martes, 26 de octubre de 2010

La muerte de Jorge Durán sigue impune

Patty Fuentes Gimón

Seis meses no han sido suficientes para que los órganos judiciales inicien una investigación por el fallecimiento del periodista Jorge Durán durante la cobertura de una rueda de prensa el 22 de abril de 2010 a 200 metros de la frontera con Colombia, en el municipio Catatumbo, estado Zulia.

Aunque la Comisión Nacional de Protección para los Periodistas, integrada por el CNP, el SNTP, el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela y la ONG Espacio Público, ha exigido en diversas oportunidades a las autoridades celeridad en este caso, no ha habido respuesta alguna.

Durán era fotógrafo del Ministerio de Interior y Justicia, y junto a otros reporteros, fue enviado a la pauta por el director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, Jorge Galindo, quien les dio órdenes de ir hasta allá “sin ningún tipo de protección, ni médicos, ni la debida custodia”.

Así lo describieron la periodista Jessica Rojas y el camarógrafo Pedro Amoruso, quienes también relataron: "Llegamos a la frontera como a las 5 de la tarde. Durante el recorrido tuvimos que caminar descalzos, sin seguridad, con el lodo que nos llegaba a la altura de la cintura; no contábamos con hidratación ni la vestimenta adecuada. Al llegar al lugar había baldes de acetona que nos ocasionaron mareos, desmayos y vómitos. En el regreso, Durán presentó síntomas de malestar. Al llegar al helicóptero, nos dimos cuenta de que faltaban el fotógrafo y el camarógrafo de Reuters, a lo que respondieron que no podían esperarlos... El camarógrafo caminó hasta la carretera y llegó a un Comando de la Guardia, donde dijo que el fotógrafo estaba en malas condiciones de salud. Pocas horas después nos informaron que Jorge Durán había fallecido de un paro cardíaco".

De acuerdo con Mario Villegas, ex secretario del SNTP y amigo de la familia del fallecido, "Durán intentó resistirse a viajar a esa hora y en esas condiciones, pero el mayor Galindo lo amenazó con tomar represalias laborales contra él".

Atienden los reclamos de los Yukpa

Patty Fuentes Gimón

Después de una semana, el jesuita de 81 años José María Korta suspendió la huelga de hambre que mantenía frente a la Asamblea Nacional para exigir que se libere a los tres Yukpa detenidos hace un año y la demarcación territorial de las comunidades indígenas.

Ante la disposición del Gobierno de dar respuesta a sus reclamos frente a los derechos indígenas, el vasco y fundador de la Universidad Indígena de Venezuela consideró innecesario continuar con su protesta.

“En vista del diálogo que hemos tenido con distintos dirigentes del Estado, hemos visto que la razón principal de la huelga ha recibido respuesta”, explicó.

Ayer Korta se reunió con el vicepresidente Elías Jaua, con quien pautaría la fecha del encuentro entre el presidente Hugo Chávez y el jesuita. Hasta el cierre de esta edición, no había concluido la conversación con el vicepresidente. Sin embargo, se pudo conocer que Korta llevará al mandatario nacional los puntos que le motivaron a realizar la huelga y abogará para que se materialicen los acuerdos que se lograron con el Ministerio de Ambiente y el Poder Judicial.

Autogobierno indígena

Aunque en el conflicto producido en octubre de 2009 fallecieron tres personas, los Yukpa insisten en que el problema debe solventarse bajo sus propias leyes.

“No se está pidiendo nada contrario a la Constitución. Eso sólo se aplicaría si los muertos hubiesen sido en un conflicto entre indígenas y blancos en un territorio no indígena”, explica José Quintero, profesor de Lenguas y Culturas Indígenas de la Universidad del Zulia.

El docente se refiere al artículo 260 de la Carta Magna que establece que las autoridades indígenas “podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas”.

De igual manera, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas prescribe que los jueces, al momento de dictar cualquier medida preventiva, deben procurar establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural.

Quintero señala que “mientras la justicia ordinaria es punitiva, la indígena es reparadora”, pues el delito indígena es interpretado como colectivo, “es asumido por toda la comunidad”, dice y ejemplifica que uno de los castigos podría ser el trabajo comunitario.

lunes, 25 de octubre de 2010

Indígenas exigen demarcación de tierras

Patty Fuentes Gimón

“No se trata sólo de la lucha de los Yukpa. No se trata sólo de la lucha por el territorio. Se trata de que cada uno de los indígenas que hoy estamos aquí denunciamos la misma situación: hemos sido desplazados de nuestras tierras”.

