Atienden salud de William Saud

Patty Fuentes Gimón

Después de un año y tres meses, el Estado está atendiendo la salud de William Saud, detenido desde 2005 en la sede de Patrulleros de Caroní, en Puerto Ordaz, por liderar una protesta en Las Claritas. 

Es probable que hoy se realice una audiencia especial para imponer el beneficio y hacer entrega de la boleta de libertad.

Desde el 2 de diciembre de 2009, día en que el minero de 62 años fue encarcelado y sentenciado a 6 años de prisión, ha estado solicitando un traslado para ser asistido médicamente, pues padecía de cáncer de piel en estado de metástasis, tiene problemas pulmonares y de próstata, además de ser hipertenso.

Un año después, autorizaron su traslado y el 24 de enero de 2011 fue intervenido quirúrgicamente para atacar el cáncer en una clínica privada de Puerto Ordaz, en la cual tuvo que utilizar sus propios recursos, pues el Estado no veló por su derecho a la salud.

“No me habían permitido el traslado, sólo me llevaron dos veces a un hospital de emergencia, donde me tomaron la tensión y me pusieron una inyección. Ahora, cuando me hicieron los estudios preoperatorios, me salió este problema en tres arterias coronarias y amerito una operación a corazón abierto para instalarme tres bypass”, explica Saud.

Resultados de las protestas

Tras la presión generada por ONG, sindicatos y la sociedad civil que exigen medidas humanitarias para el dirigente minero, el miércoles representantes de la Defensoría y la Fiscalía lo visitaron y aseguraron que pronto su caso será resuelto.

Esa noche, también asistió al centro de reclusión Marlene de Castro, doctora forense de Puerto Ordaz. “Dudó de la veracidad de mi caso. Le dije que si es médico, no debe dudar jamás de la veracidad de un informe: un estudio de cateterismo que es bien delicado y preciso. Le planteé mi situación y me dijo que iba a llevarla a los tribunales”, relata.

Saud considera que la atención del Estado es producto de la rueda de prensa que ofrecieron el miércoles el sindicalista recién liberado Rubén González y el representante de Javu, Lorent Saleh, pues “enviaron un mensaje muy contundente”.

Además, ayer asistió a la sede de Patrulleros de Caroní la fiscal superior del estado Bolívar, quien notificó que introducirá ante los tribunales superiores una medida sustitutiva de libertad para el minero por sus condiciones de salud.

“Tengo que trasladarme a Caracas para efectuarme la operación porque la abogada Tamara Sujú hizo contacto con el doctor Sergio Brandis, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario que se puso a la disposición de operarme, supongo que de forma gratuita por ser un hospital público”, expresó.

Preso por protestar

William Saud fue detenido el 2 de diciembre de 2009 por los presuntos delitos de agavillamiento, incitación al cierre de vías y al pánico y la zozobra de la colectividad. “Todo fue por una protesta que se ejecutó en 2005, en la que el alcalde Carlos Chancellor y yo intervenimos como mediadores para evitar una matazón en la Corporación Venezolana de Guayana por el incumplimiento de un contrato y el maltrato hacia la población minera. Ahora estamos en la etapa de apelación ante la Sala de Casación Penal del TSJ”, señala el minero.

Más de 15 protestas al día en febrero

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

Las manifestaciones no cesan. Durante febrero, se presentaron 429 protestas, lo que representa un incremento de 49% respecto al mismo mes del año pasado, cuando fueron 287 las movilizaciones.

Nada más en los primeros dos meses de 2011, se han registrado 837 luchas sociales, de las cuales 203 se orientaron hacia derechos laborales, 102 a exigencias de viviendas, 78 a demandas por seguridad ciudadana, participación política y justicia, y 46 a peticiones educativas.

De acuerdo con estas cifras reveladas por el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), 47% de las protestas fueron protagonizadas por trabajadores que reclaman pagos de pasivos, discusiones de contrato colectivo, estabilidad laboral y libertad para dirigentes sindicales.

Muchas promesas, pocas acciones

Marco Antonio Ponce, investigador de conflictividad social de Clacso, considera que “la ausencia de políticas cónsonas con las demandas de los trabajadores mantienen vivas las protestas”.

El politólogo afecto al oficialismo Nicmer Evans coincide con Ponce y añade que, “después de once años, la brecha entre el discurso y la acción ha generado el incremento del descontento por parte de la población en la eficiencia y eficacia de la gestión pública”.

“Las expectativas que se generan desde lo que el socialismo ofrece como alternativa se quedan cortas en relación con lo que se ha puesto en práctica. Mientras más apertura haya entre las expectativas creadas y las satisfechas, mayor será el nivel de protesta”, explica.

El politólogo también señala que cada vez son menos reprimidas las manifestaciones, lo que “hace que la gente sienta mayor libertad de protestar”. Pero hace una excepción: “De protestas violentas, lo menos que se puede esperar es violencia”.

