Las víctimas se organizan

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

A tan sólo 3 meses de graduarse de físico en la ULA, Jesús Alberto Rodríguez disfrutaba de unas vacaciones en la isla de Margarita. Una noche, cuando salía de la discoteca junto a su novia, fue perseguido por unos sujetos que pocos minutos después lo dejaron sin vida a sus 21 años de edad.

Dos semanas después, Mario Contreras fue asesinado en su casa en Charallave en presencia de su esposa y sus tres hijos. La mujer no ha puesto la denuncia, pues según asegura, los delincuentes son funcionarios del CICPC y tienen a su familia amenazada de muerte.

Ambos jóvenes eran sobrinos de José Rafael Alvarado, quien a raíz de estos episodios decidió fundar www.victimasdelaviolencia.org “una iniciativa ciudadana con la intención de crear conciencia de la necesidad de armar una demanda colectiva contra el Estado venezolano por su incapacidad para resguardar las vidas y los bienes de los ciudadanos y residentes del país”.

Alvarado explica que “la idea es que los venezolanos participen registrando los casos en que han sido víctimas de la violencia para interesar a organizaciones como Abogados sin Fronteras a que demanden al Estado y lograr, a través de órganos internacionales, justicia para las víctimas y sus familiares”.

MAPA DE LA CRIMINALIDAD
El año pasado la cifra de homicidios se elevó a 16.047 frente a los 14.589 de 2008, según el último informe del Observatorio Venezolano de Violencia titulado “Una década de impunidad en Venezuela (1998-2009)”, período en el que se produjeron un total de 123.091 asesinatos.

La delincuencia no está pasando por debajo de la mesa. Cada vez se crean más iniciativas para combatir lo que el Gobierno no ha podido resolver. Partiendo de la premisa de que la información es esencial para la seguridad, un grupo de jóvenes preocupados por el país elaboró Victeams, “una herramienta virtual que ayuda a los venezolanos a vivir más seguros y a reportar si han sido víctimas del crimen”.

Saul Lustgarten, director de la iniciativa, señala que lo que se busca es construir una base de datos de los ciudadanos en materia de criminalidad para hacerla accesible a través de un mapa interactivo y con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios “facilitando que juntos logremos lo que no podemos lograr separados: seguridad y justicia para todos”.

La directora de Operaciones, Patricia Ortiz, añade que Victeams, además de brindar herramientas de prevención y activismo, ofrece información alternativa para que las asociaciones vecinales, universidades, institutos, etc. puedan organizarse en equipos a fin de combatir la delincuencia.

Tanto en Victeams como en Víctimas de la Violencia se protege la identidad de quien denuncia.

Si usted ha sido víctima de la violencia, reporte su caso en www.victeams.org y en www.victimasdelaviolencia.org y así ayudará a dar a conocer las zonas más peligrosas del país

123.091 personas fueron asesinadas en Venezuela entre 1998 y 2009

Poliaragua extermina a la familia Barrios

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Óscar Barrios llevaba cinco meses lejos de su pueblo natal. Las constantes amenazas que recibía por parte de funcionarios de la Policía de Aragua no lo dejaban vivir en paz.

Los amigos del joven de 21 años lo invitaron a participar en un juego de softbol, por lo que decidió regresar a Guanayén. A las diez de la noche, cuando concluyó el partido, Óscar permaneció en las canchas conversando con un compañero, pero algo inesperado acabó con el encuentro.

Dos hombres vestidos de negro, con bufandas como las que utilizan los motorizados de Poliaragua, se bajaron de un automóvil particular, le dieron tres disparos a cada uno y huyeron.

Este episodio ocurrió el 29 de noviembre de 2009, día en que la familia Barrios recibió por quinta vez la noticia de que uno de sus miembros había sido asesinado a pesar de tener orden de protección emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde septiembre de 2004.

Han transcurrido 12 años desde el primer homicidio. Los hermanos Narciso y Benito tenían un bar restaurante en el pueblo Guanayén, al sur de Aragua.

Casi todas las noches acudían varios policías del estado a consumir alcohol y se retiraban sin cancelar la cuenta. Una noche los Barrios reclamaron a los agentes, quienes respondieron con amenazas de muerte.

La intimidación no fue en vano. La madrugada del 28 de agosto de 1998, los mismos funcionarios ingresaron a la casa de Benito, de 28 años de edad, lo torturaron y, en presencia de sus sobrinos, se lo llevaron en la patrulla. Al día siguiente, apareció el cadáver en la funeraria de Barbacoa.

