“Me las devolvieron por ahora”

La periodista Marichina García recuperó a sus gemelas de 5 años, pero debe esperar a que culmine el juicio

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Después de casi seis semanas de haber perdido la guardia y custodia de sus hijas, la periodista Marichina García recuperó a sus gemelas de cinco años.

Rubén Hernández, padre de las niñas y esposo de la ministra de Información, Tania Díaz, en abril había abierto un juicio en contra de García alegando que las pequeñas no estaban asistiendo a la escuela en Caracas y que se habían ido a vivir a Valencia sin darle a conocer la dirección de su nueva residencia.

“Hacía una semana y media desde que la Corte Superior había dictado una sentencia en la que se le exigía al padre que las devolviera en 24 horas. Tras mi amenaza de encadenarme en la Asamblea Nacional y la solicitud de la Fiscalía y de mis abogados de realizar una ejecución forzosa, por fin el miércoles me las regresaron. Con poder político había logrado quitármelas”, relata la comunicadora social.

García señala que, dos días después de que se dictara la sentencia, la convocaron a una reunión en la que le pidieron que se regresara a vivir a Caracas, pero no aceptó. Las pequeñas aseguran que las primeras semanas vivieron con una señora que no conocían. “Al principio, ni siquiera vivían con su padre. Me las entregaron con diarrea, ojeras y muy deprimidas”, expone la madre.

A la espera

La periodista teme que, cuando culmine el juicio, le arrebaten de nuevo a sus hijas. “Ganamos una batalla, pero no la guerra. Me las entregaron momentáneamente. Tengo un gran temor porque el juicio no ha pasado a Valencia y porque el señor y la ministra han ejercido mucha presión y utilizan su poder”, expresa.

Si se revocó la medida cautelar que prohibía a García ver a las niñas por “fraude procesal y porque Hernández mintió, ¿por qué él habría de ganar el juicio?”, se pregunta la madre de las gemelas, quien también dice que los motivos que el padre expone son los mismos para el juicio que para la medida.

A García le inquieta más aún que el padre de las niñas ha sido denunciado en diversas oportunidades por violencia sexual, laboral, física y psicológica. “Aquí se demuestra el mal manejo de los tribunales de la Lopna. Dejarle a las niñas era algo que debía ser muy bien evaluado”, añade.

“El Cicpc torturó fuertemente a mi hija”

Wilmary Brizuela está detenida por presunta vinculación con la muerte de la profesora María Casado

Por: Patty Fuentes Gimón / diario TalCual

Wilmary Brizuela daba clases el pasado viernes en la Universidad Bolivariana de Venezuela, del estado Bolívar, cuando funcionarios del Cicpc la llevaron detenida presuntamente por ser cómplice del asesinato de la profesora María Gabriela Casado, hermana de la jueza rectora de ese estado, Mariela Casado.

“A mi hermana se le negó el derecho a tener defensa privada, se le mantuvo secuestrada, torturada con electricidad y asfixiada con bolsas llenas de gas mientras la golpeaban. Es un acto cobarde contra una mujer”, manifestó Wilmer Brizuela, quien se encuentra privado de libertad en la cárcel de Vista Hermosa y es uno de los líderes de esa prisión.

María Gabriela Casado fue ultimada de cuatro tiros el pasado jueves 17 a las doce del mediodía cuando se bajaba de su vehículo frente a la residencia de sus padres en el Paseo Gasparí, de Ciudad Bolívar. Hasta ahora, están recluidos dos presuntos responsables: Wilmary Brizuela y Edison González. Ambos fueron llevados al Centro Penitenciario de Oriente (La Pica), en el estado Monagas.

Por este caso, también detuvieron a algunos familiares de Brizuela. “Mi hija fue sacada de su lugar de trabajo con mucha violencia al mismo tiempo que otro grupo de funcionarios del Cicpc ingresó a nuestro hogar sin orden de un tribunal y nos mantuvo secuestrados por más de 12 horas sin que nos tomaran declaración”, relata Vidalina Veras, madre de los Brizuela.

Veras asegura que su familia no conoce al otro supuesto implicado ni a las Casado: “La involucran en un hecho del cual no tenemos ningún conocimiento y mucho menos con la persona fallecida ni su entorno familiar. No tiene pruebas para decir eso. Su única prueba es que Wilmary es hermana de Wilmer, quien ha participado en la humanización de las cárceles”.

