jueves, 16 de diciembre de 2010

"Las cárceles fracasaron"


Patty Fuentes Gimón

Sus primeros años los pasó corriendo por los pasillos del retén de Catia, Yare y Tocuyito, o jugando con los niños del barrio La Cochinera, en los Frailes de Catia.

Cuando recién alcanzaba la mayoría de edad, cayó preso por traficar droga y estuvo 10 años detenido. Hoy dedica su tiempo a colaborar con reos y familiares de reos.

"Nadie tiene la oportunidad de elegir su destino ni su familia cuando nace. Yo crecí en una familia con muchos problemas. En los años 80, visitaba siempre a mi hermano en la prisión, donde conocí a muchos presos que me hablaban de su dolor, de sus maldades, de sus virtudes y sus miedos. En los 90, caí preso, fui líder de banda y pastor. Desde que salí, hago trabajos en las cárceles. Tengo 30 años conociendo la realidad del sistema penitenciario".

Así resume su vida Gilber Caro, quien ahora es coordinador nacional de las redes penitenciarias del partido Voluntad Popular y obtuvo el pasado 9 de diciembre la orden Luis María Olaso 2010, por la lucha en la defensa de los Derechos Humanos de los privados de libertad.

–¿Ha habido algún cambio en las prisiones durante los últimos 30 años?
–Las cárceles están igual o peor de deterioradas porque no fueron hechas para Latinoamérica donde hay 500 muertos semanales. Copiaron el modelo europeo, donde hay un asesinato cada año y donde 10 homicidios al año es una alarma. Además, nuestra sociedad está tan dolida que lo que quiere es más venganza que justicia.

–¿Qué se debe hacer entonces para mejorar el sistema penitenciario?
–Nosotros, en nuestra organización, proponemos llevar a cabo lo que denominamos Plan 180, que busca disminuir la delincuencia en dos años. Primero, hay que depurar la policía, sacarla de los barrios y pagarle bien a los funcionarios. Segundo, hay que crear un sistema de prevención en todos los colegios, con buenos profesores educando sobre todo a los niños que crecen en barrios acerca de los valores familiares. Tercero, debe haber un sistema judicial descentralizado, poder tener acceso a un juicio justo y no sufrir retardo procesal. Los gobernadores y alcaldes deben encargarse de sus presos. Cuarto, las cárceles deben ser granjas abiertas de trabajo. Por último, debe haber reinserción social, tema del que nadie habla. Sale un plan de seguridad y sólo hablan de las personas que agarraron, pero no se escucha que se reinsertan a otros 400. Cuando no hay política de reinserción, se fracasa.

–¿Es suficiente que los ex presidiarios se regeneren para que se dé con éxito el proceso de reinserción social?
–No. La sociedad no está preparada para recibir a los presos que cambien o mejoren; no los contratan en empresas. Los mismos presos se tienen etiquetados, se sienten menos que nadie. Cuando se dan cuenta de esto, sienten que lo mejor que pueden hacer es reincidir en el delito que cometieron.

–¿Cree usted que es posible transformar la mentalidad de la sociedad?
–Para lograrlo, hay que crear oportunidades. Por ejemplo, yo tengo un programa que se llama "Dale la mano a tu par" que reinserta a los jóvenes y les consigue trabajo. Es importante que la sociedad conozca los testimonios de estas personas para crear confianza.

FAMILIARES PERJUDICADOS
Vivir la cárcel desde todos los puntos de vista ha hecho entender a Caro que los familiares de los reos padecen las calamidades del sistema penitenciario casi de la misma manera que los propios internos.

"Uno de los Derechos Humanos establecido en la Constitución es el de los niños, la familia y los hogares. La sociedad ve al individuo preso, pero no se da cuenta de que detrás del individuo están el niño y la esposa. La idea es transmitirle a los jóvenes que tienen familia y a la sociedad que el derecho a la familia es para todos. Con esto me refiero a que los derechos de esas personas también están siendo violados", explica.

Por esta razón, el coordinador nacional de las redes penitenciarias de Voluntad Popular maneja la fundación Familias de la Libertad, que busca "rescatar los valores y la dignidad de los familiares de los internos dictándoles talleres de formación y dándoles herramientas para que sean los embajadores de paz dentro de las cárceles".