“Después de hacer las denuncias, imputaron a tres Poliaragua, pero siguen trabajando en ese cuerpo de seguridad y todos los años son ascendidos. El caso tiene tres años en el tribunal de control, pero debido a la complicidad del fiscal de la causa no se ha realizado la audiencia preliminar”, denuncia Luis Aguilera, abogado de la familia Barrios.

Cinco años después, en diciembre de 2003, varios agentes dejaron sin vida a Narciso a los 22 años. Situaciones similares ocurrieron cuando ultimaron a Luis Alberto (de 24 años) y a Rigoberto (de 16), en 2004 y 2005 respectivamente.

INTERVENCIÓN DE LA CIDH
A raíz del hostigamiento, la defensa de la familia Barrios ha solicitado en varias ocasiones medidas cautelares a la CIDH, pero el Estado ha hecho caso omiso de las resoluciones.

“No se han cumplido las medidas de protección con participación de las víctimas y sus representantes; no se ha realizado una revisión exhaustiva de cada uno de los casos; los funcionarios no han sido suspendidos de sus cargos; no se ha condenado a los responsables de los ajusticiamientos ni ha habido celeridad en la investigación”, señala Aguilera.

El martes la CIDH introdujo una demanda contra Venezuela ante la Corte Interamericana por los cinco asesinatos. La familia Barrios está a la espera de la fecha que establezca la Corte para llevar a cabo el juicio que se realizará en Costa Rica y al que el Estado venezolano deberá acudir.

MÉTODOS DE SUPERVIVENCIA
Eloisa Barrios, familiar de las víctimas, asegura que todos los miembros han tenido que trasladarse a otros pueblos para evitar que estos asesinatos sigan ocurriendo.

“Tenemos miedo. Con todo y que mi sobrino Óscar se había mudado de Guanayén, cuando fue de visita lo mataron. Esperamos que en la Corte Interamericana se logre algo”, expresa.

Historia de un eterno luchador social

Hoy se cumplen 50 años de la muerte del periodista, político, locutor y escritor Alberto Ravell Cariño. Doce años en prisión no impidieron que este yaracuyano fuera tras la democracia en Venezuela

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

A sus escasos 15 años, ya vivía para la lucha política. Vigoroso, comunicador y alegre, Alberto Ravell Cariño era el arquetipo del periodista, locutor y escritor para quien la noticia era el comienzo y el fin de cada jornada.

"En su programa radial El espejo de la ciudad trataba de criar la conducta y el comportamiento del ciudadano de la democracia", manifiesta el economista Rafael Grooscors, quien tuvo la oportunidad de conocer al "viejo Alberto" durante su exilio en La Habana.

Su afán por hacer de Venezuela el país de las maravillas llevó a este yaracuyano, nacido en 1905, a prisión en dos ocasiones: la primera en 1920 cuando, junto a su padre Federico, se involucró en un alzamiento contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez y estuvo detenido durante casi un año.

La segunda, en 1923, tras organizar en México nuevamente un plan para derrocar al dictador, pero fue sorprendido al entrar al país con documentación falsa, lo que lo llevó a pasar 12 años más tras las rejas en el Castillo de Puerto Cabello.

Al morir Gómez, en 1935, el también conocido como el "senador del pueblo" logró salir en libertad y dedicó los siguientes trece años a la actividad política a denunciar los problemas que aquejaban a los ciudadanos.

En 1946 fue electo senador por Yaracuy para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, donde colaboró con la redacción de la Constitución de 1947, la primera verdaderamente democrática en la historia de Venezuela, pues reconoció el derecho de los venezolanos de participar de forma directa en la escogencia de sus gobernantes.

FORJADOR DE CIUDADANOS

No fue sino hasta 1946 que Ravell Cariño tuvo con Beatriz Elena Arreaza a Alberto Federico Ravell, quien pocos años después estuvo con su padre en el exilio en La Habana y en Trinidad. "Fuimos muy unidos porque lo acompañé durante sus 10 años de exilio después de que fuera derrocado Rómulo Gallegos y subiera al poder el general Marcos Pérez Jiménez. Fuera del país pasaba las 24 horas del día al servicio de los venezolanos. Muchas veces resolvía los problemas de los demás y se olvidaba de los suyos", recuerda con afecto Alberto Federico.

