jueves, 24 de noviembre de 2011

Denuncian a "sicarios del Gobierno"



Patty Fuentes Gimón
Dos años no han sido suficientes para que las autoridades resuelvan el caso del homicidio de Mijail Martínez, hijo del ex diputado larense Víctor Martínez. Hasta ahora, sólo han sido detenidos dos de los autores materiales, pero ninguno de los intelectuales.

Mijail Martínez fue asesinado el 26 de noviembre de 2009, cuando sólo faltaban cinco días para que cumpliera 24 años. Eran las 7:20 am. El joven esperaba a su madre fuera de su casa, en el sector Ezequiel Zamora de Barquisimeto, pero fue sorprendido por dos sujetos que lo obligaron a ubicarse detrás de su camioneta, le propinaron tres disparos y huyeron.

Desde entonces, su padre, Víctor Martínez, ha invertido cada uno de sus días en investigar el episodio para castigar a los responsables. Tras realizar diversas averiguaciones, el ex diputado por el PSUV reitera que su hijo fue víctima de un sicariato.

“Yo llevaba tiempo denunciando que me estaban amenazando por haber dado información sobre el narcotráfico dentro del Gobierno. Lo mandaron a matar porque no me hice cómplice de la vagabundería del Gobierno. Con eso intentan atemorizar a los que denuncian irregularidades de funcionarios. El objetivo era y sigo siendo yo, no Mijail”, expresa.

Las novedades
La investigación que ha hecho Martínez desmontó “todo el escenario de resistencia al robo que el Cicpc había establecido con unos supuestos autores materiales que fueron fundamentados con testigos falsos”, sostiene.

“Llegamos al autor material y a los cómplices, además de que establecimos cadenas de vínculos que estos sicarios tienen con el Cicpc en este y otros asesinatos”, añade.

De acuerdo con Víctor Martínez y los testigos, el asesinato estuvo planificado por el diputado Luis Reyes Reyes y el general Jesús Armando Rodríguez Figuera, con el aval de los jefes del Cicpc de Lara. Los autores materiales serían entonces Carlos Alberto Zavarce Carucí, alias “El Sucio”, y Jean Carlos Pérez, alias “Jean Carlitos”, quienes se encuentran recluidos en la cárcel de Uribana desde marzo y mayo de este año, respectivamente.

“Las dos capturas de estos ciudadanos han sido el resultado de la inteligencia social y popular de mi persona con las comunidades. No es que fue capturado por las gestiones de las autoridades. Nunca los habían capturado porque son sicarios del Gobierno. Ellos tienen un prontuario de más de tres órdenes de captura por asesinatos, drogas, robos, secuestros, etc.”, aclara Martínez.  

El problema radica ahora en que, al parecer, los abogados de estos privados de libertad están solicitando medidas humanitarias para ambos con el pretexto de que están enfermos. La defensa de los presuntos asesinos “está vinculada al grupo del general Rodríguez Figuera, quien ahora está inhabilitado por 7 años por corrupción”.

El ex diputado señala que “hace falta que la Fiscalía dé su resolución acerca de las denuncias que hicimos de los más de 168 ajusticiamientos por parte del mencionado general, en sus cuatro años como comandante de la policía y bajo la autorización de Reyes Reyes, además de los delitos de desviación de fondos, abuso de poder, protección a narcotraficantes, entre otros”.

Por esta razón, el padre de Mijail Martínez exige que se impute a Reyes Reyes, Rodríguez Figuera y a los comisarios del Cicpc, Carlos Rodríguez y José Núñez, “por ser parte del entramado de la autoría intelectual” de su hijo.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

Ataques a periodistas no se castigan


Patty Fuentes Gimón
Eran casi las cinco de la tarde. Pierre Gerges se encontraba en la bomba Texaco de Chuao, en Caracas. De repente, una moto se aproximó al lugar, se bajó el parrillero y le propinó más de 12 disparos al entonces vicepresidente del diario Reporte de la Economía.

Así de rápido acabaron con la vida de Gerges, pero por el contrario, la investigación ha sido tan lenta que hoy, a más de tres años del suceso, no se ha hecho justicia.

