“La eficiencia les da piquiña”

Patty Fuentes Gimón

“¡Carlos, amigo, Petare está contigo!”, expresaron ayer los habitantes del municipio Sucre, en apoyo al alcalde Carlos Ocariz, a quien presuntamente la Contraloría General pudiera inhabilitar por supuesta ilegalidad en la entrega en comodato de terrenos en la urbanización Macaracuay para la construcción de un complejo deportivo.

Ocariz, junto con varios vecinos, marchó desde el Colegio de Ingenieros hasta la sede de la Contraloría para entregar más de 35 mil firmas en respaldo a que dos fundaciones ejecuten el mencionado proyecto y la justificación jurídica del mismo. 

“Hace un año solicitaron que entregáramos unos terrenos municipales que tienen 44 años abandonados, donde ha habido violaciones y asesinatos. La comunidad pidió que esos espacios fueran consignados a fundaciones para construir canchas para el pueblo. Nosotros, tal como está establecido en la normativa legal vigente, lo otorgamos sin pasar por ningún otro filtro, ya que son terrenos de dominio y uso público”, explicó.

El alcalde añadió que hace 10 días “doce concejales oficialistas solicitaron en la Cámara Municipal su inhabilitación y la paralización de las obras. Hablan de una ley de deportes, pero no quieren que se construyan canchas para el pueblo”.

A juicio de la primera autoridad de Sucre, querer inhabilitarlo es “un plan maquiavélico orquestado por las altas esferas del poder para sacar del juego a aquellos funcionarios que hemos sido honestos, responsables y eficientes… Parece que al Gobierno la eficiencia le da piquiña, quieren que todos seamos corruptos y mediocres como ellos”.

Asimismo, anunció que “este plan tiene nombre y apellido: Elías Jaua. Nos hemos enterado de que sueñan con que el vicepresidente sea el gobernador de Miranda, pero el deseo no empreña. Que yo vaya a la Gobernación les quita el sueño y los pone a temblar”.  

“Ocariz no es un rostro escondido”

Los vecinos manifestaron su apoyo al alcalde Ocariz, por considerar que su gestión ha sido “extraordinaria” y por “todo lo que ha llegado a hacer con las limitaciones económicas que tiene”.

“Carlos Ocariz no es un rostro escondido. Él da la cara a su pueblo y ha recorrido cada rincón de Petare y de las zonas populares del municipio Sucre, resolviendo la inseguridad, educación y el progreso. Nosotros no vamos a permitir que unos concejales que ya no deberían estar ahí busquen algo político porque saben que Ocariz va a ser el próximo gobernador de Miranda”, dijo Yelitza Rodríguez.

Gustavo Coita aseguró que, con Ocariz, ha habido un cambio en “la vialidad, la infraestructura, la parte deportiva y la seguridad. Es un cambio total y si lo dejan trabajar un poco más, cada día el municipio va a mejorar y va a ser más bello en función del bienestar de la comunidad de Petare”.

11 años sin justicia en caso de tortura

Patty Fuentes Gimón

“¡No más impunidad, la tortura hay que juzgarla!”, exclamaban ayer los representantes de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz que acudieron al Tribunal Supremo de Justicia para denunciar que, después de once años, sigue sin resolverse el caso de José Francisco Matheus, víctima de torturas por parte de funcionarios de la Policía de Maracaibo.

La coordinadora del Programa de Atención Integral a Víctimas de la Red de Apoyo, Laura Roldán, detalló que el pasado 3 de junio, cuando se esperaba que se diera el juicio oral y público, el juez provisional del Tribunal 4º de Juicio del estado Zulia, Liexcer Díaz, decretó sobreseimiento por prescripción de los delitos de lesiones intencionales gravísimas y abuso de autoridad.

“Estamos realmente asombrados con esta decisión porque el delito no se está mirando bajo la óptica de los Derechos Humanos, sino como un caso más. El artículo 29 de la Constitución establece que las violaciones a los DDHH son imprescriptibles, es decir, los responsables pueden ser juzgados sin importar el paso del tiempo”, añadió.

Matheus forma parte de los 243 casos que de tortura ha recibido la Red de Apoyo desde 2003. Ante esta situación, Roldán hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional para que promulguen una ley que prevenga y sancione la tortura, ya que “los fiscales dicen que no pueden tipificar estos casos como tortura porque no está prescrito en el Código Penal”.  

Lo acusaron de un secuestro

El 1º de marzo de 2000, doce funcionarios de la Policía de Maracaibo irrumpieron en la casa de Matheus para llevárselo, sin orden de detención ni de allanamiento. De acuerdo con información de algunos testigos, los efectivos policiales explicaron que lo acusaban por el secuestro de Maritza Serizawa.

