Auto de ejecución en deuda

Patty Fuentes Gimón

Han transcurrido nueve meses desde que a los comisarios y policías detenidos por los sucesos del 11 de abril se les dictó sentencia definitivamente firme. En mayo de 2010, la Sala de Casación Penal del TSJ no admitió un recurso de casación que se le presentó, por lo que el expediente pasó al Tribunal 1° de Ejecución de Maracay y aún no se ha dictado el auto de ejecución correspondiente.

“No es posible que un tribunal se tome más de 9 meses para ejercer una función que no debería demorar más de tres días. Lo que sucede es que apenas se dicte el auto de ejecución, les corresponde la libertad por Destacamento de Trabajo a los tres comisarios y seis funcionarios de la PM”, explica el abogado José Luis Tamayo, quien destaca que “los que tienen condena de 30 años de prisión ya son acreedores de un primer beneficio penitenciario y los de la condena de 16 y 17 años, ya deberían estar en libertad”.  

Pisotean también la salud

Al Estado no le ha bastado con condenarlos a 30 años de prisión. Además, viola constantemente sus derechos a la defensa, al debido proceso, a la dignidad humana y a la salud.

En diversas oportunidades, se ha denunciado que la sede del Sebin, donde están recluidos los comisarios Simonovis, Vivas y Forero, no está en condiciones de que ningún ser humano pague una condena de 30 años de prisión. Sin embargo, el tribunal ha hecho caso omiso de las solicitudes de traslado a la cárcel Ramo Verde.

Un ejemplo claro de esto es que Forero presenta desde diciembre problemas de glaucoma en ambos ojos, de próstata y de piel por no recibir sol oportunamente. Pero, aunque se han hecho peticiones de urgencia médica para el comisario, el tribunal tampoco ha dado respuesta a esto.

Ante esta situación, Tamayo informó que la próxima semana acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, para impulsar una vez más la denuncia que presentaron en noviembre “por las gravísimas irregularidades en las que incurrió el Estado durante la tramitación del proceso de los comisarios”.

Impunidad

De las 79 investigaciones penales que inició la Fiscalía en torno a los hechos del 11 de abril, sólo tres pasaron de la fase de investigación. Estas son:

1. Caso del grupo de efectivos de la Guardia Nacional que fueron capturados por las cámaras disparando contra los manifestantes de la oposición.
2. Caso de los 63 “Pistoleros de Puente Llaguno” que fueron absueltos en diciembre de 2007, tras recibir una ley de amnistía sin haberse sometido a un proceso penal.
3. Caso de los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero (sentenciados a 30 años de prisión), y a los funcionarios de la PM Marco Hurtado, Arube Pérez Salazar (sentenciados a 17 y 16 años, respectivamente), Héctor Rovaín, Julio Rodríguez, Luis Molina y Erasmo Bolívar (también sentenciados a 30 años).

En el resto de las investigaciones se decretó el sobreseimiento o un archivo fiscal.

“Siempre se ocultó, se falseó, se desvirtuó la verdad de los hechos ocurridos ese día. Se han usado todos los recursos presupuestarios e institucionales para formar otra versión de los hechos, vulnerando principios legales y constitucionales hasta establecer una nueva y bizarra justicia” 

Abogado José Luis Tamayo

“Chávez perderá las elecciones de 2012”

Patty Fuentes Gimón

Ante la obligación penal de otorgar la libertad condicional al ex alcalde de Sifontes en Bolívar, Carlos Chancellor, el Estado sumará nuevas imputaciones a su caso para mantenerlo tras las rejas.

Después de que el juez de Ejecución de la causa recibiera su expediente en el que se explican los motivos por los cuales le corresponden medidas cautelares de libertad, el jueves fue trasladado a la Fiscalía 2 de Puerto Ordaz “sin la autorización del tribunal competente” presuntamente para imputarle nuevos delitos.

“El 15 de marzo cumplí 4 años y un mes detenido en Patrulleros de Caroní. Mi pena es de 7 años y 3 meses. Tengo carta de buena conducta y de trabajo, por lo que, de acuerdo con la ley, ya procede otorgarme el Régimen Abierto. Pero ahora oficiaron al comisario Saúl Cordero, comandante del retén policial, para que me llevara a la Fiscalía", denuncia Chancellor.

Por si fuera poco, hubo irregularidades en este nuevo procedimiento, pues el tribunal de Ejecución es el único ente con potestad para ordenar cualquier traslado del ex alcalde y, además, sus abogados fueron informados a destiempo.

“Mi defensa fue notificada el miércoles en la tarde porque acudió al tribunal casualmente a conocer sobre el estado de mi expediente. Debido a la celeridad del caso, mis abogados no pudieron estar presentes porque tenían compromiso con otro juicio. Yo no firmé el acta que pretendían que firmara en la Fiscalía y argumenté que el oficio había sido una violación flagrante del debido proceso. Hay un expreso retardo procesal de un año”, explica Chancellor, quien será llevado nuevamente el miércoles al tribunal, junto con sus representantes legales.  

En vista de que su situación parece empeorar, el dirigente informó que desde hoy se declara en resistencia civil y en huelga de hambre. “Tomo la decisión como consecuencia de que se están irrespetando mis derechos y de que desconozco cualquier nueva imputación. El general Rangel Gómez y el presidente Chávez están detrás de todo esto”, expresa.

−En este tipo de casos, la justicia funciona…

−En mi caso han sido muy diligentes y a la velocidad del rayo se cumplen los procedimientos. Sin embargo, hace un año introduje una denuncia contra Claudio Turchetti porque a través de un medio de comunicación se refirió a mí como asesino. La demanda, por difamación e injuria, fue admitida por el tribunal correspondiente y, posteriormente, el ciudadano aludido recurrió a la Corte de Apelaciones. Aún no se han pronunciado. En cambio, en mi caso, cuando conocen que puedo salir en libertad, proceden de inmediato a imputarme de nuevo.

−¿Estima usted de cuáles delitos se le pudiera imputar en esta ocasión?

−Sospechamos que es por heridas en refriega, pero hay dos vicios en este delito. Primero, en la audiencia preliminar, la misma Fiscalía que actuó como órgano acusador dijo que ese delito había prescrito al juez de la causa, quien decidió remitirlo a la Corte de Apelaciones para revisar si realmente había prescrito. Segundo, las personas que presuntamente resultaron heridas no tienen informes médicos forenses y nadie puede ser procesado por heridas en refriega sin este documento. También me acusan de arrebatarle el arma a un militar durante la protesta en Las Claritas.