Entre enero de 2010 y agosto de 2011, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela registró al menos 75 agresiones a periodistas, de las cuales sólo 31 (26%) fueron denunciadas y ocho tuvieron algún tipo de reparación. Esto quiere decir que únicamente tres de cada diez comunicadores sociales atacados denuncian y que siete de cada diez ataques contra periodistas, que han sido formalmente denunciados, permanecen impunes.  

“Estamos incluyendo en esos datos a las víctimas que se sintieron reparadas por ejemplo porque despidieron a su agresor del organismo donde trabajaba o porque le devolvieron la cámara que le habían incautado. Sin embargo, sólo son cuatro los casos en los cuales hubo algún tipo de decisión judicial”, explicó el director ejecutivo de Ipys Venezuela, Ewald Scharfenberg.

Con motivo del Día Mundial para terminar con la Impunidad, que se celebra hoy por primera vez, Scharfenberg destacó que los 75 episodios que contabilizaron no incluyen “el universo de otro tipo de amenazas contra la libertad de expresión, como el cierre de medios, las medidas judiciales, las penas administrativas, etc.”.

Ciudadanía afectada
La autocensura es la primera consecuencia de las agresiones a periodistas, por parte de la persona afectada como de sus colegas por temor. Pero quien realmente sufre los efectos es la ciudadanía, pues deja de informarse acerca de situaciones que podrían resultar de su interés.

“No hay una cultura de Derechos Humanos que nos lleve a activar el mecanismo de denunciar cuando somos objeto de una agresión. Algunos no lo hacen porque piensan que no va a ser eficaz y otros porque creen que las autoridades están vinculadas con el agresor. El problema es que cuando hay agresión contra periodistas y no hay sanción, el agresor se puede sentir tentado a seguir cometiendo actos de este tipo”, señala el director ejecutivo de Ipys Venezuela.

Por esta razón, la mencionada organización solicita al Estado que tome acciones para sancionar a los responsables de ataques y agresiones contra periodistas y reparar a los afectados. Asimismo, alerta que el próximo año podría ser muy violento para la prensa.

“Se aproxima un año electoral y las tensiones se agravan, ya que los picos de ataques contra periodistas crecen. Estamos teniendo un marco de tormenta perfecta para 2012: la suma de impunidad más el año electoral”, añade.

500 periodistas en todo el mundo fueron asesinados en los últimos 10 años. Sólo se resolvió 10% de los casos

martes, 22 de noviembre de 2011

"Me arrepiento de haber soñado en exceso"


Patty Fuentes Gimón
Sus días son pesadillas y sus noches, fantasías. Al abrir los ojos cada mañana, se da cuenta de que todavía está ahí, acostado en una litera de hierro y con su mirada puesta en una reja, una reja que pareciera querer permanecer cerrada de por vida.

Pero siete años encarcelado no han sido suficientes para que Iván Simonovis pierda las esperanzas de seguir viviendo y de confiar en que, más temprano que tarde, la justicia divina lo devolverá a la calle.

“Ya para la torcida justicia socialista somos cosa juzgada. Judicialmente, llegamos hasta el final”, dice el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en una entrevista ofrecida a TalCual a través de su esposa Bony, quien le llevó las preguntas al Sebin, donde permanece detenido desde 2004 por los sucesos del 11 de abril de 2002.

─¿Siente usted que los organismos internacionales de DDHH se han ocupado de su caso?
─La justicia internacional tarda, pero estoy seguro de que llegará y cada uno de los juzgadores y violadores de mis DDHH tendrá que enfrentarse a ella.

─¿Puede describir el drama interior que sobrelleva un recluso que tiene la firme convicción de que está condenado a 30 años de prisión, producto de una injusticia?
─Sólo te puedo decir que jamás imaginé la cantidad de días de mi vida que se consumirían en este vetusto edificio, una mazmorra de cemento y hierro, gris, tan gris como el comunismo. No hay explicación lógica a todo esto, sólo que un grupo de resentidos decidieron convertirme en su bandera de éxito.

