viernes, 1 de abril de 2011

Afiuni prefiere el INOF que juicio con Paredes



Patty Fuentes Gimón
Ayer comenzaba el régimen de presentación de cada ocho días de la jueza María Lourdes Afiuni, pero el juez Alí Paredes intentó someterla a juicio. Ella se negó y el juez decidió no presentarla.

“Intentan chantajearla diciéndole que si no se presenta, le revocarán la medida. Ella primero dijo a la Guardia Nacional que sólo a golpes podrían meterla en la sala de juicio. Luego le dijo al juez que prefiere morir en el INOF que ser enjuiciada por él”, relató el hermano de la jueza, Nelson Afiuni

Asimismo, destacó que “como el juez sabe que la única forma de que ella vaya al tribunal es con la presentación, trató de meterla a juicio creyendo que ella entraría por miedo a perder su medida. Pero mi hermana es una mujer con un temple tan fuerte que prefiere ir presa antes de ser juzgada por él”, expresó.

Ante esta situación, el juez difirió la audiencia alegando que ni ella ni sus abogados se presentaron y la pautó para el próximo jueves. “Será la misma historia, porque ella no va a entrar a juicio con Paredes. Si la amenaza, ella le dirá lo mismo”, aseguró.  

El abogado de Afiuni, José Amalio Graterol, reiteró que su defendida no asistirá al juicio con el juez Alí Paredes. “No vamos a ceder, no hay miedo. Ella no va a un juicio con Alí Paredes. Va a juicio con un juez imparcial y con la posibilidad de que observadores internacionales estén presentes", dijo.

La inseguridad es asunto de todos



Patty Fuentes Gimón
Caracas es la capital más peligrosa de América. De los 17.600 asesinatos que se registraron el año pasado en el país, entre 4 mil y 5 mil ocurrieron en la ciudad principal, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia.

Los datos que se conocen sobre violencia en Venezuela son publicados únicamente por organizaciones de la sociedad civil, pues desde el año 2005 el Estado dejó de revelar información sobre este fenómeno que ha pasado a formar parte de la cultura de los ciudadanos.

Ante estas circunstancias, más de 25 ONG y el Cabildo Metropolitano de Caracas constituyeron el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana que, de acuerdo con el concejal Freddy Guevara, “quiere ser los ojos de los ciudadanos para hacer contraloría permanentemente sobre la carrera contra la delincuencia”.

Tras destacar que 40% de los asesinatos que se presentan en el país ocurren en Caracas, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y DDHH del Cabildo Metropolitano explicó que si a final de año no se evita el homicidio de al menos una persona, el Observatorio no habrá dado resultados.

Con este acuerdo, se quiere reafirmar que “creemos en un modelo de trabajo sin la disputa Gobierno-ONG y sabemos que es imposible acabar con la inseguridad sin entender qué lo ocasiona”, añadió.

Carlos Nieto Palma, de Una Ventana a la Libertad, informó por su parte que el Observatorio presentará dos informes al año sobre la violencia. Aunque el activista de los DDHH de los reclusos advirtió que no será fácil el trabajo y que esta iniciativa fracasó en otros gobiernos, aseguró que tienen voluntad.

“Queremos darle una nueva cara a Caracas en lo que tiene que ver con seguridad. Haremos seguimiento a las políticas que desarrolla el Estado en la ciudad capital y le haremos recomendaciones. Esto es muestra de que una representación del Estado puede trabajar con las ONG. Pareciera que no podemos unirnos y trabajar conjuntamente porque siempre creen que estamos lanzando dardos venenosos contra el Estado, pero lo que buscamos es soluciones”, agregó.