Así lo manifestó Manaka Infante, del pueblo amazónico Baniva, una de las 16 etnias que se sumaron a la huelga de hambre que desde hace una semana mantiene frente a la Asamblea Nacional el hermano jesuita de 81 años de edad, José María Korta, fundador de la Universidad Indígena de Venezuela y defensor de los Derechos Humanos indígenas desde hace más de 40 años.

Con la protesta exigen que se aplique la jurisdicción indígena, justicia en la demarcación de los territorios indígenas y la liberación de los tres caciques Yukpas detenidos desde hace alrededor de un año.

Al respecto, Korta aseguró que “la gestión para que se respete la jurisdicción indígena está encaminada”, pues el Estado les prometió que establecería la demarcación. Sin embargo, advirtió que el juicio contra Sabino Romero “está siendo manipulado”.

El jesuita también afirmó tener buenas condiciones de salud: “Me siento bien. Tengo un problema en la garganta, pero estoy fuerte. El médico me ha estado visitando y me dice que puedo seguir adelante con la huelga sin ningún peligro. Estoy muy contento de dar este paso adelante por el pueblo indígena”.

Letra muerta

“No venimos a protestar en contra del Gobierno, sino a manifestar nuestra preocupación por nuestros terrenos”, aclaró Isidro Romero Martínez, hijo de Sabino Romero.

Por su parte, Xenaida Romero, también hija del cacique Yukpa, aplaudió que por primera vez las diferentes etnias indígenas se unen. “De aquí en adelante, estaremos juntos en la lucha por la demarcación del territorio ancestral. Sabemos que el presidente Chávez dice que merecemos nuestras tierras, pero los ministros son los que se niegan a dárnoslas”, añadió.

Infante, de la etnia Baniva, solicitó al Estado la creación de una comisión nacional de demarcación y titulación, y que cumpla las legislaciones que protegen a los pueblos indígenas.

“Si hemos tenido tantos avances, desde la inclusión de un artículo en la Constitución, pasando luego por la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y avanzamos en comparación con países de Latinoamérica al crear el Ministerio de Pueblos Indígenas, no entendemos entonces cómo ahora hemos visto tan vulnerados nuestros derechos en materia de demarcación y titulación de territorios”, señaló.

La impunidad facilita los delitos policiales


Por: Patty Fuentes Gimón

Eran las 4:30 am. Nino Pacheco regresaba en moto de celebrar su cumpleaños en un local nocturno. Se dirigía a su casa en el sector Capuchinos, avenida San Martín de la parroquia San Juan. Dos amigos lo acompañaban.

"¡Alto!", escucharon a lo lejos, pero no se detuvieron. En cuestión de segundos, se sintió una detonación y Pacheco cayó al suelo: había recibido un tiro de FAL en la región occipital que lo dejó sin vida a sus recién cumplidos 22 años.

El disparo, presuntamente, provino del sargento II Junior José Oropeza Gómez, de 23 años de edad, funcionario de la Guardia Nacional que resguardaba la zona el pasado viernes 15 de octubre en una carpa del Dibise.

Al día siguiente, un tribunal de control dictó medida privativa de libertad contra este funcionario en el Regimiento de Seguridad Urbana de Fuerte Tiuna. El delito del sargento Oropeza es uno de los pocos que podría no quedar impune, pues se estima que por cada cien homicidios sólo hubo nueve detenciones en 2009.

Según el libro Impunidad y Violencia Policial en Venezuela 2000 2009, publicado en septiembre de 2010 y escrito por el investigador Pablo Hernández, estas cifras han ido incrementando.

En 1998 por cada cien homicidios se detenían a 100 sospechosos o imputados; en el año siguiente las detenciones bajaron a 58; en 2000, a 18; "hasta llegar a la insólita cifra de 2009".

"El grado de impunidad es de 91%, lo que significa que los asesinos en Venezuela tienen por cada cien homicidios 91% de probabilidades de cometer un crimen perfecto", agrega Hernández en su publicación. Los delitos consumados por cuerpos policiales no se escapan de la impunidad.

