Fueron despedidos 17 trabajadores de Unión Radio

Patty Fuentes Gimón / @pattyfuentesg

El pasado viernes fueron despedidos 17 trabajadores del Circuito Unión Radio, de los cuales once son comunicadores sociales (periodistas, reporteros o redactores del centro de noticias).

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas rechazaron la medida por considerarla ilegal, sobre todo "en momentos en los que existe un decreto de inamovilidad laboral que resguarda la estabilidad de los trabajadores", denunciaron a través de un comunicado.

Tras recordar que no es la primera vez que se ejecutan despidos de este tipo en Unión Radio, el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, reveló que al parecer el circuito está buscando "eliminar los espacios informativos por razones políticas".

Según Ruiz, algunos periodistas que han salido de dicha radio han denunciado que "se están ejerciendo presiones para que Unión Radio cambie su línea editorial", lo que para el sindicato que defiende a los trabajadores de la prensa resulta alarmante porque "atenta contra el libre flujo de información en un medio que siempre se ha basado en la pluralidad y en la diversidad".

REESTRUCTURAR EL NOTICIERO

Jaime Ross, vicepresidente ejecutivo de Unión Radio, explicó que los recientes despidos responden a un rediseño de sus estructuras informativas. "Hoy en día los noticieros son cada vez más difíciles de comercializar porque la información llega por otros medios inmediatos, el consumo de la noticia está a la mano de twitter y de las páginas web", dice.

Para reestructurar el noticiero, el circuito tuvo que hacer una reducción de personal que, según Ross, "no hace más que responder a los tiempos que vive el país". Sin embargo, aclaró que Unión Radio "sigue siendo el equipo radial con mayor staff de periodistas de Venezuela".

El también gerente de la radio relató que los trabajadores despedidos aceptaron la decisión y salieron "económicamente satisfecho", y señaló que "si se tratara de presión política, no siguieran al aire las caras de Marta Colomina, Maripili Hernández, Kiko Bautista, entre otros, ni se siguiera dando información y opinión... Unión Radio sigue y seguirá siendo una emisora de noticia".

LA OPINIÓN DE LOS AFECTADOS

Daniel Guillermo Colina fue uno de los redactores despedidos y considera que la decisión fue justa porque "no es más que una proyección de lo que vive el país.

La emisora no está recibiendo los mismos recursos que cuando había más anunciantes y, al no estar entrando anunciantes, no hay cómo mantener la nómina". El joven asegura que las puertas quedaron abiertas para ellos en la radio y hace un llamado a los anunciantes a "no tener miedo por el terrorismo fiscal que hacen los entes del estado".

Los logros ocultos de la huelga de hambre

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Más allá de la posible liberación de siete presos políticos, el éxito de la huelga de hambre es haber presionado al Gobierno para que, de forma implícita, reconozca la presencia de disidentes privados de libertad en el país.

“Al legitimar la naturaleza de la huelga y movilizar a funcionarios de alto nivel, como el ministro El Aissami, para que se reuniese con los huelguistas que pedían la liberación de los presos políticos, el Estado los reconoce. Además, accedió a negociar con ellos en mesa de diálogos y realizó gestos importantes como las excarcelaciones de Biagio Pilieri y otros”, explica Ángel Álvarez, director del Instituto de Estudios Políticos de la UCV.

El Gobierno se encontraba en “un dilema sumamente grande”, agrega el politólogo, pues si la huelga seguía creciendo hasta perderla de control, los daños hubiesen sido mayores, al igual que las consecuencias internacionales. Por eso, “prefirió jugarse la carta de dar señales de liberación, con lo que da la impresión de ser un Gobierno democrático que permite el diálogo”.

Con la huelga de hambre de 23 días también se logró que, tácitamente, el Estado dé una vez más muestra de que en Venezuela no hay separación de poderes. “Ahora pueden decir que no liberaron a nadie sino que los tribunales de justicia tomaron medidas autónomas del Poder Ejecutivo y apegadas al estado de derecho”, señala Álvarez.

