Castigo con tortura y sin DDHH

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

La entierran hasta el cuello y la tapan por completo con una tela. Una multitud le lanza piedras, ni tan grandes ni tan pequeñas, hasta que fallezca. Es una muerte lenta producto de un engaño amoroso. Es la lapidación.

Sakineh Mohammadi, mujer iraní acusada de cometer adulterio, forma parte de las nueve personas que podrían ser lapidadas en los próximos días y sumarse a los más de 388 iraníes que fueron ejecutados en 2009 en ese país.

De acuerdo con Amnistía Internacional, 14 de esas muertes fueron llevadas a cabo públicamente, al menos una mediante lapidación y cinco eran de menores de 18 años de edad.

"Queremos elevar nuestra protesta para acompañar a las miles de voces internacionales que han ejercido presión ante la abominable acción del gobierno iraní. Las mujeres hemos sido por miles de años víctimas de violencia. No es posible que en el siglo XXI se esté ejerciendo este tipo de acciones", manifiesta la secretaria femenina nacional de Primero Justicia, Dinorah Figuera, quien encabezó ayer una manifestación frente a la embajada de Irán en Venezuela.

¿QUÉ PIENSA CHÁVEZ? El Gobierno venezolano no ha asumido posición frente al caso de Mohammadi, razón por la cual las mujeres de Primero Justicia exhortan al presidente Chávez, "aliado y amigo del mandatario iraní, a solicitar la defensa de la mujer en Irán".

Carmen Zerpa, concejal del municipio Libertador por el PSUV, asegura que si la decisión de lapidar a la mujer iraní estuviese en manos de Chávez, "perdonara a la joven y no permitiera que se ejecutara esa medida porque él siempre ha tomado una actitud sabia en la defensa de la mujer".

Aunque el Presidente dice respetar las decisiones y leyes de otras naciones, "hace críticas en cosas que le parecen que están fuera de orden", añade Zerpa, quien también considera que "los demás gobernantes deberían tomar el ejemplo de nuestro presidente; no deberían tener ese tipo de leyes ni juzgar a las personas de esa manera".

LEY CONTRA PACTO

Aunque la legislación iraní contempla la lapidación, esa ejecución viola los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que defiende el derecho a la vida y prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La inseguridad los tiene locos

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Víctor Moreno Villamizar esperaba la madrugada del lunes, como de costumbre, que su camioneta se llenara de pasajeros en la esquina de Marcos Parra, en Caracas.

Conversaba con unos compañeros hasta que desde un carro recibió dos disparos en el pecho que, casi una hora después, lo dejaron sin vida.

El conductor de 37 años de edad deja huérfanos a tres niños y llevaba 15 años trabajando en la línea Micro Tours Malavé Villalba, que cubre la ruta Caracas-La Guaira.

Raúl Rojas, director de la línea, manifestó que "no es posible que esto suceda a una cuadra y media de Miraflores, que es un área de seguridad; a 70 metros de un toldo del Plan Dibise; y a 45 metros del toldo de seguridad de la estación Capitolio del Metro. Era un triángulo de seguridad".

Moreno Villamizar es el primer conductor de esa línea asesinado en lo que va de año. Sin embargo, 40 transportistas han sido ultimados en el país en 2010, de los cuales 28 ocurrieron en Caracas, según Carmen Ruiz, presidenta de la Federación de Cooperativas de Transporte de Venezuela.

La cifra incluye taxistas, jeepseros y microbuseros. Respecto a los mototaxistas, el concejal Luis Velásquez asegura que 30 de ellos han sido víctimas de homicidio este año, de acuerdo con reportes de la Policía Metropolitana y del Cicpc.

Nada más en la línea Micro Tours Malavé Villalba los transportistas son víctimas de entre 9 y 16 atracos a diario. En el resto de la ciudad capital, se registra un promedio de 50 asaltos por día.

El concejal Velásquez señala también que en lo que va de año se han reportado 2.200 denuncias de robos de motos y aclara que los delincuentes no buscan las más costosas sino las utilizadas para trabajar como las Empire, Jaguar o Bera.

EL ESTADO LOS IGNORA
Los transportistas están cansados. Por eso, en reiteradas ocasiones han protestado y exigido respuesta por parte del Estado, pero no han sido escuchados.

