Por: Patty Fuentes Gimón / Diario TalCual
Ha transcurrido una semana desde que la familia Gallardo se quedó sin casa. Fue el martes pasado cuando la Policía Municipal de Valencia; el presidente de Iamvial, Orlando Flores; y algunos abogados de la Sindicatura Municipal demolieron su residencia, ubicada en la calle Rojas Queipo, parroquia San José, del municipio Valencia, estado Carabobo.
“Se presentaron de una manera muy arbitraria, sin orden judicial, sin autorización, sin nuestro permiso y sin la decisión de un tribunal. Despedazaron la casa y se robaron todas nuestras pertenencias: lavadoras, televisores, reproductores de sonido, los juguetes de mis hijos (de 4 y 8 años de edad), nuestra ropa y todo. Además, mataron a la perrita de los niños”, relató José Benjamín Gallardo, quien estuvo detenido durante 30 horas presuntamente por resistencia a la autoridad y por haber lesionado al ingeniero Hermes Francisco Guerra Seijas, “quien se encargó de la cuadrilla que tumbó mi casa y la saqueó”.
Tras calificar este acto de “salvaje, irresponsable y violatorio de los más elementales derechos humanos”, Gallardo explicó que la Alcaldía de Valencia había demandado la expropiación de una porción de su casa y de las de otras siete familias para ampliar la avenida Rojas Queipo. “Antes de expropiarnos, debía terminar el juicio que se estaba realizando. Lo lógico es que el tribunal determinara que nosotros tenemos el principal derecho por llevar más de 30 años viviendo alquilados ahí. No éramos los propietarios, pero sí los poseedores”.
El señor señaló también que no se tiene muy claro quién es el propietario de esas ocho casas. “Fueron construidas el siglo pasado por la empresa alemana del Ferrocarril y, cuando cerró, los terrenos pasaron a manos del Estado venezolano. Luego la empresa Pérez Aikman y Compañía Sucesora S.A. dijo que era la dueña, pero no tiene cómo demostrar la cadena titulativa y nosotros pagamos el alquiler a la inversora Electra. Todo demuestra que esas porciones son del Estado”, dice.
Lo cierto es que, sea quien sea el propietario, Gallardo considera que su familia debe ser indemnizada. “Nosotros queríamos esperar a que concluyera el juicio. La única condición que poníamos era la indemnización, pero los demás vecinos autorizaron que les quitaran, de forma ilegal, el pedazo de su casa. Por eso no se las tumbaron”, asegura.
“Una familia no puede ser desalojada de su casa. El alcalde Edgardo Parra alega que ya le pagó a la empresa que dice ser propietaria irrespetando la decisión del tribunal. Hizo una violación de las normas jurídicas propias de una expropiación, lo que indica que pudo haber malversación de fondos. ¿Los alcaldes tienen derecho de usar a la Policía para violentar el estado de derecho? ¿O es que el derecho a la vivienda no es lícito?”, se pregunta el señor Gallardo.
El señor solicita que el alcalde de Valencia provea a sus hijos de una casa, que aparezcan todos los enseres hurtados de su hogar y que aprisionen a los responsables directos e indirectos de este “acto vandálico y criminal”.
Todos se pusieron de acuerdo
Gallardo asegura que las órdenes de detención y movilización policial las dieron el alcalde de Valencia, Edgardo Parra, y el director de la Policía de ese estado, Chessar López. “Los cuerpos de seguridad no fueron a garantizar el orden y el estado de derecho, sino el saqueo de mi residencia. Ya pusimos la denuncia en la Fiscalía. Cuando estaban haciendo el desvalijamiento, llamé al fiscal superior de Valencia y no apareció; le informé los daños al fiscal constitucional que ya conocía el caso y no se movilizó. Esto indica que pareciera ser un plan montado por el alcalde: silenció a las instituciones del Estado para que no hubiera resistencia”, añade. El señor también señala que, como no querían reconocer que debían pagarles una indemnización, la solución para ellos fue no dejar ni rastros de la vivienda. Para eso, utilizaron tres camiones donde se llevaron sus pertenencias y luego pasaron máquinas pesadas por encima de la casa.