Matheus “no fue puesto a la orden del Ministerio Público, sino llevado a unos galpones alejados, donde permaneció durante 11 días y fue sometido a torturas como quemaduras en la piel, descargas eléctricas en el cuerpo, inhalación de gases tóxicos y hasta tuvo desprendimiento de sus brazos”, relató Roldán.

Posteriormente, se demostró que Matheus no estuvo involucrado en el secuestro de Serizawa. Sin embargo, sigue sin hacerse justicia en su caso.

 Recuadro

Justicia injusta

En el caso de torturas contra Matheus, la Red de Apoyo solicita:

-         Destitución del juez provisional Liexcer Díaz “por la grave falta en la que ha incurrido”.

-         Intervención del Circuito Judicial Penal de Zulia, pues “numerosos tribunales y operadores de justicia han mostrado su desconocimiento” respecto a la Constitución y a los pactos internacionales en materia de DDHH.

-         Que la Sala de Casación Penal del TSJ se avoque de oficio al conocimiento de la causa referida a José Francisco Matheus.

6 jueces han pasado por el Tribunal 4º de Juicio de Zulia en los últimos dos años y ninguno ha asumido el caso de Matheus

Desde 2007 hay 150% más reos

Patty Fuentes Gimón

Hasta 2007 la cantidad de reclusos en Venezuela no superaba los 20 mil, pero desde entonces, la población penal se ha incrementado en 150% y en la actualidad es de 49 mil, según el viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Edwin Rojas.

En febrero, el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, reveló ante la Asamblea Nacional que el país contaba con 44.420 internos. Sin embargo, la semana pasada los miembros del Consejo Superior Penitenciario aseguraron que, al 8 de junio de 2011, eran 49.224 los reclusos.

“En cuatro meses, hay como 5 mil reos más. O quisieron engañarnos en febrero, o tenían las cifras malas o verdaderamente la población penitenciaria sigue incrementando”, opina Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad.  

Existe una relación directamente proporcional entre la reforma que se le hizo al Código Penal en 2005 y el aumento de la población penitenciaria. “Ahora prácticamente para muchos delitos que se cometen día a día, la regla general es la privación de la libertad, lo que resulta inconstitucional”, denuncia el abogado penalista José Vicente Haro.

Delitos reformados

En la reforma del Código Penal de 2005 se estableció que para ciertas faltas las personas ya no pueden ser juzgadas en libertad. Tales son los casos del hurto y el robo; los delitos contra la vida, la integridad física de los ciudadanos y otros relacionados con actividades políticas “que atentan contra la libertad de expresión”, dice Haro. También se eliminaron los beneficios procesales en casos relacionados con tráfico de drogas

Lo mismo ocurre con las agresiones de pareja, donde ya no se presume la inocencia, sino la culpabilidad, pues se amplió el concepto de flagrancia, es decir, cualquier persona denunciada por un caso de este tipo deberá ser detenido inmediatamente. “No debería ser así porque el fiscal y el juez deberían tomar en cuenta el caso concreto para determinar si la persona debe ser o no juzgada en privación de su libertad”, explica el penalista.

Vulnera la Constitución

Estos nuevos conceptos jurídicos hacen, de alguna manera, que la ley penal sea más dura y represiva, dejando a un lado la parte preventiva y educativa, en la cual se basa la justicia venezolana o la de cualquier país con Estado de Derecho.

“Las últimas reformas de las leyes penales han sido pensando en aumentar el carácter represivo, sancionador del delito y de los tipos penales, pero no se ha trabajado en la prevención, reeducación y reinserción de las personas en la sociedad”, sostiene Haro.

Se ha ido desnaturalizando la Constitución, ya que se están vulnerando los principios de presunción de inocencia y de ser juzgado en libertad con todas las garantías correspondientes. “La única excepción a esto que establece la Carta Magna es que exista peligro de fuga, que la persona pueda ocasionar daño a otro o que lo agarren en flagrancia. Sin embargo, aunque sea en flagrancia, la medida de privación de libertad debe ser ratificada por el juez”, agrega.

Más procesados y más hacinamiento

Además del aumento de la población carcelaria, la reforma del Código Penal trajo como consecuencia que más de 70% de los internos sean procesados, tal y como lo demuestra la última Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia.

También genera el incremento del hacinamiento en las prisiones. “Las autoridades dicen que el hacinamiento es de 250%, pero si la capacidad es de 14.500 reos y tenemos casi 50 mil reclusos en el país, debe ser de mucho más de 300%”, estima Nieto Palma.

Para el penalista Haro, más allá de que no hay capacidad en los recintos penitenciarios, lo más grave es que “las cárceles son escuelas de delincuentes. Lejos de reeducar, muchas prisiones son sitios ideales para formar más delincuentes, pues desde ahí se organizan secuestros, se cometen estafas y otros delitos. No sólo hay que construir más cárceles, sino lograr que sean instituciones para reinsertar a las personas en la vida social. No es tener más cárceles, sino mejores”, añade.