Grooscors conoció personalmente a Ravell Cariño en La Habana, en 1949, cuando, según dice, ya el luchador estaba orgulloso de su hijo. "Alberto Federico frisaba apenas los primeros tres años de su vida.

Una vez `el viejo’ me dijo con cierta ironía y complacencia: `Ya el muchacho se inscribió en el partido y ya sabe lo que tiene que hacer’", expresa entre risas.

Alberto Federico y Rafael Grooscors coinciden al destacar que Ravell Cariño era una persona muy jovial. "Fue un venezolano íntegro, con mucha pureza y honradez; súper alegre y abierto. Le gustaba regalar las cosas, no tenía apego por lo material. Como pasó tanto tiempo preso, no podía ver un pájaro en una jaula porque lo soltaba. En la cárcel se tragó todos los libros y salió hablando siete idiomas", describe su hijo y lamenta que el hecho de que fumara "como una prostituta presa" le arrebatara la vida en 1960, con tan sólo 54 años.

El economista, por su parte, reconoce que `el viejo’ era un hombre que hablaba "con mucha sensatez, entusiasmo, fe en el futuro y con la convicción de que era un forjador del nuevo ciudadano, de las grandes ciudades del desarrollo y de la Venezuela despegada hacia adelante y hacia arriba. Fue un gran optimista: en los peores momentos de la adversidad sabía reírse, dar la cara y la mano".

Su hijo relata que, después de que cayó Pérez Jiménez, unos sujetos hicieron estallar una bomba en su pequeña casa de Bello Monte. "Cuando agarraron a los delincuentes, mi padre fue hasta la cárcel donde estaban para llevarles ropa, ayudarlos y ocuparse de que los soltaran. Esa gente quedó ligada a nosotros durante muchos años; incluso, nos visitaban todas las navidades", añade.

Si lo regresáramos a la vida, Alberto Ravell Cariño fuera "un gran maestro que indicaría las causas de la desviación ideológica que llevaron al pueblo a cometer errores como la elección de Hugo Chávez como presidente y la conformación de un gobierno populista, demagógico, tramposo y, definitivamente, fascista", dice Grooscors, mientras que Alberto Federico considera que "se hubiera muerto otra vez de la desgracia que está pasando en este país".

Coliseo en Uribana

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Esperaban el amanecer para comenzar la riña. Debían dirimir las diferencias que acarreaban desde marzo. Se organizaron en el área de mediana seguridad y sacaron sus “chuzos”. Después de más de cuatro horas de combate, resultaron heridos 33 reos de la cárcel de Uribana, en Barquisimeto.

Se trató de un “coliseo”, como ellos mismos lo denominan, que es una “actividad penitenciaria que se lleva a cabo para que los internos arreglen sus rivalidades con el arma de reglamento de las cárceles que es el chuzo”, o cuchillo, según explica Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Que se hayan registrado 33 heridos es prueba de que los funcionarios no intervienen en las disputas entre los reclusos. “Ellos son parte de la complicidad: sólo observan para luego sacar a los heridos y muertos. Si hubieran actuado, no fuesen tantos los lesionados”, denuncia Prado y asegura que dos de los presos están en estado de gravedad por haber recibido puñaladas en el pecho y en el abdomen.

La cárcel de Uribana es una de las más nuevas del país. Alberga a aproximadamente 1.800 internos, pero su capacidad instalada es de casi 900, por lo que se evidencia un pronunciado hacinamiento. En lo que va de año, se han producido dos “coliseos”. El anterior fue en marzo y resultaron 35 heridos.

El OVP solicitará una reunión con el gobernador de Lara, Henry Falcón, para proponerle que exija que ese recinto penitenciario pase a su cargo, tal como lo establece la Constitución en su artículo 272, donde se indica, entre otras cosas, que las prisiones deben regirse por una administración descentralizada, en manos de los gobiernos estadales o regionales, “pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”. “En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias”, se añade en la Carta Magna.

Las mafias van y matan

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Eran casi las nueve de la mañana del pasado 24 de julio. El sindicalista Jean Carlos Cardozo llevaba pocos minutos de haber ingresado a los edificios en construcción del conjunto residencial Alto Hatillo Humboldt.

Mientras conversaba con unos compañeros, llegó un sujeto que, sin mediar palabras, le propinó cinco tiros en el pecho y huyó. Las autoridades no descartan que, una vez más, se trate de un ajuste de cuentas.

