Se extiende la pena prepagada de Afiuni

Patty Fuentes Gimón

El ensañamiento contra María Lourdes Afiuni continúa. El martes la fiscal 37º del Ministerio Público, Emylce Ramos, solicitó al Tribunal 26º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas una prórroga de dos años más de privación de libertad para la jueza, con el pretexto de que las audiencias han sido diferidas por su responsabilidad y la de sus defensores.

Para esto la Fiscalía se basó en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal que, aunque establece que no se puede sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, resalta la excepción de que el MP “podrá solicitar al juez de control una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen”.

Al respecto, el abogado de Afiuni, José Amalio Graterol, asegura que “la fiscal Luisa Ortega Díaz dice que esto es por causas imputables a nosotros, pero la principal causa de que no se haya llevado a cabo el juicio oral y público es que Chávez pidió en cadena 30 años de prisión para la jueza. Además, no vamos a someterla a un juez que ha indicado ser fiel al Presidente y que nunca lo traicionaría. No se ha hecho el juicio porque el juez Alí Paredes está parcializado y tiene la orden de condenarla. No se separa de la causa por interés político”.

El abogado destaca que el caso de Afiuni es un capricho del presidente Chávez, pues “tiene miedo de que ella salga a la calle a decir lo que pasó en su caso y quiere sostener el miedo en el Poder Judicial porque los jueces no deciden conforme a la ley, sino conforme a lo que les ordenen. Se ven en el espejo de Afiuni, quien cumple una pena de banquillo, prepagada, adelantada sin haber sido condenada”.

Para Graterol este proceso penal nunca debió existir porque el Ministerio Público en la audiencia preliminar señaló que “no hubo dinero ni promesa de dinero, por lo que nunca se configuró el delito de corrupción propia por el cual está detenida desde el 10 de diciembre de 2009”.   

Este viernes ambas partes acudirán a una audiencia oral para que el juez decida si acepta la solicitud del Ministerio Público. “Como conocemos a Paredes, sabemos que se mantendrá presa por lo menos dos años más mientras continúa el proceso en su contra”, lamenta Graterol.

Un caso de DDHH, dos versiones

Patty Fuentes Gimón

Dos versiones giran en torno al caso de Luis Rafael Escobar Ugas, quien permanece detenido desde hace 15 días en el penal José Antonio Anzoátegui por flagrancia, homicidio intencional simple en grado de frustración, instigación al odio público y agavillamiento, delitos que podrían condenarlo a 10 años de prisión.

De acuerdo con Escobar Ugas, presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos, él, junto a cuatro otros miembros de esa ONG, se encontraban el pasado 21 de noviembre realizando una protesta y una vigilia frente a la sede de la Fiscalía en el estado Anzoátegui para exigir celeridad procesal.

Entre otros casos, los manifestantes solicitaban que se hiciera justicia en el caso de la dirigente social de ese estado Norma Castillo, quien a juicio de Escobar Ugas “ayudó en un proyecto de construcción de viviendas que no fue culminado”, por lo que la acusan de malversación de fondos.

“Después de la primera noche frente a la Fiscalía, ella, con otras 40 personas, fue para allá. Su esposo se me vino encima con un machete y un compañero mío le quitó el arma. Norma agarró el machete para pegarme a mí, pero el golpe le cayó a su esposo y le abrió una herida como de tres puntos en la cabeza”, relata.

Escobar Ugas añade que, como él viene denunciando a varios fiscales de Anzoátegui, muchos de ellos se confabularon con Norma Castillo para meterlo preso.

El otro lado de la moneda

Por el contrario, Castillo afirma ser una luchadora social para conseguirles viviendas a los ciudadanos y denuncia que Escobar Ugas fue quien agredió a su esposo y casi lo deja sin vida.

“Me contaron que él puso en la Fiscalía un cartel que decía: ‘Norma Castillo es una terrorista, hasta cuándo este retardo procesal, métanla presa’. Así que me fui para allá con mi esposo, mi hija de 12 años y tres directivas del Frente Movimiento de Pobladores para hablar con él”, dice.

