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lunes, 21 de marzo de 2011

“Chávez perderá las elecciones de 2012”



Patty Fuentes Gimón
Ante la obligación penal de otorgar la libertad condicional al ex alcalde de Sifontes en Bolívar, Carlos Chancellor, el Estado sumará nuevas imputaciones a su caso para mantenerlo tras las rejas.

Después de que el juez de Ejecución de la causa recibiera su expediente en el que se explican los motivos por los cuales le corresponden medidas cautelares de libertad, el jueves fue trasladado a la Fiscalía 2 de Puerto Ordaz “sin la autorización del tribunal competente” presuntamente para imputarle nuevos delitos.

“El 15 de marzo cumplí 4 años y un mes detenido en Patrulleros de Caroní. Mi pena es de 7 años y 3 meses. Tengo carta de buena conducta y de trabajo, por lo que, de acuerdo con la ley, ya procede otorgarme el Régimen Abierto. Pero ahora oficiaron al comisario Saúl Cordero, comandante del retén policial, para que me llevara a la Fiscalía", denuncia Chancellor.

Por si fuera poco, hubo irregularidades en este nuevo procedimiento, pues el tribunal de Ejecución es el único ente con potestad para ordenar cualquier traslado del ex alcalde y, además, sus abogados fueron informados a destiempo.

“Mi defensa fue notificada el miércoles en la tarde porque acudió al tribunal casualmente a conocer sobre el estado de mi expediente. Debido a la celeridad del caso, mis abogados no pudieron estar presentes porque tenían compromiso con otro juicio. Yo no firmé el acta que pretendían que firmara en la Fiscalía y argumenté que el oficio había sido una violación flagrante del debido proceso. Hay un expreso retardo procesal de un año”, explica Chancellor, quien será llevado nuevamente el miércoles al tribunal, junto con sus representantes legales.  

En vista de que su situación parece empeorar, el dirigente informó que desde hoy se declara en resistencia civil y en huelga de hambre. “Tomo la decisión como consecuencia de que se están irrespetando mis derechos y de que desconozco cualquier nueva imputación. El general Rangel Gómez y el presidente Chávez están detrás de todo esto”, expresa.

−En este tipo de casos, la justicia funciona…
−En mi caso han sido muy diligentes y a la velocidad del rayo se cumplen los procedimientos. Sin embargo, hace un año introduje una denuncia contra Claudio Turchetti porque a través de un medio de comunicación se refirió a mí como asesino. La demanda, por difamación e injuria, fue admitida por el tribunal correspondiente y, posteriormente, el ciudadano aludido recurrió a la Corte de Apelaciones. Aún no se han pronunciado. En cambio, en mi caso, cuando conocen que puedo salir en libertad, proceden de inmediato a imputarme de nuevo.

−¿Estima usted de cuáles delitos se le pudiera imputar en esta ocasión?
−Sospechamos que es por heridas en refriega, pero hay dos vicios en este delito. Primero, en la audiencia preliminar, la misma Fiscalía que actuó como órgano acusador dijo que ese delito había prescrito al juez de la causa, quien decidió remitirlo a la Corte de Apelaciones para revisar si realmente había prescrito. Segundo, las personas que presuntamente resultaron heridas no tienen informes médicos forenses y nadie puede ser procesado por heridas en refriega sin este documento. También me acusan de arrebatarle el arma a un militar durante la protesta en Las Claritas.

−¿Realmente cree usted que lo tienen preso por liderar dicha manifestación?
−Absolutamente, no. El mayor delito que cometimos fue el de denunciar el fraude del Estado venezolano, realizado por el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, general Francisco Rangel Gómez, quien desconoció las cláusulas del contrato entregado por su empresa a la trasnacional Crystallex Corporation para hacer negocios en las bolsas de valores del mundo. Se le entregaron a esta empresa bienes nacionales con un costo de 187 millones de dólares por tan sólo 15 millones de dólares, lo que resta una diferencia de 177 millones de dólares. No nos perdonan haberlo denunciado y por eso nos persiguen judicialmente y, con el control de todos los poderes, imponen su criterio y nos condenan.