─El año que viene usted ya podrá optar por medidas alternativas. Tomando en cuenta que estos beneficios no han sido otorgados a los PM detenidos también por los hechos del 11A, ¿qué cree que pase en su caso?
─Yo me he fabricado un modelo mental que consiste en que cualquier juicio de valor entre lo justo o lo injusto no tiene aplicabilidad alguna ante este alevoso Gobierno y tengo absolutamente claro que mi obligación es sobrevivir a esta barbarie judicial. Tristemente, mientras el mundo discute cómo reconocer los DDHH, profundizar las democracias, sembrar principios y valores que garanticen que ninguna persona abuse de otra y que todos tengamos oportunidad y justicia, acá se hace todo lo contrario. La palabra justicia desapareció del diccionario gubernamental y se intenta imponer una sola doctrina.

POLITIZAR LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN
Los siete años de reflexión tras las rejas han hecho que el recluso de 51 años de edad refuerce, con la lectura, sus conocimientos acerca del tema policial y de la situación de inseguridad en el país. Tanto ha sido su aprendizaje que la semana pasada publicó la guía anticrimen "Cómo evitar ser la próxima víctima", ilustrada por el caricaturista Roberto Weil.

“Un día conversando con mi hijo, buscábamos estrategias sencillas que él y sus compañeros pudieran aplicar para evitar encuentros sorpresivos con la delincuencia. En una visita un ex compañero de la PTJ, Jorge Betancourt, me sugirió la idea de escribir un texto. Luego me visitó Weil, quien aceptó apoyarme. Lo que escribía se lo daba a mi familia, ellos me proporcionaban información para actualizarme. Además, leía la prensa que llegaba, así fuera vieja”, relata.

─De acuerdo con su experiencia, ¿cuáles han sido los errores de la política de seguridad de este Gobierno?
─Este Gobierno no ha tenido una política de seguridad pública, sino que opera con base en ensayo y error. Una muestra es que hace unos días (después de 13 años y 150.000 homicidios) se involucró a la Guardia Nacional en otro plan de seguridad, poco creativo porque en los años 80 y 90 ya se hizo y el resultado fue ver muchos GN en la calle pero no se redujo la actividad criminal. Un GN es un militar, su equipamiento personal está adecuado para actividades militares y su arma es un fusil. En el momento de una confrontación ante un evento criminal, no sabe cómo actuar mas allá del uso de ése fusil, no tienen entrenamiento en la aplicación de niveles de fuerza, no sabe cómo reducir a un delincuente en una confrontación cuerpo a cuerpo.

Por otro lado, los nuevos conceptos de prevención de delitos que usan las policías uniformadas se basan en que el policía debe salir a trabajar con objetivos preestablecidos, que obedecen a un trabajo previo de inteligencia policial, saber la hora de mayor incidencia criminal, características de los delincuentes, forma de desplazamiento, vías de fuga, etc. Eso permite al policía anticiparse a la acción delictiva y eso es prevención. La mayoría de las veces el efectivo militar ni conoce el área que se le asigna para vigilar, no porta ni radio.

Yo discrepo de los que opinan que el tema criminal no debe politizarse. Al contrario, es un problema que, por no tener una definición clara de cómo actuar, deja al libre albedrío decisiones que diariamente cobran más y más vidas de venezolanos.

Hay que entender que la política criminal tiene como fin la prevención y la represión de la delincuencia. Es supremamente importante la coordinación efectiva, con todos los operadores de justicia. Sin embargo, eso no funciona así en este Gobierno; de hecho, no existe la cultura de esa coordinación efectiva, que debería abarcar, desde las policías municipales hasta el Tribunal Supremo, pasando por la Fiscalía.

─Si mañana un gobierno distinto al actual lo nombra a usted ministro del Interior, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que tomaría?
─Respecto a la gerencia policial y el sistema  preventivo, ordenaría la incautación total de armas de fuego y la neutralización de bandas de micromercadeo de drogas. También, establecería un adecuado financiamiento y entrenamiento policial que permita obtener confianza y apoyo de los ciudadanos. Por último, diseñaría e implementaría un sistema de rendición de cuentas que obligue a cada organización de seguridad a informar trimestral y anualmente sobre sus actividades administrativas y operativas.