−¿Realmente cree usted que lo tienen preso por liderar dicha manifestación?

−Absolutamente, no. El mayor delito que cometimos fue el de denunciar el fraude del Estado venezolano, realizado por el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, general Francisco Rangel Gómez, quien desconoció las cláusulas del contrato entregado por su empresa a la trasnacional Crystallex Corporation para hacer negocios en las bolsas de valores del mundo. Se le entregaron a esta empresa bienes nacionales con un costo de 187 millones de dólares por tan sólo 15 millones de dólares, lo que resta una diferencia de 177 millones de dólares. No nos perdonan haberlo denunciado y por eso nos persiguen judicialmente y, con el control de todos los poderes, imponen su criterio y nos condenan.

−¿El minero William Saud está detenido por los mismos delitos que usted?

−Han tratado de hacerle ver a la opinión pública que yo estoy preso por motivos diferentes, como corrupción y asesinato. Sin embargo, estoy detenido con Saud por los mismos delitos: agavillamiento (me acusan de haberme agavillado con él a pesar de que pertenecemos a distintas toldas políticas), incitación a delinquir y cierre de vías de circulación. La única diferencia es que él fue juzgado en libertad y yo estando preso, supuestamente por peligros de fuga a pesar de que cumplí estrictamente el régimen de presentación.

“Preso ni en el hotel Alba”

Además de la frustración por la forma en que se ha manipulado la justicia en su caso, Carlos Chancellor manifiesta sentirse sumamente afligido por la línea de separación que la cárcel ha creado entre él y sus familiares. Sin embargo, asegura que no se rendirá, ni ahora ni nunca.

−¿Cómo han manejado sus padres esta situación?

−No tengo palabras para expresarlo. Mi mamá está sufriendo un cuadro clínico preocupante porque se le está durmiendo el brazo y tememos que le pueda dar una hemiplejía. Mi papá recientemente sufrió desmayos y es hipertenso. En estos cuatro años, sólo he podido ver una vez a mi mamá y dos a mi papá porque no pueden viajar. Mis hijos no han podido estar conmigo porque deben atender a mis padres. Pronto hay que trasladar a mi madre a Ciudad Guayana para que sea atendida de emergencia.

−¿Suele recibir visitas con frecuencia?

−Antes de que mi mamá se enfermara, mis hijos me visitaban todos los días. Tengo 11 hijos y 12 nietos. Soy el papá de John Carlos Chancellor, uno de los jugadores que viajó con la Vinotinto a España y Perú. Mis hijos están muy identificados conmigo y me apoyan en todo. La menor tiene 11 años, me separé de ella cuando tenía sólo 7. La mayoría de mis nietos son pequeños: de 8, 6 y 5 años. Siempre preguntan por mí… Afortunadamente, me permiten recibirlos en la sala de visita y no en el calabozo… Pero la hora más triste es la despedida.

−¿Y su esposa? ¿Tiene esperanzas de que usted sea liberado algún día?

−Sí, claro. No vale rendirse; todos mantenemos las esperanzas, a pesar de las consecuencias que refleja esto con mi familia, el distanciamiento y las visitas prohibidas en muchas oportunidades. Gracias a Dios he mantenido mi salud, pero preso ni en el hotel Alba.

−¿Qué lo hace mantenerse fuerte?

−Aunque intentan dejarme más tiempo en prisión, asumo el reto porque estaré aquí hasta el año 2012 cuando tendremos un nuevo Presidente. Resistiré hasta entonces porque se hará justicia en todos los casos de presos políticos venezolanos. Si algo ha demostrado la juventud, es que existimos presos políticos en Venezuela y que en el próximo proceso electoral rescataremos la democracia y la justicia.

−Si tuviera la oportunidad de reunirse con el presidente Chávez, ¿qué le diría?

−Que se prepare porque va a perder las elecciones de 2012. No le voy a pedir perdón ni me voy a arrodillar… Si quiere dejarme preso, que me deje preso porque se hará justicia con el próximo Presidente de Venezuela que será electo democráticamente y Chávez tendrá que respetar la voluntad del pueblo. Si no salgo por la vía de la justicia ni se me reconocen mis derechos y beneficios que me corresponden, saldré indultado por el próximo mandatario que hará que se respeten los derechos civiles, políticos y democráticos de los que somos presos políticos.

“Si algo ha demostrado la juventud, es que existimos presos políticos en Venezuela y que en el próximo proceso electoral rescataremos la democracia y la justicia” 

Carlos Chancellor

“Me recuperaré cuando Chávez se vaya”

Patty Fuentes Gimón

Foto: Emilio Boschetti

Su voz no se quiebra ante las adversidades. Estar pagando una condena de seis años no frena su lucha. A pesar de estar detenido desde el 2 de diciembre de 2009 en el retén policial Patrulleros de Caroní, en Puerto Ordaz, William Saud mantiene firme su posición de reorganizar la pequeña minería.

“Luego de operarme, pasaré un tiempo en casa de mi hija en Maracay y después regresaré a mi tierra, en Las Claritas, donde realmente hago falta porque tengo una responsabilidad con la pequeña minería que nos la quieren desarticular”, dice el minero de 62 años que hoy desde las 5:00 am se someterá a una operación a corazón abierto, con una duración de entre 9 y 11 horas, en el Hospital Clínico Universitario de Caracas.

−El Estado creó en 2004 la Misión Piar, ¿qué pasó con ese plan?

−Es lamentable reconocer que por quien votamos para que hubiera cambios, lo que hizo fue dejarnos un futuro incierto. Chávez inicialmente nos prometió un reordenamiento de la pequeña minería con la Misión Piar. Por eso me aboqué a colaborar con él, pero luego me vi traicionado. Ahora el general Rangel Silva, encargado del Plan Caura, ordena maltratar a los mineros, pero no vamos a tolerarlo. Si hay que pagar presidio, lo pagaremos pero seguiremos en la lucha hasta que logremos legalizar la pequeña minería.

−Entonces usted estaba con el Gobierno antes de ser detenido.