El Informe Anual 2008 de la Fiscalía General de la República, reveló que de enero de 2000 a noviembre de 2007, se registraron 7.243 ejecuciones por parte de uniformados, de los cuales apenas 1.273 fueron acusados y 2.127 tuvieron imputación fiscal, pero sólo 412 fueron detenidos, lo que representa 6% del total.

En los siete años evaluados por la Fiscalía, se presentaron 350 violaciones mensuales (12 al día) a los Derechos Humanos por parte de los cuerpos policiales y militares.

CORRUPCIÓN Y AJUSTICIAMIENTOS
"Hace mucho tiempo, si un policía tenía un carro que no se justificaba con su sueldo, se prendían alertas importantes. Hoy en día, vemos a funcionarios con vehículos y fortunas que no corresponden con lo que gana, pero nadie les dice nada. Eso es precisamente lo que ocasiona la impunidad".

Así lo destaca Javier Gorriño, abogado experto en materia policial, quien asegura que "al funcionario lo enseñan a corromper dentro de la policía" y señala que existen dos tipos de corrupción: la blanca y la negra. La blanca es bien vista por los jefes y la negra no.

"Por ejemplo, que el policía almuerce gratis o que compre los muebles de su casa en 50% es permitido, pero que cometa delitos de mayor gravedad no es aceptado por los jefes. Sin embargo, la blanca es tan delincuencial como la negra", aclara.

Respecto a los homicidios efectuados por funcionarios, Gorriño afirma que en la mayoría de los casos el policía, como parte de una sociedad cansada de la impunidad, quiere hacer justicia por su propia mano.

"Ellos suelen simular enfrentamientos con los delincuentes para solventar el problema judicial por su propia mano. Se ha perdido la confianza en el poder judicial y ha llegado al punto en el que hasta la misma ciudadanía prefiere pagarle a un malandro para que vengue la muerte de algún familiar antes de acudir a las instancias competentes", añade.

MÁS POLICÍAS, MÁS DELINCUENCIA, MÁS IMPUNIDAD
De 1976 a 1998, la tasa de homicidios pasó de 7,95 a 19,43 por cada 100 mil. A partir de 1999, la situación empeoró: el año pasado cerró, de acuerdo con cifras oficiales, con 16.047 asesinatos, es decir, la tasa aumentó a 56,54 por cada 100 mil. Mientras que en 23 años la tasa de homicidios creció en 250%, en tan sólo diez años casi se triplicó.

Para solucionar el problema de la violencia, el Estado incrementó los gastos para la seguridad y el número de cuerpos policiales.

En el año 2000, el 23% del presupuesto nacional fue destinado a la seguridad pública y, en 2007, casi 30% fue invertido en esa materia. Sin embargo, esto "se ha traducido en un vertiginoso aumento de la inseguridad, el crimen y la violencia", dice Pablo Hernández en su libro.

Para 1990 sólo existían 22 cuerpos policiales uniformados; posteriormente, se crearon 101 más. La tasa policial para julio de 2008 era, según el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, de 281 policías por cada 100 mil habitantes.

Si a esta cifra se le suman los funcionarios de la Guardia Nacional, del Cicpc, y el Cuerpo de Vigilantes de Tránsito Terrestre, asciende a 457 efectivos.

Hernández señaló en su publicación que, en los 15 meses siguientes al Informe 2008 de la Fiscalía, este organismo recibió 10.103 casos de delitos cometidos por funcionarios, mientras que durante los ocho años comprendidos entre 2000 y 2007, hubo sólo 33.259 denuncias.

En apenas 15 meses se duplicaron las violaciones a los Derechos Humanos, lo que lleva a Gorriño a aseverar que "lo ideal no es tener más, sino mejores policías".

CIFRAS

1 de cada cinco delitos registrados en Venezuela es cometido por un funcionario de un cuerpo policial

99,99% de probabilidades tienen los policías de no ser detenidos ni juzgados. De cada mil delitos, uno es penado

7 de cada diez venezolanos que denuncian son objeto de amenazas, hostigamiento y acusaciones criminales

56 por cada 100 mil habitantes es la tasa de homicidios en Venezuela. En 15 meses se duplicaron las violaciones a DDHH

8 de cada 10 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ni siquiera ven a un juez aunque denuncien