TVes, ¿quién te ve?

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Cuatro años no han sido suficientes para que TVes alcance siquiera una cuarta parte de la audiencia que tenía Radio Caracas Televisión. Probablemente, el Gobierno pensó que al sacar del aire a RCTV, el 27 de mayo de 2007, gran parte de los televidentes pasarían a apreciar las transmisiones del nuevo canal del Estado.

Pero una fidelidad de más de cinco décadas no era fácil de derribar. “TVes no ha conseguido la misma audiencia porque no podía ser una transferencia automática. Ese canal no responde a las expectativas ciudadanas de democratización ni de superación de la calidad de la programación. Por el contrario, se dedica a transmitir propaganda política, lo que hace más difícil que supere la audiencia que tiene porque desde que nació ha estado enterrado ahí; el mismo presidente Chávez ha declarado que ese canal no lo ve nadie”, explica el analista comunicacional Oscar Misle.

Los números hablan por sí solos. De enero a mayo de 2007, el rating de RCTV fue en promedio de 2,57%, mientras que de mayo a diciembre de ese año el porcentaje en promedio de personas por cada minuto que vieron TVes fue de 0,38%. La participación de mercado de RCTV, en el mismo período antes mencionado, fue de 24% y la de TVes, de mayo a diciembre de 2007, fue de 3,8%.

Aunque la directiva de RCTV no maneja datos actualizados, asegura que los números se han mantenido porque “TVes no ha logrado subir más de ahí”. Así lo destaca el abogado del canal, Oswaldo Quintana, quien además afirma que “la programación de TVes ha variado en estos años, pero de todas formas no han logrado subir el rating… A la gente no le gusta ese canal, no lo ve. Se creó para justificar el cierre de RCTV, que realmente se hizo por una revancha política y, como la gente sabe eso, no lo ve”.

¿Qué tenía RCTV que no tiene TVes?

“RCTV es una televisora con un perfil muy particular, muy original, que logró prácticamente convertirse en identidad nacional. Se fue consolidando como uno de los canales más vistos por los venezolanos, compitiendo con Venevisión y generalmente superándolo. Por eso, tenía una altísima audiencia y una gran capacidad de producción de programas con cierta conexión con buena parte de los venezolanos”, señala Bernardino Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco).

A juicio del también coordinador de la maestría de Comunicación Social de la UCV, los canales del Estado “ocupan un espectro radioeléctrico prácticamente baldío y vacío a un altísimo costo, con muy mala capacidad de producción, importando más de 60% de su programación, pasando por encima de la Ley Resorte”.

RCTV ofrecía novelas venezolanas “de escritores muy dados a la idiosincrasia venezolana”, mientras que TVes brinda fundamentalmente películas “muy viejas porque tiene poca capacidad de producción, además de propaganda política que tiene a la gente muy aturdida. Por eso es que su rating no pasa de 4%”, añade.

Lucien coincide con Herrera y agrega que “le quitaron al venezolano una cantidad de programas que tenían una tremenda fidelidad por parte de la audiencia”.

Emigración a TV por cable

“La televisión venezolana ofrece muy pocas opciones. RCTV llenaba en buena medida expectativas de la audiencia. Con su cierre se le hizo un daño muy fuerte al patrimonio cultural venezolano. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de una población realmente en contacto con la televisión extranjera que no tiene nada que ver con la realidad del país”, sostiene Bernardino Herrera, del Ininco. El analista comunicacional Oscar Lucien afirma, por su parte, que “a partir del cierre de RCTV, hay una evidencia contundente en el incremento de usuarios de servicios por suscripción porque las audiencias se crean a lo largo de los años, son parte de hábitos de consumo de un medio determinado”.

Otorgan libertad plena a presunto violador

Patty Fuentes Gimón

Víctor Colmenares Lupión fue puesto en libertad ayer, luego de que el tribunal 2 de Control de Violencia Contra la Mujer considerara que no hay elementos que inculpen al juzgado, pues la joven de 24 años había acudido a la habitación del hotel por voluntad propia.

Colmenares Lupión estuvo preso 18 años en la Penitenciaría General de Venezuela por asesinar y violar a la modelo Marisol Da Silva Vieira en el año 1993. Además, muchas otras víctimas lo habían denunciado por intento de acoso sexual en varias oportunidades.

