“Caso Makled no tiene relevancia”

Patty Fuentes Gimón

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, reiteró que el caso del presunto narcotraficante Walid Makled “es un procedimiento como cualquiera de los miles que se producen día a día para cualquier ciudadano venezolano sometido a nuestra justicia”.

Tras expresar que “para los lectores resulta cansón siempre lo mismo del caso Makled”, la magistrada aseguró que “su juzgamiento lo único que tiene de relevante es que significó una extradición desde Colombia a Venezuela, lo que implica la intervención de la Cancillería venezolana y el gobierno de Colombia, a fin de lograr que sea juzgado en Venezuela”.

“No es que no tiene relevancia jurídica, sino judicial, en el sentido de que es un procedimiento ordinario más. Para nosotros, no reviste un carácter especialísimo. El ciudadano ha comparecido, se le ha puesto al tanto de la situación para que ejerza su debida defensa y ha tenido su defensor público”, añadió.

Respecto al juez designado para este caso, Domingo Arteaga, Morales explicó que primero cumplió funciones en el Poder Judicial de Zulia, luego de Falcón y ahora en la capital. “Su presencia en Caracas no obedece a una situación especial. Es normal que los jueces soliciten traslado y en ese tribunal se produjo una renuncia”, destacó al tiempo que aclaró que Arteaga no tiene “ningún nexo de familiaridad” con ella ni con algún pariente suyo.

Exige extradición

La presidenta del TSJ aprovechó la oportunidad para reclamar la extradición del cubano Luis Posada Carriles “a fin de que continúe el proceso al cual está sometido en Venezuela”.

La magistrada considera que ha habido impunidad en este caso, pues se trata de “terrorismo con explosivos por un acuerdo internacional entre varios países (Venezuela, Trinidad y Tobago, Cuba y Bermuda) y se acordó que su juzgamiento debe desarrollarse en Venezuela”.

A su juicio, las circunstancias que alega Estados Unidos para no extraditar a Posada Carriles a Venezuela no están vigentes. “Esperamos que se nos cumpla con esos compromisos internacionales y convenios firmados por EEUU y Venezuela, como el Tratado de Extradición firmado en 1922 y el Tratado de Montreal”, dijo.

Prisiones y hacinamiento

Acerca del retardo procesal existente en las cárceles venezolanas, Morales afirmó que el Poder Judicial ha estado trabajando de manera activa para buscarle soluciones a un “problema estructural de vieja data”. Sin embargo, resaltó que la alternativa no está únicamente en crear más centros de reclusión. “Aunque se refleja el hacinamiento como consecuencia de la insuficiencia de cárceles, ese no es el problema fundamental. Toca también actuar en la parte legislativa… El Poder Judicial estableció los jueces itinerantes para que asistan a las cárceles a fin de acelerar los procesos con retrasos. No hemos escatimado ni tiempo ni inversión. Estamos comprometidos en la creación de juzgados de control para acelerar los procesos en sitios distantes a los centros tribunalicios”, agregó.

“El problema de las cárceles no se resuelve de una sola forma, sino enfrentando todas las aristas”

Luisa Estella Morales, presidenta del TSJ

El año judicial inició con bostezos

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

En ausencia del dueño del circo, los demás actores se esmeraron en dormir al público. La disertación de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia cayó como somnífero para los 1.265 jueces que asistieron al acto de apertura del año judicial, realizado el sábado en el auditorio principal del TSJ.

Luego de que sonara la canción “Venezuela”, entraran las autoridades y se instalara el TSJ en pleno, a las 5:27 de la tarde el presentador del evento dio paso a las palabras de Luisa Estella Morales Lamuño, quien sería sucedida por el orador de orden Fernando Vegas Torrealba, magistrado de la Sala Electoral.

Mientras Morales Lamuño evadía el tema judicial y se encadenaba hablando de historia, los propios magistrados entablaban conversaciones paralelas y el público cabeceaba. No fue sino hasta después de media hora que la representante del máximo tribunal del país encaminó su discurso hacia el vamos a lo que vinimos.

Nunca faltan las focas. Aunque los jueces deben estar claros de que las acusaciones de incompetencia en contra del sistema judicial no son de gratis, muchos de ellos no dudaron en aplaudir a la presidenta del TSJ en todas las oportunidades en las que repitió: “Con esto, una vez más, mostramos el alto nivel de eficiencia de la máxima instancia judicial”.

Entre otras cosas, la magistrada se jactó de asegurar que en 2010 disminuyó considerablemente el retardo procesal. Sin embargo, reconoció que las leyes dictadas durante el actual régimen persiguen objetivos ideológicos y que “la estructura jurídica de Venezuela debe cambiar”.

El doctor Vegas Torrealba no desperdició la ocasión para enaltecer la labor del Estado rojo rojito y afirmó que, “sin duda, se ha avanzado en la gestión actual del Poder Judicial, en comparación con el decadente desempeño de la cuarta república, época en la cual las mafias judiciales lo degradaron”.

