
Indicó que “las personas que están en esta situación de inhabilitación por parte de la Contraloría no pueden postularse para el desempeño de cargos públicos de elección popular o bien que hayan sido designados por las altas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial o cualquiera de las otras ramas del Poder Nacional, o de los estados y municipios”. Russián señaló que los políticos fueron inhabilitados porque en algunos casos hicieron pagos superiores a los que permite la ley, mientras que en otros le causaron daños al patrimonio público. Russián explicó que la inhabilitación comenzará una vez que culmine el mandato del funcionario, tal como lo establece una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia correspondiente a 2005.
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