DDHH ante todo

“No estamos discutiendo el fondo del asunto ni si Wilmary Brizual es o no es culpable. Estamos hablando de que a una ciudadana le violaron los Derechos Humanos: fue torturada, maltratada y no se hizo el debido proceso”, explica el defensor de DDHH y director de “Una Ventana a la Libertad”, Carlos Nieto Palma.

El abogado presentó el pasado miércoles, junto a la familia Brizual, la denuncia en la Fiscalía General de la República para que se investigue y se garantice la vida y seguridad de Wilmary en la cárcel. “Ella fue víctima de torturas físicas, fue detenida sin una orden judicial y no se le permitió el acceso a abogados privados. Pretenden vincularla con tan horrible crimen porque Wilmer Brizuela denunció a la juez Casado por el retardo procesal y por las malas actuaciones con los reclusos”, añade.

Wilmer Brizual considera que, con esta detención, se cometen dos crímenes: “dejar impune la muerte de la profesora Casado y mandar a una niña inocente a prisión”.

“Se robaron todo. Nos dejaron en la calle”

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

Ha transcurrido una semana desde que la familia Gallardo se quedó sin casa. Fue el martes pasado cuando la Policía Municipal de Valencia; el presidente de Iamvial, Orlando Flores; y algunos abogados de la Sindicatura Municipal demolieron su residencia, ubicada en la calle Rojas Queipo, parroquia San José, del municipio Valencia, estado Carabobo.

“Se presentaron de una manera muy arbitraria, sin orden judicial, sin autorización, sin nuestro permiso y sin la decisión de un tribunal. Despedazaron la casa y se robaron todas nuestras pertenencias: lavadoras, televisores, reproductores de sonido, los juguetes de mis hijos (de 4 y 8 años de edad), nuestra ropa y todo. Además, mataron a la perrita de los niños”, relató José Benjamín Gallardo, quien estuvo detenido durante 30 horas presuntamente por resistencia a la autoridad y por haber lesionado al ingeniero Hermes Francisco Guerra Seijas, “quien se encargó de la cuadrilla que tumbó mi casa y la saqueó”.

Tras calificar este acto de “salvaje, irresponsable y violatorio de los más elementales derechos humanos”, Gallardo explicó que la Alcaldía de Valencia había demandado la expropiación de una porción de su casa y de las de otras siete familias para ampliar la avenida Rojas Queipo. “Antes de expropiarnos, debía terminar el juicio que se estaba realizando. Lo lógico es que el tribunal determinara que nosotros tenemos el principal derecho por llevar más de 30 años viviendo alquilados ahí. No éramos los propietarios, pero sí los poseedores”.

El señor señaló también que no se tiene muy claro quién es el propietario de esas ocho casas. “Fueron construidas el siglo pasado por la empresa alemana del Ferrocarril y, cuando cerró, los terrenos pasaron a manos del Estado venezolano. Luego la empresa Pérez Aikman y Compañía Sucesora S.A. dijo que era la dueña, pero no tiene cómo demostrar la cadena titulativa y nosotros pagamos el alquiler a la inversora Electra. Todo demuestra que esas porciones son del Estado”, dice.

Lo cierto es que, sea quien sea el propietario, Gallardo considera que su familia debe ser indemnizada. “Nosotros queríamos esperar a que concluyera el juicio. La única condición que poníamos era la indemnización, pero los demás vecinos autorizaron que les quitaran, de forma ilegal, el pedazo de su casa. Por eso no se las tumbaron”, asegura.

“Una familia no puede ser desalojada de su casa. El alcalde Edgardo Parra alega que ya le pagó a la empresa que dice ser propietaria irrespetando la decisión del tribunal. Hizo una violación de las normas jurídicas propias de una expropiación, lo que indica que pudo haber malversación de fondos. ¿Los alcaldes tienen derecho de usar a la Policía para violentar el estado de derecho? ¿O es que el derecho a la vivienda no es lícito?”, se pregunta el señor Gallardo.

El señor solicita que el alcalde de Valencia provea a sus hijos de una casa, que aparezcan todos los enseres hurtados de su hogar y que aprisionen a los responsables directos e indirectos de este “acto vandálico y criminal”.