Negociación o riesgos

El politólogo considera que los estudiantes actuaron de forma razonable al levantar la huelga el pasado martes. “Terminaron la protesta cuando el Gobierno mostró estar lo suficientemente dispuesto a actuar. Si no aceptaban esas boletas de excarcelación, tenían que mantener el conflicto hasta las últimas consecuencias, lo que implicaba costos altos de salud para los huelguistas”, indica.

Mientras Álvarez argumenta que en toda confrontación hay procesos de negociación, el estudiante Lorent Saleh asegura que, durante la reunión que sostuvieron con el ministro de Interior y Justicia, “no hubo negociación porque creemos que los Derechos Humanos no se negocian… lo que hubo fue un diálogo con respeto a pesar de las profundas diferencias ideológicas”.

El representante de la plataforma Javu afirma que luchan por la libertad de todos los presos políticos, pero “el Gobierno no era el único factor que interactuaba, sino también la Fiscalía y el TSJ”.

La decisión de levantar la huelga de hambre tuvo que ver con el riesgo de acabar con la posibilidad de liberar a siete presos políticos. “Una cosa era la huelga y otra es la Operación Libertad. Seguimos debatiendo por los demás presos políticos y haciendo las gestiones para que venga Insulza”, destacó el joven.  

Aunque El Aissami insistió ayer en que los huelguistas reconocieron que muchas de sus solicitudes son inconstitucionales, Saleh lo desmintió y, tras aclarar que no quiere confrontaciones con el Gobierno, explicó que el Estado admitió que en ciertos casos se viola el estado de derecho.

“La lucha no ha terminado. Vemos uno de los avances más importantes en el tema de presos políticos en los últimos años”

Lorent Saleh, representante de Javu

Siete presos políticos podrían ser liberados

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Los 23 días en huelga de hambre parecen haber dado fruto. Ayer los estudiantes anunciaron levantar la protesta tras ser atendidas sus demandas por parte del Estado.

El miembro de la plataforma Javu, Lorent Saleh, enumeró los logros que se obtuvieron con la manifestación frente a la OEA, entre los que destacó la atención médica de la jueza María Lourdes Afiuni y que se le otorgara la medida de casa por cárcel.

Asimismo, aseguró que “en el seno de la OEA están discutiendo los problemas de DDHH en Venezuela”, gracias a que con la huelga se pedía la atención de la comunidad internacional.

Respecto a las cárceles, Saleh informó que el próximo viernes 25 de febrero visitarán, junto con el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, el internado judicial La Planta para revisar la situación penitenciaria.

Las medidas les corresponden

La liberación de los presos políticos era una de las principales peticiones de los estudiantes. Además de conseguir la asistencia médica de los internos con problemas de salud, la huelga de hambre podría alcanzar que a siete de los 27 presos políticos del país les concedieran medidas alternativas para el cumplimiento de la pena.

“Este jueves, dependiendo de la evolución de la gestión en curso, tendremos una primera mesa de trabajo con el Gobierno, familiares y abogados para revisar uno a uno los casos que nos quedan”, dijo el representante de Javu.

Saleh detalló que lograron que el Gobierno “comenzara de inmediato a gestionar los beneficios de prelibertad de Silvio Mérida, Felipe Rodríguez y Otto Gebauer; respetara la voluntad popular en los casos de Freddy Curupe y Biagio Pilieri; y revisara la posibilidad de conceder los beneficios a los PM Arube Pérez y Marco Hurtado”.

Los familiares informan

Ana Mercedes de Gebauer confirmó que desde 2008 le correspondía a su esposo Otto Gebauer el régimen abierto, medida alternativa que sólo podría serle entregada si se le aplicaba un examen psicosocial. “Esa prueba la hace el MIJ y, aunque yo tenía años solicitándolo, no se la habían hecho hasta ayer, así que este es un logro de los estudiantes”, agregó y señaló que hoy deberían trasladarlo al tribunal para que se le impongan las medidas que deberá cumplir al regresar a su casa.