Sin embargo, la denuncia de la nueva víctima no fue escuchada del todo. De acuerdo con la versión de la mujer, de 24 años de edad, Colmenares Lupión, la sometió con unas tijeras para que tuvieran relaciones sexuales. Ella, al parecer, no quería porque el hombre no tenía preservativos. Ante esta situación, huyó dejándose caer por la ventana de la habitación 112 del hotel Filmar, en El Rosal.

“Al dejar en libertad a Colmenares Lupión, se está violando el derecho que tiene la mujer a preservar su salud. Parece mentira que esto pase cuando la justicia está en manos, mayoritariamente, de mujeres”, expresa Lilia Arvelo, directora del Instituto Metropolitano de la Mujer.

Algunas versiones destacan que la joven es trabajadora sexual y, probablemente, por eso hayan dejado en libertad a Colmenares Lupión. “Las trabajadoras sexuales tienen los mismos derechos que el resto de las mujeres. Se está vulnerando la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, añade Arvelo.

Proponen Ley de Emergencia Carcelaria

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Ante el incumplimiento de todos los acuerdos por parte del Estado, miembros de JAVU iniciaron ayer a las 6:00 am frente a la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en Caracas, una protesta denominada “Hambre de justicia”.

“Hay siete personas liberadas producto de la huelga, pero hay 22 presos políticos todavía y más de 50 mil privados de libertad, de los cuales 80% ni siquiera han sido condenados, por lo que no se sabe si son inocentes o no. En el caso de que sean culpables, los ciudadanos estamos invirtiendo con nuestros impuestos en transformarlos en criminales más especializados y con la sangre más fría porque quien cae preso por robar una cartera, cuando sale es capaz de meterle 18 tiros en la cabeza a alguien sin ningún tipo de lástima”, destaca Julio César Rivas, de JAVU.

El estudiante asegura que, como el Gobierno no cumplió su palabra, ahora no pueden confiar “simplemente en una mesa de trabajo para la liberación de los otros”. También sostiene que arrancaron esta protesta “de buena fe y sin una medida tan radical como una huelga de hambre”.

“No vamos a esperar una semana para seguir tomando acciones. Cada día que el Gobierno se retrase, sumaremos acciones, levantaremos focos a nivel nacional. Si no da respuesta efectiva en un lapso corto, se activarán otras personas que han sido afectadas por la falta de justicia y las cosas se le pueden salir de las manos al Gobierno”, añade.

Prisiones, tragedia sin fin

Los jóvenes proponen la creación de una Ley de Emergencia Carcelaria, “de conformidad con el derecho humano a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la dignidad y a la no discriminación”.

Además, señalan retardo procesal, irrespeto al derecho a la salud, maltrato a los familiares de los reos, hacinamiento (“que trae como consecuencia los continuos brotes de violencia y motines”) e inexistencia de una junta de rehabilitación laboral y educativa en algunos centros penitenciarios.

Reos radicalizan sus protestas

Patty Fuentes Gimón

Las retenciones a funcionarios en dos cárceles diferentes no representan hechos aislados. Esta podría pasar a ser la nueva modalidad de protesta de los reclusos que, durante más de una década, han exigido el respeto a sus Derechos Humanos, sin que haya respuesta alguna por parte del Estado.

Las demandas de los reos se han radicalizado. Lo que antes se manifestaba a través de secuestros a familiares, huelgas de hambre y de sangre, ahora se hace sentir con el plagio a funcionarios públicos.

“Hay un colapso total del servicio penitenciario en vista del alto número de hacinamiento en las cárceles, lo que ha producido un cambio en las protestas. Hay casi 47 mil internos y tenemos una capacidad que sobrepasa en 375% la capacidad instalada”, explica el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.

Hace aproximadamente diez años se presentaron las primeras retenciones a familiares en los penales venezolanos. En ese momento, el impacto fue tal que los reos recibieron atención por parte del Estado. Este tipo de manifestación se ha hecho cotidiana, por lo que ya no tiene la misma efectividad que antes.

El coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, asegura que los internos “han descubierto formas a través de las cuales les hacen más caso. Esto de retener al personal de la cárcel es gravísimo porque secuestrar a quien está encargado de cuidarte está muy mal”.