"La inseguridad para nosotros es un flagelo que nos tiene acogotados. La semana pasada hirieron a dos transportistas y mataron a uno en La Vega. El Gobierno ha sido indiferente a estas cosas a pesar de que no sólo sufrimos nosotros, sino los usuarios también son agredidos, robados y, a veces, asesinados", denuncia la presidenta de la Federación de Cooperativas de Transporte de Venezuela.

José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Transporte, solicita un desarme nacional como alternativa para acabar con la delincuencia, tanto en los conductores de carritos por puesto, como en el resto de la población venezolana.

Asimismo, propone mejores sueldos para los funcionarios policiales, mejores equipos, unidades de transporte y condiciones de vida.

MÁS Y MÁS PROBLEMAS
Además de exigir mayor seguridad, los transportistas piden que se homologue el pasaje estudiantil, que mejore la estructura vial y que solucione la situación de los repuestos. "Los cauchos antes costaban 600 y ahora 1.350.

Cuando tenemos el dinero para comprar un repuesto, no lo conseguimos. Llegará un momento en que las unidades no podrán transportar a los usuarios", advierte.

Transexual solicita cambio de identidad

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Han transcurrido 6 años y casi 3 meses desde que Tamara Adrián introdujo por primera vez ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de tutela directa al derecho a su identidad.

Aunque desde entonces ha insistido 26 veces, aún no ha recibido respuesta.

"La Sala ha guardado silencio absoluto sobre la petición, hasta el punto que ni siquiera se ha pronunciado sobre su admisión. El absurdo llega a que desde noviembre de 2005, la abogada, profesora universitaria e insigne defensora de los Derechos Humanos viene solicitando una copia certificada del expediente que le permita acudir a la justicia internacional (OEA y ONU) por denegación de justicia, y ni siquiera se le expide dicha copia", denuncia a través de un comunicado el Foro para los Derechos Humanos y la Democracia.

La abogada explica que lo que está solicitando "va mucho más allá de un cambio de nombre y de sexo", pues exige "el reconocimiento de la identidad, la tutela al derecho constitucional a la identidad y que se modifiquen los documentos públicos para adaptarlos a mi verdadera condición, como la partida de nacimiento y los títulos y diplomas universitarios".

Adrián añade que, además de luchar por su propia situación, lo hace por más de 6 mil personas que sufren "discriminación, hambre y miseria, y que no pueden transitar por el país".

El Foro para los Derechos Humanos y la Democracia señala que la doctora en Derecho "acudió a esta vía en ausencia de otra vía procesal adecuada y debido a la autoatribución de competencia de la Sala Constitucional para conocer de peticiones de tutela directa de derechos constitucionales que no tengan tal vía procesal para su reconocimiento".

RETRASO LEGAL Tamara Adrián asegura que esta petición resultaba una innovación en el año 2004, pero hoy en día la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con mecanismos de protección efectiva para estos derechos, entre ellos México, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil.

En Venezuela, aunque existe una acción constitucional, no hay ley que permita el reconocimiento integral de la entidad. El artículo 28 de la Carta Magna establece el derecho a la autodeterminación informativa, conocido como hábeas data, que permita a toda persona depurar las bases de datos públicas o privadas y "solicitar ante el tribunal competente la actualización, rectifica- ción o destrucción de aquellos que fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos".

La abogada afirma que, en su caso, se están vulnerando los derechos a la identidad, privacidad, igualdad, trato justo y libre circulación.

Le pasan factura

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

La Fiscalía militar citó ayer al candidato a la Asamblea Nacional por el circuito 4 de Caracas, Antonio Rivero, en calidad de imputado para que declare por sus denuncias realizadas sobre la intervención de cubanos en las Fuerzas Armadas.

"He presentado una denuncia públicamente ante la Fiscalía y ante la Comisión de Defensa de la AN referente a la presencia de cubanos en la Fuerza Armada, en lugares y áreas estratégicas que están más allá de lo permitido, no obedecen a ninguna alianza aprobada por la AN y que atenta contra la constitucionalidad y soberanía de la nación y del resguardo que sobre ella tiene la Fuerza Armada Nacional", explica el general.

