Mientras el director del Hospital Militar, coronel Earle Siso, asegura que Franklin Brito puede ser diagnosticado por "cualquier institución de salud", la hija del productor agropecuario, Ángela, dice que el coronel había afirmado minutos antes que esa decisión no estaba en sus manos, sino en las del juez.
"Antes de salir a la rueda de prensa que dio junto al vicepresidente Elías Jaua y al canciller Nicolás Maduro, el director del hospital me indicó que él no podía autorizar que la Cruz Roja interviniera en la salud de mi papá. Luego sale en televisión con su parapeto diciendo que lo autoriza.
Además, los representantes de la Cruz Roja están en el tribunal y nos cuentan que no les han dado el permiso", relata e informa que su padre continúa en huelgas de hambre y sed, sin ser tratado.
Jaua, por su parte, afirmó que el Estado "en ningún momento" ha negado la visita de médicos externos a los del Hospital Militar y que, de acuerdo con declaraciones de voceros del Comité Internacional de la Cruz Roja, la familia de Brito nunca ha hecho una solicitud por este caso.
Sin embargo, reconoce que "aparentemente" algún pariente del productor agropecuario pidió a la Cruz Roja venezolana que intervenga y que, de ser solicitado formalmente ante el coronel Siso, la institución internacional de salud podrá darla asistencia médica a Brito.
El vicepresidente también instó a la oposición, a la Iglesia Católica y a los medios de comunicación privados a "sumarse al esfuerzo por salvar la vida humana y dejar la actitud bastarda de agitar y crear las condiciones para inducir a la muerte a Brito", y justificó la permanencia del productor en el Hospital Militar como una acción para actuar "frente a la convicción de que ni su grupo familiar ni ningún sector de la oposición le garantiza la vida, y es deber del Estado proteger la vida de los venezolanos".
SIN SOPORTE LEGAL
Tras denunciar que todas las huelgas de Brito han sido en época electoral, Jaua destacó que el Gobierno dio al productor todas las garantías administrativas, legales, económicas y de ayuda social, y que "de ninguna forma violó, conculcó o disminuyó los derechos civiles, sociales y económicos que constitucionalmente lo asisten, sino que, por el contrario, garantizó que los ejerciera libremente revocando incluso derechos a favor de sus vecinos a los fines de satisfacer sus pretensiones".
Asimismo, aseguró que el Estado reconoció los derechos de propiedad privada de Brito sobre las tierras que conforman el fundo La Iguaraya al entregarle el registro agrario y "beneficios que permiten el goce activo de su propiedad sin menoscabar sus beneficios individuales", además de asistencias económicas y sociales.
A propósito de esto, la hija del productor alega que nada de lo que les otorgaron tiene soporte legal.
"Nos hicieron una indemnización. Nos dieron un tractor, enseres, insumos agrícolas, cheques con altas sumas de dinero, etc, pero no podemos demostrar la propiedad de esos bienes y mi papá no quiere ser cómplice de actos de corrupción. El problema es que, aunque las tierras estén a disposición de la familia Brito, el invasor es quien tiene los papeles.
Por eso, si se revocaran esas cartas agrarias y nos demostraran que lo que nos dieron es legal, mi papá levantará la huelga", dice.