Nieto Palma considera que la negociación que hubo entre los reclusos de Rodeo II y el Ministerio de Justicia representa una “gran confesión” por parte del Estado, pues “al acordar que les dará atención médica está aceptando que no se las brinda frecuentemente, como debería ser”.

El defensor de los DDHH de los privados de libertad advierte que este tipo de acciones podría presentarse en el resto de las cárceles del país. “Todo lo que comienza y tiene resultado, puede producir el efecto dominó. Creo que vienen cosas iguales en otros penales. Esto ya se tomó como la nueva forma de protesta y la comenzarán a experimentar las demás cárceles para ver cómo les resulta”, añade.  

Hacinamiento desatado

Aunque Prado rechaza la retención a funcionarios en las cárceles porque “para reclamar un derecho no hace falta violar otro”, sostiene que la cantidad de personas dedicadas a la seguridad de los penales no es proporcional al número de internos.

“En La Planta fueron secuestradas 15 personas, de las cuales 10 ó 12 prestan servicios de seguridad y hay más de 2 mil internos en ese retén, lo que quiere decir que hay un solo vigilante para más o menos 150 reclusos”, estima.

El coordinador nacional de las redes penitenciarias del partido Voluntad Popular, Gilber Caro, agrega que “la figura de autoridad en el país se ha ido perdiendo en todas las instituciones y más en las cárceles que, si no se descentralizan, irán en detrimento”.

Restitución absurda

Miguel Jiménez era director de la cárcel Rodeo II y fue destituido a principios de mayo, tras el secuestro de los funcionarios de ese penal por parte de los reos. Ahora fue designado jefe de régimen del retén La Planta. Ante esta situación, tanto el personal de la prisión como los reclusos han manifestado su desacuerdo, lo que generó que 15 funcionarios fueras retenidos el pasado sábado durante 24 horas y que ahora lleven dos días sin querer ir a trabajar por miedo a nuevas retaliaciones de los internos. 

“Las cárceles en nuestro país están mal concebidas porque se hicieron para castigar y no para redimir” 

Gilber Caro, coordinador nacional de las redes penitenciarias del partido Voluntad Popular  

“Caso Makled no tiene relevancia”

Patty Fuentes Gimón

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, reiteró que el caso del presunto narcotraficante Walid Makled “es un procedimiento como cualquiera de los miles que se producen día a día para cualquier ciudadano venezolano sometido a nuestra justicia”.

Tras expresar que “para los lectores resulta cansón siempre lo mismo del caso Makled”, la magistrada aseguró que “su juzgamiento lo único que tiene de relevante es que significó una extradición desde Colombia a Venezuela, lo que implica la intervención de la Cancillería venezolana y el gobierno de Colombia, a fin de lograr que sea juzgado en Venezuela”.

“No es que no tiene relevancia jurídica, sino judicial, en el sentido de que es un procedimiento ordinario más. Para nosotros, no reviste un carácter especialísimo. El ciudadano ha comparecido, se le ha puesto al tanto de la situación para que ejerza su debida defensa y ha tenido su defensor público”, añadió.

Respecto al juez designado para este caso, Domingo Arteaga, Morales explicó que primero cumplió funciones en el Poder Judicial de Zulia, luego de Falcón y ahora en la capital. “Su presencia en Caracas no obedece a una situación especial. Es normal que los jueces soliciten traslado y en ese tribunal se produjo una renuncia”, destacó al tiempo que aclaró que Arteaga no tiene “ningún nexo de familiaridad” con ella ni con algún pariente suyo.

Exige extradición

La presidenta del TSJ aprovechó la oportunidad para reclamar la extradición del cubano Luis Posada Carriles “a fin de que continúe el proceso al cual está sometido en Venezuela”.

La magistrada considera que ha habido impunidad en este caso, pues se trata de “terrorismo con explosivos por un acuerdo internacional entre varios países (Venezuela, Trinidad y Tobago, Cuba y Bermuda) y se acordó que su juzgamiento debe desarrollarse en Venezuela”.

A su juicio, las circunstancias que alega Estados Unidos para no extraditar a Posada Carriles a Venezuela no están vigentes. “Esperamos que se nos cumpla con esos compromisos internacionales y convenios firmados por EEUU y Venezuela, como el Tratado de Extradición firmado en 1922 y el Tratado de Montreal”, dijo.