Aunque el presidente Chávez haya manifestado el pasado domingo que en Venezuela "no tenemos sindicalistas asesinados ni desplazados", Rolando Díaz, especialista en temas sindicales e integrante del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), estima que nada más en lo que va de año se han producido casi 30 asesinatos a sindicalistas.

De esos homicidios, se han dado a conocer nueve en Carabobo, cinco en Aragua, uno en Caracas y 14 en Bolívar.

La afirmación de Chávez parece contradictoria porque el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y algunos sindicatos crearon una comisión para investigar los casos de homicidios sindicales.

El último informe de Provea revela que de octubre del año 2005 a septiembre de 2009 fueron ultimados 131 sindicalistas en el país. Sin embargo, Adón Soto, dirigente de Causa R, asegura que solamente en Guayana se han registrado 135 dirigentes sindicales asesinados desde 2005, de los cuales 51 fueron en 2005, 25 en 2006, 24 en 2007, 12 en 2008, 13 en 2009 y 10 en lo que va de año.

DE LO POLÍTICO A LO ECONÓMICO
Soto afirma que 98% de esos delitos se cometen en el sector de construcción, donde "han penetrado muchas mafias y se ha pervertido la lucha sindical, pues impera el sicariato".

Además, denuncia que el Ministerio del Trabajo ha legalizado "entre comillas" más de diez sindicatos paralelos, lo que lo hace "cómplice del hampa en la construcción". "Venden puestos de trabajo hasta por Bs. 300", agrega.

El representante del Ildis, por su parte, explica que el Gobierno decidió formar ese paralelismo para "quitarles fuerza y amedrentar a los que no eran chavistas". Muchos de los dirigentes de esos nuevos sindicatos "son delincuentes muy conocidos que acaban de salir de la cárcel o están en régimen de presentación. Son fachadas de sindicatos, porque realmente son mafias".

En ese entonces, el problema era político casi en su totalidad. Hoy en día, la lucha es económica.

"Cada vez que se hace una obra, se le debe pagar al menos a un sindicalista sin que trabaje, es decir, el empresario tiene que cancelar una vacuna. Además, debe matraquear al contratista y a los trabajadores mientras que los dirigentes sindicales se encargan de vender drogas y alcohol a los demás trabajadores", añade Díaz, quien también recuerda las muertes de sindicalistas en empresas automotrices o petroleras.

SUCIO NEGOCIO
La mayoría de los conflictos se presentan por la venta de puestos de trabajo, por intereses de prevalecer en las obras y por "apartar del camino" al líder de algún sindicato.

Así lo señala el secretario general del Sindicato de Ferrominera Orinoco, Rubén González, detenido en agosto de 2009 por protagonizar una protesta de los empleados que exigían que se cumpliera el contrato colectivo.

Marino Alvarado, coordinador de Provea, indica que "es tremendo negocio porque el sindicalista que vende el puesto de trabajo recibe 100% del primer salario, 50% del segundo y 25% del tercero. A veces también se consigue trabajo a cambio de un favor sexual, ya sea con la esposa o la hermana del empleado".

Con sus leyes, basta

La comunidad Yukpa permanece frente al Tribunal Supremo de Justicia solicitando que se cumpla el artículo 260 de la Constitución que establece que los conflictos que se presentan en territorio indígena deben ser resueltos por su propia justicia.

“Esta situación pone en evidencia una contradicción del propio Gobierno que plantea una cosa y ejecuta otra: habla a favor de los indígenas, pero los ataca y los menosprecia. No se está pidiendo nada contrario a lo que dicta la Constitución. Eso sólo se aplicaría si los muertos hubiesen sido en un conflicto entre indígenas y blancos en un espacio territorial no indígena. Pero lo que ocurrió en octubre del año pasado fue entre la propia comunidad indígena en su territorio”, explica José Quintero, profesor de Lenguas y Culturas Indígenas de la Universidad del Zulia.

Quintero añade que las comunidades Chaktapa y Guamo Pamocha lograron llegar a acuerdos, por lo que “el Estado no puede colocarse por encima de lo que resuelven los indígenas”, y señala que “mientras la justicia ordinaria es punitiva, la indígena es reparadora”.

Además, destaca que el delito indígena es interpretado como colectivo. “Cuando un blanco comete un delito, debe pagar solo por eso. En la justicia indígena, el delito es asumido por toda la comunidad”.