Dimensiones de la violencia
Principalmente, el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana analizará:
- Violencia homicida, robos hurtos y secuestros
- Violencia contra las mujeres, niños y adolescentes
- Debido proceso
- Situación penitenciaria y reinserción social
- Discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género
- Incidencia pública para la paz

“Cuando hablamos de seguridad ciudadana 
la intención no es lo que cuenta”
Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y DDHH del Cabildo Metropolitano de Caracas

jueves, 31 de marzo de 2011

SNTP repudia premio a Chávez


Patty Fuentes Gimón
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa condenó que el presidente Chávez recibiera el pasado martes el premio Rodolfo Walsh de la Universidad Nacional de La Plata, pues asegura haber presenciado hechos que generan censura y autocensura, además de establecer en el país la “hegemonía comunicacional”.

La agrupación de periodistas destacó que en Venezuela el acceso a las fuentes gubernamentales es bastante limitado, al igual que a los boletines, informes y hasta el sueldo de funcionarios públicos.

En cuanto a las agresiones a comunicadores sociales, el SNTP señaló que desde 2005 hasta 2010 Espacio Público registró 186 casos. “Esta intolerancia desde el más alto Gobierno es replicada en los sectores de base que los apoyan y que en ocasiones agreden física o verbalmente a los trabajadores de los medios, que previamente el Gobierno ha identificado como sectores oligarcas”, se añade en un comunicado.

Los periodistas no sólo son agredidos, sino también intimidados. “Así le ocurrió el 27 de septiembre pasado a la periodista venezolana Andreína Flores, corresponsal de RCN Colombia y Radio Francia, a quien Chávez llamó ignorante, mentirosa y expuso al escarnio público en cadena nacional de radio y televisión, por hacer una pregunta de por qué si la oposición había recibido mayoría de votos en los pasados comicios legislativos, había obtenido menor cantidad de diputados”, se ejemplificó en el texto.

Además, el sindicato se refirió al constante cierre de medios en el país, entre los que resaltó el de RCTV y el de las 32 emisoras de radio: “Los medios de comunicación independientes están siendo sometidos a un asedio económico importante, usando para ello al organismo tributario. Además, persisten las severas restricciones a la importación del papel para la elaboración de periódicos, debido al control cambiario impuesto”.

Por último, el SNTP dejó ver la criminalización de la opinión, que ocurre por la falta de independencia de los poderes públicos, ya que “se ha incrementado el intento del Gobierno de castigar con prisión a quienes puedan decir señalamientos en su contra”.

“El SNTP considera que tal balance no puede sumar méritos para obtener un premio en un claustro universitario, que debería impulsar desde sus aulas una defensa férrea de las libertades de información y expresión. Más bien, los trabajadores de la prensa en Venezuela esperaríamos la solidaridad continental, fundamentalmente de los países de donde salieron gran cantidad de ciudadanos perseguidos por dictaduras y que encontraron en el suelo venezolano un refugio y una nueva patria”, expresa el sindicato.

La inseguridad se sienta en el banquillo de la ONU



Patty Fuentes Gimón
Foto: Saúl Uzcátegui
Paz Activa entregó a la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de las Naciones Unidas su “Informe sobre la Situación de Convivencia y Seguridad Ciudadana en Venezuela”, en el cual destacó que la inseguridad se ha convertido en el principal problema de los venezolanos.

La ONG señaló que el acceso a la información, a pesar de estar contemplado en el artículo 51 de la Constitución, es una de las “grandes barreras a las cuales se enfrenta el ciudadano común a la hora de exigir en alguna medida resultados a sus gobernantes o llevar adelante cualquier iniciativa de contraloría social desde la sociedad civil organizada”.

El estudio deja ver  que, hasta el año 2005, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ponía a disposición de los periodistas las cifras semanales de violencia en el país. Después de que esta oficina dejó de publicar esos datos, las ONG y los comunicadores sociales contabilizan por sí mismos los asesinatos.

“Las cifras generadas por organizaciones como la nuestra no son refutadas por el Estado, lo cual nos hace entender que estas se acercan o son inferiores a las que se manejan desde los entes responsables del Estado”, dicta el texto.