−¿El minero William Saud está detenido por los mismos delitos que usted?
−Han tratado de hacerle ver a la opinión pública que yo estoy preso por motivos diferentes, como corrupción y asesinato. Sin embargo, estoy detenido con Saud por los mismos delitos: agavillamiento (me acusan de haberme agavillado con él a pesar de que pertenecemos a distintas toldas políticas), incitación a delinquir y cierre de vías de circulación. La única diferencia es que él fue juzgado en libertad y yo estando preso, supuestamente por peligros de fuga a pesar de que cumplí estrictamente el régimen de presentación.

“Preso ni en el hotel Alba”
Además de la frustración por la forma en que se ha manipulado la justicia en su caso, Carlos Chancellor manifiesta sentirse sumamente afligido por la línea de separación que la cárcel ha creado entre él y sus familiares. Sin embargo, asegura que no se rendirá, ni ahora ni nunca.

−¿Cómo han manejado sus padres esta situación?
−No tengo palabras para expresarlo. Mi mamá está sufriendo un cuadro clínico preocupante porque se le está durmiendo el brazo y tememos que le pueda dar una hemiplejía. Mi papá recientemente sufrió desmayos y es hipertenso. En estos cuatro años, sólo he podido ver una vez a mi mamá y dos a mi papá porque no pueden viajar. Mis hijos no han podido estar conmigo porque deben atender a mis padres. Pronto hay que trasladar a mi madre a Ciudad Guayana para que sea atendida de emergencia.

−¿Suele recibir visitas con frecuencia?
−Antes de que mi mamá se enfermara, mis hijos me visitaban todos los días. Tengo 11 hijos y 12 nietos. Soy el papá de John Carlos Chancellor, uno de los jugadores que viajó con la Vinotinto a España y Perú. Mis hijos están muy identificados conmigo y me apoyan en todo. La menor tiene 11 años, me separé de ella cuando tenía sólo 7. La mayoría de mis nietos son pequeños: de 8, 6 y 5 años. Siempre preguntan por mí… Afortunadamente, me permiten recibirlos en la sala de visita y no en el calabozo… Pero la hora más triste es la despedida.

−¿Y su esposa? ¿Tiene esperanzas de que usted sea liberado algún día?
−Sí, claro. No vale rendirse; todos mantenemos las esperanzas, a pesar de las consecuencias que refleja esto con mi familia, el distanciamiento y las visitas prohibidas en muchas oportunidades. Gracias a Dios he mantenido mi salud, pero preso ni en el hotel Alba.

−¿Qué lo hace mantenerse fuerte?
−Aunque intentan dejarme más tiempo en prisión, asumo el reto porque estaré aquí hasta el año 2012 cuando tendremos un nuevo Presidente. Resistiré hasta entonces porque se hará justicia en todos los casos de presos políticos venezolanos. Si algo ha demostrado la juventud, es que existimos presos políticos en Venezuela y que en el próximo proceso electoral rescataremos la democracia y la justicia.

−Si tuviera la oportunidad de reunirse con el presidente Chávez, ¿qué le diría?
−Que se prepare porque va a perder las elecciones de 2012. No le voy a pedir perdón ni me voy a arrodillar… Si quiere dejarme preso, que me deje preso porque se hará justicia con el próximo Presidente de Venezuela que será electo democráticamente y Chávez tendrá que respetar la voluntad del pueblo. Si no salgo por la vía de la justicia ni se me reconocen mis derechos y beneficios que me corresponden, saldré indultado por el próximo mandatario que hará que se respeten los derechos civiles, políticos y democráticos de los que somos presos políticos.