Licy, esposa de Arube Pérez, detenido por los sucesos del 11 de abril, relató que el domingo acudió a la OEA para entregar a los huelguistas los datos de la sentencia de su marido e incluir el caso en las peticiones estudiantiles. “El ministro dijo que los casos de Arube y de Marco Hurtado son los primeros a evaluar por ser los más adelantados y con menos años de sentencia. Yo me imagino que la presión que ejercieron los estudiantes tuvo que ver con esto porque a nosotros nos hacían caso omiso”, dijo.

Sin embargo, Licy de Pérez destacó que la juez espera la respuesta del ministro para otorgarle a su esposo la medida alternativa. “Supongo que esta semana les harán los exámenes, les pedirán las carpetas de trabajo que tienen y harán el cómputo de las horas para restarles los días de la pena, pero la juez no ha dicho nada, su caso está trancado en Aragua. La juez nos había asegurado que en el primer trimestre de 2011 lo gestionarían. Ese camino estaba andado ya”, señaló.

Extraoficialmente, al cierre de esta edición, se conoció que fueron firmadas las boletas de excarcelación de Gebauer y de Felipe Rodríguez. También se intentó contactar a los abogados de los demás presos políticos que podrían ser liberados en las próximas horas, pero no fue posible. Ahora habrá que esperar para saber si las promesas del Gobierno serán cumplidas.

“En este pulso, seguimos pulseando”

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

“Muchas veces la dinámica de participación no es más que la articulación de intereses compartidos porque somos víctimas de algo en común y tratamos de mover la solidaridad de la sociedad o de incidir en la política pública”.

Así lo expresó Carlos Correa, director de Espacio Público, en el foro “Importancia de las ONG en el fortalecimiento de la democracia”, que fue realizado el pasado sábado en el marco del noveno aniversario de la asociación civil Ciudadanía Activa.

Ante la aprobación de la Ley de Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que impide a las ONG recibir financiamiento internacional, representantes de diversas asociaciones señalaron tener un gran desafío por delante y aseguraron que seguirán en la lucha.

“Hay una pretensión de restringir el derecho a la asociación, pero en este pulso, seguimos pulseando en defensa de la democracia y de los valores de los sectores con enormes necesidades”, indicó Correa.

El director de Espacio Público advirtió que en la ley también se limita la posibilidad de invitar a un académico al país para que hable sobre un tema. “Puede ser interpretado de manera retorcida y podrían aplicarnos sanciones como inhabilitación política o pago de multas entre Bs. 275 y Vd. 550 millones”, añadió.

Cuenta regresiva… 614 días

Tras destacar que se siente optimista porque “si se mantienen los números, quedan 614 días para el final de todo esto”, el diputado Enrique Mendoza afirmó que para que la participación sea auténtica, no puede estar controlada por el Estado, “debe ser pluralista y desvinculada de lo político y religioso”.

El parlamentario explicó que lo único en lo que coincidían la sociedad marxista y la capitalista es en que para ser exitoso hay que buscar el talento. “Chávez hizo un antivalor: desprecia a la gente preparada, lo que crea la mediocridad y no hay sociedad que bajo un concepto de mediocridad se pueda construir”, agregó.  

¿Sobrevivirán? ¡Las que lo merezcan!

Jesús Torrealba, coordinador de Radar de los Barrios, alerta que sólo seguirán funcionando aquellas organizaciones que no hayan sido creadas desde el poder ni hayan perdido de vista la línea entre una ONG y una empresa consultora. “Sobrevivirán los pueblos organizados en función de objetivos específicos y con fines de contraloría social que promuevan las minorías que integran la mayoría silenciosa y que sus labores sean útiles para la sociedad”, aclaró.