Respecto al sistema penitenciario y postpenitenciario, recuperaría la planta física de los penales, los cuales están diseñados para 15.000 internos y hay más de 45.000 presos en Venezuela. Acabaría con el ocio penitenciario, reubicaría a la población penitenciaria según la clasificación estándar: máxima, media y mínima seguridad; condenados y procesados. Regionalizaría el sistema penitenciario, como lo establece la ley, y entregaría el resguardo de las cárceles a profesionales del servicio penitenciario.

Respecto al Ministerio Público y Tribunales, incrementaría en por lo menos tres veces más la cantidad de fiscales y jueces; despolitizaría ambos entes para garantizar la autonomía y transparencia de las decisiones. Actualmente hay aproximadamente 2.000 jueces en sus diferentes instancias y se comenten más de 130.000 delitos al año. Si sólo se encursan 10% de esto, sería 13.000 casos por atender entre fiscales y jueces.

─Si compara la extinta PTJ, donde usted se formó, con este Cicpc creado por el Gobierno, ¿cuáles son las diferencias fundamentales?
─Ahora hay menos funcionarios del Cicpc por densidad poblacional que hace 10 años. La sólida génesis de extraordinaria organización es la que ha permitido su supervivencia más de 50 años dando resultados positivos al país. La base del éxito del Cicpc, otrora PTJ, radica en la criminalística; sin embargo, en esta área hay una gran deuda de inversión. El equipo de ADN no se ha puesto a funcionar ni otras tecnologías, como el AFIS (identificación dactilar), que tiene más de ocho años dañado, y el IBIS (identificación e individualización de proyectiles y casquillos) que tampoco funciona.

─¿Qué opina de que se haya eliminado la PM y se haya creado la PNB?
─Pienso que la creación de la PNB ha sido una acertada idea. Eso ayuda a la unificación de criterios, homologación de cargos e incluso a hacer un uso racional de los recursos, presupuesto y equipamiento policial, sólo que a la velocidad que van faltarán muchos años hasta llegar al número mínimo requerido de policías preventivos. Necesitamos no menos de 130.000 policías en Venezuela. Sin embargo, yo apuesto al éxito de esa nueva policía.
Respecto a la eliminación de la PM, si bien es cierto que allí había muchos funcionarios con problemas de conducta, no menos cierto es que los funcionarios de la PM son los que mejor conocen las barriadas caraqueñas. Se debió aprovechar este potencial humano y crear una maxiunidad de inteligencia criminal, que reportara al MIJ. Eso daría importantísima y estratégica información para llegar directo a la delincuencia. Me parece un craso error dejar a esa gente así en el aire, sin empleo, sin ninguna actividad productiva. Eso puede revertirse contra el Estado.

SU FAMILIA SE MANTIENE UNIDA
Tras cuatro años solicitando a las autoridades ser atendido por médicos especialistas, el pasado 5 de septiembre Simonovis fue trasladado a una clínica para hacerse los exámenes que arrojaron que padece de discopatía en la columna vertebral y disminución del espacio intervertebral.

¿Qué cambios ha habido en su entorno familiar desde que está preso?
─La respuesta a esta pregunta es  para llorar. El 19 de noviembre de 2004 dejé a un niño de 11 años, una niña de 7 y a mi esposa Bony. Han pasado 7 años que jamás podré recuperar: Iván ahora es un hombre de casi 19 años que ya está en la universidad; Ivana tiene 14 y, como ella dice, los únicos recuerdos que tiene con su papá son en la cárcel. A Bony le ha tocado ser mamá y papá. Cuando estamos todos juntos soñamos con volver a una vida normal, compartir cumpleaños, día del padre o madre, épocas especiales como ahora, nuestra séptima Navidad separados. Estoy seguro de que luego de esto hasta un sencillo almuerzo en casa lo disfrutaremos enormemente.