"Santa va a las cárceles" es el nombre que le da a uno de los proyectos que lleva a cabo y que consiste en llevar más de 2 mil juguetes a los hijos de los reos mientras hacen la fila para poder visitar a sus parientes recluidos.

–¿Qué propone para mejorar las condiciones de las visitas penitenciarias?
–Quiero instalar un botiquín de primeros auxilios para que los familiares tengan asistencia de salud. También sería útil construir establecimientos especiales para que no tengan que hacer colas por horas bajo un palo de agua o durmiendo en la acera de la calle. Hay que tratar de que la familia se sienta cómoda y estable.

–¿Qué considera usted que le ha faltado al Estado para acabar con la tragedia carcelaria?
–Al Estado le ha faltado comprender que las cárceles fracasaron, sincerarse y empezar desde cero. Las prisiones encerradas deben ser demolidas; fueron hechas en lugares calientes. Mientras en otros países cierran cárceles, aquí queremos abrir más. Pareciera que quisiéramos tener una política de más delitos. No creo que empezar desde cero sea muy difícil: es dar una amnistía, perdonar, es tratar de que cuando la persona salga tenga un plan de contingencia para atenderlo, es sincerar el sistema. A los delincuentes hay que encerrarlos en granjas agrícolas, espacios abiertos que les brinden oportunidades de trabajo. Por supuesto que debe ser un lugar delimitado, pero fresco y acondicionado. A las cárceles hay que verlas como formación y no como castigo. También debe haber inversión por parte de las empresas privadas para que éstas manejen parte del funcionamiento de las prisiones y sean quienes den la comida, como en Francia. Los reos deben ganar un dinero por su trabajo para destinarlo a sus familias.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

Ofrecerán asesoría gratuita en DDHH

Patty Fuentes Gimón

“Nos preocupa que en la mayoría de los pensa de las universidades no se incluyan los Derechos Humanos como una asignatura obligatoria”, expresó Marlene Robles, presidenta de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela durante la jornada “Fortalecimiento de las Comisiones de DDHH de los Colegios de Abogados de Venezuela”.

Con el fin de “incorporar a la mayoría de los abogados del país a la noble labor de defender a todo el que sea amenazado en el ejercicio de los DDHH”, fue creada el pasado 3 de octubre la Comisión Nacional de DDHH de la agrupación de profesionales del Derecho, pues según Robles, “en Venezuela necesitamos abogados preparados en esta materia porque son ellos quienes garantizan la paz social”.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, fue designado presidente de la iniciativa y explicó que en cada Colegio de Abogados constituirán una comisión de DDHH para “brindar asesoría jurídica gratuita e intervenir en conflictos entre funcionarios y víctimas de violaciones de DDHH”.

Responsabilidad del Estado

“A pesar de que la Constitución venezolana nos habla de los DDHH desde el preámbulo, nuestra profesión se ha mantenido al margen de los casos de violaciones de estos derechos. Sin embargo, poco a poco ha habido un despertar”, asegura Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El abogado sostiene que el Estado tiene responsabilidades sobre los DDHH, pues el artículo 23 de la Carta Magna establece que “los tratados, pactos y convenciones relativos a DDHH, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno… y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Por su parte, Héctor Faúndez, abogado especialista en DDHH, señala que “como ciudadanos nos corresponde defender la democracia, el estado de derecho y los valores de la libertad” porque “sin abogados que estén dispuestos a cumplir su rol de manera eficiente, nuestras sociedades serían menos libres”.

Tras destacar la importancia del debido proceso, Faúndez estimó que alrededor de 98% de los casos decididos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos involucran violaciones al debido proceso o a la protección judicial.

“Los abogados también pueden operar mucho antes de que se cometa una violación, de manera preventiva, sobre todo cuando se están redactando proyectos de ley en los cuales pueden alertar sobre las incompatibilidades que podrían haber entre esos proyectos y determinadas normas constitucionales o valores propios de los DDHH”, añadió.

María Gracia Morais, abogada especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, fue la encargada del tema penitenciario y afirmó que “además de los derechos fundamentales, la propia sentencia genera derechos para los condenados, que están ligados al tratamiento resocializador”.

