Menos represión, pero más criminalización

Patty Fuentes Gimón

Foto: Gregory Jiménez

Durante 2010 se presentaron 3.114 manifestaciones, de las cuales 1% fueron violentas, según el informe realizado por Provea y Espacio Público.

Enero fue el mes con más protestas (358), como consecuencia del racionamiento eléctrico y del cierre de RCTV Internacional, seguido de noviembre, cuando se registraron 326 y la principal demanda fue el pago de deudas a los trabajadores.

La mayoría de las luchas sociales ocurrieron en el estado Zulia, con un total de 559, casi todas por derechos laborales, al igual que en el resto del país, pues 36% fueron de trabajadores reclamando contratación colectiva, incremento salarial y libertad sindical.

Aunque en 2009 se contabilizaron 3.297 manifestaciones (5% menos que en 2010), las relacionadas con servicios básicos aumentaron 4%. De las 311 protestas que se presentaron en Miranda, 151 estuvieron vinculadas a servicios públicos.

Además de las luchas sociales por el derecho de los trabajadores (1.121) y por los servicios básicos (528), los venezolanos realizaron 230 protestas por seguridad ciudadana.

Invisibilizar la intolerancia

“En los últimos diez años, con excepción del repunte de 2008 y 2009, ha habido una tendencia a no reprimir violentamente las manifestaciones. En 2010 persistió esta dinámica, pero se incrementó la persecución, es decir, se sometió a juicio y se persiguió a los manifestantes”, reveló Carlos Correa, director de Espacio Público.

El año pasado fueron reprimidas 135 movilizaciones, 438 manifestantes resultaron detenidos y 386 heridos por armas de fuego, perdigones, ballenas, golpes y patadas.

Según Marino Alvarado, coordinador de Provea, desde 2005 “se inició una política de Estado donde participan los cuerpos policiales, el Ministerio Público y los tribunales, para abrir juicios penales a las personas por protestar, lo que evidencia el abuso del sistema de justicia con el fin de intimidar a la población”.

Sin embargo, Alvarado indica que, mientras en 2009 fallecieron cuatro manifestantes, el año pasado no murió ninguno y casi todos los homicidios de 2009 tuvieron resolución judicial. “Pareciera que el Gobierno está adoptando medidas eficaces para evitar que se usen armas de fuego en el control de manifestaciones”, expresa.

En el estudio se especifica que los responsables de las represiones fueron en 71% los cuerpos de seguridad, sobre todo la Guardia Nacional, y el resto de los agresores fueron grupos de choque. 

“A partir de 2009, hubo 52% de incremento respecto a 2007 y 2008 en las huelgas de hambre, que en 2010, fueron 98”

Más de 15 protestas al día en febrero

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

Las manifestaciones no cesan. Durante febrero, se presentaron 429 protestas, lo que representa un incremento de 49% respecto al mismo mes del año pasado, cuando fueron 287 las movilizaciones.

Nada más en los primeros dos meses de 2011, se han registrado 837 luchas sociales, de las cuales 203 se orientaron hacia derechos laborales, 102 a exigencias de viviendas, 78 a demandas por seguridad ciudadana, participación política y justicia, y 46 a peticiones educativas.

De acuerdo con estas cifras reveladas por el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), 47% de las protestas fueron protagonizadas por trabajadores que reclaman pagos de pasivos, discusiones de contrato colectivo, estabilidad laboral y libertad para dirigentes sindicales.

Muchas promesas, pocas acciones

Marco Antonio Ponce, investigador de conflictividad social de Clacso, considera que “la ausencia de políticas cónsonas con las demandas de los trabajadores mantienen vivas las protestas”.

El politólogo afecto al oficialismo Nicmer Evans coincide con Ponce y añade que, “después de once años, la brecha entre el discurso y la acción ha generado el incremento del descontento por parte de la población en la eficiencia y eficacia de la gestión pública”.

“Las expectativas que se generan desde lo que el socialismo ofrece como alternativa se quedan cortas en relación con lo que se ha puesto en práctica. Mientras más apertura haya entre las expectativas creadas y las satisfechas, mayor será el nivel de protesta”, explica.

El politólogo también señala que cada vez son menos reprimidas las manifestaciones, lo que “hace que la gente sienta mayor libertad de protestar”. Pero hace una excepción: “De protestas violentas, lo menos que se puede esperar es violencia”.

El investigador de Clacso, por el contrario, asegura que la represión de las movilizaciones se ha mantenido y que ha aumentado la criminalización, es decir, se acusa a manifestantes de cometer delitos y son llevados a prisión o les dan sustitutivas de libertad.