¿De qué se arrepiente Iván Simonovis hoy?
─De soñar en exceso. Tuve una carrera intachable en la PTJ, eso me valió hasta obtener ascensos por méritos extraordinarios, siempre he respetado la ley y en eso baso mi conducta de vida. Pensé que dando lo mejor de mí, sacrificando horas y días que debía estar con mi familia lograría objetivos tangibles en la reducción del delito, pero me equivoqué. El hecho de haberme preparado y estudiado me convirtió en un enemigo de este régimen, con el resultado que todos conocen.

CONFÍA EN VENEZUELA
En cuanto a las elecciones presidenciales de 2012, Simonovis opina que “es el momento de dar un impulso amplio y contundente por el futuro de la nación. Confío en mi país y debemos cambiar este hipertrófico Gobierno por uno lleno de talentos  para hacer gerencialmente un Estado eficiente y productivo. Ahora tenemos una oportunidad. Oportunidad y responsabilidad van juntas. Y como dicen por ahí: ‘Nos unimos como equipo o moriremos como individuos’”.


“Tengo absolutamente claro que mi obligación es sobrevivir a esta barbarie judicial”

“Este Gobierno ha causado un daño irreversible a mi familia, pero no irreparable”

Chávez es el enfermo más caro de Venezuela


Patty Fuentes Gimón
El presidente Chávez vive alardeando la necesidad de que haya igualdad social en el país y criticando a los “oligarcas” por siempre “haberlo tenido todo”. Sin embargo, mientras los hospitales venezolanos están cada vez peores y a los presos políticos se les niega tratarse en sus hogares, el mandatario ha recibido las mejores atenciones médicas, dentro y fuera del país, para atacar el cáncer que padece.

El secretario general de Proyecto Venezuela, Carlos Berrizbeitia, estima que en los últimos cuatro meses el Gobierno ha gastado alrededor de 6 millones de dólares nada más en vuelos a Cuba. “Prácticamente, ha habido un puente aéreo entre Maiquetía y La Habana. Estamos hablando de más de 200 horas de vuelo porque en su recuperación, no sólo ha viajado él, sino también su familia, sus ministros y ha despachado desde allá”, dice.

Aunque el también diputado por la Mesa de la Unidad no conoce el monto exacto que se ha invertido en total para la enfermedad del Presidente, asegura que “todo ha sido pagado con dinero del Estado”, lo que a su juicio resulta lógico. “Lo criticable es la diferencia del empeño que se pone en su enfermedad con el trato que se le da a los hospitales”, añade.

Tanto en el Hospital Militar como en Miraflores se hicieron remodelaciones para brindarle a Chávez todos los servicios médicos. “Cuando va al Hospital Militar se paraliza todo, lo que ocasiona problemas a los demás pacientes. Está bien que tenga sus normas de seguridad como todo Presidente, pero no se debería restringir el paso de todo el Hospital”, opina Berrizbeitia.

Presos y contagiados
Situaciones totalmente diferentes se presentan en los casos de presos políticos como Henry Vivas, a quien se le detectaron 18 patologías, y José Sánchez Mazuco, quien padece de cáncer de próstata. Los abogados de estos reclusos han solicitado medidas humanitarias para ellos, pero hasta ahora el Estado no se las ha otorgado.

“En el caso de Mazuco parece que hay apatía por parte del Tribunal que sólo tiene que enviar el informe médico forense para conocer la opinión fiscal. Ha transcurrido una semana desde que pedimos la medida y no se ha hecho ninguna gestión. Y en el caso de Vivas, como no es cáncer, el Tribunal (a solicitud de la Fiscalía) no quiere entender que el cuadro completo es grave: podría quedar ciego y sordo, duerme sentado y tiene un tumor en la garganta, entre otras dolencias”, explica la abogada Theresly Malavé.

El diputado de la MUD Eduardo Gómez Sigala considera que entre la forma en que se ha tratado la enfermedad de Chávez y la manera en que se niega la salud a los presos políticos “no hay punto de comparación; lo que hay es una falta de consideración por parte del Estado”.

“Es razonable que un Presidente tenga un tratamiento adecuado. Chávez ha podido decidir qué tipo de tratamiento aplicarse y dónde recibirlo. Esa es la diferencia con las personas recluidas que no tienen esa suerte ni han podido tener un entorno familiar que los ayude en su recuperación”, agrega.