Todos se pusieron de acuerdo

Gallardo asegura que las órdenes de detención y movilización policial las dieron el alcalde de Valencia, Edgardo Parra, y el director de la Policía de ese estado, Chessar López. “Los cuerpos de seguridad no fueron a garantizar el orden y el estado de derecho, sino el saqueo de mi residencia. Ya pusimos la denuncia en la Fiscalía. Cuando estaban haciendo el desvalijamiento, llamé al fiscal superior de Valencia y no apareció; le informé los daños al fiscal constitucional que ya conocía el caso y no se movilizó. Esto indica que pareciera ser un plan montado por el alcalde: silenció a las instituciones del Estado para que no hubiera resistencia”, añade. El señor también señala que, como no querían reconocer que debían pagarles una indemnización, la solución para ellos fue no dejar ni rastros de la vivienda. Para eso, utilizaron tres camiones donde se llevaron sus pertenencias y luego pasaron máquinas pesadas por encima de la casa.

¡Devuélvanme a mis hijas!

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

"No señores, no voy a dejar que me quiten a mis hijas sin pelear hasta el final", afirma la periodista Marichina García, quien hace más de cinco semanas fue privada de la guarda y custodia de sus gemelas de 5 años, entregadas "provisionalmente" a su padre.

La medida fue dictada por el juez de primera instancia de la LOPNA para el área metropolitana, Jorge Gustavo Mirabal, quien, a juicio de García, actuó "fuera de su área de competencia, sin la presencia obligatoria de un fiscal del Ministerio Público, sin escuchar la opinión de las niñas, pisoteando la LOPNA y la Constitución" y vulnerando su "derecho a la defensa y al debido proceso".

A principios de abril, Rubén Hernández Remón, padre de las gemelas y esposo de la ministra de Información, Tania Díaz, abrió un juicio en contra de García para privarla de la guarda y custodia de las pequeñas alegando que ellas no estaban asistiendo a la escuela en Caracas, que se habían ido a vivir a Valencia sin darle a conocer la dirección y que temía que las niñas no disfrutaran de su derecho a la educación.

"Decidí mudarme a Valencia un poco porque mis hijas siempre han sufrido de problemas respiratorios y el clima de mi casa en El Hatillo no las favorecía, y otro poco para huir de la presión del padre de las niñas que, definitivamente, quería mantener una cuota intolerable de control sobre mi vida. Así que le avisé que me mudaba y dijo comprender mis razones.

Me comprometí a traer a mis niñas para su visita paterna siempre y cuando él así lo acordara conmigo, y me puse a la orden por si quería llegar a algún acuerdo, pues revisaría el régimen de visitas con un juez de nuestra ciudad de habitación", explica.

La comunicadora social también relata que, en ese momento, le dio al padre la dirección de la nueva vivienda y del nuevo colegio de las gemelas, además de explicarle que seguiría respetando las fechas de visita al hogar paterno. "Nuestra nueva vida arrancó sin mayores problemas en Valencia: las niñas acudieron a un preescolar que queda en la esquina de nuestra nueva casa y el padre disfrutó normalmente de los fines de semana que le correspondían. Todo sin inconvenientes aparentes", dice.

"QUIEREN VIVIR CONMIGO" Marichina García lleva más de cuatro semanas acudiendo a diario a los tribunales, entregando documentos, presentándose con sus abogados en las distintas instituciones gubernamentales y el resultado hasta ahora ha sido "la inhibición de dos jueces, la espera de lapsos y más lapsos procesales y la angustia de una madre que anda de sol a sol buscando alternativas para defender los derechos humanos de sus hijas" con las que, durante este tiempo, sólo ha podido hablar una vez, gracias a la intervención de una jueza, y las ha podido ver en dos oportunidades en los tribunales.

"Me hacen sentir como si fuera una delincuente, pues el padre tuvo el buen talante de exigir visitas supervisadas y prohibición de apariciones públicas, manifestaciones o noticias que mencionen el caso, so pretexto de proteger la integridad y confidencialidad de las niñas... y la juez 14 ha decidido, no sólo no declinar competencia a Valencia, que es donde vivimos nosotras, sino prohibirme volver a ir a los periódicos y medios de comunicación social, además de prohibir un derecho que tienen todos los ciudadanos de esta noble tierra, que es el de protestar. Algunas de mis gestiones tal vez van a avanzar hacia la justicia, otras se quedarán dormidas en algún escritorio... pero no voy a desfallecer", insiste.