Más huelgas de hambre

Provea contabilizó 33 huelgas de hambre en los dos primeros meses del año: 12 en enero y 21 en febrero. “Este repertorio de lucha se perfila hacia su consolidación y revela la poca disposición al diálogo por parte del Gobierno”, se expresa en el estudio de Clacso.

Tras indicar que muchos huelguistas no son escuchados, Ponce reflexiona que “pareciera que el Gobierno tiene que esperar a que la gente ponga en riesgo su vida para dar alguna respuesta”.

Evans dice que las huelgas de hambre no son indicadores de que se está radicalizando la protesta. “Hay unas sin sentido y otras con sentido. Todas son atendidas, pero no sé si todas reciben eficiente respuesta. Hay momentos en los cuales la exigencia de la protesta sobrepasa la capacidad del Estado o se considera absolutamente injusta”, agrega. 

5 huelgas de hambre en 2009
105 en 2010
33 en los primeros dos meses de 2011
80% de las protestas en Venezuela son de sectores del chavismo, según Nicmer Evans, politólogo afecto al oficialismo

La huelga de hambre la levantó un pajarito

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Lo que parecía difícil de resolver tomó su camino de la manera más informal. Un mensajito de Twitter inició el diálogo que puso fin a la huelga de hambre de los estudiantes frente a la OEA. No fue sino hasta que el dirigente de la protesta Lorent Saleh mencionó en la red social al ministro Tareck El Aissami, que éste se dignó a prestar atención a los casi 100 jóvenes que manifestaban en todo el país.

Desde entonces, mantuvieron contacto durante varios días. “Se generaron discusiones, le enviamos nuestras peticiones y concretamos la reunión que fue ese jueves 17 de febrero. Lorent y yo conversamos con él dos horas y media. Al final de la reunión, invitamos a dos de nuestros abogados, Tamara Sujú y Gonzalo Himiob, y establecimos cuál era nuestro mínimo de peticiones”, relata Julio César Rivas, presidente fundador de Javu.

−¿Cuál era ese mínimo de peticiones?

−La venida del secretario general de la OEA, casa por cárcel para la jueza Afiuni y la liberación de todos los presos políticos, pero dábamos alternativas mientras se restablecen las libertades de quienes ya cumplieron más de la mitad de la pena.

−¿A qué se refiere cuando dice que dieron “alternativas”?

−A alternativas jurídicas. Sabemos que la situación de todos los presos políticos es inconstitucional, pero tomamos en cuenta que hay unos que ya han pagado la mitad de la pena, otros que están enfermos y otros que donde están no se les respetan sus DDHH. Dimos alternativas para buscar soluciones inmediatas mientras logramos el objetivo mayor: libertad de todos los presos políticos.

−¿Cómo tomó el ministro El Aissami el planteamiento que le hicieron?

−Rebatió todas nuestras peticiones con argumentos, pero sólo se ponía cerrado en algunos casos, como el de Mazuco y el de los hermanos Guevara. Esas posiciones van en contra de las nuestras porque las personas que administran justicia en el país no son de confiar, así que no es verídico de lo que los acusan.

El joven cuenta que sus abogados dieron “herramientas para que aplicara cosas inmediatas” al ministro, quien se llevó las propuestas y demostró estar comprometido con buscarle solución al problema.

Al día siguiente, El Aissami y el canciller Nicolás Maduro se pronunciaron. Los huelguistas mantuvieron contacto con el ministro hasta que llegaron a un acuerdo pues, aparentemente, el Estado cedería en sus peticiones.

−¿Considera que realmente fueron atendidas todas las solicitudes?

−No podíamos trancar los caminos de diálogo. Vamos a ir conquistando objetivos y, en la medida que lo hacemos, dejamos precedentes para liberar a los demás. El procedimiento más rápido para excarcelar a todos sería una ley de amnistía o un indulto presidencial, pero es complicado llegar a eso en pocos días. Las soluciones del Estado superaron nuestras expectativas porque dieron la posibilidad de liberar a dos diputados y a dos puntos de honor para el Gobierno: Otto Gebauer y “El Cuervo”.

−¿Era necesario levantar la huelga de hambre para que el Gobierno ejecutara esas medidas?

−La huelga la levantamos porque, en un proceso de diálogo y negociación, no se logra nada si tenemos la pistola encima de la contraparte. La huelga representaba una amenaza seria para el Gobierno porque estaban en riesgo nuestras vidas. Así que decidimos darnos una tregua. Levantamos la huelga como muestra de que estamos dispuestos a establecer el camino del diálogo, pero nos mantenemos en los puntos de protesta como diciendo: “No te equivoques porque estamos dispuestos a continuar con las acciones”. Mantendremos la vigilia hasta tener señales suficientes del Gobierno de que podemos trabajar sin necesidad de acciones como esta.