El investigador de Clacso, por el contrario, asegura que la represión de las movilizaciones se ha mantenido y que ha aumentado la criminalización, es decir, se acusa a manifestantes de cometer delitos y son llevados a prisión o les dan sustitutivas de libertad.

Más huelgas de hambre

Provea contabilizó 33 huelgas de hambre en los dos primeros meses del año: 12 en enero y 21 en febrero. “Este repertorio de lucha se perfila hacia su consolidación y revela la poca disposición al diálogo por parte del Gobierno”, se expresa en el estudio de Clacso.

Tras indicar que muchos huelguistas no son escuchados, Ponce reflexiona que “pareciera que el Gobierno tiene que esperar a que la gente ponga en riesgo su vida para dar alguna respuesta”.

Evans dice que las huelgas de hambre no son indicadores de que se está radicalizando la protesta. “Hay unas sin sentido y otras con sentido. Todas son atendidas, pero no sé si todas reciben eficiente respuesta. Hay momentos en los cuales la exigencia de la protesta sobrepasa la capacidad del Estado o se considera absolutamente injusta”, agrega. 

5 huelgas de hambre en 2009
105 en 2010
33 en los primeros dos meses de 2011
80% de las protestas en Venezuela son de sectores del chavismo, según Nicmer Evans, politólogo afecto al oficialismo

Cada dos días una mujer es asesinada por su pareja

Patty Fuentes Gimón

Casi a las ocho de la mañana recibió una llamada. Era su cuñado Pedro Guerrero, quien con voz de preocupación, le pidió que acudiera a su apartamento en las residencias La Alameda, en el estado Táchira, pues nadie atendía el teléfono de la casa donde debían estar su esposa e hija.

El hombre cumplió órdenes. Al llegar al apartamento, tuvo que forzar la cerradura de la puerta. Se dirigió primero al cuarto de su hermana, a quien encontró fallecida en su cama, pero sin aparentes signos de violencia. El mismo escenario se le presentó al entrar a la habitación de su sobrina.

Así fue como el pasado sábado 22 de enero aparecieron los cadáveres de Erika Rivera, de 37 años de edad, y de su pequeña hija de cuatro años, quienes según los datos suministrados por el Cicpc, fueron asfixiadas con una almohada por el abogado Pedro Guerrero, esposo y padre de las víctimas.

Rivera y su hija forman parte de las 12 mujeres que fueron asesinadas en Táchira durante los primeros 22 días del año. No es casualidad que la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) estime que cada dos días es ultimada en Venezuela una fémina por su pareja y que, por cada denuncia, aproximadamente son diez las que no se notifican.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2009 más de 100 mil mujeres denunciaron haber sido agredidas por sus parejas o ex parejas, lo que “revela que fueron más de un millón las víctimas que no hicieron las acusaciones formales”, calcula Mercedes Muñoz, presidenta de Avesa.

La situación no ha cambiado. La semana pasada, la presidenta de la Comisión Nacional de Justicia de Género, del Tribunal Supremo de Justicia, Yolanda Jaimes, informó que durante los últimos dos años se han contabilizado 118.500 casos de agresiones a mujeres, lo que en promedio es más de 160 por día.

Prevención con educación

Tanto insultos, gritos y amenazas como agresiones psicológicas, golpes y asesinatos son maltratos contemplados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entró en vigencia el 23 de abril de 2007 con el fin de “prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones”.

Pero la ley no se cumple. Tras destacar que la sociedad venezolana está constituida bajo un modelo machista, Ofelia Álvarez, directora de Fundamujer, recomienda crear programas que prevengan la violencia contra las féminas.

“No es imposible lograrlo, pero se necesitan planes concretos. No hay que inventarlos porque ya existen, hay mucha gente que ha aportado ideas en este tema. Lo importante es tener perseverancia y hacer cumplir la ley. Todo el mundo debe divulgar y prevenir porque vivimos en una sociedad donde el hombre tiene el rol de poder y la mujer de sumisión”, añade.

Álvarez considera que, de unos años para acá, las personas han tomado mayor conciencia del problema e, incluso, han dejado de verlo como una circunstancia privada; sin embargo, asegura que “falta mucho por hacer”.

“Hay que educar a las mujeres para que denuncien o hablen con sus parejas porque la sobreprotección al principio parece bonita, pero después puede ser peligrosa. Muchos hombres maltratadores quieren cambiar, por lo que hay que incluirlos a ellos en la solución del problema”, afirma.  

La directora de Fundamujer denuncia que muchos funcionarios no están preparados para atender este tipo de casos, que aún no se han creado los centros de reeducación para los hombres y que los refugios del Instituto Nacional de la Mujer desparecieron. “En Caracas sólo hay uno y en el interior hay alrededor de tres. Todos son de fundaciones privadas”, dice.