−Yo nunca he estado con este Gobierno ni con Gobierno alguno. Siempre estoy del lado de la razón, donde hay una legalidad para el desarrollo de la pequeña minería. Vi en la Misión Piar una luz al final del túnel después de tantos años, pero fue un desencanto más. Protestamos en 2005 porque la trasnacional Crystallex International Corporation incumplió un contrato que había firmado con la Corporación Venezolana de Guayana para beneficiar a las comunidades y generar 4.500 fuentes de empleo en menos de dos años. Después de 6 años, el pasado 3 de febrero, la CVG rescindió el contrato por incumplimiento, o sea, nos dio la razón.

−Si usted sólo lideró una protesta común, ¿por qué el Estado se ensañó de esa manera?

−Si hay algo que altera los nervios de los políticos es que los desenmascaren. El general Francisco Rangel Gómez, que era presidente de la CVG en 2002, fue quien otorgó a la trasnacional la concesión sin licitación donde está detectado el yacimiento aurífero más grande de Latinoamérica y el tercero del mundo, con reservas de más de 20 millones de onzas de oro. Luego, Crystallex le otorgó en 2002 al general 15 millones de dólares en efectivo para ser invertidos en servicios comunitarios, pero hasta el sol de hoy no sabemos qué pasó con ese dinero.

Prisioneros del mañana

Su salud se ha visto cada vez más afectada desde que fue apresado en 2009. Los tribunales no habían cumplido con sus deberes hasta la semana pasada que Saud recibió una medida humanitaria extraordinaria para colocarse tres bypass, pues tiene tres arterias obstruidas.

“Yo era un hombre sano, activo y trabajador. La enfermedad que me aquejaba antes de ser detenido era cáncer de piel, que me estaba haciendo metástasis, por el exceso de sol al que me sometía a diario. Le exigí a los tribunales que autorizaran el traslado a un centro de salud porque además tenía enfisema pulmonar, pero me fue negado durante un año. Eso fue acrecentando mi padecimiento. Se me complicó la próstata y comencé a sentir dolores en el pecho”, relata el minero.

En enero de este año, por fin fue trasladado a una clínica de Puerto Ordaz e intervenido quirúrgicamente para atacar el cáncer. Cuando se realizó los estudios preoperatorios, también se aplicó un examen completo en el que se reveló una afección cardiológica, por lo que había que operarlo con urgencia. No fue sino hasta el pasado jueves que lo llevaron al Hospital Clínico Universitario.

−¿Considera que el problema que tiene ahora en el corazón es consecuencia de la prisión?

−Definitivamente mi afección cardíaca se generó por el encierro. Nunca me había separado de mi familia. De repente, me vi privado de libertad ilegítimamente y de manera injusta. Sin duda, eso me causó reacciones orgánicas, sobre todo en el corazón. El estrés agravó mi padecimiento, nunca había sufrido del corazón.

−Le otorgaron una libertad provisional…

−Esta no es ninguna libertad. Es una medida chucuta porque el Poder Ejecutivo tiene secuestrado al Poder Judicial que perdió la legitimidad, autenticidad y autonomía. El Poder Judicial hace lo que dictamine una llamada telefónica.

−¿Quién determina cuándo estará usted completamente recuperado?

−Mi recuperación total depende de cuando se vaya Hugo Chávez. Ahí sí voy a enfrentar a la justicia, pero una justicia diferente, con jueces honestos, que no se vendan ni obedezcan órdenes políticas y que tengan solvencia moral. Con esos jueces es que quiero enfrentarme porque la situación va a ser diferente. Los que ayer me acusaron serán los prisioneros de mañana. Una de las habitaciones que hay en el calabozo donde estoy se la tengo al general Rangel Gómez y la otra a Chávez, por supuesto, porque le voy a planchar la verruga.

−¿Cómo ha sobrellevado su familia toda esta situación?

−Mi familia es muy solidaria. A pesar de todas las vicisitudes, han sido fieles conmigo. Seguimos luchando y enfrentándonos con sacrificio y mucho coraje a esta situación. Tengo cinco hijos, seis nietos y una esposa bella que amo mucho.

−¿Su esposa se mantiene fuerte?

−Claro que sí. No sólo porque sabe que seré liberado, sino porque saldré reconstruido y repotenciado para darle tres muchachos más.

Libre hasta que se recupere

Patty Fuentes Gimón

Tras ser trasladado al Hospital Clínico Universitario de Caracas, William Saud recibió una medida humanitaria extraordinaria por su condición de salud, ya que será operado el próximo lunes a corazón abierto.

La medida no incluye régimen de presentación, pero sólo tiene vigencia hasta que el minero detenido por liderar una protesta en Las Claritas se recupere de su enfermedad y sea llevado nuevamente a Patrulleros de Caroní, en Puerto Ordaz, para continuar pagando su pena.

Saud informó que, luego de ser intervenido quirúrgicamente y cumplir su reposo en el hospital, pasará una temporada en casa de su hija en Maracay, estado Aragua. Posteriormente, regresará a su casa en el sur del estado Bolívar antes de regresar a prisión.

Ayer le realizaron un electrocardiograma y hoy comenzarán con las muestras de sangre y otros exámenes preoperatorios para que el lunes puedan colocarle un puente o un bypass en el corazón.

Querían llevarlo al Hospital Militar

El minero de 62 años relató que, ayer en la mañana cuando fue trasladado a Caracas, los funcionarios pretendían llevarlo al Hospital Militar, pero él se opuso. “Les recordé que estoy acogido al artículo 350 de la Constitución y en desobediencia civil, por lo que de ninguna manera iría al Hospital Militar”, expresó.

Saud destacó también que “sorpresivamente”, antes de que fuera liberada la boleta de excarcelación, fue buscado en el retén policial por una avioneta de la Gobernación de Bolívar, bajo la custodia de efectivos de la Disip.

“Lo más sorprendente es que quien fue a solicitar mi traslado fue el principal acusador en mi caso, el coronel Julio César Fuentes, comandante de la Policía de Bolívar que, cuando la rebelión del pueblo en contra de los maltratos de las Fuerzas Armadas y de una empresa trasnacional, fungía como comandante del TO5 y fue quien inició las provocaciones e incitó a la población a la violencia: le quitó la cámara a una periodista que recogía los hechos”, recordó.

Continúa en marcha Operación Libertad

Patty Fuentes Gimón

Doce estudiantes se encadenaron frente a los tribunales de Puerto Ordaz, con el fin de exigir las libertades del minero William Saud y del alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor.

“Estamos dando un lapso de 24 horas para que los excarcelen. Ambos están presos por el mismo caso. Especialmente, exigimos la libertad de Saud por su grave estado de salud y porque hoy tiene cita en el Hospital Universitario de Caracas, donde será operado”, expresó Diógenes Vera.