Tras recomendar al Gobierno que divulgue información sobre la criminalidad en Venezuela, Paz Activa recordó que recientemente, en la presentación de su memoria y cuenta, el ministro Tareck El Aissami reveló por primera vez en varios años que la tasa de homicidios que maneja su despacho se sitúa en 48 por cada 100 mil habitantes.

“Esto es a razón de que algunos especialistas en la materia y la propia encuesta de victimización realizada por el Estado en 2009 situaban este indicador sobre los 70 homicidios por cada 100 mil habitantes. Estas disparidades son originadas exactamente por la negativa del Estado a difundir abiertamente este tipo de cifras, lo que permitiría a la sociedad hacer una verdadera contraloría de los avances que se logren en esta materia”, añade el informe.

Desmilitarizar la seguridad ciudadana
Aunque el artículo 328 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas pueden ejercer cooperación en el mantenimiento del orden interno, esto no significa que deben sustituir las responsabilidades de los cuerpos de seguridad.

Sin embargo, según la ONG de seguridad ciudadana, la mayoría de las policías regionales, municipales y nacionales tienen directores provenientes del ámbito militar, lo que “imprime a esos cuerpos un carácter castrista”.

“Observamos con preocupación cómo el Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana a cargo de la Guardia Nacional, una rama de las Fuerzas Armadas, se está desplegando a lo largo y ancho del país en respuesta a la emergencia de seguridad que presenta el país. Esto pareciera ser un aspecto positivo como respuesta al problema, pero este dispositivo no parece ser transitorio y consume importantes recursos económicos para su equipamiento en claro detrimento de los cuerpos de seguridad ciudadana civiles, municipales y regionales, que no cuentan con los recursos necesarios para graduar nuevos cadetes, mejorar la situación salarial de los funcionarios y adquirir equipamiento necesario para sus labores”, añade Paz Activa.

Discurso violento genera violencia
Paz Activa reconoce que el Estado ha cambiado su postura respecto a la inseguridad, pues antes era considerado un problema estructural de la sociedad del consumo y no uno de políticas públicas.

La situación ahora es que “el tema de seguridad ciudadana se ha politizado, a tal punto que entorpece los esfuerzos del Estado y de la sociedad en desarrollar políticas exitosas en la materia”, por lo que la ONG sugiere al Estado promover convivencia social y política desde todas sus instancias, establecer relaciones positivas y de cooperación con los partidos opositores, además de promover los principios de libre asociación y participación social y política consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.

“El uso de las Fuerzas Armadas como cuerpo de seguridad ciudadana contradice principios de los Estados democráticos modernos y de nuestra propia Constitución”  

Venezuela en manos de la CIDH



Patty Fuentes Gimón
Ante la negativa del Estado a que organismos internacionales acudan al país para verificar la situación de Derechos Humanos, diversos activistas venezolanos acudieron a la sede de la Comisión Interamericana de DDHH, en Washington.

Se llevaron a cabo dos audiencias privadas (relacionadas con la libertad de expresión y los defensores de DDHH), además de tres públicas (sobre los presos políticos, la Ley Habilitante y las cárceles venezolanas).

“Es alarmante que en 2010 se hayan presentado 159 casos de violación a la libertad de expresión y que las al menos siete denuncias que se han hecho respecto a agresiones contra periodistas estén aún en fase preliminar”, denunció Marcos Ruiz, secretario del SNTP.

El director de Espacio Público, Carlos Correa, destacó que las reformas de la Ley Resorte y la de Telecomunicaciones crean procesos de censura y autocensura, y dan potestad al Gobierno para el “cierre selectivo” de medios.

En cuanto a la criminalización de la protesta, la directora del Centro de DDHH de la UCAB, Ligia Bolívar, citó los casos de Rubén González, William Saud y Carlos Chancellor, y aseguró que se sigue usando la fuerza pública para combatir las manifestaciones.

