viernes, 18 de marzo de 2011

Libre hasta que se recupere



Patty Fuentes Gimón
Tras ser trasladado al Hospital Clínico Universitario de Caracas, William Saud recibió una medida humanitaria extraordinaria por su condición de salud, ya que será operado el próximo lunes a corazón abierto.

La medida no incluye régimen de presentación, pero sólo tiene vigencia hasta que el minero detenido por liderar una protesta en Las Claritas se recupere de su enfermedad y sea llevado nuevamente a Patrulleros de Caroní, en Puerto Ordaz, para continuar pagando su pena.

Saud informó que, luego de ser intervenido quirúrgicamente y cumplir su reposo en el hospital, pasará una temporada en casa de su hija en Maracay, estado Aragua. Posteriormente, regresará a su casa en el sur del estado Bolívar antes de regresar a prisión.

Ayer le realizaron un electrocardiograma y hoy comenzarán con las muestras de sangre y otros exámenes preoperatorios para que el lunes puedan colocarle un puente o un bypass en el corazón.

Querían llevarlo al Hospital Militar
El minero de 62 años relató que, ayer en la mañana cuando fue trasladado a Caracas, los funcionarios pretendían llevarlo al Hospital Militar, pero él se opuso. “Les recordé que estoy acogido al artículo 350 de la Constitución y en desobediencia civil, por lo que de ninguna manera iría al Hospital Militar”, expresó.

Saud destacó también que “sorpresivamente”, antes de que fuera liberada la boleta de excarcelación, fue buscado en el retén policial por una avioneta de la Gobernación de Bolívar, bajo la custodia de efectivos de la Disip.

“Lo más sorprendente es que quien fue a solicitar mi traslado fue el principal acusador en mi caso, el coronel Julio César Fuentes, comandante de la Policía de Bolívar que, cuando la rebelión del pueblo en contra de los maltratos de las Fuerzas Armadas y de una empresa trasnacional, fungía como comandante del TO5 y fue quien inició las provocaciones e incitó a la población a la violencia: le quitó la cámara a una periodista que recogía los hechos”, recordó.


jueves, 17 de marzo de 2011

“La democracia está en crisis”



Patty Fuentes Gimón
Durante la conferencia “Reflexiones sobre la crisis de la democracia y los límites de la obediencia en nuestros tiempos” realizada ayer en el Colegio de Ingenieros, el historiador Ariel Segal aseguró que “el fenómeno de la democracia venezolana es parte de un fenómeno mundial en el cual entra una crisis de la democracia, que se refleja en casi todos los continentes de la tierra”.

Los sistemas de los siglos XIX y XX, a pesar de que se han ido perfeccionando y regenerando, están obsoletos para la realidad actual. “Las ideas del siglo XIX, de las revoluciones francesa y americana, con el tiempo fueron evolucionando pero para la revolución tecnológica, mediática y comunicacional, además de la situación económica, ya no funciona ese sistema democrático”, añadió, al tiempo que recomendó transformar los sistemas político y económico para adaptarlos al presente.

El también periodista explicó que uno de los problemas es que la caída de los regimenes totalitarios condujo a que la humanidad se volviera más escéptica y racionalista. “Al perder las creencias religiosas, se dieron dos fenómenos en paralelo en el siglo XXI: la vuelta a las religiones y una nueva tendencia a buscar en ideologías trasnochadas un camino para darle certeza a la gente. Lo que sucede es que esas viejas ideologías no ofrecen nada nuevo porque se basan en ideologías que ya fracasaron”, dijo.

Segal aclaró que esta crisis democrática está ocurriendo en el mundo entero, pero que “dependiendo del sistema que haya en cada país, se manifiesta diferente”. Como ejemplo, señaló que mientras en Estados Unidos “no se quiere regular nada”, en Venezuela “se quiere regular todo”, y expresó: “No es bueno caer en fanatismos de ningún tipo. El comunismo fracasó, pero el exceso de capitalismo sin regulación también fracasó”.

De igual manera, destacó que en EEUU, después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, se crearon leyes que restringían en cierto modo el papel de los medios. “Hasta las democracias más sólidas caen por momentos, coartan la libertad cuando se sienten amenazadas. Por eso, cuando la democracia está en crisis, el rol de los periodistas es esencial”, agregó.

