La inseguridad es asunto de todos

Patty Fuentes Gimón

Caracas es la capital más peligrosa de América. De los 17.600 asesinatos que se registraron el año pasado en el país, entre 4 mil y 5 mil ocurrieron en la ciudad principal, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia.

Los datos que se conocen sobre violencia en Venezuela son publicados únicamente por organizaciones de la sociedad civil, pues desde el año 2005 el Estado dejó de revelar información sobre este fenómeno que ha pasado a formar parte de la cultura de los ciudadanos.

Ante estas circunstancias, más de 25 ONG y el Cabildo Metropolitano de Caracas constituyeron el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana que, de acuerdo con el concejal Freddy Guevara, “quiere ser los ojos de los ciudadanos para hacer contraloría permanentemente sobre la carrera contra la delincuencia”.

Tras destacar que 40% de los asesinatos que se presentan en el país ocurren en Caracas, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y DDHH del Cabildo Metropolitano explicó que si a final de año no se evita el homicidio de al menos una persona, el Observatorio no habrá dado resultados.

Con este acuerdo, se quiere reafirmar que “creemos en un modelo de trabajo sin la disputa Gobierno-ONG y sabemos que es imposible acabar con la inseguridad sin entender qué lo ocasiona”, añadió.

Carlos Nieto Palma, de Una Ventana a la Libertad, informó por su parte que el Observatorio presentará dos informes al año sobre la violencia. Aunque el activista de los DDHH de los reclusos advirtió que no será fácil el trabajo y que esta iniciativa fracasó en otros gobiernos, aseguró que tienen voluntad.

“Queremos darle una nueva cara a Caracas en lo que tiene que ver con seguridad. Haremos seguimiento a las políticas que desarrolla el Estado en la ciudad capital y le haremos recomendaciones. Esto es muestra de que una representación del Estado puede trabajar con las ONG. Pareciera que no podemos unirnos y trabajar conjuntamente porque siempre creen que estamos lanzando dardos venenosos contra el Estado, pero lo que buscamos es soluciones”, agregó.

Dimensiones de la violencia

Principalmente, el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana analizará:

- Violencia homicida, robos hurtos y secuestros

- Violencia contra las mujeres, niños y adolescentes

- Debido proceso

- Situación penitenciaria y reinserción social

- Discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género

- Incidencia pública para la paz

“Cuando hablamos de seguridad ciudadana 

la intención no es lo que cuenta”

Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y DDHH del Cabildo Metropolitano de Caracas

La inseguridad se sienta en el banquillo de la ONU

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Paz Activa entregó a la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas su “Informe sobre la Situación de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Venezuela”, en el cual destacó que la inseguridad se ha convertido en el principal problema de los venezolanos.

La ONG señaló que el acceso a la información, a pesar de estar contemplado en el artículo 51 de la Constitución, es una de las “grandes barreras a las cuales se enfrenta el ciudadano común a la hora de exigir en alguna medida resultados a sus gobernantes o llevar adelante cualquier iniciativa de contraloría social desde la sociedad civil organizada”.

El estudio deja ver  que, hasta el año 2005, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ponía a disposición de los periodistas las cifras semanales de violencia en el país. Después de que esta oficina dejó de publicar esos datos, las ONG y los comunicadores sociales contabilizan por sí mismos los asesinatos.

“Las cifras generadas por organizaciones como la nuestra no son refutadas por el Estado, lo cual nos hace entender que estas se acercan o son inferiores a las que se manejan desde los entes responsables del Estado”, dicta el texto.

Tras recomendar al Gobierno que divulgue información sobre la criminalidad en Venezuela, Paz Activa recordó que recientemente, en la presentación de su memoria y cuenta, el ministro Tareck El Aissami reveló por primera vez en varios años que la tasa de homicidios que maneja su despacho se sitúa en 48 por cada 100 mil habitantes.

“Esto es a razón de que algunos especialistas en la materia y la propia encuesta de victimización realizada por el Estado en 2009 situaban este indicador sobre los 70 homicidios por cada 100 mil habitantes. Estas disparidades son originadas exactamente por la negativa del Estado a difundir abiertamente este tipo de cifras, lo que permitiría a la sociedad hacer una verdadera contraloría de los avances que se logren en esta materia”, añade el informe.

Desmilitarizar la seguridad ciudadana

Aunque el artículo 328 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas pueden ejercer cooperación en el mantenimiento del orden interno, esto no significa que deben sustituir las responsabilidades de los cuerpos de seguridad.

