábamos que a finales de 2004 él iba a salir porque eso nos decían siempre… que todo estaba hablado. Estábamos muy esperanzados, nunca pensamos que ocho años después íbamos a seguir en esto”, expresa Mayrim.

Aunque las cosas no han salido como ellos esperaban, el 21 de agosto de 2009, decidieron formalizar su relación y se casaron en la cárcel. Bolívar asegura que Mayrim fue la de la idea. “Ella está siempre pendiente de levantarme el ánimo, darme fuerzas y valor. También me enseña a mantenerme al pie del cañón. No es fácil para nadie meterse en esto desde el principio”, dice.

La esposa del interno insiste en que seguirán luchando porque ninguno de los dos decae fácilmente. “Todos los años, cuando llega enero, pensamos que antes de que finalice el año vamos a salir de esta situación. Chávez no se da cuenta del daño que le hace a la familia de los presos políticos, sobre todo a los niños. Mi hija va a cumplir seis años en mayo y ya está empezando a preguntar por qué su papá no la lleva a la escuela como a los otros niños, no duerme con ella y tienen casas distintas. Ella piensa que Ramo Verde es la casa de su papá”, relata.

La pequeña a su vez pregunta constantemente a su padre por qué trabaja tanto y manifiesta querer vivir con él. “En diciembre, su abuela la llevó a una iglesia cristiana en la cual todos hacían sus peticiones. La niña cerró los ojos y se le salieron las lágrimas. Cuando le preguntaron qué le pasaba, dijo que el único regalo que ella quiere en Navidad es que su papá salga de ahí”, cuenta Bolívar.

“Tengo miedo de perder la vista”

Además de que en el caso del PM se ha pasado por alto el debido proceso, están siendo violados sus Derechos Humanos. Hace aproximadamente un año, Bolívar sufrió un desprendimiento de la retina y lo operaron de emergencia. En junio de 2010, asistió a retirarse el silicón y los puntos.

“Desde entonces, he solicitado que me trasladen a un centro asistencial para hacerme los chequeos postoperatorios, pero el tribunal nunca me responde. Tengo miedo de perder la vista porque a veces la tengo nublada. La juez solicitó que venga un médico forense a vernos a todos los internos, pero todavía estamos esperando”, denuncia el privado de libertad que ingresó a la prisión cuando sólo tenía 27 años y ahora tiene 35.

Para “ganarle tiempo al tiempo”, Bolívar aprendió a hacer bisutería y es el coordinador deportivo de la prisión de Los Teques. “En diciembre de 2008, me lesioné en un torneo de baloncesto. Según la resonancia, en una rodilla tengo una contusión de los ligamentos y en la otra, un edema debajo de la rótula. Deberían operarme, pero el tribunal nos pone trabas”, añade.

A pesar de que el Estado ni siquiera está velando por su salud y de que en abril de 2009 lo sentenciaron a 30 años de prisión, el PM no pierde las esperanzas: “Mi familia me da mucha fuerza. Tendría que volver a nacer para agradecerles lo que han hecho por mí”. 

“Estamos aquí por una orden presidencial. Esto fue como una torta: se le dio el pedazo más grande a quien mejor le pareció porque no hay pruebas”  

Erasmo Bolívar