Continúa en marcha Operación Libertad



Patty Fuentes Gimón
Doce estudiantes se encadenaron frente a los tribunales de Puerto Ordaz, con el fin de exigir las libertades del minero William Saud y del alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor.

“Estamos dando un lapso de 24 horas para que los excarcelen. Ambos están presos por el mismo caso. Especialmente, exigimos la libertad de Saud por su grave estado de salud y porque hoy tiene cita en el Hospital Universitario de Caracas, donde será operado”, expresó Diógenes Vera.

Los jóvenes advirtieron que, si hoy a las 11:00 am el Estado no ha dado respuesta a sus solicitudes, tomarán nuevas acciones y se sumarán más personas a la protesta que iniciaron ayer estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana, Unesco, Universidad de Oriente, Iutirla, entre otras.

Vera relató que, además de los doce encadenados, muchos otros estudiantes se sumarán por la liberación de los demás presos políticos en estados como Yaracuy, Carabobo y Zulia.

Los voceros de la Operación Libertad reiteraron que “todavía quedan pendientes en los primeros acuerdos la libertad de los PM Marco Hurtado y Arube Pérez”.

Operarlo es una urgencia
Mientras tanto, William Saud continúa a la espera del pronunciamiento del tribunal que le otorgaría una medida sustitutiva de libertad y su salud sigue deteriorándose.

El minero recluido desde 2009 por liderar una protesta en Las Claritas pasó todo el día “en cama”, pues se incrementaron los dolores en el pecho y en la espalda, además de sentirse “deprimido” por la falta de respuesta respecto a la operación a corazón abierto que deben realizarle con urgencia. Ante esta situación, dos paramédicos de la Emergencia 171 lo visitaron y le aliviaron las dolencias.

Saud informó también que ayer llegó a la sede de Patrulleros de Caroní un oficio emanado del tribunal. “No sé de qué se trata porque las autoridades del recinto policial no me han comunicado”, dijo. Hasta el cierre de esta edición, el minero seguía sin saber el contenido del oficio.

“Lo que no hemos logrado, estamos dispuestos a conquistarlo y a lograr la libertad así sea arriesgando nuestras vidas” 
Julio César Rivas, coordinador de Javu

miércoles, 16 de marzo de 2011

“Libertad sin vida, ¿para qué?”


Patty Fuentes Gimón
Han transcurrido seis días desde que la fiscal superior del estado Bolívar notificó que introducirá ante los tribunales superiores una medida sustitutiva de libertad para William Saud por sus condiciones de salud. Pero el minero sigue detenido en la sede de Patrulleros de Caroní.

“El tribunal no se ha pronunciado. Mis abogados llevaron el documento a la Sala Superior de Apelaciones de Ciudad Bolívar, donde lo recibieron y lo enviaron vía fax a la Sala de Casación Penal del TSJ que debe ser la que libre la boleta de excarcelación”, relata Saud, quien amerita con urgencia una operación a corazón abierto por tener tres arterias coronarias obstruidas.

El minero recluido en Puerto Ordaz desde el 2 de diciembre de 2009 y sentenciado a seis años de prisión por liderar una protesta en Las Claritas tiene pautada una cita para mañana jueves en el Hospital Clínico Universitario, de Caracas, donde lo intervendrán quirúrgicamente, por lo que ese día comenzará con los exámenes preoperatorios.

“Ojalá que, si no me van a dar la libertad, por lo menos me envíen un equipo médico o una ambulancia para trasladarme al hospital. Es el Estado quien tiene que garantizar mi salud. No soy un delincuente común, sino un preso político. No estoy interesado en libertad. Libertad sin vida, ¿para qué? Lo que clamo es justicia… Dios quiera que no me suceda nada aquí adentro”, expresa el minero de 62 años de edad.

No les bastó con Brito
Al día siguiente de la visita de la fiscal superior, Saud fue llevado al Hospital Militar de Puerto Ordaz, donde un cardiólogo lo evaluó y su informe coincidió con el del médico personal del paciente, por lo que recomendó que sea operado de inmediato. Asimismo, le explicaron que dicho centro de salud no está capacitado para atender su situación.