Los jóvenes advirtieron que, si hoy a las 11:00 am el Estado no ha dado respuesta a sus solicitudes, tomarán nuevas acciones y se sumarán más personas a la protesta que iniciaron ayer estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana, Unesco, Universidad de Oriente, Iutirla, entre otras.

Vera relató que, además de los doce encadenados, muchos otros estudiantes se sumarán por la liberación de los demás presos políticos en estados como Yaracuy, Carabobo y Zulia.

Los voceros de la Operación Libertad reiteraron que “todavía quedan pendientes en los primeros acuerdos la libertad de los PM Marco Hurtado y Arube Pérez”.

Operarlo es una urgencia

Mientras tanto, William Saud continúa a la espera del pronunciamiento del tribunal que le otorgaría una medida sustitutiva de libertad y su salud sigue deteriorándose.

El minero recluido desde 2009 por liderar una protesta en Las Claritas pasó todo el día “en cama”, pues se incrementaron los dolores en el pecho y en la espalda, además de sentirse “deprimido” por la falta de respuesta respecto a la operación a corazón abierto que deben realizarle con urgencia. Ante esta situación, dos paramédicos de la Emergencia 171 lo visitaron y le aliviaron las dolencias.

Saud informó también que ayer llegó a la sede de Patrulleros de Caroní un oficio emanado del tribunal. “No sé de qué se trata porque las autoridades del recinto policial no me han comunicado”, dijo. Hasta el cierre de esta edición, el minero seguía sin saber el contenido del oficio.

“Lo que no hemos logrado, estamos dispuestos a conquistarlo y a lograr la libertad así sea arriesgando nuestras vidas” 

Julio César Rivas, coordinador de Javu

“Libertad sin vida, ¿para qué?”

Patty Fuentes Gimón

Han transcurrido seis días desde que la fiscal superior del estado Bolívar notificó que introducirá ante los tribunales superiores una medida sustitutiva de libertad para William Saud por sus condiciones de salud. Pero el minero sigue detenido en la sede de Patrulleros de Caroní.

“El tribunal no se ha pronunciado. Mis abogados llevaron el documento a la Sala Superior de Apelaciones de Ciudad Bolívar, donde lo recibieron y lo enviaron vía fax a la Sala de Casación Penal del TSJ que debe ser la que libre la boleta de excarcelación”, relata Saud, quien amerita con urgencia una operación a corazón abierto por tener tres arterias coronarias obstruidas.

El minero recluido en Puerto Ordaz desde el 2 de diciembre de 2009 y sentenciado a seis años de prisión por liderar una protesta en Las Claritas tiene pautada una cita para mañana jueves en el Hospital Clínico Universitario, de Caracas, donde lo intervendrán quirúrgicamente, por lo que ese día comenzará con los exámenes preoperatorios.

“Ojalá que, si no me van a dar la libertad, por lo menos me envíen un equipo médico o una ambulancia para trasladarme al hospital. Es el Estado quien tiene que garantizar mi salud. No soy un delincuente común, sino un preso político. No estoy interesado en libertad. Libertad sin vida, ¿para qué? Lo que clamo es justicia… Dios quiera que no me suceda nada aquí adentro”, expresa el minero de 62 años de edad.

No les bastó con Brito

Al día siguiente de la visita de la fiscal superior, Saud fue llevado al Hospital Militar de Puerto Ordaz, donde un cardiólogo lo evaluó y su informe coincidió con el del médico personal del paciente, por lo que recomendó que sea operado de inmediato. Asimismo, le explicaron que dicho centro de salud no está capacitado para atender su situación.

“Ese día los funcionarios me informaron que la orden que dieron desde arriba era que me internaran en el Hospital Militar de Puerto Ordaz. Por eso me declaré en desobediencia civil. Ya tenemos la experiencia de Franklin Brito y no quiero que se repita conmigo ni con ningún venezolano”, añade.

Saud asegura que desacatará cualquier orden de traslado a un hospital que no esté en condiciones de atender su salud. “Si me trasladan al Hospital Clínico Universitario, al Pérez Carreño o me dan los recursos para ver qué clínica puede atenderme, lo acepto. Pero no voy a aceptar algo que vaya en detrimento de mi salud ni de mi seguridad personal”, advierte.

“Me cobran haber trabajado para Rosales”

Patty Fuentes Gimón

El caso de “Mazuco” muestra una vez más las irregularidades que se cometen en el sistema judicial de Venezuela. El ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Zulia fue condenado a 19 años de prisión el pasado 22 de diciembre presuntamente por haber estado involucrado en la muerte de Claudio Macías, supuesto agente de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército (DIM).

Mientras al comisario José Sánchez “Mazuco” lo acusan de autor intelectual del asesinato, aún siguen sin hallarse los autores materiales. “El hecho de que estemos en presencia de un homicidio, no significa que vamos indiscriminadamente a buscar a cualquier persona para responsabilizarla. Ni siquiera están declarados como testigos ni como imputados las personas que le quitaron la vida a ese señor, ni siquiera hay sospechosos”, denuncia Rómulo Pacheco, abogado del diputado electo recluido en la cárcel Ramo Verde, en Los Teques.

El cadáver de Macías fue encontrado ahorcado y con signos de violencia la madrugada del 8 de agosto de 2007 en el pabellón B del retén policial El Marite, donde había sido retenido pocas horas antes señalado de porte ilegal de armas, extorsión y otros delitos. Desde entonces, autoridades oficialistas de Zulia han involucrado a “Mazuco” en el acontecimiento, lo que llevó a que fuera sentenciado por homicidio calificado en grado de complicidad, privación ilegítima de libertad en grado de complicidad y quebrantamiento de pactos o tratados internacionales.

“Claudio Macías tenía una credencial ad honorem de Inteligencia Naval. Nunca hemos visto nada que diga que era de la DIM. Meses antes de su muerte, el alcalde Giancarlo Di Martino venía denunciando que Macías era un cobrador de vacuna y un extorsionador. Después de que fue detenido y asesinado, Di Martino dijo que era un agente de la DIM. La Policía de Zulia lo agarró en flagrancia; estaba amenazando con una pistola a un encargado de una cooperativa para que terminara un trabajo”, relata Pacheco.

Además, el representante legal de “Mazuco” asegura que, para detener a su defendido, “llamaron a un juez que estaba de vacaciones, lo hicieron incorporarse a su tribunal para decretar la medida de privativa de libertad”.