Sin embargo, según la ONG de seguridad ciudadana, la mayoría de las policías regionales, municipales y nacionales tienen directores provenientes del ámbito militar, lo que “imprime a esos cuerpos un carácter castrista”.

“Observamos con preocupación cómo el Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana a cargo de la Guardia Nacional, una rama de las Fuerzas Armadas, se está desplegando a lo largo y ancho del país en respuesta a la emergencia de seguridad que presenta el país. Esto pareciera ser un aspecto positivo como respuesta al problema, pero este dispositivo no parece ser transitorio y consume importantes recursos económicos para su equipamiento en claro detrimento de los cuerpos de seguridad ciudadana civiles, municipales y regionales, que no cuentan con los recursos necesarios para graduar nuevos cadetes, mejorar la situación salarial de los funcionarios y adquirir equipamiento necesario para sus labores”, añade Paz Activa.

Discurso violento genera violencia

Paz Activa reconoce que el Estado ha cambiado su postura respecto a la inseguridad, pues antes era considerado un problema estructural de la sociedad del consumo y no uno de políticas públicas.

La situación ahora es que “el tema de seguridad ciudadana se ha politizado, a tal punto que entorpece los esfuerzos del Estado y de la sociedad en desarrollar políticas exitosas en la materia”, por lo que la ONG sugiere al Estado promover convivencia social y política desde todas sus instancias, establecer relaciones positivas y de cooperación con los partidos opositores, además de promover los principios de libre asociación y participación social y política consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.

“El uso de las Fuerzas Armadas como cuerpo de seguridad ciudadana contradice principios de los Estados democráticos modernos y de nuestra propia Constitución”  

Arturo Camaripano lleva 1 año secuestrado

Patty Fuentes Gimón

Eran las 10:30 de la mañana. El productor Arturo Camaripano entraba a su finca San Ramón en las Mercedes del Llano, estado Guárico. Su asistente agropecuaria, Carmen González, iba de copiloto en la Nissan Frontier que fue interceptada por otro automóvil. Varios sujetos se bajaron de la camioneta y se llevaron secuestrados a Camaripano y a González.

Ha transcurrido casi un año desde entonces y los familiares de los plagiados siguen esperando su liberación. “Fue el 4 de febrero de 2010 cuando comenzó toda esta odisea. Yo me enteré como a las 12 del mediodía que se me ocurrió llamarlo al teléfono de la finca, me dijeron que no había llegado y de una vez pensé: ‘Se lo llevaron’. Lo supuse porque él me había dicho varias veces que lo llamara; no sé si tenía un mal presentimiento o qué”, expresa Diana Camaripano, la segunda de los seis hijos de Arturo Camaripano.

Aunque los propietarios de San Ramón no habían recibido amenazas, la joven de 27 años explica que “siempre teníamos miedo de que nos secuestraran porque con la delincuencia que hay en el país uno siempre está alerta”.

La misma noche del secuestro, se presentaron en la casa de los Camaripano, a media hora de la hacienda, funcionarios del Cicpc y de la Guardia Nacional. “Durante el día no hubo ni una alcabala en todo el estado. Era como si no hubiera pasado nada porque todo el mundo estaba en el desfile del 4 de febrero con Chávez… Nadie me contestaba, tenían los teléfonos apagados. Nosotros mismos fuimos los que encontramos el carro al día siguiente: estaba en la vía Agua Blanca, cerca de Calabozo”, relata.

Dos semanas después, los secuestradores se comunicaron con la familia González y dieron la orden de que compraran un celular Digitel y otro Movilnet. “Nos llamaron al día siguiente, tenían acento como colombiano. Desde ahí empezaron las negociaciones, nos pidieron Bs.F. 15 millones y nos dijeron que si no, los iban a matar. Después bajaron la cantidad, pero cuando les pedíamos fe de vida nos subían el monto. No he visto fotos ni videos de mi papá, sólo nos ha respondido preguntas secretas que nada más puede saber él y el 26 de febrero recibimos una carta escrita por la señora Carmen diciendo que negociáramos rápido porque estar secuestrado es muy malo”, añade.

Los familiares no han tenido contacto con los plagiarios desde el 26 de septiembre ni han podido localizarlos porque las llamadas que recibían son desde una plataforma internacional.

“La última vez nos pidieron 2 millones de bolívares. No tenemos ese dinero porque mi papá es el único que puede vender y negociar porque todo está a su nombre; no manejamos dinero en efectivo”, indica.  

“El Gobierno dice que está trabajando en esto, pero hasta que no me traigan a mi papá, no será efectiva su labor” 

Diana Camaripano, hija de Arturo Camaripano