martes, 25 de octubre de 2011

Varela, un "Fosforito" que no prende



Patty Fuentes Gimón
Tiene 15 años trabajando en las cárceles y conoce todos los penales del país. Formaba parte de la extinta Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios y ahora es funcionario del Ministerio de Servicios Penitenciarios, que está a cargo de Iris Varela.

Su identidad prefiere resguardarla, pues teme perder su trabajo. Él forma parte de los casi 200 efectivos del nuevo ministerio que, a través de las redes sociales, denuncian maltratos por parte de la conocida “Fosforito”.

“A casi tres meses de la designación de la ministra, existe un ambiente de incertidumbre. Las primeras acciones de ella fueron el desalojo del personal del Consejo Superior Penitenciario, que si bien es cierto ha sido un fracaso, también es cierto que se habían logrado avances”, manifiestan los afectados en su blog http://dnspcombativa.blogspot.es.

Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, asegura que esta página web es de trabajadores penitenciarios serios. “Comparto que hay muchos choros metidos en ese mundo, pero también hay gente buena. El descontento es porque la ministra no lo está haciendo bien. Cuando uno conoce cómo se debe llevar la cárcel y ve las locuras que ella está haciendo, no queda más que protestar”, indica.

Además, se señala en el blog que se desecharon las investigaciones, los manuales de clasificación y agrupación de penados y procesados, y la caracterización de la población penal que tuvieron costo para el Estado porque “fueron realizadas por funcionarios bajo las órdenes de Tareck El Aissami”, añade el texto.

Específicamente, el vocero de identidad resguardada destaca que Varela “desde que llegó no quiere trato con el personal existente, nos trata a todos de corruptos, viciados y tarifados, nos dice que todos iremos pa’ fuera. Las piezas que deja son las más viciadas. Los equipos técnicos que están evaluando son los que siempre han cobrado con los gestores en los penales, pero ahora con la orden de evaluar a todos los internos favorables, así no lo estén porque ella quiere cifras sin medir consecuencias”.

Por otro lado, “en las visitas que ha hecho la ministra a las prisiones se niega a atender al personal. Los deja de manera grosera esperando horas. Sus palabras son: ‘Yo vengo a atender a los privados de libertad, no a ustedes. No tengo nada que hablar con ustedes’. Y se marcha”, sostiene el trabajador carcelario.

De la cárcel modelo a la conflictiva
Según Nieto Palma y estos funcionarios, más de 40 reos han muerto y casi 80 han resultado heridos desde que inició la gestión de Varela quien, en su cuenta de Twitter, ha resaltado que ha disminuido la conflictividad en las cárceles, pero los bloggeros aclaran que no se ha desarmado ningún penal; por el contrario, “cárceles que eran modelo ahora son conflictivas como la Comunidad Penitenciaria de Coro y la Mínima de Carabobo, además de que se han producido secuestros de familiares y funcionarios”.

Los trabajadores del Ministerio de Servicios Penitenciarios señalan que Varela “ha tratado de  contrarrestar esto con la promesa de libertades a la población penal, como si ella controlara el Poder Judicial, ha ordenado que se evalúe y se apruebe a todos los internos, así no estén aptos para volver a la sociedad, ya que, según ella, con eso acaba el negocio en las evaluaciones, porque si todos saldrán aprobados, nadie pagará”. 

A su vez, explican que cuando estos internos vulneren sus beneficios procesales y regresen a prisión, “la solución se volverá en contra de la ministra porque los reos ya no podrán optar a otro beneficio y deberán cumplir su pena completa, hacinando aún más los recintos penitenciarios”.

Los tweets de @dnspcombativa
Trabajadores de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios se enfrentan a la ministra a través de las redes sociales:
  • @irisvarela señora acá todos respondemos con TRABAJO codo a codo con los internos, no con amenazas
  • @irisvarela Ud. ni imagina lo que es un secuestro en un penal… Usted ni sabe a qué le suena una granada y tener que salir arrastrado, yo sí
  • @irisvarela a Ud. nunca le han matado a machetazos a alguien en su cara; a nosotros sí

40 reclusos o más han sido asesinados desde que se creó el Ministerio de Servicios Penitenciarios

"Amnistía en el desarme es una ventaja"



Patty Fuentes Gimón
Para desarmar a la población se requiere de acciones conjuntas del Estado con todos los sectores del país. El diputado Juan Carlos Caldera, de la Comisión Mixta para el Desarme (de la Asamblea Nacional), sugiere propuestas como el canje de armas por oportunidades y la identificación por colores de las municiones.

–¿De qué trata el canje de armas por oportunidades?
–Es un plan anónimo y voluntario en el cual las personas entregan armas o municiones a cambio de oportunidades como beneficios de alimentación, vivienda, becas de estudio, cupos universitarios, empleo y materiales de construcción.

–Tomando en cuenta el valor que muchos venezolanos les dan a las armas, ¿considera usted realmente viable esta iniciativa?
–No es una tarea sencilla. Primero tenemos que ganarnos la opinión pública mediante una campaña de sensibilización. La posibilidad de que se tenga amnistía en la entrega de armas siempre es una ventaja. Sin embargo, también tiene que haber desarme compulsivo, tarea de los cuerpos de seguridad, para darle un golpe certero a la delincuencia organizada.

─¿Cuál es el planteamiento que hace la Comisión Mixta acerca de la identificación de las municiones?
–La idea es ponerles colores a las municiones para diferenciar las que usan la Fuerza Armada de las que usan los civiles o las policías. También queremos serializar las municiones para que se sepa a quién fueron vendidas y hacer el levantamiento del parque de armas de las policías.

Trabajo en equipo
La Comisión Presidencial y la Comisión Mixta para el Desarme deben ir de la mano. Aunque muchas de sus funciones están demarcadas, unas tantas otras son compartidas.
Caldera forma parte de ambas y asegura que no se puede “caer en guerra de protagonismos porque el país lo que  está esperando es que se resuelva el problema”.

–¿Cree usted que existe contradicción entre las propuestas de las dos comisiones?
–No debería haber contradicción porque tienen competencias complementarias. La Comisión Presidencial tiene una labor de mediano y largo plazo, que es el diseño y desarrollo de una política pública en control de armas. La Comisión Mixta tiene una tarea única que es la redacción de la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

–¿De cuáles otras funciones se encarga cada comisión?
–La Comisión Presidencial está haciendo investigaciones de las rutas de armas para llegar a un censo de armas ilegales. También revisa la normativa en la importación de armas, elabora una campaña de concientización y formación, y realiza una encuesta nacional. La Comisión de la AN redacta la ley. Lo que pasa es que la ley no va al detalle; permite el desarrollo de una política, pero al Gobierno le tocará la implementación de las políticas de desarme.

Cifras oscuras
Al preguntarle acerca de las cifras de armas ilegales en el país, Caldera señala que ese es uno de los grandes desafíos que tiene la Comisión Presidencial porque “hay cifras para todos los gustos… Unos hablan de 3 millones, otros de 5 y hasta de 12 millones. La verdad es que no tenemos un registro certero de eso. Sólo sabemos que están permisadas alrededor de 20 mil armas legales”.