Silencio indirecto para la radio


Patty Fuentes Gimón

"La radio no va a morir, sino que se va a transformar, va a empobrecer y tendrá limitada su capacidad de acción. Lo grave es que no vamos a tener emisoras de radio donde denunciar la problemática ni vamos a tener información".

Así lo denuncia el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Nelson Belfort, en referencia a la posibilidad de que las emisoras de radio no puedan organizarse en circuitos, en caso de que se reforme la Ley de Telecomunicaciones.

Belfort advierte que la aprobación del instrumento legislativo limitará los contenidos radiales y afectará la comercialización.

"Va a ser un silencio indirecto porque no se podrá cubrir todo. Va a ser tan costoso el mantenimiento de la radio que tendrán que poner más música porque es lo más sencillo de producir. Lo más costoso son las noticias porque requieren de periodistas, movilización y un despliegue técnico importante", explica.

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión también destacó que el hecho de que las radios no puedan agruparse en circuitos dificultará el acceso a los clientes que, en su mayoría, se centran normalmente en Caracas.

AHORA, SERVICIO PÚBLICO

La Ley de Telecomunicaciones vigente desde el año 2000 otorga al Estado la potestad de confiscar únicamente el uso del espectro eléctrico. Si se reforma el instrumento legal, se podrá decomisar los equipos de cualquier clase de servicio de telecomunicaciones que se preste sin contar con la habilitación, concesión o permiso.

"Lo más grave es que la radio dejará de ser de interés general para convertirse en servicio público, lo que le da muchas más herramientas al Estado para cerrar y confiscar emisoras de radio. Podrá expropiar la emisora y los equipos por una vía legal. Pueden ocupar el espacio y la emisora, además de llevarse los equipos con el argumento de que es de servicio público. Esto es un exabrupto y representa otra inseguridad para la radio venezolana que es la única que se acerca al pueblo", expresó.

Belfort también se pronunció en contra de la excepción que se hace en la reforma de la ley, pues "la única emisora que podrá seguir difundiendo información en cualquier lado es la del Estado, Radio Nacional de Venezuela, que dirige la información en un solo sentido".

martes, 14 de diciembre de 2010

El Estado quiere más y más armas

Patty Fuentes Gimón

“En Venezuela se desconocen el número y tipo de armas decomisadas anualmente por el Estado, la cantidad de personas que tienen porte legal de armas vigente, el listado de entidades oficiales distintas a la Fuerza Armada Nacional autorizadas a portar armas, el nombre de las empresas de vigilancia privada autorizadas por el Ministerio de Interior y Justicia y el de las comercializadoras privadas de armas”.

Así lo afirmó Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, durante el Foro para los Derechos Humanos y la Democracia, realizado ayer con el fin de dar a conocer el balance de los DDHH en Venezuela durante este año.

San Miguel manifestó su inquietud por la “opacidad del Estado frente a la adquisición de armas, especialmente en las ligeras que, en muchos casos, terminan en manos de la población civil”. También denunció que este año el Ministerio de Defensa anunció la instalación de una fábrica que, según datos oficiales, produciría más de 50 millones de proyectiles.

“Todavía resuena en nuestra cabeza la cifra que articuló el presidente de la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional: 14 millones de armas ilegales en manos de la población civil”, añadió.

Alertó sobre una presunta compañía, adscrita a la Vicepresidencia de la República, que participa en la adquisición de nuevas armas para el país. “Cada día vemos con mayor preocupación como el Estado hace gastos en defensa sin control, auditabilidad ni rendición de cuentas”, señaló.

Cárceles y discriminación sexual

Tamara Adrián, de Diverlex, rechazó la inexistencia de políticas públicas y leyes que protejan a los venezolanos de la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

“Venezuela se está quedando de última en esta materia. Durante 2010, en Argentina y México se aprobó el matrimonio del mismo sexo, lo que también se está discutiendo en Brasil y ya existe en países como Uruguay, Colombia y Ecuador. Mientras el resto del mundo avanza en el rompimiento de los prejuicios, Venezuela se ha quedado en la palestra”, expresó.