“La injusticia se ha ido incrementando”

Tras ser electo diputado el pasado 26 de septiembre, e incluso, ser el cuarto diputado más votado con más de 94 mil sufragios en Maracaibo, “Mazuco” recibió la medida cautelar de casa por cárcel el 8 de octubre. Esta decisión todavía seguía violando la Constitución, que en su artículo 200 garantiza la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, desde el punto de vista emocional, significó un gran avance para el comisario, pues pudo permanecer más de un mes junto a su esposa e hijo en su domicilio en Maracaibo. Pero el 28 de noviembre, fue enviado nuevamente a Ramo Verde: la jueza 7 de Juicio de Caracas, Fabiola Vesga, pasó por encima de la sentencia del TSJ.

−Comisario, ¿cómo sobrellevaron sus familiares el desacato de la medida de casa por cárcel?

−Desde ese día comenzó el verdadero drama. El mes fue muy nutritivo afectivamente. Mi hijo tiene cuatro años, me separaron de él cuando apenas tenía ocho meses de nacido. Lo poco que he compartido con él ha sido en la cárcel. Pensé que la Navidad de 2010 sería la primera que pasaría con mi niño. El 29 de noviembre se levantó y corrió a mi cama a saludarme como todas las mañanas. Pensó que estábamos jugando al escondite, pero nunca me consiguió.

−¿Qué explicación le han dado al niño?

−Él cree que estoy trabajando y que Ramo Verde es un colegio. Siempre que me visita, se agarra de los barrotes y me dice: “Papi, este colegio es feo”. Mi esposa lo lleva a un psicólogo infantil para que no vaya a tener consecuencias a futuro.

−¿Su esposa mantiene vivas las esperanzas?

−Ella no está muy bien porque la injusticia se ha ido incrementando. Los procesos contra nosotros siguen radicalizándose. Teníamos esperanzas tangibles en mi elección como diputado. Por eso, seguiremos apelando por la parte judicial, pero sabemos que este es un caso político. Todo se generó por acusaciones políticas. En el propio Ministerio Público me dijeron que mi caso es político, que me quedara quieto. Con Chávez en el poder, es difícil que salga a menos que cambie su actitud.

−Cuando lo sentenciaron, hubo señalamientos de un presunto testigo falso.

−Sí, un testigo falso con credenciales falsas de la Asamblea Nacional y un delincuente confeso encapuchado. Eso no está permitido en la legislación venezolana, fue un juicio totalmente irrito, arbitrario e insólito. Me están cobrando haber trabajado para Manuel Rosales.

−Si tuviera la oportunidad de hablar directamente con el presidente Chávez, ¿qué le diría?

−Que respete la Constitución y las leyes, que escuche la voz del pueblo y, sobre todo, que sepa que mi familia está presa junto a mí.

Atienden salud de William Saud

Patty Fuentes Gimón

Después de un año y tres meses, el Estado está atendiendo la salud de William Saud, detenido desde 2005 en la sede de Patrulleros de Caroní, en Puerto Ordaz, por liderar una protesta en Las Claritas. 

Es probable que hoy se realice una audiencia especial para imponer el beneficio y hacer entrega de la boleta de libertad.

Desde el 2 de diciembre de 2009, día en que el minero de 62 años fue encarcelado y sentenciado a 6 años de prisión, ha estado solicitando un traslado para ser asistido médicamente, pues padecía de cáncer de piel en estado de metástasis, tiene problemas pulmonares y de próstata, además de ser hipertenso.

Un año después, autorizaron su traslado y el 24 de enero de 2011 fue intervenido quirúrgicamente para atacar el cáncer en una clínica privada de Puerto Ordaz, en la cual tuvo que utilizar sus propios recursos, pues el Estado no veló por su derecho a la salud.

“No me habían permitido el traslado, sólo me llevaron dos veces a un hospital de emergencia, donde me tomaron la tensión y me pusieron una inyección. Ahora, cuando me hicieron los estudios preoperatorios, me salió este problema en tres arterias coronarias y amerito una operación a corazón abierto para instalarme tres bypass”, explica Saud.

Resultados de las protestas

Tras la presión generada por ONG, sindicatos y la sociedad civil que exigen medidas humanitarias para el dirigente minero, el miércoles representantes de la Defensoría y la Fiscalía lo visitaron y aseguraron que pronto su caso será resuelto.

Esa noche, también asistió al centro de reclusión Marlene de Castro, doctora forense de Puerto Ordaz. “Dudó de la veracidad de mi caso. Le dije que si es médico, no debe dudar jamás de la veracidad de un informe: un estudio de cateterismo que es bien delicado y preciso. Le planteé mi situación y me dijo que iba a llevarla a los tribunales”, relata.

Saud considera que la atención del Estado es producto de la rueda de prensa que ofrecieron el miércoles el sindicalista recién liberado Rubén González y el representante de Javu, Lorent Saleh, pues “enviaron un mensaje muy contundente”.

Además, ayer asistió a la sede de Patrulleros de Caroní la fiscal superior del estado Bolívar, quien notificó que introducirá ante los tribunales superiores una medida sustitutiva de libertad para el minero por sus condiciones de salud.

“Tengo que trasladarme a Caracas para efectuarme la operación porque la abogada Tamara Sujú hizo contacto con el doctor Sergio Brandis, cardiólogo del Hospital Clínico Universitario que se puso a la disposición de operarme, supongo que de forma gratuita por ser un hospital público”, expresó.

Preso por protestar

William Saud fue detenido el 2 de diciembre de 2009 por los presuntos delitos de agavillamiento, incitación al cierre de vías y al pánico y la zozobra de la colectividad. “Todo fue por una protesta que se ejecutó en 2005, en la que el alcalde Carlos Chancellor y yo intervenimos como mediadores para evitar una matazón en la Corporación Venezolana de Guayana por el incumplimiento de un contrato y el maltrato hacia la población minera. Ahora estamos en la etapa de apelación ante la Sala de Casación Penal del TSJ”, señala el minero.

La huelga de hambre la levantó un pajarito

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Lo que parecía difícil de resolver tomó su camino de la manera más informal. Un mensajito de Twitter inició el diálogo que puso fin a la huelga de hambre de los estudiantes frente a la OEA. No fue sino hasta que el dirigente de la protesta Lorent Saleh mencionó en la red social al ministro Tareck El Aissami, que éste se dignó a prestar atención a los casi 100 jóvenes que manifestaban en todo el país.