El también ex jefe de Protección Civil aseguró no haber dado detalles del proceso de información obtenida por los cubanos ni en qué orden puntualmente se han presentado, por lo que sus denuncias "no implican revelación de información de seguridad de Estado".

Rivero señala que "en vez de centrar la investigación sobre mi persona, deberían centrarla en que cubanos estén recibiendo información de seguridad de Estado", pues no se ha abierto un proceso de investigación respecto a sus denuncias.

"Hago un llamado al presidente Chávez a que resguarde la soberanía nacional y revierta el hecho de que hayan cubanos en el plano civil, en el Ministerio de Interior y Justicia, en el Registro Nacional, etc., lo que afecta la seguridad del país y desplaza a venezolanos. También lo exhorto a que haga lo que tiene que hacer: que busque la paz con Colombia y trate de revertir las informaciones negativas que hay sobre Venezuela para evitar las situaciones que afectan la tranquilidad de los venezolanos", añade.

Preso, con sida y sin atención médica

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Jesús Sotillo tose a escondidas. En los últimos cuatro años ha perdido casi 10 kilos. Intenta fingir una gripe mal curada para no revelar su desgracia: en el año 2006 le diagnosticaron sida.

Su nombre real debe ser resguardado, pues está privado de libertad en la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal El Paraíso, mejor conocida como La Planta. En las cárceles venezolanas, son asesinados los reclusos que son portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humano.

La vida de Sotillo cambió en marzo de 2003 cuando, junto a dos familiares, fue capturado in fraganti al intentar asaltar a un taxista en Caracas. A los pocos días, lo trasladaron a La Planta por tentativa de robo de vehículo automotor.

No transcurrieron numerosas semanas para que los internos de ese penal notaran que el joven es homosexual, razón que consideraron suficiente para golpearlo de forma brusca y abusar sexualmente de él, lo que presuntamente hizo que se contagiara de sida.

En aquella ocasión, la ley funcionó: para resguardar la vida y la seguridad de Sotillo, el tribunal de control que llevaba el caso le otorgó una medida cautelar sustitutiva a la prisión que lo obligaba a cumplir con un régimen de presentación.

Así pasó los siguientes 6 años y 7 meses hasta que en octubre de 2009 se llevó a cabo el juicio en el que resultó culpable y condenado a seis años y seis meses de prisión nuevamente en La Planta.

NEGLIGENCIA GUBERNAMENTAL Hoy, a sus 26 años de edad, Jesús Sotillo lleva 10 meses tras las rejas sin recibir ningún tipo de atención médica y, el pasado viernes, la jueza negó darle una medida humanitaria alegando que el interno no está en estado de gravedad.

"Aunque se ve bien físicamente, cada vez pierde más peso y tiene problemas respiratorios. La jueza ni siquiera permite que le den tratamiento dentro de la cárcel", denuncia Carlos Nieto Palma, abogado de Sotillo y director de la ONG Una Ventana a la Libertad.

En mayo de 2010 la defensora pública que lleva la causa solicitó al juez segundo de primera instancia en lo penal en funciones de ejecución del Área Metropolitana de Caracas, Jorge Timaury, una medida humanitaria tras presentarle un informe médico que refleja la grave enfermedad que padece Sotillo y destacaba la importancia de que fuera atendido inmediatamente.

Esa solicitud fue ratificada en julio de este año por Una Ventana a la Libertad, organización defensora de los Derechos Humanos, que también señaló lo establecido en el artículo 502 del Código Orgánico Procesal Penal: "Procede la libertad condicional en caso de que el penado padezca una enfermedad grave o en fase terminal, previo diagnóstico de un especialista, debidamente certificado por el médico forense".

Igualmente se reiteró que el artículo 301 del COPP impone al Ministerio Público un plazo de 30 días para tomar la decisión de la querella y ya han transcurrido cinco meses.

Nieto Palma notificó el caso a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la Dirección de Servicios Penitenciarios del Ministerio de Interior y Justicia, pero como no ha sido atendida su petición, acudirá ahora a la Comisión Interamericana de DDHH y al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

"El juez Timaury ha sido negligente e ineficiente en la defensa del derecho a la vida de Sotillo al no dar respuesta oportuna a las solicitudes hechas. Mientras tanto, su salud se va deteriorando y tememos próximamente un desenlace fatal", advierte.