“Ese día los funcionarios me informaron que la orden que dieron desde arriba era que me internaran en el Hospital Militar de Puerto Ordaz. Por eso me declaré en desobediencia civil. Ya tenemos la experiencia de Franklin Brito y no quiero que se repita conmigo ni con ningún venezolano”, añade.

Saud asegura que desacatará cualquier orden de traslado a un hospital que no esté en condiciones de atender su salud. “Si me trasladan al Hospital Clínico Universitario, al Pérez Carreño o me dan los recursos para ver qué clínica puede atenderme, lo acepto. Pero no voy a aceptar algo que vaya en detrimento de mi salud ni de mi seguridad personal”, advierte.

martes, 15 de marzo de 2011

Menos represión, pero más criminalización



Patty Fuentes Gimón
Foto: Gregory Jiménez
Durante 2010 se presentaron 3.114 manifestaciones, de las cuales 1% fueron violentas, según el informe realizado por Provea y Espacio Público.

Enero fue el mes con más protestas (358), como consecuencia del racionamiento eléctrico y del cierre de RCTV Internacional, seguido de noviembre, cuando se registraron 326 y la principal demanda fue el pago de deudas a los trabajadores.

La mayoría de las luchas sociales ocurrieron en el estado Zulia, con un total de 559, casi todas por derechos laborales, al igual que en el resto del país, pues 36% fueron de trabajadores reclamando contratación colectiva, incremento salarial y libertad sindical.

Aunque en 2009 se contabilizaron 3.297 manifestaciones (5% menos que en 2010), las relacionadas con servicios básicos aumentaron 4%. De las 311 protestas que se presentaron en Miranda, 151 estuvieron vinculadas a servicios públicos.

Además de las luchas sociales por el derecho de los trabajadores (1.121) y por los servicios básicos (528), los venezolanos realizaron 230 protestas por seguridad ciudadana.

Invisibilizar la intolerancia
“En los últimos diez años, con excepción del repunte de 2008 y 2009, ha habido una tendencia a no reprimir violentamente las manifestaciones. En 2010 persistió esta dinámica, pero se incrementó la persecución, es decir, se sometió a juicio y se persiguió a los manifestantes”, reveló Carlos Correa, director de Espacio Público.

El año pasado fueron reprimidas 135 movilizaciones, 438 manifestantes resultaron detenidos y 386 heridos por armas de fuego, perdigones, ballenas, golpes y patadas.

Según Marino Alvarado, coordinador de Provea, desde 2005 “se inició una política de Estado donde participan los cuerpos policiales, el Ministerio Público y los tribunales, para abrir juicios penales a las personas por protestar, lo que evidencia el abuso del sistema de justicia con el fin de intimidar a la población”.

Sin embargo, Alvarado indica que, mientras en 2009 fallecieron cuatro manifestantes, el año pasado no murió ninguno y casi todos los homicidios de 2009 tuvieron resolución judicial. “Pareciera que el Gobierno está adoptando medidas eficaces para evitar que se usen armas de fuego en el control de manifestaciones”, expresa.

En el estudio se especifica que los responsables de las represiones fueron en 71% los cuerpos de seguridad, sobre todo la Guardia Nacional, y el resto de los agresores fueron grupos de choque. 

“A partir de 2009, hubo 52% de incremento respecto a 2007 y 2008 en las huelgas de hambre, que en 2010, fueron 98”

lunes, 14 de marzo de 2011

“Me cobran haber trabajado para Rosales”



Patty Fuentes Gimón
El caso de “Mazuco” muestra una vez más las irregularidades que se cometen en el sistema judicial de Venezuela. El ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Zulia fue condenado a 19 años de prisión el pasado 22 de diciembre presuntamente por haber estado involucrado en la muerte de Claudio Macías, supuesto agente de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército (DIM).

Mientras al comisario José Sánchez “Mazuco” lo acusan de autor intelectual del asesinato, aún siguen sin hallarse los autores materiales. “El hecho de que estemos en presencia de un homicidio, no significa que vamos indiscriminadamente a buscar a cualquier persona para responsabilizarla. Ni siquiera están declarados como testigos ni como imputados las personas que le quitaron la vida a ese señor, ni siquiera hay sospechosos”, denuncia Rómulo Pacheco, abogado del diputado electo recluido en la cárcel Ramo Verde, en Los Teques.