Ley antiobstáculos
Mientras el abogado Pedro Nikken señaló que la Ley Habilitante “ha hecho ver que al proyecto bolivariano se le acabó la gasolina de la democracia”, el diputado del PSUV Carlos Escarrá expresó que “la Constitución no establece límites temporales”.

Asimismo, el parlamentario explicó que con dicho estatuto “se pretendía quitar un obstáculo para que Chávez pudiera cumplir con sus competencias, pero no por ello la Asamblea Nacional dejó a un lado sus atribuciones”.

Por su parte, el director del Centro de DDHH de la UCV, Héctor Faúndez, informó a la CIDH que esta ley puede dictar normas orgánicas que “violan la Convención Americana de DDHH”. Por el contrario, Escarrá tomó como ejemplo los gobiernos de Rafael Caldera y Jaime Lusinchi para describir que “esto es una tradición en Venezuela”.

Respecto a la situación de la Habilitante, el representante del Estado ante el sistema interamericano, Germán Saltrón, exigió a la CIDH que no se pronuncie hasta que el TSJ resuelva las demandas que se han emitido recientemente contra la ley.

¿Qué tiene que ver Carmona?
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, recordó que en 2010 se registraron 476 muertes violentas en las cárceles venezolanas. Saltrón no negó la situación, pero consideró “injustificado” que la Corte IDH haya dictado medidas cautelares a favor de seis prisiones venezolanas, lo que ubica al país en el primer lugar entre las naciones con resoluciones a favor de sus penales.

Tras manifestar que Venezuela no tiene una política integral para solventar la crisis penitenciaria, el comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió a Escarrá que lo invite al país, pues tiene ocho años tratando de acudir, a lo que el diputado respondió: “Paulo Sergio, estás invitado al país, personalmente te invito. Como persona puedes ir, pero a la CIDH que apoyó a Carmona no se puede invitar".

La CIDH se comprometió a realizar informes y agotar todos los mecanismos para que el Estado garantice los DDHH en Venezuela.

“El objetivo de este Gobierno son los presos políticos. Vivir bajo el estigma de ser enemigo de la revolución es lo más parecido a vivir en dictadura”
Indira Peña, esposa de Alejandro Peña Esclusa

martes, 29 de marzo de 2011

Premiarán a Chávez por ser el mejor comediante de Latinoamérica


Patty Fuentes Gimón
Chávez recibirá hoy en Argentina el premio Rodolfo Walsh en la categoría “Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular”, por su “compromiso incuestionable y auténtico en afianzar la libertad de los pueblos y atacar la idea de una comunicación como mercancía”, según Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina.

Ante este reconocimiento, el analista comunicacional Óscar Lucién expresa que “un premio de esta naturaleza es casi insulto para los venezolanos, porque si fuera para un comediante o un showman, estaría bien, ya que Chávez es una persona que baila, echa chistes y narra historias al estilo de Don Francisco”.

“¿Cómo pueden valorar a una persona que invierte horas de su tiempo de trabajo en chistes y en ensalzar su narcisismo? No sé si es por su comportamiento, pero puede ser porque es un personaje que, a los ojos de un extranjero, puede resultar pintoresco, pero para quienes lo padecemos diariamente, no es así”, añade.

Lucien, al enterarse de este galardón, pensó que se trataba de una burla de los argentinos hacia los venezolanos o “de esas que circulan en las redes sociales” porque “ni en los sectores populares, Chávez tiene posibilidades de comunicarse, ya que cada vez que se aparece por ahí, lo persiguen para entregarle papelitos para que se ocupe de los problemas”.

“No entiendo cómo puede recibir un premio una persona con los antecedentes del presidente Chávez, con el número de cadenas que hace, la cantidad de horas que ocupa en Aló Presidente, cierra estaciones de TV y de radio, persigue a los periodistas, etc.”, dice.



Una detención y tres amenazas de muerte



Patty Fuentes Gimón
Después de un año y cuatro meses, fue detenido uno de los presuntos homicidas de Mijail Martínez, colaborador del Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara e hijo de Víctor Martínez, activista de los Derechos Humanos de ese estado.