−¿Cree que con estas liberaciones se demuestra que en Venezuela no hay separación de poderes?

−Quizás en el futuro te pueda responder esa pregunta, pero ahorita no. Sin embargo, puedo decirte que esto es algo que hay que apreciar, porque más allá de eso, estamos demostrando que hay presos políticos y, algo más valioso todavía, que cuando tenemos la disposición de hacer respetar las leyes, podemos lograrlo.

“El ministro nos pedía que bajáramos el tono de la protesta, pero nosotros más bien íbamos en avance porque para negociar no era bueno ir en desventaja de fuerzas” 

Julio César Rivas, presidente de Javu

“El Gobierno ha dado buenas señales”

Patty Fuentes Gimón

Foto: Gregory Jaimes

El presidente fundador de Javu, Julio César Rivas, informó ayer que, aunque sólo han sido liberados dos de los siete presos políticos acordados, el Gobierno “ha dado muy buenas señales de que vamos por el camino correcto, de que están respetando los acuerdos y de que hay palabra de honor por parte del ministro Tareck El Aissami”.

“No pido a los venezolanos confianza en el Gobierno, porque yo tampoco la tengo, pero sí confianza en esta operación y en el sacrificio que seguimos ejerciendo desde cada una de las regiones donde estamos permanentemente en vigilia. Hasta ahora, las agendas se han llevado tal como lo teníamos acordado y se han creado canales abiertos de diálogo diariamente con el ministro”, detalló.

Respecto a la sentencia de 7 años, seis meses y 21 días de Rubén González, el joven aseguró que el sindicalista pertenece a la lista de presos políticos de la Operación Libertad. “Le manifestamos al Estado nuestra sorpresa de que, en este proceso de diálogo, se haya dado una condena a este dirigente sindical. El ministro nos dijo que son las instituciones las que están actuando; nosotros interpondremos ante los organismos de justicia algunos recursos para tratar de que rectifiquen en este caso”, expresó.

Rivas relató que, a inicios de semana, el grupo de estudiantes se reunió con los familiares de los presos políticos para escuchar cuáles son sus peticiones y así en las mesas de diálogo, poder resolver con el Gobierno “situaciones inmediatas, como los traslados y la atención médica”.

Radicalismo irresponsable

El representante de Javu rechazó los “comentarios que obstruyen los caminos de diálogo” que han logrado hasta ahora. “Hacemos un llamado a aquellos que generan rumores falsos para que sean responsables al hablar de este tema porque no estamos jugando puestos de poder, sino libertad de personas que están alejadas de sus familias”, dijo. Asimismo, solicitó a la sociedad tener paciencia “para permitir a las instituciones que, con sus herramientas, tiempos y reglas, puedan darle la felicidad a los venezolanos”.

“Permanecemos atentos ante cualquier violación de estos caminos de diálogo para accionar con protestas”  

Julio César Rivas, presidente de Javu

Los logros ocultos de la huelga de hambre

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Más allá de la posible liberación de siete presos políticos, el éxito de la huelga de hambre es haber presionado al Gobierno para que, de forma implícita, reconozca la presencia de disidentes privados de libertad en el país.

“Al legitimar la naturaleza de la huelga y movilizar a funcionarios de alto nivel, como el ministro El Aissami, para que se reuniese con los huelguistas que pedían la liberación de los presos políticos, el Estado los reconoce. Además, accedió a negociar con ellos en mesa de diálogos y realizó gestos importantes como las excarcelaciones de Biagio Pilieri y otros”, explica Ángel Álvarez, director del Instituto de Estudios Políticos de la UCV.

El Gobierno se encontraba en “un dilema sumamente grande”, agrega el politólogo, pues si la huelga seguía creciendo hasta perderla de control, los daños hubiesen sido mayores, al igual que las consecuencias internacionales. Por eso, “prefirió jugarse la carta de dar señales de liberación, con lo que da la impresión de ser un Gobierno democrático que permite el diálogo”.

Con la huelga de hambre de 23 días también se logró que, tácitamente, el Estado dé una vez más muestra de que en Venezuela no hay separación de poderes. “Ahora pueden decir que no liberaron a nadie sino que los tribunales de justicia tomaron medidas autónomas del Poder Ejecutivo y apegadas al estado de derecho”, señala Álvarez.

