La Constitución es el pecado original del socialismo

Patty Fuentes Gimón

Doce años han sido más que suficientes para evidenciar que la Constitución de 1999 deja caminos para que el Gobierno establezca un sistema socialista-comunista, debido a los poderes aumentados con los que goza el Presidente de la República.

Así lo considera el abogado constitucionalista José Vicente Haro, quien sostiene que hay una especie de contradicción en la Carta Magna, pues aunque promueve la descentralización, el Estado federal y mayor poder para los estados y municipios, permite que el Ejecutivo, entre otras cosas, controle de manera absoluta y sin ningún tipo de intervención por parte del Poder Legislativo todo lo referente a la Fuerza Armada Nacional.

“Además, al darle una Ley Habilitante en cualquier área, le está concediendo facultad para legislar. Eso ha facilitado que el presidente Chávez no cumpla con los artículos que promueven la descentralización y, por el contrario, haya concentrado el poder a través del paquete de leyes de 2007 y de los decretos ley que ha dictado durante el último año”, dice.

Es por ello que el constitucionalista asegura que la Asamblea Nacional ha sido utilizada como un cuerpo legislativo del Presidente, quien lo ha manejado según sus intereses para centralizar cada vez más el poder “bajo el esquema político del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, que es el primer proyecto socialista de la nación, donde más se le ha hecho daño a la Constitución”.

El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Asdrúbal Aguiar coincide con Haro y añade que la Carta Magna es una “tienda por departamento, ya que la parte dogmática (que tiene que ver con los principios, valores y DDHH) muestra una Constitución ambiciosa, pero la parte orgánica (la que organiza la estructura del Estado y de los poderes públicos) tiene un andamiaje de vocación autocrática, militarista y personalista”.

A juicio de Aguiar, “el pecado original de todo lo que ha ocurrido en estos 12 años está en la Constitución, pues en ella nació el actual modelo que deifica al Estado y consagra al poder como algo que está por encima de cualquier ciudadano. Esto se debe a que fue redactada por el chavismo; 98% de los escaños de la Asamblea Nacional Constituyente los tenía el chavismo. Para cualquier país del mundo las constituciones no son documentos que aprueban la mayoría, sino el resultado del consenso social de todos los actores del país, mayorías y minorías”.

Estado paralelo

Pese a que expresa que la realidad demostró que una cosa es escribir un texto constitucional y otra es quién lo gobierna, el constituyentista Froilan Barrios no piensa igual que los otros dos expertos.

“Aquí se ha montado un Estado paralelo que no está en la Constitución. Este es el Estado comunal, ya que no se tenía planteado el socialismo, los consejos comunales, violar el Consejo Federal ni violentar la descentralización. En 1999 el Gobierno tenía una visión progresista de la sociedad, pero ahora tiene una posición reaccionaria que contradice por completo los preceptos constitucionales”, agrega.

“Hay que cambiar la concepción constitucional de 1999 porque que no nos permite madurar como país hacia formas de organización pública más democráticas”

Asdrúbal Aguiar, ex juez de la CorteIDH

Ramo Verde es la única opción

Patty Fuentes Gimón

Que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, haya asomado la posibilidad de trasladar a los privados de libertad del Sebin a “otros centros de reclusión” causó inquietud en los familiares de los reos.

“Si eso llega a pasar, nos van a poner peor de lo que ya estábamos. Vamos a estar entre ansiedad, nervios y preocupación porque no es lo mismo estar en el Sebin (el Helicoide), donde están un poco seguros, que ir a meter a unos policías con unos malandros. Ahorita por lo menos pueden dormir tranquilos de que no va a haber un motín y, además, la visita es con un trato decente, a diferencia de las revisiones que hacen en las otras cárceles”, expresa Dayana Vivas, hija del comisario Henry Vivas, detenido por los sucesos del 11 de abril de 2002.

Sin embargo, tanto la joven como los abogados consideran que si son trasladados a Ramo Verde, en Los Teques, sería una decisión correcta porque “como es una cárcel militar, tienen toda la seguridad del mundo”, señala Theresly Malavé, defensora de los comisarios Henry Vivas, Iván Simonovis y Lázaro Forero.

“En Ramo Verde tendrían la oportunidad de redimir la pena con estudio y trabajo. También podrían salir al sol. La vida les cambiaría a la que debe tener un preso. De resto, en ninguna otra cárcel pueden estar porque ponen en peligro sus vidas. Ninguna otra tiene las condiciones para albergar a los presos políticos. Si no han podido garantizar la seguridad de los presos del país y ahora está peor el sistema de justicia, ¿cómo va a pensar la ministra ahora en cambiarlos de sitio?”, se pregunta Malavé.

Parámetros internacionales

Gonzalo Himiob, del Foro Penal Venezolano, explica que existen parámetros que permiten definir a qué tipo de institución penitenciaria debe ir una persona de acuerdo con el tipo de pena que esté cumpliendo. “Habría que reconocerles su carácter de presos y perseguidos por motivos políticos, lo que implicaría que su lugar de reclusión no puede ser una cárcel en la que vayan a convivir con delincuentes comunes. Al propio Chávez se le trató como preso político y contó con las garantías que debía”, dice.

La legislación venezolana no distingue entre presos comunes y políticos, pero la doctrina internacional impone que se les trate diferente a los detenidos por motivos políticos. “Quizás no debe ser de una forma más privilegiada, pero sí de manera diferente porque para que haya resocialización no deben mezclarse los diferentes tipos de delincuentes”, añade el abogado penalista.

Himiob aplaude la iniciativa de la ministra porque “el Sebin no está habilitado ni estructural ni legalmente como un sitio para que las personas permanezcan recluidas más del lapso de la detención preventiva”. No obstante, sugiere que también deben ser valorados los internos que ya pueden optar por medidas alternativas al cumplimiento de la pena, pues “si se quiere cumplir con la ley, que se haga tanto en un sentido como en otro”.