A diferencia de otros años, este fue un acto desabrido, que en gran parte transcurrió bajo una atmósfera sombría, acompañada de la voz parsimoniosa de la magistrada Morales Lamuño y la presentación de unas láminas con mapas de la Caracas colonial. El vacío que dejó el Presidente silenció en cierto modo a quienes, en otra circunstancia, se hubiesen puesto de pie y habrían exclamado con furor: “¡Uh, ah, Chávez no se va!”. 

Disculpen, no pude asistir

Otra muestra del desorden del sistema judicial venezolano es que, el pasado 30 de enero, María Lourdes Afiuni recibió la invitación formal a la Sesión Solemne de Apertura de las Actividades Judiciales del año 2011. La presidenta del TSJ y demás magistrados tuvieron el “honor” de convidar a la titular del Juzgado 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas, hoy convaleciente de una operación. Al parecer, olvidaron que desde hace un año y dos meses, Afiuni es una presa más de Chávez.

Los oficios ahora matan sentencias

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Eloísa Álvarez lleva cinco años tratando de recuperar su vivienda en Colinas de Bello Monte, Caracas. En 2002 decidió alquilar su apartamento porque no tenía ingresos suficientes para mantener a sus dos hijas. Cuando venció la prórroga legal de los inquilinos, en octubre de 2009, Álvarez les avisó que debían retirarse de la vivienda, pero estos se negaron, por lo que el caso fue llevado a tribunales.

Después de un año y un mes de espera, en noviembre de 2010 se firmó la sentencia firme con orden de desalojo forzoso, pero no logró que los arrendatarios salieran.

El 10 de enero de 2011, la propietaria del apartamento presentó una segunda orden de desalojo forzoso a sus inquilinos, quienes solicitaron un lapso de 15 días para salir voluntariamente, de los cuales se les otorgaron 10, por lo que debían retirarse el 20 de enero.

Cuando llegó el día y Álvarez notó que los arrendatarios no tenían intenciones de salir, decidió instalarse en el pasillo frente a su apartamento. Han transcurrido once días desde entonces y los inquilinos alegan estar amparados por la ley, pues el 14 de enero el Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo las instrucciones del presidente Chávez, publicó un oficio que suspende temporalmente los desalojos de inmuebles alquilados.

“Hay muchas Eloísas”

Álvarez es uno de los 1.500.000 propietarios que se ven afectados por el oficio del TSJ, según el coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Raimundo Orta Poleo, quien también estima que directamente deben haber sido detenidas las ejecuciones de 4 mil sentencias en todo el país.

“El oficio lo firma Luis Estela Morales en su carácter de presidenta de la Comisión Judicial del TSJ y no en nombre de la presidencia del TSJ porque eso no ha pasado por un juicio. Esa comisión no tiene facultad para ordenarles a los jueces que no ejecuten temporalmente medidas judiciales, preventivas o ejecutivas que conlleven al desalojo de inmuebles destinados a vivienda o habitación, aun existiendo sentencia definitiva”, explica el abogado.

El escritorio jurídico Orta Poleo ejerció el recurso de reconsideración administrativa para que, en los próximos 15 días, revoquen totalmente la decisión. “Ya quedan sólo 4 días. Si no lo hacen, tendremos que recurrir a la Sala Constitucional porque se violan los derechos a la defensa y al debido proceso”, señala.

¿Desalojos arbitrarios y masivos?

A juicio del experto en materia inmobiliaria, “en gran parte se acabó el Estado de derecho en el país porque un órgano administrativo no puede ir contra los poderes Judicial y Legislativo”.

Orta Poleo indica que esta medida proviene de un error fundamental que se comete en Venezuela: “El TSJ no debería tener funciones administrativas que antes dependían del Ministerio de Justicia”.  

El abogado denuncia que el oficio estuvo motivado “porque algunas personas que se dicen representantes de los arrendatarios, convencieron a esos órganos de que aquí se producen desalojos arbitrarios y masivos. No pueden ser arbitrarios porque siempre vienen de un acto de un tribunal, ni pueden ser masivos porque los juicios son individuales”.

¡Alerta, inquilinos!

Orta Poleo entiende a los inquilinos, pues después de que declararon la congelación de alquileres, quedaron inmovilizados. “No consiguen lugar para mudarse como inquilinos, sino que tendrían que pasar a ser propietarios y los inmuebles no están al alcance económico de muchos de ellos. Por eso, se aprovechan de este oficio”, dice. Sin embargo, advierte a los inquilinos que se mantengan al día con sus pagos y busquen vivienda porque “cuando se levante esta medida podrían quedar en la calle”. El abogado asegura que “el Gobierno debe recapacitar, pues está contrariando totalmente la Constitución”.

“La ley establece cómo son los procesos judiciales y ningún órgano, ni siquiera un tribunal, lo puede modificar” 

Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de Apiur