Tareas urgentes

El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres propone:

1.      Ejecutar planes para formar a los funcionarios.

2.      Asignar presupuestos suficientes para las instituciones que se ocupan de este tema.

3.      Elaborar el reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

4.      Reformar los códigos Civil y Penal para eliminar las contradicciones con otros instrumentos legales nacionales y con convenios internacionales.

5.      Garantizar el cumplimiento de las leyes.

6.      Corregir los requisitos de evaluaciones psicológicas, denuncias escritas y otras exigencias a las víctimas de la violencia.

7.      Crear tribunales de violencia contra las mujeres en todo el país.

8.      Crear casas de abrigo.

9.      Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de municipios y gobernaciones.    

Un estado forajido en DDHH

Patty Fuentes Gimón

Foto: Ilich Otero

El Estado venezolano hace caso omiso a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ninguna de las diez sentencias que el órgano internacional ha emitido acerca de Venezuela ha sido acatada a plenitud.

Ocho de las doce veces que el Estado venezolano ha sido demandado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han ocurrido durante el actual gobierno. Incluso, dos de los cinco casos que la Corte lleva a cabo en este período son de Venezuela, entre los que está el de la inhabilitación de Leopoldo López.

“Tenemos un pie adentro y otro afuera de la Convención Interamericana de DDHH. Cuando en 2008 el TSJ declaró inejecutable la decisión de la Corte de reincorporar a los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se les arrebataron a los venezolanos sus DDHH”, explica Juan Carlos Apitz, exmagistrado afectado por dicha medida.

Los tratados internacionales no son supraconstitucionales –añade Apitz– pero sí tienen el mismo rango que la Carta Magna porque integran el Bloque Constitucional. “Decir que los tratados no se cumplen es como decir que la Constitución tampoco se cumple. Por eso, el Estado no puede sustraerse de la Convención simplemente con un procedimiento de separación, sino que haría falta un referéndum, tal como tendría que hacerse si se quisiera modificar la Constitución”, dice.

Los artículos 23 y 31 de la Carta Magna establecen la importancia de los pactos de DDHH en el ordenamiento jurídico interno. Además, “prevalecen siempre que sean más favorables para los ciudadanos, pues la Convención reconoce derechos que no están en nuestra Constitución”, aclara el exmagistrado.

El abogado defensor de los DDHH Rafael Narváez, por su parte, señala que los estados, lejos de oponerse al papel que juegan los medios de comunicación en el Sistema Internacional de DDHH, deben buscar “la mejor manera de insertarse en ella de acuerdo a sus intereses”.

Emergencia judicial

La sentencia de la Corte IDH que exigió al Estado venezolano la reincorporación de los magistrados destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María Ruggeri, es una pequeña muestra de la emergencia judicial de Venezuela.

De acuerdo con Apitz, “se ha hecho un plan muy bien orquestado para que no haya justicia ni sistema de justicia” en el país, pues “eliminaron la autonomía funcional, financiera y administrativa del TSJ; la participación ciudadana en la elección de los jueces; los procedimientos disciplinarios para destituir a un juez; la prohibición de asociación entre jueces; las competencias de dirección de gobierno y administración del TSJ y la posibilidad de que el máximo tribunal elabore su presupuesto”.

En pocas palabras, el abogado asegura que se eliminó la estabilidad de los jueces, a pesar de estar recogida en la Constitución, porque “tienen que tener garantía de que no serán removidos de sus cargos por las decisiones que tomen, pero en Venezuela, la Comisión Judicial del TSJ destituye jueces con oficios de tres líneas: ‘Por observaciones del desempeño de su cargo, hemos decidido revocar su nombramiento’”.

La propia presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, reconoció durante el inicio del año judicial, que en 2010 se produjeron 1.479 nombramientos en el Poder Judicial. “En Venezuela hay 1.914 jueces en total, por lo que 74% de los jueces del país son provisorios”, calcula Apitz.

“Ningún juez toma una decisión que afecte los intereses del Gobierno. Ni siquiera a los jueces titulares les reconocen su estabilidad, porque con una parafernalia de procedimientos disciplinarios, son destituidos en pocos días. Por ejemplo, el caso de la jueza Afiuni, removida en 24 horas”, agrega.

Nos vemos en la bajadita

Apitz relata que el año pasado el Estado venezolano anuló la sentencia de la Corte IDH respecto al caso de las destituciones de los magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Ante esto, los jueces de la Corte IDH informaron que publicarán si reconocen o no la decisión del TSJ. “En las próximas semanas, saldrá esa decisión donde seguramente obligarán al Estado a cumplir con la sentencia o habrá que discutir este año en el seno de la Asamblea de la OEA las sanciones que se tomarán, lo que abrirá una ventana para el resto de las sentencias que no se han cumplido”, estima y asegura que “el Estado venezolano puede ser calificado como un estado forajido, lo que lo deja mal parado frente al resto de los estados de América”.