La periodista pide apoyo de todo el que pueda ayudarla a recuperar a sus hijas y asegura que ellas quieren regresar a la casa de su madre. "Creo que este abuso de poder no es un problema del gobierno actual sino de algunos funcionarios que creen que vivimos en la España de Franco o en Chile de Pinochet. Estamos en Venezuela, tierra de gente buena y solidaria que me ha acompañado en esta lucha defendiendo los derechos de mis hijas, su derecho al estudio, al contacto con su madre, a la felicidad, a ser oídas, a la defensa, a la salud. Esas son las morochitas que necesitan a su mamá; así lo declararon cuando, después de la arbitraria medida, fueron llevadas a los tribunales. Quieren vivir conmigo, en su casa e ir a su colegio en Valencia", añade.

"No hay razones para detener a Zuloaga"

Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual

El pasado 11 de junio funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia se presentaron en la residencia del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, con órdenes de aprehensión contra él y su hijo, Guillermo Zuloaga Siso, por la presunta comisión de los delitos de usura genérica y agavillamiento.

La defensora de Zuloaga, Jenny Tambasco, denuncia que se dictó privativa de libertad sin haber realizado la audiencia en la que se confirmaría la decisión o se cambiaría por una menos gravosa, como prohibición de salida del país o presentación periódica en los tribunales.

¿Por qué después de seis meses se reactivó el caso? No existe elemento jurídico que sustente esta privativa de libertad. Desconozco las razones que llevan al Ministerio Público a reactivar la causa, pues el año pasado solicitó dejar sin efecto las medidas porque faltaban diligencias indispensables que, hasta ahora, no han sido realizadas.

¿La defensa fue notificada? No. Simplemente el Tribunal 13 de Control ordenó la captura por parte del Cicpc pero fue ejecutada por funcionarios del Sebin. El COPP dice que, si procede la privativa de libertad, se ordena la captura y trasladan a la persona al tribunal, donde se escuchan ambas partes y se confirma la medida o se sustituye por una menos gravosa.

Tratándose de un delito común, ¿por qué actúa el Sebin y no el Cicpc? El Sebin podría considerarse también un órgano auxiliar de justicia. Sin embargo, lo que llama la atención no es que lo haya ejecutado esa institución, sino que lo haya hecho siendo el Cicpc el comisionado.

Zuloaga no ha sido presentado ante los tribunales ni ha recibido la acusación formal del MP.

Cuando se dicta privativa de libertad, ha de esperarse a que se realice la audiencia. Si se confirma la medida, se determina cuál es el sitio de reclusión. En este caso, no se ha realizado la audiencia y ya hay instrucción de trasladar al doctor Zuloaga y a su hijo a La Planta. Esa audiencia no se ha dado ni podrá darse hasta que se pongan a derecho, de forma voluntaria o capturados por las autoridades, pues el juicio en ausencia no existe en Venezuela. Pareciera que esa audiencia va a ser simbólica o no se va a dar.

¿A Zuloaga se le está negando el derecho a la defensa? El derecho a la defensa lo va a ejercer si se da la audiencia. Lo que parece violatorio del debido proceso es cómo se ha hecho, porque la única razón por la cual podría dictarse privativa es porque hubiesen cambiado las circunstancias. Supongo que el MP asumió que no existía peligro de fuga porque los Zuloaga se presentaban cada vez que eran llamados. La única diligencia nueva que existía era una nuestra donde pedimos la devolución de los vehículos y formulamos una denuncia porque algunos fueron desvalijados.

¿Con qué fin el doctor Zuloaga guardaba esos vehículos? Los carros estaban vendidos a empresas o personas jurídicas pendientes de entrega. Los que no habían sido entregados era porque iban a ser blindados o había que repararles algo.

¿Cuáles son las próximas acciones legales que tomarán?

Dependen de Zuloaga. Mientras él no se ponga a derecho, no podemos ejercer ninguna acción. El lunes 14 solicitamos copia simple y certificada de la decisión por la cual se le impuso la privativa de libertad, y el jueves 17 nos notificaron que no nos otorgarán las copias hasta que Zuloaga se ponga a derecho y se ejecute la decisión. Evidentemente, eso es violatorio del derecho a la defensa al no permitir que sus abogados dispongan con exactitud del contenido y cuenten con la libertad de estudiarlo.