Carlos Alberto Zavarce Carucí, alias “El Sucio”, fue capturado el martes 15 de marzo en un operativo policial. El viernes de esa misma semana, se realizó la audiencia de presentación en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, en la cual el Tribunal 7º de Control ordenó su detención a nivel nacional en la cárcel de Uribana, a solicitud de la Fiscalía 2º, para posteriormente verificar si efectivamente participó en el asesinato.

El pasado jueves se ejecutó en la sede del Poder Judicial de Lara la rueda de reconocimiento en la que dos testigos comprobaron la colaboración de “El Sucio”, de 27 años, en el homicidio de Mijail Martínez, ocurrido el 29 de noviembre de 2009.

De acuerdo con Víctor Martínez y los testigos, el asesinato estuvo planificado por el diputado Luis Reyes Reyes y el general Jesús Armando Rodríguez Figuera, con el aval de los jefes del Cicpc de Lara. Los autores materiales serían entonces “El Sucio” y Jean Carlos Pérez, alias “Jean Carlitos”.

Sicarios del Gobierno
Desde que Mijail Martínez fue ultimado, ha habido tres detenidos. El primero de ellos fue Jairo Solones, quien voluntariamente se entregó a la justicia tres días después del acontecimiento. Pocos días después, lo dejaron en libertad bajo presentación por un delito relacionado con drogas, pero el homicidio fue pasado por alto. Desde el 1º de diciembre de 2009, Solones y su madre están desaparecidos.

El 15 de diciembre de ese mismo año, fue capturado José Gregorio Daza Bravo, alias “El Largo”, a quien se le atribuía formar parte de la banda “Los Invictos”, creada por el comisario Carlos Rodríguez, jefe del Cicpc de Lara, según relata el padre de la víctima. Un mes después, fue puesto en libertad porque en la rueda de reconocimiento fue rechazado por los testigos.

Desde entonces, no había habido ningún otro detenido. “Lo que señalaban era pura mentira, puro engaño, toda una intencionalidad planificada por parte de Carlos Rodríguez y José Núñez, comisario del Cicpc de Lara, de ocultar a los verdaderos autores materiales. El mismo Cicpc señala a “Jean Carlitos” y a “El Sucio” como autores materiales del asesinato de mi hijo, pero nunca los habían capturado porque son sicarios del Gobierno. Ellos tienen un prontuario de más de tres órdenes de captura por asesinatos, drogas, robos, secuestros, etc.”, denuncia Víctor Martínez.

El Comité de Víctimas contra la Impunidad de Lara coincide en un comunicado con Martínez y añade que “los organismos de investigación y judiciales cuando actuaron lo hicieron para encubrir y desviar los hechos, evidenciándose que la banda delictiva que ejecutó el crimen de Mijail es protegida por el Cicpc y otros cuerpos policiales del Estado; una  banda que mantiene aterrorizada  a las poblaciones de El Manzano y Río Claro, siendo señalada públicamente por casos de homicidio, sicariato, distribución de drogas y masacres”.  

Amenazas de muerte
Tras la detención de “El Sucio” por su presunta participación en el asesinato de Mijail Martínez, tanto Víctor Martínez, padre de la víctima, como los testigos que reconocieron al supuesto homicida están siendo amenazados de muerte.
“Los malandros, ‘Jean Carlitos’ y sus jefes del Cicpc,  han jurado que vienen por mí. Así me lo han hecho llegar a través de personas que están con ellos y saben que tienen relación conmigo. También tienen amenazado de muerte al informante, a quien después de que hizo sus declaraciones en la rueda de reconocimiento, lo obligaron a retractarse y acusarme de que yo quiero matarlo a él y a sus dos hijas. Ese muchacho lo hace presionado porque vive donde operan estas bandas”, explica Víctor Martínez.