“En Venezuela, no hay justicia ni sistema de justicia. Lo que hay es un una parafernalia que han montado para hacernos creer que hay Poder Judicial” 

 Juan Carlos Apitz, ex magistrado

La huelga de hambre la levantó un pajarito

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Lo que parecía difícil de resolver tomó su camino de la manera más informal. Un mensajito de Twitter inició el diálogo que puso fin a la huelga de hambre de los estudiantes frente a la OEA. No fue sino hasta que el dirigente de la protesta Lorent Saleh mencionó en la red social al ministro Tareck El Aissami, que éste se dignó a prestar atención a los casi 100 jóvenes que manifestaban en todo el país.

Desde entonces, mantuvieron contacto durante varios días. “Se generaron discusiones, le enviamos nuestras peticiones y concretamos la reunión que fue ese jueves 17 de febrero. Lorent y yo conversamos con él dos horas y media. Al final de la reunión, invitamos a dos de nuestros abogados, Tamara Sujú y Gonzalo Himiob, y establecimos cuál era nuestro mínimo de peticiones”, relata Julio César Rivas, presidente fundador de Javu.

−¿Cuál era ese mínimo de peticiones?

−La venida del secretario general de la OEA, casa por cárcel para la jueza Afiuni y la liberación de todos los presos políticos, pero dábamos alternativas mientras se restablecen las libertades de quienes ya cumplieron más de la mitad de la pena.

−¿A qué se refiere cuando dice que dieron “alternativas”?

−A alternativas jurídicas. Sabemos que la situación de todos los presos políticos es inconstitucional, pero tomamos en cuenta que hay unos que ya han pagado la mitad de la pena, otros que están enfermos y otros que donde están no se les respetan sus DDHH. Dimos alternativas para buscar soluciones inmediatas mientras logramos el objetivo mayor: libertad de todos los presos políticos.

−¿Cómo tomó el ministro El Aissami el planteamiento que le hicieron?

−Rebatió todas nuestras peticiones con argumentos, pero sólo se ponía cerrado en algunos casos, como el de Mazuco y el de los hermanos Guevara. Esas posiciones van en contra de las nuestras porque las personas que administran justicia en el país no son de confiar, así que no es verídico de lo que los acusan.

El joven cuenta que sus abogados dieron “herramientas para que aplicara cosas inmediatas” al ministro, quien se llevó las propuestas y demostró estar comprometido con buscarle solución al problema.

Al día siguiente, El Aissami y el canciller Nicolás Maduro se pronunciaron. Los huelguistas mantuvieron contacto con el ministro hasta que llegaron a un acuerdo pues, aparentemente, el Estado cedería en sus peticiones.

−¿Considera que realmente fueron atendidas todas las solicitudes?

−No podíamos trancar los caminos de diálogo. Vamos a ir conquistando objetivos y, en la medida que lo hacemos, dejamos precedentes para liberar a los demás. El procedimiento más rápido para excarcelar a todos sería una ley de amnistía o un indulto presidencial, pero es complicado llegar a eso en pocos días. Las soluciones del Estado superaron nuestras expectativas porque dieron la posibilidad de liberar a dos diputados y a dos puntos de honor para el Gobierno: Otto Gebauer y “El Cuervo”.

−¿Era necesario levantar la huelga de hambre para que el Gobierno ejecutara esas medidas?

−La huelga la levantamos porque, en un proceso de diálogo y negociación, no se logra nada si tenemos la pistola encima de la contraparte. La huelga representaba una amenaza seria para el Gobierno porque estaban en riesgo nuestras vidas. Así que decidimos darnos una tregua. Levantamos la huelga como muestra de que estamos dispuestos a establecer el camino del diálogo, pero nos mantenemos en los puntos de protesta como diciendo: “No te equivoques porque estamos dispuestos a continuar con las acciones”. Mantendremos la vigilia hasta tener señales suficientes del Gobierno de que podemos trabajar sin necesidad de acciones como esta.

−¿Cree que con estas liberaciones se demuestra que en Venezuela no hay separación de poderes?

−Quizás en el futuro te pueda responder esa pregunta, pero ahorita no. Sin embargo, puedo decirte que esto es algo que hay que apreciar, porque más allá de eso, estamos demostrando que hay presos políticos y, algo más valioso todavía, que cuando tenemos la disposición de hacer respetar las leyes, podemos lograrlo.

“El ministro nos pedía que bajáramos el tono de la protesta, pero nosotros más bien íbamos en avance porque para negociar no era bueno ir en desventaja de fuerzas” 

Julio César Rivas, presidente de Javu