El cadáver de Macías fue encontrado ahorcado y con signos de violencia la madrugada del 8 de agosto de 2007 en el pabellón B del retén policial El Marite, donde había sido retenido pocas horas antes señalado de porte ilegal de armas, extorsión y otros delitos. Desde entonces, autoridades oficialistas de Zulia han involucrado a “Mazuco” en el acontecimiento, lo que llevó a que fuera sentenciado por homicidio calificado en grado de complicidad, privación ilegítima de libertad en grado de complicidad y quebrantamiento de pactos o tratados internacionales.

“Claudio Macías tenía una credencial ad honorem de Inteligencia Naval. Nunca hemos visto nada que diga que era de la DIM. Meses antes de su muerte, el alcalde Giancarlo Di Martino venía denunciando que Macías era un cobrador de vacuna y un extorsionador. Después de que fue detenido y asesinado, Di Martino dijo que era un agente de la DIM. La Policía de Zulia lo agarró en flagrancia; estaba amenazando con una pistola a un encargado de una cooperativa para que terminara un trabajo”, relata Pacheco.

Además, el representante legal de “Mazuco” asegura que, para detener a su defendido, “llamaron a un juez que estaba de vacaciones, lo hicieron incorporarse a su tribunal para decretar la medida de privativa de libertad”.

“La injusticia se ha ido incrementando”
Tras ser electo diputado el pasado 26 de septiembre, e incluso, ser el cuarto diputado más votado con más de 94 mil sufragios en Maracaibo, “Mazuco” recibió la medida cautelar de casa por cárcel el 8 de octubre. Esta decisión todavía seguía violando la Constitución, que en su artículo 200 garantiza la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, desde el punto de vista emocional, significó un gran avance para el comisario, pues pudo permanecer más de un mes junto a su esposa e hijo en su domicilio en Maracaibo. Pero el 28 de noviembre, fue enviado nuevamente a Ramo Verde: la jueza 7 de Juicio de Caracas, Fabiola Vesga, pasó por encima de la sentencia del TSJ.

−Comisario, ¿cómo sobrellevaron sus familiares el desacato de la medida de casa por cárcel?
−Desde ese día comenzó el verdadero drama. El mes fue muy nutritivo afectivamente. Mi hijo tiene cuatro años, me separaron de él cuando apenas tenía ocho meses de nacido. Lo poco que he compartido con él ha sido en la cárcel. Pensé que la Navidad de 2010 sería la primera que pasaría con mi niño. El 29 de noviembre se levantó y corrió a mi cama a saludarme como todas las mañanas. Pensó que estábamos jugando al escondite, pero nunca me consiguió.

−¿Qué explicación le han dado al niño?
−Él cree que estoy trabajando y que Ramo Verde es un colegio. Siempre que me visita, se agarra de los barrotes y me dice: “Papi, este colegio es feo”. Mi esposa lo lleva a un psicólogo infantil para que no vaya a tener consecuencias a futuro.

−¿Su esposa mantiene vivas las esperanzas?
−Ella no está muy bien porque la injusticia se ha ido incrementando. Los procesos contra nosotros siguen radicalizándose. Teníamos esperanzas tangibles en mi elección como diputado. Por eso, seguiremos apelando por la parte judicial, pero sabemos que este es un caso político. Todo se generó por acusaciones políticas. En el propio Ministerio Público me dijeron que mi caso es político, que me quedara quieto. Con Chávez en el poder, es difícil que salga a menos que cambie su actitud.

−Cuando lo sentenciaron, hubo señalamientos de un presunto testigo falso.
−Sí, un testigo falso con credenciales falsas de la Asamblea Nacional y un delincuente confeso encapuchado. Eso no está permitido en la legislación venezolana, fue un juicio totalmente irrito, arbitrario e insólito. Me están cobrando haber trabajado para Manuel Rosales.

−Si tuviera la oportunidad de hablar directamente con el presidente Chávez, ¿qué le diría?
−Que respete la Constitución y las leyes, que escuche la voz del pueblo y, sobre todo, que sepa que mi familia está presa junto a mí.