Y AHORA EN TRUJILLO
El docente de Lenguas y Cultura Indígenas denuncia que lo ocurrido en Guamo Pamocha, donde murieron tres personas y otros tantos resultaron heridos, es en gran parte responsabilidad de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierra.

“La situación fue provocada precisamente por la tardanza y por la mala dirección y conducción del proceso de demarcación de tierras. Ese retardo trajo como consecuencia unos heridos, unos muertos y, ahora, unos presos: Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández”, apunta.

Por su parte, Senaida Romero, hija de Sabino Romero, afirma que hace dos días se presentó frente al TSJ la ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, quien prometió hablar con Luisa Estella Morales. Aunque no han obtenido más información, muchos de los manifestantes regresaron a la Sierra de Perijá y ahora sólo quedan 53, de los cuales 18 son niños y 35 adultos.

Romero expresa su preocupación porque el expediente de los caciques detenidos fue enviado a Trujillo, por lo que pronto ellos también serán trasladados para allá. “No conocemos esa ciudad, no sabemos cómo los van a tratar ni tenemos plata para viajar a visitarlos”, dice.

TSJ SE PRONUNCIA
El Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sentencia número 298 de fecha 22 de julio de 2010, decidió avocarse a llevar el caso de los indígenas apresados, ordenó al tribunal quinto en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia que remita el expediente al Circuito Judicial Penal de Trujillo para que continúe el proceso y ordenó también el traslado de los acusados a dicho estado. El máximo tribunal alega la decisión “en resguardo de las partes intervinientes y en aras de garantizar una aplicación de la justicia responsable y expedita”.

Le quitan a sus hijas

"Hola hija, soy tu mami", decía por teléfono Ana Luz Pérez, mientras al otro lado de la línea una voz inocente respondía: "Nooo, mi mami está en el cielo". Pérez reaccionó rápido y le cantó canciones de cuna para que su pequeña de 2 años la recordara, pues ya van siete meses desde que le arrebataron a sus niñas y ningún tribunal ha respondido a sus demandas.

El 17 de diciembre de 2009, Carlos Miguel Rodríguez García, padre de las pequeñas, debía llevarlas de vuelta a casa de su madre después de compartir con ellas una semana como parte del régimen de visita.

"No te las devuelvo dijo Rodríguez . Como soy viceministro puedo hacer lo que me dé la gana". El hombre había solicitado ante los tribunales una guarda provisional aludiendo presuntos problemas de salud de la menor y la juez que lleva el caso, sin indagar, la aprobó.

La madre explica que, efectivamente, la bebé nació con inmadurez renal y ha sido tratada desde entonces. "Él se valió de ese diagnóstico para denunciar que las niñas estaban en un estado total de abandono. Realizó un informe médico supuestamente avalado por el hospital JM de los Ríos, en el que falsificó firma, papel membrete y sello del centro de salud", afirma Pérez.

Sin pensarlo dos veces, la atribulada joven acudió a los tribunales de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna), pero éstos permanecían inactivos por los festejos navideños.

El 18 de enero, la guarda fue revocada, pero las niñas no fueron devueltas a su madre. Pérez introdujo inmediatamente una demanda de restitución de guarda y custodia. La corte convocó a una audiencia el 10 de marzo con ambos progenitores y las menores, pero el padre no las llevó.

SE LAS LLEVÓ DEL PAÍS La semana pasada, Pérez recibió una notificación del tribunal para que se manifestara respecto a una solicitud que hizo el padre con el fin de llevarse a las niñas a Portugal, donde vive su novia. "Él alegaba que iría a hacerle una tomografía renal a la menor.

Ese examen lo hacen en cualquier hospital o clínica de Venezuela, por lo que el viaje no tiene sentido", expresa la madre.

El pasado miércoles, la juez Nurivel Peña autorizó la salida del país de las pequeñas, luego de que Rodríguez García introdujera un informe presuntamente emitido por el hospital San Juan de Dios en el que manifiesta que la niña de 2 años tiene desnutrición y un problema renal.

"A siete meses de estar con su padre, ¿cómo es posible que mi hija se encuentre en ese estado? También presentó un supuesto informe emitido por la doctora María Luisa García que dice ser la médico tratante de mi hija.

Esa doctora es prima del señor y, hasta donde conozco, no está especializada ni en nefrología (casos renales) ni en nutrición, además de no estar residenciada en Caracas. El tribunal decidió pasando por encima de mi firme decisión de negar el permiso y sin verificar las pruebas presentadas", denuncia.