Desde entonces, mantuvieron contacto durante varios días. “Se generaron discusiones, le enviamos nuestras peticiones y concretamos la reunión que fue ese jueves 17 de febrero. Lorent y yo conversamos con él dos horas y media. Al final de la reunión, invitamos a dos de nuestros abogados, Tamara Sujú y Gonzalo Himiob, y establecimos cuál era nuestro mínimo de peticiones”, relata Julio César Rivas, presidente fundador de Javu.

−¿Cuál era ese mínimo de peticiones?

−La venida del secretario general de la OEA, casa por cárcel para la jueza Afiuni y la liberación de todos los presos políticos, pero dábamos alternativas mientras se restablecen las libertades de quienes ya cumplieron más de la mitad de la pena.

−¿A qué se refiere cuando dice que dieron “alternativas”?

−A alternativas jurídicas. Sabemos que la situación de todos los presos políticos es inconstitucional, pero tomamos en cuenta que hay unos que ya han pagado la mitad de la pena, otros que están enfermos y otros que donde están no se les respetan sus DDHH. Dimos alternativas para buscar soluciones inmediatas mientras logramos el objetivo mayor: libertad de todos los presos políticos.

−¿Cómo tomó el ministro El Aissami el planteamiento que le hicieron?

−Rebatió todas nuestras peticiones con argumentos, pero sólo se ponía cerrado en algunos casos, como el de Mazuco y el de los hermanos Guevara. Esas posiciones van en contra de las nuestras porque las personas que administran justicia en el país no son de confiar, así que no es verídico de lo que los acusan.

El joven cuenta que sus abogados dieron “herramientas para que aplicara cosas inmediatas” al ministro, quien se llevó las propuestas y demostró estar comprometido con buscarle solución al problema.

Al día siguiente, El Aissami y el canciller Nicolás Maduro se pronunciaron. Los huelguistas mantuvieron contacto con el ministro hasta que llegaron a un acuerdo pues, aparentemente, el Estado cedería en sus peticiones.

−¿Considera que realmente fueron atendidas todas las solicitudes?

−No podíamos trancar los caminos de diálogo. Vamos a ir conquistando objetivos y, en la medida que lo hacemos, dejamos precedentes para liberar a los demás. El procedimiento más rápido para excarcelar a todos sería una ley de amnistía o un indulto presidencial, pero es complicado llegar a eso en pocos días. Las soluciones del Estado superaron nuestras expectativas porque dieron la posibilidad de liberar a dos diputados y a dos puntos de honor para el Gobierno: Otto Gebauer y “El Cuervo”.

−¿Era necesario levantar la huelga de hambre para que el Gobierno ejecutara esas medidas?

−La huelga la levantamos porque, en un proceso de diálogo y negociación, no se logra nada si tenemos la pistola encima de la contraparte. La huelga representaba una amenaza seria para el Gobierno porque estaban en riesgo nuestras vidas. Así que decidimos darnos una tregua. Levantamos la huelga como muestra de que estamos dispuestos a establecer el camino del diálogo, pero nos mantenemos en los puntos de protesta como diciendo: “No te equivoques porque estamos dispuestos a continuar con las acciones”. Mantendremos la vigilia hasta tener señales suficientes del Gobierno de que podemos trabajar sin necesidad de acciones como esta.

−¿Cree que con estas liberaciones se demuestra que en Venezuela no hay separación de poderes?

−Quizás en el futuro te pueda responder esa pregunta, pero ahorita no. Sin embargo, puedo decirte que esto es algo que hay que apreciar, porque más allá de eso, estamos demostrando que hay presos políticos y, algo más valioso todavía, que cuando tenemos la disposición de hacer respetar las leyes, podemos lograrlo.

“El ministro nos pedía que bajáramos el tono de la protesta, pero nosotros más bien íbamos en avance porque para negociar no era bueno ir en desventaja de fuerzas” 

Julio César Rivas, presidente de Javu

“El Gobierno ha dado buenas señales”

Patty Fuentes Gimón

Foto: Gregory Jaimes

El presidente fundador de Javu, Julio César Rivas, informó ayer que, aunque sólo han sido liberados dos de los siete presos políticos acordados, el Gobierno “ha dado muy buenas señales de que vamos por el camino correcto, de que están respetando los acuerdos y de que hay palabra de honor por parte del ministro Tareck El Aissami”.

“No pido a los venezolanos confianza en el Gobierno, porque yo tampoco la tengo, pero sí confianza en esta operación y en el sacrificio que seguimos ejerciendo desde cada una de las regiones donde estamos permanentemente en vigilia. Hasta ahora, las agendas se han llevado tal como lo teníamos acordado y se han creado canales abiertos de diálogo diariamente con el ministro”, detalló.

Respecto a la sentencia de 7 años, seis meses y 21 días de Rubén González, el joven aseguró que el sindicalista pertenece a la lista de presos políticos de la Operación Libertad. “Le manifestamos al Estado nuestra sorpresa de que, en este proceso de diálogo, se haya dado una condena a este dirigente sindical. El ministro nos dijo que son las instituciones las que están actuando; nosotros interpondremos ante los organismos de justicia algunos recursos para tratar de que rectifiquen en este caso”, expresó.

Rivas relató que, a inicios de semana, el grupo de estudiantes se reunió con los familiares de los presos políticos para escuchar cuáles son sus peticiones y así en las mesas de diálogo, poder resolver con el Gobierno “situaciones inmediatas, como los traslados y la atención médica”.

Radicalismo irresponsable

El representante de Javu rechazó los “comentarios que obstruyen los caminos de diálogo” que han logrado hasta ahora. “Hacemos un llamado a aquellos que generan rumores falsos para que sean responsables al hablar de este tema porque no estamos jugando puestos de poder, sino libertad de personas que están alejadas de sus familias”, dijo. Asimismo, solicitó a la sociedad tener paciencia “para permitir a las instituciones que, con sus herramientas, tiempos y reglas, puedan darle la felicidad a los venezolanos”.

“Permanecemos atentos ante cualquier violación de estos caminos de diálogo para accionar con protestas”  

Julio César Rivas, presidente de Javu

Los logros ocultos de la huelga de hambre

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Más allá de la posible liberación de siete presos políticos, el éxito de la huelga de hambre es haber presionado al Gobierno para que, de forma implícita, reconozca la presencia de disidentes privados de libertad en el país.