Por su parte, Carlos Nieto Palma, de Una Ventana a la Libertad, precisó que este año fue el más violento en las prisiones venezolanas, que las pernoctas familiares empeoraron la situación, los funcionarios del Ministerio de Interior y de la Guardia Nacional siguen ingresando armas y drogas a los recintos penitenciarios, y que la población reclusa aumentó en 10 mil personas durante los últimos nueve meses.

“Antes de proceder a promulgar o reformar una ley de desarme, debería darse una sentida explicación al país sobre el cumplimiento de la ley vigente” Rocío San Miguel

La navidad de los presos de Chávez

Patty Fuentes Gimón

"LA HALLACA NO SABE IGUAL EN LA CÁRCEL"
El 21 de abril de 2003 fue privado de libertad el subcomisario Marco Hurtado, junto a otros siete policías, en la cárcel Ramo Verde por los hechos del 11 de abril de 2002. Han transcurrido 7 años y 7 meses desde entonces, tiempo que ha sido suficiente para que su familia esté segura de que no saldrá en libertad mientras Chávez siga siendo Presidente.

"Ya deberían írsele tramitando medidas alternativas de la pena, pero sabemos que mientras tengamos este Gobierno, no va a recibir ningún tipo de medida. Tiene que cambiar el sistema de gobierno y restituirse el estado de derecho para poder verlo en libertad", afirma María Pascastillo, esposa de Hurtado.

Las navidades han sido difíciles para su familia, aunque unas han sido peores que otras. "Todas han sido tristes, pero nunca dejamos de recordar la del día de la amnistía, una de las peores, cuando el Presidente decretó la amnistía y lo detuvieron.

Uno siempre trata de hacer un ambiente agradable, sobre todo por nuestros hijos de 15, 16 y 18, pero la hallaca no sabe igual en una cárcel que en tu casa. Tenemos más de siete años que no sabemos lo que es darnos un abrazo a las 12 de la noche", lamenta.

Este año no será muy distinto a los últimos siete. "Lo visitamos, le llevamos comida navideña y a las 8:00 pm nos tenemos que ir. Solemos quedarnos en casa de un familiar en Los Teques para no tener que bajar a esa hora a Caracas. Después no celebramos porque no nos queda ánimo para eso. Los muchachos siempre se acuestan a dormir", dice.

"Poco a poco, nos hemos ido adaptando. No estamos felices, pero nos hemos adaptado. Yo creo que el saber que es inocente y que uno tiene el respaldo de tantas personas en la calle, nos ha mantenido de pie", expresa.


"NADIE ESTÁ EXENTO DE SER UN PRESO POLÍTICO"
El viernes se cumplió un año de la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, acusada de presunta corrupción en el caso de la liberación del banquero Eligio Cedeño. Fue en horas de la tarde del 10 de diciembre de 2009 cuando el Ministerio Público presentó el escrito de acusación, luego de que el presidente Hugo Chávez ordenara que condenaran a la jueza 31º de Caracas a 30 años de prisión.

Aunque han transcurrido 368 días, aún no se inicia el juicio. "El caso está estancado a pesar de que la Fiscalía admitió que no hubo dinero de por medio, pago ni promesas de pago (tal como lo prevé la ley para tipificar la corrupción)", denuncia Nelson Afiuni, hermano de la jueza de 47 años de edad recluida en una celda de 2 x 3,5 metros en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques.

Afiuni asegura que, mientras el juez Alí Paredes no se inhiba o roten los jueces, no se va a iniciar el juicio. "Mi hermana está valiéndose del artículo 350 de la Constitución para no asistir a ese juicio. Por otro lado, seguiremos insistiendo con los organismos internacionales para que evalúen el caso de mi hermana", señala.

Esta va a ser la segunda Navidad que Afiuni pasará en la cárcel. El año pasado sus familiares la visitaron tanto el 24 como el 31 hasta las 2:00 pm y almorzaron comida navideña. Para este año, todavía no han planificado qué harán esos días festivos. "Como las reglas del juego cambian todos los días en este país, no sabemos qué haremos", explica Nelson Afiuni.