Negociación o riesgos

El politólogo considera que los estudiantes actuaron de forma razonable al levantar la huelga el pasado martes. “Terminaron la protesta cuando el Gobierno mostró estar lo suficientemente dispuesto a actuar. Si no aceptaban esas boletas de excarcelación, tenían que mantener el conflicto hasta las últimas consecuencias, lo que implicaba costos altos de salud para los huelguistas”, indica.

Mientras Álvarez argumenta que en toda confrontación hay procesos de negociación, el estudiante Lorent Saleh asegura que, durante la reunión que sostuvieron con el ministro de Interior y Justicia, “no hubo negociación porque creemos que los Derechos Humanos no se negocian… lo que hubo fue un diálogo con respeto a pesar de las profundas diferencias ideológicas”.

El representante de la plataforma Javu afirma que luchan por la libertad de todos los presos políticos, pero “el Gobierno no era el único factor que interactuaba, sino también la Fiscalía y el TSJ”.

La decisión de levantar la huelga de hambre tuvo que ver con el riesgo de acabar con la posibilidad de liberar a siete presos políticos. “Una cosa era la huelga y otra es la Operación Libertad. Seguimos debatiendo por los demás presos políticos y haciendo las gestiones para que venga Insulza”, destacó el joven.  

Aunque El Aissami insistió ayer en que los huelguistas reconocieron que muchas de sus solicitudes son inconstitucionales, Saleh lo desmintió y, tras aclarar que no quiere confrontaciones con el Gobierno, explicó que el Estado admitió que en ciertos casos se viola el estado de derecho.

“La lucha no ha terminado. Vemos uno de los avances más importantes en el tema de presos políticos en los últimos años”

Lorent Saleh, representante de Javu

Siete presos políticos podrían ser liberados

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Los 23 días en huelga de hambre parecen haber dado fruto. Ayer los estudiantes anunciaron levantar la protesta tras ser atendidas sus demandas por parte del Estado.

El miembro de la plataforma Javu, Lorent Saleh, enumeró los logros que se obtuvieron con la manifestación frente a la OEA, entre los que destacó la atención médica de la jueza María Lourdes Afiuni y que se le otorgara la medida de casa por cárcel.

Asimismo, aseguró que “en el seno de la OEA están discutiendo los problemas de DDHH en Venezuela”, gracias a que con la huelga se pedía la atención de la comunidad internacional.

Respecto a las cárceles, Saleh informó que el próximo viernes 25 de febrero visitarán, junto con el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, el internado judicial La Planta para revisar la situación penitenciaria.

Las medidas les corresponden

La liberación de los presos políticos era una de las principales peticiones de los estudiantes. Además de conseguir la asistencia médica de los internos con problemas de salud, la huelga de hambre podría alcanzar que a siete de los 27 presos políticos del país les concedieran medidas alternativas para el cumplimiento de la pena.

“Este jueves, dependiendo de la evolución de la gestión en curso, tendremos una primera mesa de trabajo con el Gobierno, familiares y abogados para revisar uno a uno los casos que nos quedan”, dijo el representante de Javu.

Saleh detalló que lograron que el Gobierno “comenzara de inmediato a gestionar los beneficios de prelibertad de Silvio Mérida, Felipe Rodríguez y Otto Gebauer; respetara la voluntad popular en los casos de Freddy Curupe y Biagio Pilieri; y revisara la posibilidad de conceder los beneficios a los PM Arube Pérez y Marco Hurtado”.

Los familiares informan

Ana Mercedes de Gebauer confirmó que desde 2008 le correspondía a su esposo Otto Gebauer el régimen abierto, medida alternativa que sólo podría serle entregada si se le aplicaba un examen psicosocial. “Esa prueba la hace el MIJ y, aunque yo tenía años solicitándolo, no se la habían hecho hasta ayer, así que este es un logro de los estudiantes”, agregó y señaló que hoy deberían trasladarlo al tribunal para que se le impongan las medidas que deberá cumplir al regresar a su casa.

Licy, esposa de Arube Pérez, detenido por los sucesos del 11 de abril, relató que el domingo acudió a la OEA para entregar a los huelguistas los datos de la sentencia de su marido e incluir el caso en las peticiones estudiantiles. “El ministro dijo que los casos de Arube y de Marco Hurtado son los primeros a evaluar por ser los más adelantados y con menos años de sentencia. Yo me imagino que la presión que ejercieron los estudiantes tuvo que ver con esto porque a nosotros nos hacían caso omiso”, dijo.

Sin embargo, Licy de Pérez destacó que la juez espera la respuesta del ministro para otorgarle a su esposo la medida alternativa. “Supongo que esta semana les harán los exámenes, les pedirán las carpetas de trabajo que tienen y harán el cómputo de las horas para restarles los días de la pena, pero la juez no ha dicho nada, su caso está trancado en Aragua. La juez nos había asegurado que en el primer trimestre de 2011 lo gestionarían. Ese camino estaba andado ya”, señaló.