“Al legitimar la naturaleza de la huelga y movilizar a funcionarios de alto nivel, como el ministro El Aissami, para que se reuniese con los huelguistas que pedían la liberación de los presos políticos, el Estado los reconoce. Además, accedió a negociar con ellos en mesa de diálogos y realizó gestos importantes como las excarcelaciones de Biagio Pilieri y otros”, explica Ángel Álvarez, director del Instituto de Estudios Políticos de la UCV.

El Gobierno se encontraba en “un dilema sumamente grande”, agrega el politólogo, pues si la huelga seguía creciendo hasta perderla de control, los daños hubiesen sido mayores, al igual que las consecuencias internacionales. Por eso, “prefirió jugarse la carta de dar señales de liberación, con lo que da la impresión de ser un Gobierno democrático que permite el diálogo”.

Con la huelga de hambre de 23 días también se logró que, tácitamente, el Estado dé una vez más muestra de que en Venezuela no hay separación de poderes. “Ahora pueden decir que no liberaron a nadie sino que los tribunales de justicia tomaron medidas autónomas del Poder Ejecutivo y apegadas al estado de derecho”, señala Álvarez.

Negociación o riesgos

El politólogo considera que los estudiantes actuaron de forma razonable al levantar la huelga el pasado martes. “Terminaron la protesta cuando el Gobierno mostró estar lo suficientemente dispuesto a actuar. Si no aceptaban esas boletas de excarcelación, tenían que mantener el conflicto hasta las últimas consecuencias, lo que implicaba costos altos de salud para los huelguistas”, indica.

Mientras Álvarez argumenta que en toda confrontación hay procesos de negociación, el estudiante Lorent Saleh asegura que, durante la reunión que sostuvieron con el ministro de Interior y Justicia, “no hubo negociación porque creemos que los Derechos Humanos no se negocian… lo que hubo fue un diálogo con respeto a pesar de las profundas diferencias ideológicas”.

El representante de la plataforma Javu afirma que luchan por la libertad de todos los presos políticos, pero “el Gobierno no era el único factor que interactuaba, sino también la Fiscalía y el TSJ”.

La decisión de levantar la huelga de hambre tuvo que ver con el riesgo de acabar con la posibilidad de liberar a siete presos políticos. “Una cosa era la huelga y otra es la Operación Libertad. Seguimos debatiendo por los demás presos políticos y haciendo las gestiones para que venga Insulza”, destacó el joven.  

Aunque El Aissami insistió ayer en que los huelguistas reconocieron que muchas de sus solicitudes son inconstitucionales, Saleh lo desmintió y, tras aclarar que no quiere confrontaciones con el Gobierno, explicó que el Estado admitió que en ciertos casos se viola el estado de derecho.

“La lucha no ha terminado. Vemos uno de los avances más importantes en el tema de presos políticos en los últimos años”

Lorent Saleh, representante de Javu

Siete presos políticos podrían ser liberados

Patty Fuentes Gimón

Foto: Saúl Uzcátegui

Los 23 días en huelga de hambre parecen haber dado fruto. Ayer los estudiantes anunciaron levantar la protesta tras ser atendidas sus demandas por parte del Estado.

El miembro de la plataforma Javu, Lorent Saleh, enumeró los logros que se obtuvieron con la manifestación frente a la OEA, entre los que destacó la atención médica de la jueza María Lourdes Afiuni y que se le otorgara la medida de casa por cárcel.

Asimismo, aseguró que “en el seno de la OEA están discutiendo los problemas de DDHH en Venezuela”, gracias a que con la huelga se pedía la atención de la comunidad internacional.

Respecto a las cárceles, Saleh informó que el próximo viernes 25 de febrero visitarán, junto con el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, el internado judicial La Planta para revisar la situación penitenciaria.

Las medidas les corresponden

La liberación de los presos políticos era una de las principales peticiones de los estudiantes. Además de conseguir la asistencia médica de los internos con problemas de salud, la huelga de hambre podría alcanzar que a siete de los 27 presos políticos del país les concedieran medidas alternativas para el cumplimiento de la pena.

“Este jueves, dependiendo de la evolución de la gestión en curso, tendremos una primera mesa de trabajo con el Gobierno, familiares y abogados para revisar uno a uno los casos que nos quedan”, dijo el representante de Javu.

Saleh detalló que lograron que el Gobierno “comenzara de inmediato a gestionar los beneficios de prelibertad de Silvio Mérida, Felipe Rodríguez y Otto Gebauer; respetara la voluntad popular en los casos de Freddy Curupe y Biagio Pilieri; y revisara la posibilidad de conceder los beneficios a los PM Arube Pérez y Marco Hurtado”.

Los familiares informan

Ana Mercedes de Gebauer confirmó que desde 2008 le correspondía a su esposo Otto Gebauer el régimen abierto, medida alternativa que sólo podría serle entregada si se le aplicaba un examen psicosocial. “Esa prueba la hace el MIJ y, aunque yo tenía años solicitándolo, no se la habían hecho hasta ayer, así que este es un logro de los estudiantes”, agregó y señaló que hoy deberían trasladarlo al tribunal para que se le impongan las medidas que deberá cumplir al regresar a su casa.

Licy, esposa de Arube Pérez, detenido por los sucesos del 11 de abril, relató que el domingo acudió a la OEA para entregar a los huelguistas los datos de la sentencia de su marido e incluir el caso en las peticiones estudiantiles. “El ministro dijo que los casos de Arube y de Marco Hurtado son los primeros a evaluar por ser los más adelantados y con menos años de sentencia. Yo me imagino que la presión que ejercieron los estudiantes tuvo que ver con esto porque a nosotros nos hacían caso omiso”, dijo.

Sin embargo, Licy de Pérez destacó que la juez espera la respuesta del ministro para otorgarle a su esposo la medida alternativa. “Supongo que esta semana les harán los exámenes, les pedirán las carpetas de trabajo que tienen y harán el cómputo de las horas para restarles los días de la pena, pero la juez no ha dicho nada, su caso está trancado en Aragua. La juez nos había asegurado que en el primer trimestre de 2011 lo gestionarían. Ese camino estaba andado ya”, señaló.

Extraoficialmente, al cierre de esta edición, se conoció que fueron firmadas las boletas de excarcelación de Gebauer y de Felipe Rodríguez. También se intentó contactar a los abogados de los demás presos políticos que podrían ser liberados en las próximas horas, pero no fue posible. Ahora habrá que esperar para saber si las promesas del Gobierno serán cumplidas.