La vida de los padres, el hermano y, sobre todo, de la hija de Afiuni ha cambiado profundamente desde que la jueza fue detenida. "Geraldine cumplió 18 este año. Ahora vive con sus abuelos y está estudiando Derecho como su madre. Los abuelos se han encargado de ella y mi hermana la cría por teléfono. Ha sido muy duro para la niña, tiene mucha rabia. Ya no vivimos sino para María Lourdes. Mi trabajo lo turno con un socio para poder asistir los miércoles a la visita y ahora trabajo los sábados. En la semana, mis padres están pendientes de la comida y de la ropa de mi hermana", relata.

El hermano de la jueza advierte al pueblo venezolano que "nadie está exento de que le pueda ocurrir esta tragedia" y expresa: "Antes yo sentía que a nosotros no nos podía pasar nada, sino que las cosas les pasaban a los demás. Pero no, resulta que cualquier persona es vulnerable de tener un familiar recluido o ser un preso político. Tenemos que estar todos pendientes, tenemos que cambiar esto porque no podemos vivir con la angustia de que en cualquier momento o por cualquier motivo puede caer una persona presa y no salir mas nunca... Es muy duro".

"HEMOS PERDIDO MOMENTOS QUE NUNCA VOLVERÁN"
"Esta va a ser la séptima Navidad desde que Iván está preso. Es muy diferente a la primera porque nuestros hijos eran muy pequeños. De hecho, esta vez les preguntamos qué quieren de regalo y, por primera vez, nos dijeron que no quieren nada. Están asimilando la sentencia de su papá y toda esta situación. Están más desmotivados y dicen que es como un día más de visita", señala Bony Pertiñez, esposa de Iván Simonovis, quien era secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

El 22 de noviembre de 2004 fue detenido, en abril de 2009 fue sentenciado a 30 años de prisión y actualmente está recluido en el Helicoide.

"La Navidad en la Disip es igual a cualquier otro día de visita, con la diferencia de que estamos los familiares de todos los presos juntos, un poco más hacinados de lo normal, y tenemos restricción de visita: sólo podemos llevar tres visitantes por preso, así que mis hermanas no pueden ir. A pesar de que está recluido, Iván siempre nos tiene un regalo a cada uno", cuenta.

Las visitas navideñas son desde las 11:00 am hasta las 5:00 pm. "A las cinco, suena el timbre igual que todos los domingos y nos tenemos que ir. Ese momento es horrible. Luego llegamos a la casa, nos arreglamos y vamos a casa de mi mamá a comer con mi familia. Hemos tratado de que siga siendo todo igual, pero ahora mi hijo se sienta donde él se sentaba... hace mucha falta. No estamos acostumbrados ni resignados, pero no tenemos expectativa de nada. Es otro año más", manifiesta.

Pertiñez no guarda esperanzas de que su esposo sea puesto en libertad en este Gobierno, sino que espera salir democráticamente de este régimen en 2010. "Si esto no cambia, Iván nunca va a salir porque es un preso de Chávez".

"Nuestra vida ha cambiado desde todo punto de vista. Yo me convertí en una madre soltera pero con responsabilidades de un esposo que es como si estuviera enfermo porque depende absolutamente de nosotros. Como familia, ya no tenemos fines de semana ni nada...

tratamos de tomar vacaciones, pero la felicidad es incompleta. Piensas en cómo sería todo con Iván, es algo muy perverso, es como un círculo que no te permite avanzar, sino que te tiene atrapada y no puedes salir", agrega.

La esposa de Simonovis se entristece al no saber qué pueda pasar en el futuro. "Todas las mañanas pienso en qué tan mala puede ponerse la cosa, pienso en si Iván se enferma cómo haré para cuidarlo...

Mis hijos han crecido tan rápido y se han perdido momentos que nunca volverán. Eso me da mucha tristeza. Ellos van a recordar las navidades de su niñez metidos en un hueco en la Disip donde ni siquiera podemos ver si es de noche o si llueve. Nadie quiere esto para su familia", asegura.

viernes, 10 de diciembre de 2010

En 2010 aumentó la pobreza en 14 estados

Patty Fuentes Gimón

“Nuestra mayor preocupación es que pareciera que las políticas sociales del Gobierno se estancaron. Los efectos positivos que venían teniendo los sectores más pobres ya no tienen los mismos resultados que antes”, aseguró Marino Alvarado, coordinador general de Provea, durante la presentación del informe Situación de los Derechos Humanos en Venezuela que contempla el período de octubre 2009 a septiembre 2010.