Del policía malo al policía bueno

Se fue Uribe, llega Santos. Una nueva oportunidad se abre en las relaciones colombo-venezolanas. Los cancilleres de ambos países acordaron una reunión de presidentes para mañana martes

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

La relación colombo-venezolana parece una serie policial. Alvaro Uribe hizo durante su mandato el papel del "policía malo" que actuaba de forma agresiva para que el acusado confesara.

El nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, interrumpe las acciones de Uribe posiblemente para hacer de "policía bueno" que, al quedarse solo con el acusado, practicará una de conversar, le ofrecerá un cigarrillo, le hará las mismas preguntas sin violencia, esta vez para forzarlo a firmar un tratado de paz que impida que las FARC utilicen el territorio venezolano como teatro de operaciones.

¿Será posible que Chávez y Santos terminen por jugar una estrategia de ganar-ganar?

"La denuncia hecha por Uribe contra Chávez ante la Corte Penal Internacional y la demanda contra Venezuela ante la CIDH ya estaban en los planes de Uribe. No lo había hecho antes para proteger las relaciones comerciales, pero una vez que Chávez rompió todas las relaciones, no había nada que perder. Aunque este es un golpe político a largo plazo, Santos y Chávez tratarán de eludirlo. Es cómodo para ambos no ahondar mucho en eso", explica el internacionalista Sadio Garavini.

El ex embajador de Venezuela en Colombia, Fernando Gerbasi, añade que esas denuncias no tienen vuelta atrás. "En la medida que las pruebas que presente Colombia sean contundentes, no hay quien pueda parar la acusación que ya está en curso. Santos no podrá echarlas para atrás", asegura.

INTERESES ENCONTRADOS
Tras la toma de posesión de Santos, las actitudes de Chávez y del nuevo mandatario neogranadino dieron un giro de 180 grados.

El presidente venezolano manifestó ayer tener esperanzas de que "se comience a reconstruir lo que el gobierno saliente de Colombia destrozó", hizo un llamado a Santos "al respeto, al diálogo constructivo, al pensar y actuar de manera soberana" y exhortó a las FARC a abandonar la lucha armada y, como primer paso, dejar en libertad a todos los secuestrados.

El presidente colombiano, por su parte, aseguró en su discurso de asunción del mando que uno de sus principales propósitos será reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador, "restablecer la confianza y privilegiar la diplomacia".

Chávez había advertido que si Santos ganaba en Colombia habría guerra. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué tanto interés por restablecer las relaciones? Garavini señala que la crisis entre estos dos países es estructural y recurrente, porque a pesar de que Colombia es un obstáculo para el proyecto político ideológico de Chávez, en todas las rupturas de relaciones ha habido una recuperación producto de la presión internacional.

"El mandatario venezolano rompió relaciones para ocultar las denuncias de presencia guerrillera en su país, pero ahora está presionado por la hermandad latinoamericana. A Santos le conviene hacer ver que viene con nuevo diálogo y además podría aprovecharse de esto para lograr la reapertura de las relaciones comerciales", afirma.

Gerbasi agrega que para Chávez "arreglar la situación pudiera tener intereses de abastecimiento, pues Venezuela importaba desde Colombia de 28 a 30% de nuestras necesidades agroalimentarias", estima.

Sin embargo, explica que las nuevas reacciones no son prueba de que va a haber una situación perfecta. "Siempre habrá problemas. Menos agudos que en el pasado, pero habrá. Tanto Santos como Chávez están muy seguros de lo que quieren y eso puede generar un buen diálogo", predice.

Aunque TalCual intentó entrevistar a los diputados Roy Daza y Saul Ortega, ambos se negaron a declarar.

SE REÚNEN MAÑANA
Chávez y Santos se reunirán el martes al mediodía en Colombia. Así lo anunció el canciller Nicolás Maduro, tras reunirse durante tres horas con su homologa María Ángela Holguín, quien aseguró que el encuentro fue "transparente y franco".

Maduro explicó que entregarán a los presidentes venezolano y colombiano un informe de todos los temas que se trataron para que sean ellos quienes tomen las decisiones "más favorecedoras para las relaciones entre ambos países".