Extraoficialmente, al cierre de esta edición, se conoció que fueron firmadas las boletas de excarcelación de Gebauer y de Felipe Rodríguez. También se intentó contactar a los abogados de los demás presos políticos que podrían ser liberados en las próximas horas, pero no fue posible. Ahora habrá que esperar para saber si las promesas del Gobierno serán cumplidas.

La huelga de hambre se extendió a 10 estados

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

Jóvenes de diez estados del país se sumaron ayer a la huelga de hambre que mantienen desde hace 18 días 13 personas frente a la sede de la OEA en Caracas, en defensa de los Derechos Humanos y por la liberación de los presos políticos.

El coordinador de JAVU, Lorent Saleh  anunció que la protesta se extiende a los estados Carabobo (Redoma de Guaparo), Táchira (Consulado de Colombia), Falcón (Plaza Lorena de Punto Fijo), Anzoátegui (Plaza La Libertad), Bolívar (Plaza Monumental), Mérida (Plaza del Llano), Delta Amacuro (Obelisco), Lara (Defensoría del Pueblo).

"Hoy esta huelga se activa en todo el país. Somos los jóvenes los que hoy traemos vientos de libertad para Venezuela. Esto sólo es parte de lo que nos queda por hacer, junto a la sociedad civil, junto a las organizaciones políticas, los estudiantes vamos a regresar la libertad y la democracia a este país ", dijo Saleh.

En compañía del dirigente de Voluntad Popular Antonio Rivero una comisión de los jóvenes en huelga acudió a la Unión Europea con el fin de insistirle que llame la atención de José Miguel Insulza para que visite a Venezuela en representación de la Organización de Estados Americanos.

No viene si no lo dejan

Tal como se esperaba, el secretario general de la OEA declaró a El Nuevo Herald que no puede venir a Venezuela a menos que sea invitado por el gobierno de Chávez.

“No sería aceptable para el Consejo Permanente de la OEA, ni para el consejo de ningún organismo internacional, que el secretario general fuerce la voluntad de un país miembro”, dijo desde su despacho en Washington.

Sin embargo, aclaró estar dispuesto a venir porque cree que “estas cosas se resuelven conversando… pero no puedo ir a Venezuela si el Gobierno venezolano no lo autoriza; ni yo, ni la Comisión de los Derechos Humanos”, añadió.

No le temen a la OEA

Por su parte, el canciller Nicolás Maduro dijo que los reclamos de los jóvenes en huelga de hambre deben resolverse mediante el diálogo interno y que el Gobierno venezolano no le teme a la OEA.

“Nuestro gobierno actúa con seguridad, con confianza en los pasos que da. De ser de otra manera, la actual administración no tendría doce años en el poder y 60% de aprobación en el país”, sostuvo.

Se suman cuatro personas a la huelga en la OEA

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto 

Cuatro personas se sumaron a la huelga de hambre que, desde el pasado 31 de enero, mantienen frente a la sede de la OEA en Las Mercedes, Caracas, nueve ciudadanos, en su mayoría estudiantes, para exigir la liberación de todos los presos políticos de Venezuela.

"En vista del silencio cómplice de la OEA y la indiferencia del gobierno de Venezuela hemos decidido convocar a otros compañeros a la iniciativa de huelga… Hoy le damos la bienvenida a nuestros compañeros Julio César Rivas, Marialvic Olivares, German Cortez (hijo) e Isly Lugo, de los estados Carabobo, Anzoátegui, Zulia y Aragua, respectivamente”, señalaron los manifestantes a través de un comunicado.

Los estudiantes denunciaron que en la madrugada de hoy, varios funcionarios armados del Cicpc los visitaron y les dijeron que iban "por órdenes de la Fiscalía para saber qué estaban haciendo ahí".

Asimismo, aseguran que se mantendrán firmes hasta alcanzar los objetivos planetados, entre los que destacan: que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se presente en la huelga; libertad plena para la juez Afiuni y el traslado a su casa de inmediato mientras se restablece su libertad; cese inmediato de la persecución política, liberación de todos los presos políticos y atención inmediata por razones humanitarias de varios presos que presentan daños de salud por sus condiciones de detención política.

También exigieron que se respete la voluntad del pueblo expresa en votos e  incorporen de inmediato a la Asamblea Nacional a Biagio Pilieri, Jose Sánchez Mazuco y Freddy Curupe, quienes “deben gozar de inmunidad parlamentaria y, por ende, deberían estar libres”.