“Si algo ha demostrado la juventud, es que existimos presos políticos en Venezuela y que en el próximo proceso electoral rescataremos la democracia y la justicia” 
Carlos Chancellor


martes, 1 de febrero de 2011

Los oficios ahora matan sentencias


Patty Fuentes Gimón
Foto: Saúl Uzcátegui
Eloísa Álvarez lleva cinco años tratando de recuperar su vivienda en Colinas de Bello Monte, Caracas. En 2002 decidió alquilar su apartamento porque no tenía ingresos suficientes para mantener a sus dos hijas. Cuando venció la prórroga legal de los inquilinos, en octubre de 2009, Álvarez les avisó que debían retirarse de la vivienda, pero estos se negaron, por lo que el caso fue llevado a tribunales.

Después de un año y un mes de espera, en noviembre de 2010 se firmó la sentencia firme con orden de desalojo forzoso, pero no logró que los arrendatarios salieran.

El 10 de enero de 2011, la propietaria del apartamento presentó una segunda orden de desalojo forzoso a sus inquilinos, quienes solicitaron un lapso de 15 días para salir voluntariamente, de los cuales se les otorgaron 10, por lo que debían retirarse el 20 de enero.

Cuando llegó el día y Álvarez notó que los arrendatarios no tenían intenciones de salir, decidió instalarse en el pasillo frente a su apartamento. Han transcurrido once días desde entonces y los inquilinos alegan estar amparados por la ley, pues el 14 de enero el Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo las instrucciones del presidente Chávez, publicó un oficio que suspende temporalmente los desalojos de inmuebles alquilados.

“Hay muchas Eloísas”
Álvarez es uno de los 1.500.000 propietarios que se ven afectados por el oficio del TSJ, según el coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Raimundo Orta Poleo, quien también estima que directamente deben haber sido detenidas las ejecuciones de 4 mil sentencias en todo el país.

“El oficio lo firma Luis Estela Morales en su carácter de presidenta de la Comisión Judicial del TSJ y no en nombre de la presidencia del TSJ porque eso no ha pasado por un juicio. Esa comisión no tiene facultad para ordenarles a los jueces que no ejecuten temporalmente medidas judiciales, preventivas o ejecutivas que conlleven al desalojo de inmuebles destinados a vivienda o habitación, aun existiendo sentencia definitiva”, explica el abogado.

El escritorio jurídico Orta Poleo ejerció el recurso de reconsideración administrativa para que, en los próximos 15 días, revoquen totalmente la decisión. “Ya quedan sólo 4 días. Si no lo hacen, tendremos que recurrir a la Sala Constitucional porque se violan los derechos a la defensa y al debido proceso”, señala.

¿Desalojos arbitrarios y masivos?
A juicio del experto en materia inmobiliaria, “en gran parte se acabó el Estado de derecho en el país porque un órgano administrativo no puede ir contra los poderes Judicial y Legislativo”.

Orta Poleo indica que esta medida proviene de un error fundamental que se comete en Venezuela: “El TSJ no debería tener funciones administrativas que antes dependían del Ministerio de Justicia”.  
El abogado denuncia que el oficio estuvo motivado “porque algunas personas que se dicen representantes de los arrendatarios, convencieron a esos órganos de que aquí se producen desalojos arbitrarios y masivos. No pueden ser arbitrarios porque siempre vienen de un acto de un tribunal, ni pueden ser masivos porque los juicios son individuales”.

¡Alerta, inquilinos!
Orta Poleo entiende a los inquilinos, pues después de que declararon la congelación de alquileres, quedaron inmovilizados. “No consiguen lugar para mudarse como inquilinos, sino que tendrían que pasar a ser propietarios y los inmuebles no están al alcance económico de muchos de ellos. Por eso, se aprovechan de este oficio”, dice. Sin embargo, advierte a los inquilinos que se mantengan al día con sus pagos y busquen vivienda porque “cuando se levante esta medida podrían quedar en la calle”. El abogado asegura que “el Gobierno debe recapacitar, pues está contrariando totalmente la Constitución”.

“La ley establece cómo son los procesos judiciales y ningún órgano, ni siquiera un tribunal, lo puede modificar” 
Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de Apiur