La huelga de hambre se extendió a 10 estados

Patty Fuentes Gimón

Foto: Renier Otto

Jóvenes de diez estados del país se sumaron ayer a la huelga de hambre que mantienen desde hace 18 días 13 personas frente a la sede de la OEA en Caracas, en defensa de los Derechos Humanos y por la liberación de los presos políticos.

El coordinador de JAVU, Lorent Saleh  anunció que la protesta se extiende a los estados Carabobo (Redoma de Guaparo), Táchira (Consulado de Colombia), Falcón (Plaza Lorena de Punto Fijo), Anzoátegui (Plaza La Libertad), Bolívar (Plaza Monumental), Mérida (Plaza del Llano), Delta Amacuro (Obelisco), Lara (Defensoría del Pueblo).

"Hoy esta huelga se activa en todo el país. Somos los jóvenes los que hoy traemos vientos de libertad para Venezuela. Esto sólo es parte de lo que nos queda por hacer, junto a la sociedad civil, junto a las organizaciones políticas, los estudiantes vamos a regresar la libertad y la democracia a este país ", dijo Saleh.

En compañía del dirigente de Voluntad Popular Antonio Rivero una comisión de los jóvenes en huelga acudió a la Unión Europea con el fin de insistirle que llame la atención de José Miguel Insulza para que visite a Venezuela en representación de la Organización de Estados Americanos.

No viene si no lo dejan

Tal como se esperaba, el secretario general de la OEA declaró a El Nuevo Herald que no puede venir a Venezuela a menos que sea invitado por el gobierno de Chávez.

“No sería aceptable para el Consejo Permanente de la OEA, ni para el consejo de ningún organismo internacional, que el secretario general fuerce la voluntad de un país miembro”, dijo desde su despacho en Washington.

Sin embargo, aclaró estar dispuesto a venir porque cree que “estas cosas se resuelven conversando… pero no puedo ir a Venezuela si el Gobierno venezolano no lo autoriza; ni yo, ni la Comisión de los Derechos Humanos”, añadió.

No le temen a la OEA

Por su parte, el canciller Nicolás Maduro dijo que los reclamos de los jóvenes en huelga de hambre deben resolverse mediante el diálogo interno y que el Gobierno venezolano no le teme a la OEA.

“Nuestro gobierno actúa con seguridad, con confianza en los pasos que da. De ser de otra manera, la actual administración no tendría doce años en el poder y 60% de aprobación en el país”, sostuvo.

Un milagro podría liberar a los presos políticos

Patty Fuentes Gimón

Los ojos le brillan cuando ve en su corcho la foto de su hijo. Todavía le cuesta creer que ya lleva casi ocho años viviendo lejos de él. Juegos de beisbol, visitas a la abuela, sus primeros logros en la escuela… Héctor José Rovaín no ha podido disfrutar de ninguna de esas actividades, pues fue privado de libertad por los sucesos de abril de 2002, cuando su pequeño apenas tenía 4 años.

“Son años que no se recuperan. Ahora mi hijo tiene 12 y está en bachillerato. Como vive en Guatire, sólo puede visitarme los domingos. Yo siempre trato de transmitirle mucho ánimo para que no se vaya desmoralizado; le digo que se mantenga en sus estudios y que luche por lo que quiere. Para los niños, los presos son malos, así que tuvimos que explicarle mi situación. Él entiende porque sabe que estoy detenido por la política y que fui sentenciado a 30 años sin pruebas”, relata el ex inspector jefe de la Policía Metropolitana.

La esposa de Rovaín ha sido quien le ha dado fuerzas para no desplomarse. “Ella conoce mi trayectoria y sabe que soy inocente. Lo que me desanima es que ella sufre esta carga sola, quiero estar afuera para ayudarla. Tiene que ocuparse del niño, llevarlo al colegio, hacerle comida y, además, visitarme los domingos”, lamenta.

Su madre, Ildefonsa, no guarda rencor pese a la tragedia que le ha tocado vivir. “Yo sólo deseo que salga ya. Tanto tiempo, tanta angustia, tanta agonía… Todo esto es muy fuerte. Ojalá el presidente Chávez hiciera algo para que lo soltaran”, expresa entre suspiros.

La señora de 69 años se esfuerza en visitar a su hijo con la mayor frecuencia posible. Sin embargo, no puede ir a Ramo Verde todos los fines de semana porque tiene una prótesis en una rodilla que no le permite subir los cinco pisos de la cárcel.

El padre del ex PM de 41 años no desaprovecha ninguna oportunidad para encontrarse con su hijo. Pocos años después de que Rovaín fue apresado, el señor de 74 años perdió la vista a causa de una trombosis. Su condición no ha sido impedimento para que se dirija hacia Los Teques cada quince días.

Reconciliación y diálogo

Rovaín es el encargado del taller de costura en la cárcel, pues además de ocupar las horas de encierro, puede redimir las horas de prisión. Cada uno de los internos lleva la cuenta del tiempo que ha trabajado; sin embargo, el tribunal aún no la ha solicitado, a pesar de que ya pueden optar por un beneficio.

El ex funcionario considera que tendría que ocurrir un milagro para que, con Chávez en el poder, él y los demás policías que se encuentran en Ramo Verde sean liberados. Quizás por esta razón sus creencias religiosas se han acentuado y, constantemente, pide a Dios que lo ayude a salir del centro de reclusión.

“Hace poco, el presidente Chávez habló de la reconciliación y el diálogo. También habla siempre del amor al prójimo y el de Jesucristo. Yo quisiera decirle que una muestra de fe es la libertad de todos nosotros porque la palabra de Dios dice que debemos amar al prójimo porque Él murió en la cruz por nosotros, para redimir el pecado del mundo”, pregona.

Salud desatendida

Muchos de los detenidos en Ramo Verde presentan problemas de salud. Rovaín es uno de ellos. Hace 10 meses, le salió un lipoma de grasa acumulada en la frente que ha crecido sin cesar. Desde entonces, ha estado tramitando la solicitud de traslado a un centro hospitalario, pero el tribunal de ejecución no ha dado respuesta. Por si fuera poco, el ex inspector jefe de la PM sufre de lumbago y tampoco se le aplican sus chequeos regulares.

“Con el problema de Afiuni, todos los jueces se cuidan y esperan instrucciones”

Héctor Rovaín