Cáncer como propaganda
El secretario general de Proyecto Venezuela, Carlos  Berrizbeitia, critica que Chávez ha usado su enfermedad como una forma política para mejorar su imagen, lo que también implica enormes gastos de dinero, en publicidad y en cadenas presidenciales. “El Gobierno ha hecho de la enfermedad del Presidente un problema de Estado. Es posible que lo sea, pero no puede estar por encima de los problemas de los venezolanos”, señala.

Víctimas secundarias de la violencia



Patty Fuentes Gimón
Ana Isabel se quedó estática, totalmente impactada. Era la noche de año nuevo. Comenzaba 2011, pero terminaba la vida de dos de sus familiares. Mientras los Palacios brindaban, celebraban y tomaban fotos en La Victoria, estado Aragua, algunos ciudadanos aprovechaban la ocasión para delinquir.

Varios motorizados aparecieron de repente en aquel sitio, lo que ocasionó que todos los vecinos se refugiaran en sus humildes casas, menos Carlos José Palacios, quien se quedó afuera y recibió un disparo. Al ver a su padre caer, Carlos Alberto salió en su defensa, pero inmediatamente le dieron un tiro en la frente.

Desde la esquina, Ana Isabel vio cómo su esposo y su hijo fueron asesinados. “De ese día, me quedaron los sueños rotos de un futuro prometedor. A pesar de todo, estoy agradecida; soy millonaria porque tuve la suerte de que mi hijo y mi esposo me amaran por 25 años. Dios me dio un regalo grandísimo porque ellos fueron muy especiales. Mi hijo me daba besitos a cada ratico y me decía que me amaba. Lo que me mantiene en pie es el regalo de 25 años de amor que me dio mi hijo”, expresa después de casi un año, con expresión distraída, llena de dolor.

Su mirada y la de otras 51 madres que perdieron a uno o más de sus hijos producto de la violencia ya no estarán guardadas entre cuatro paredes. Desde el pasado sábado, inició el Proyecto Esperanza, una iniciativa de cuatro jóvenes venezolanas preocupadas porque los homicidios son percibidos como números y no como situaciones humanas, que decidieron pegar diversas gigantografías de rostros de madres que perdieron a sus hijos en varias zonas de Caracas.

“La intención es ponerle cara a la esperanza por el fin de la violencia y sensibilizar a las personas para que entiendan que los números que aparecen en el periódico tienen por detrás a las víctimas secundarias. Además, queremos que las personas generadoras de violencia vean estas fotos y piensen que no quieren que sus mamás estén así, por lo que tendrán que disminuir la violencia para no estar en situación de riesgo”, explica María Fernanda Pérez Rincones, una de las organizadoras del proyecto.

Las gigantografías tendrán también este mensaje: “Devolvamos a estos rostros la esperanza”, y estarán desplegadas por El Valle, Las Mercedes, El Hatillo, La Trinidad, Macaracuay y entradas de la Cota Mil.

A pesar de haber perdido a sus dos parientes, Ana Isabel mantiene vivas las esperanzas: “Tengo mucha fe en Dios. Creo que ellos están en un lugar mejor y que llegará el momento en que nos encontremos. Pienso que tengo una misión que cumplir en la vida y que por eso continúo aquí, pero luego voy a reencontrarme con ellos. Perder a mi hijo y a mi esposo va a ayudar a otras personas a crecer y a ser más precavidas. No pierdan la oportunidad de abrazar a sus hijos ningún día, porque podría ser el último”.

Costos intangibles
Para el sociólogo Luis Cedeño, el Proyecto Esperanza le pone una cara a los costos intangibles de la violencia, es decir, al dolor humano de las madres que perdieron a sus hijos. “Los costos directos son los años de vida productiva perdidos, que el joven no llegó a trabajar o que no llegó a hacer una familia. Pero los intangibles no se pueden medir, como lo que siente la madre al no poder abrazar a su hijo o al no haber conocido a sus nietos. Quizás con estas fotos no se resolverán sus casos, pero con esto ellas pueden sentir que la memoria de su hijo sigue viva y que no es un número más”, explica.