Más protestas aquí que en toda Latinoamérica

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Venezuela es el país de Latinoamérica donde se registran más protestas. Nada más durante enero de este año el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) contabilizó 408, lo que representa un incremento de casi 14% respecto al mismo mes de 2010, en el cual fueron 359 las protestas.

De acuerdo con dicho centro de investigación, en los últimos diez años 78% de las exigencias han sido económicas, culturales y sociales. Lo que va de 2011 no es la excepción, pues en enero se presentaron 143 manifestaciones orientadas hacia los derechos laborales (35%), 121 solicitudes de una vivienda digna (30%) y 83 educativas (20%). El resto de las protestas fue con motivo de la seguridad ciudadana, participación política y justicia.

Los trabajadores son quienes más se movilizan en defensa de sus puestos, discusiones de contrato colectivo, pago de pasivos, entre otros. “La tasa de desempleo (6,5%) y la ausencia de políticas cónsonas con las demandas de los trabajadores mantienen vivas las protestas”, explica Marco Antonio Ponce, investigador de conflictividad social de Clacso.

Una situación similar ocurre con los vecinos, quienes se ven afectados por las lluvias de diciembre que dejaron a alrededor de 300 mil familias damnificadas y que aún no han obtenido solución a su problema.

El estudio del Observatorio de Conflictividad Social estima que el Estado tiene una deuda de 3 millones de unidades habitacionales. “Las promesas presidenciales de construcción y entrega de 80 mil viviendas en dos años para los afectados, que representa apenas 2,7% del déficit total, no sintonizaron las expectativas de los damnificados, quienes emplearon el cierre de calle como principal mecanismo de protesta pacífica”, se señala en el texto.

Radicalización de las luchas sociales

Los datos de Clacso revelan que en lo que va de año se han registrado 29 huelgas de hambre en el país, de las cuales 21 todavía están activas. “La tendencia se sigue incrementando en comparación con los últimos dos años. En 2010, fueron 105 en total y en 2009, al menos cinco. Las huelgas de hambre son las protestas más pacíficas, pero también las más peligrosas porque los participantes atentan contra su propia vida para llamar la atención”, explica el investigador de Provea.

Ponce afirma que este recurso es efectivo dependiendo del contexto en el que se desarrolle. “Infortunadamente, el Gobierno ha tenido poca sensibilidad social frente a las huelgas de hambre y así lo demostró con la muerte de Franklin Brito. Poco después, unos productores portugueses iniciaron una protesta de este tipo e, inmediatamente, obtuvieron respuesta porque el Estado quería enviar el mensaje de que no había sido el culpable del fallecimiento de Brito”, añade.

El politólogo Herbert Koeneke coincide con Ponce e indica que “en cualquier democracia verdadera, las huelgas de hambre son instrumentos efectivos, pero en Venezuela casi no tienen consecuencia porque el Gobierno descalifica a quienes protestan”.

Ambos expertos aseguran que el Estado intenta conducir la conflictividad social con estrategias de opinión pública. Un ejemplo de esto es la visita que el ministro Tareck El Aissami realizó el jueves a los 19 huelguistas frente a la OEA, pero no atendió sus peticiones.

“El tema de los estudiantes tiene impacto internacional, por lo que el Gobierno quiere dar la imagen de que está dialogando con ellos, pero no responde a su problemática. Lo importante es que estos jóvenes sienten el deber frente al país de hacer cumplir la Constitución”, dice Ponce.

Para Koeneke, el Estado está usando la imagen de El Aissami por haber sido dirigente estudiantil. “Ese es el mensaje encubierto. Luego dirán que trataron de lograr un consenso, pero no pudieron por la posición de los ‘pitiyankees’”, agrega.

“El repertorio de luchas se ha venido consolidando frente a la falta de respuestas del Gobierno. Las huelgas de hambre llaman más la atención que otras protestas” 

 Marco Ponce, investigador de Provea

98% de las protestas en Venezuela son pacíficas