Prisiones y hacinamiento

Acerca del retardo procesal existente en las cárceles venezolanas, Morales afirmó que el Poder Judicial ha estado trabajando de manera activa para buscarle soluciones a un “problema estructural de vieja data”. Sin embargo, resaltó que la alternativa no está únicamente en crear más centros de reclusión. “Aunque se refleja el hacinamiento como consecuencia de la insuficiencia de cárceles, ese no es el problema fundamental. Toca también actuar en la parte legislativa… El Poder Judicial estableció los jueces itinerantes para que asistan a las cárceles a fin de acelerar los procesos con retrasos. No hemos escatimado ni tiempo ni inversión. Estamos comprometidos en la creación de juzgados de control para acelerar los procesos en sitios distantes a los centros tribunalicios”, agregó.

“El problema de las cárceles no se resuelve de una sola forma, sino enfrentando todas las aristas”

Luisa Estella Morales, presidenta del TSJ

“Estamos al margen del Derecho Internacional”

Patty Fuentes Gimón

(Invitada especial a Oslo, Noruega)

Bajo su responsabilidad estuvo la Unidad de Derechos Humanos de la Cancillería venezolana. Durante siete años Milagros Betancourt se desempeñó como directora de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese período le correspondió negociar el Estatuto de Roma, por lo que mantenía cercanía con las Naciones Unidas. Pero en el año 2002 su cargo terminó.

―¿Su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo relacionada con la forma en que el Gobierno se manejaba?

―Fue un proceso de desmantelamiento de la Cancillería. No fue con nombre y apellido ni en particular contra mi persona, sino que fue una decisión de ir poco a poco desmantelando el Ministerio hasta llegar a lo que tenemos ahora, que no hay personal de carrera.

―¿Cómo evalúa la situación de los Derechos Humanos en Venezuela?

―En principio, creo que ha habido un deterioro importante en la garantía de los DDHH. Independientemente de quién esté dirigiendo los destinos de Venezuela, es una situación que no es posible ocultar, en primer lugar por el tema de la inseguridad, que es un tema extremadamente sensible a los ciudadanos. El no poder garantizar la seguridad personal, la integridad y la vida humana representa una involución de la garantía de los DDHH. Por otro lado, la base de la libertad de expresión está en que cualquiera pueda expresarse libremente sin que eso traiga consecuencias, pero en Venezuela no es así. Además, es muy difícil acceder a la justicia y cuando se logra, no se garantiza que se tendrá un juicio justo. Lamentablemente, a pesar de todo lo que se criticó en tiempos anteriores, hoy en día no se han tomado las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el cumplimiento de los DDHH.

―En los cuatro años que estuvo en la Cancillería, durante el gobierno de Hugo

Chávez, ¿notó una involución inmediata?

―Es una cuestión absolutamente paradójica. Durante los primeros años del presidente Chávez se ratificó el Estatuto de Roma, Venezuela ejerció la  vicepresidencia de la Comisión de DDHH en Ginebra y también la presidencia del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tuvimos una participación muy activa en materia de DDHH a nivel internacional, pero nacionalmente las cosas empezaron a involucionar y ocurrieron hechos como la destitución de los funcionarios de Pdvsa. Se sucedieron una serie de acontecimientos que iban a contramano de lo que era la imagen internacional que estábamos dando en la defensa de los DDHH.

―Diez casos de Venezuela han sido llevados a la Corte Interamericana de

Derechos Humanos. ¿Por qué el Gobierno no acata las sentencias?

―Los convenios internacionales se suscriben entre Estados. No importa el gobierno que venga, los convenios permanecen. En el año 1969, Venezuela suscribió la Convención Americana sobre los DDHH, lo que significa que todas las decisiones que adopte la Corte son de obligatorio cumplimiento para Venezuela. El problema está en que el actual Gobierno considera que eso no es así y ha hecho una interpretación de la Convención, en cabeza del Poder Judicial, señalando que debe tener el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia para que esas sentencias sean aplicadas. Eso lamentablemente nos pone al margen del cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. Si el Estado venezolano asumió algún compromiso, el gobierno de turno tiene que cumplirlo. Pero Venezuela ha hecho caso omiso de los compromisos que ha asumido y de las decisiones de la Corte Internacional.

“Tenemos una Constitución que ofrece absoluta garantía de los DDHH, pero en la realidad partimos de la inexistencia del Estado de Derecho”