POLÍTICA Y MANIPULACIÓN Carlos Miguel Rodríguez García es miembro activo del PSUV, pero no es viceministro aunque así lo diga. "Yo no conozco a nadie dentro del gabinete del Gobierno que tenga ese nombre, pero definitivamente hay un tentáculo de poder porque si no, no hubiese podido hacer todo lo que ha hecho. Lo que sí es cierto es que en abril se autopostuló como candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones internas del PSUV, pero no quedó", explica Pérez.

La madre de las pequeñas denuncia también que sus hijas están siendo manipuladas. "Ignoro en qué condiciones están. Sólo puedo hablarles por teléfono cuando al papá le provoca. Hace pocos días me comuniqué con la mayor y me habló muy escueto. Algunas veces le pregunta al padre: `¿Esto puedo decírselo a mami?’", señala.

DDHH en peligro

“A pesar de que se mantiene el presupuesto nacional del sistema de justicia, que es de 2%, no es suficiente porque se están considerando los ingresos petroleros muy por debajo de los ingresos reales. Además, dentro del dinero que aprueba la Asamblea Nacional por créditos nacionales debería estar una parte destinada a la justicia”, destaca Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una de las once organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos.

Esa red defensora de DDHH presentó el informe anual con el fin de “realizar una veeduría social sobre la justicia en Venezuela y generar propuestas y recomendaciones para disminuir la impunidad, los retardos, los abusos policiales y la violencia, así como incentivar la participación ciudadana para optimizar la administración de justicia en el país”.

En el estudio se destacó la dificultad de acceder a informaciones públicas sobre la administración de justicia y la debilidad de las instituciones en la recopilación y difusión de estadísticas que permitan identificar problemas, logros y deficiencias de instituciones públicas.

También se dio a conocer el déficit de funcionarios del Poder Judicial, sobre todo en los estados Aragua y Carabobo.

“El promedio nacional es de 3 jueces penales por cada 100 mil habitantes, mientras que en esos estados no llega a 1,5. Si tomamos en cuenta las cifras anuales de delito, divulgadas por el Cicpc, notamos que cada juez debe atender aproximadamente 300 casos y, en Aragua y Carabobo, deben encargarse de más de 800 casos”, explica Ruiz.

A juicio del representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, esta situación es consecuencia de que aún no se ha instalado la Comisión Nacional del Sistema Judicial que debió ponerse en marcha el año pasado, luego de que se aprobara la Ley del Sistema Judicial.

“El retardo es de la Asamblea Nacional, pues al aprobarse una ley tiene un plazo de 30 días para convocar a todas las instituciones del sistema de administración de justicia y crear esa comisión”, añade.

TORTURAS EN AUMENTO
En el informe también se destacó el incremento de las denuncias de tratos crueles por parte de funcionarios públicos, razón por la cual los defensores de DDHH recomiendan que se apruebe una ley contra tortura.

Ruiz explica que la disposición cuarta de la Constitución establece que la AN tenía hasta el año 2001 para crear una ley contra la tortura. Como no se ha promulgado, "no se están aplicando las sanciones adecuadas a los funcionarios responsables de estos actos, no hay programas de atención médica, psicológica ni de rehabilitación para las víctimas de la tortura. Tampoco se ha creado un fondo de indemnización para las víctimas de abusos policiales y militares en general".

El vocero de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz añade que "Venezuela está en mora con su propia Constitución y con los reglamentos internacionales", pues también están aprobadas la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ratificada el 26 de junio de 1991).

Asimismo, señala que el Ministerio Público registró en 2008 un total de 22 casos de sentencia condenatoria contra funcionarios responsables de violación de DDHH y, en 2009, fueron 57 casos. “Con respecto a las denuncias, es menos de 2%, por lo que todavía 98% de las violaciones de DDHH por parte de funcionarios no han sido sentenciadas”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos propone la participación ciudadana y obtención de datos a partir de las experiencias de los individuos.

Las once organizaciones que conforman dicha red funcionan como “un espacio abierto al diálogo y formación dentro de la comunidad”, y tiene por finalidad “dar seguimiento a la actuación del sistema de administración de justicia penal ante denuncias de violaciones a DDHH, capacitar a la comunidad y brindar acompañamiento a organizaciones comunitarias para la atención de víctimas de torturas de funcionarios públicos”.