Tras destacar que Escobar Ugas tiene denuncias por estafas, venta de drogas, hurto calificado, ente otros, Castillo cuenta que al llegar a la Fiscalía le reclamó por daños y perjuicios a su moral, a lo que él respondió con un empujón. “Mi esposo me defendió y ahí empezó el manoteo. Se metió la policía y le dijeron que se tranquilizara. Igual trató de impedirme el acceso a la Fiscalía y, como insistí, se volteó y de un carro sacó un machete. Mi esposo me tiró para un lado y le cayó el machetazo en la cabeza”, agrega.

La dirigente vecinal expresa que su esposo está vivo “por la misericordia de Dios. De casualidad no lo enterré. Lo tuve hospitalizado cuatro días y ahorita es que se está recuperando. Ugas no puede decir que está preso por culpa de los fiscales, sino porque lo agarraron en flagrancia. Tengo miedo de que lo saquen porque si fue capaz de sacar un machete, mañana puede agarrar una pistola o mandarme a matar”, sostiene, entre lágrimas.

La cultura de violencia no tiene límites

Patty Fuentes Gimón

Pese a que el porcentaje de asesinatos a menores de edad no es muy alto, cada día son más frecuentes los casos en los cuales los niños participan en homicidios, ya sea como víctimas o como victimarios.

De acuerdo con un estudio cualitativo elaborado por Incosec, que se basó en publicaciones de más de 40 periódicos, del porcentaje de muertes violentas en el país levantado por este instituto en el primer semestre de 2011, 3,5% de las víctimas fueron niños entre 6 y 14 años, mientras que 37,9% fueron jóvenes entre 15 y 24 años de edad.

Lo que motiva principalmente al homicidio es el robo como gran problema de seguridad ciudadana en Venezuela (36%), seguido de las discusiones y los ajustes de cuenta (que en total suman 36,8%).

Las cifras del informe “Somos Noticia” de Cecodap revelan que entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, 576 menores de edad fueron asesinados, lo que en promedio representa 48 homicidios a niñas, niños y adolescentes cada mes.

Con estos datos, se evidencia que una de las principales causas de la violencia en el país es la exposición constante de la población a situaciones agresivas, pues en muchos casos los ciudadanos ven como alternativa la violencia en la resolución de conflictos que son propios de la convivencia en cualquier sociedad.

Según Unicef, existen tres factores que influyen en la incorporación de adolescentes en la delincuencia: el entorno violento, el fácil acceso a las armas y a las drogas lícitas o ilícitas.

“La cultura de violencia ya no tiene límites. En algunos lugares hay causas que agravan la situación, pero lo cierto es que la violencia se nos ha venido haciendo natural porque se ha vuelto cultura, lo que significa que ya no reaccionamos frente a eso”, explica la coordinadora del Programa de Educación para la Paz de Fe y Alegría, Luisa Pernatele, quien utiliza como ejemplo el caso del joven de 11 años que presuntamente fue asesinado el pasado mes en Montalbán por un compañero de su misma edad, al parecer por una discusión mientras jugaban Playstation.

No hay políticas públicas

Fernando Pereira, coordinador general de Cecodap, considera que los patrones de masculinidad en la sociedad venezolana también promueven la violencia, pues “a los niños desde pequeños la única expresión emocional que se les permite es la rabia. El varón en nuestro entorno no puede llorar ni manifestar debilidad. Si les pegan en la escuela, los mandamos a devolver el golpe. Estamos programándolos para que la forma de resolver los conflictos sea la violencia. Así crecen y cuando llegan a la adolescencia, la situación empeora”.

Por su parte, Pernalete destaca que la violencia no sólo es física, sino también verbal, y señala que contar con leyes no es suficiente para abordar esta problemática.

“Además, los niños se están criando solos en todos los sectores, por lo que están siendo de alguna manera abandonados y se refugian en el Internet y en la televisión. También es preocupante que la mayoría de los niños han visto armas, ya sea porque los delincuentes no la esconden o porque han sido víctimas de un asalto”, sostiene.

La vocera de Fe y Alegría a su vez denuncia la ausencia de políticas públicas y de trabajos de prevención sistemáticos. “Las instituciones que antes se ocupaban de los muchachos (familia, escuela e iglesia) han perdido liderazgo en la sociedad. Nos hemos ido desinstitucionalizando y hay un enrome desprecio por las normas”, dice.