Dicho estudio reveló que aumentó la pobreza en 14 estados de Venezuela, “en algunos hasta 4 ó 5 puntos, y en otros en un punto”.

Alvarado aseguró que “quien revise los datos del Instituto Nacional de Estadística se va a encontrar con que, hasta antes del golpe de Estado de 2002, el país venía reduciendo la pobreza. Después del paro petrolero, se incrementó significativamente y, desde hace tres años, se estancó. Ahora, con el nuevo aumento lo que nos preocupa es que pareciera que esta tendencia a bajar la pobreza empiece a revertirse en una situación de regresividad”.

La desaceleración de la lucha contra la pobreza y el estancamiento de varias misiones sociales han generado “un creciente descontento de la población que aumentó notablemente el número de protestas”.

Durante el año que cubre el informe, Provea registró 2.591 manifestaciones por derechos económicos, sociales y culturales, lo que representa 78,15% del total de las protestas, mientras que fueron 686 las que exigieron derechos civiles y políticos.

UNA DÉCADA DE PROTESTAS
“Si bien en Venezuela se garantiza constitucionalmente el derecho a la manifestación pacífica, durante los últimos cinco años las posibilidades de perder la libertad personal, e incluso la vida, se han incrementado progresivamente”, señaló Mariana Belalba, abogada de Espacio Público.

Desde el año 2005, se inició un proceso de criminalización de la protesta social “utilizando el sistema de administración de justicia” y, a la fecha, “más de 2.400 personas se encuentran procesadas en régimen de medidas cautelares, lo que implica que deben presentarse cada 15, 30 ó 45 días, en muchas casos fuera de sus lugares de trabajo, lo que les genera una carga económica”, añadió Belalba.

La abogada denunció que muchos de esos procesados tienen prohibición de hablar sobre su caso y de manifestar nuevamente. “También hay personas privadas de libertad, como el sindicalista Rubén González, a la espera de un juicio por participar en una huelga en el estado Bolívar”, ejemplificó.

A pesar de las represiones, la protesta pacífica se ha incrementado sustancialmente. Según el informe, en los últimos diez años se contabilizaron 19.250 manifestaciones y, solamente durante el período que evaluó este estudio, se presentaron 3.315, mientras que el año pasado fueron 2.857.

“No sólo se han incrementado, sino que se han ido radicalizando las manifestaciones públicas ante la ausencia de respuesta por parte de las instituciones del Estado. En el último período hubo siete tomas o quemas de establecimientos policiales. El año pasado, sólo hubo una huelga de hambre y este año se sumaron 105”, informó la representante de Espacio Público.

Belalba indicó que los sectores de menores recursos son los que más protestan y la mayoría de sus reclamos se orientan a las exigencias laborales. De todas las manifestaciones durante esta década, 71% (13.790) fueron por derechos económicos, sociales y culturales.

MÁS TORTURAS Y EJECUCIONES
Alvarado destacó que, entre octubre 2009 y septiembre 2010, se registraron 237 casos de violaciones a los Derechos Humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, lo que representa un incremento de 15% respecto al lapso anterior.

En su mayoría, se presentaron casos de ejecuciones, con un total de 199 víctimas; uso indiscriminado de la fuerza, con 16 personas; torturas o tratos inhumanos, con 10 fallecidos; el uso excesivo de la fuerza, con nueve; y las muertes por negligencia, con tres personas.

Alvarado atribuye el incremento de los casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales al “progresivo deterioro de los cuerpos policiales, pues casi 25% de los delitos que se producen en Venezuela, son cometidos por funcionarios policiales”.

También detalla dos situaciones que contribuyen a que estas violaciones a los DDHH persistan: los altos niveles de impunidad y el hecho de que no se haya intervenido el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Hago un llamado al presidente Chávez para que, así como ha hecho un esfuerzo con la creación de la Policía Nacional, profundice la reorganización del Cicpc, porque es el cuerpo más denunciado por torturas y ejecuciones. No se suficiente el mecanismo de investigación interno que tiene el Cicpc para contener las irregularidades que cometen los funcionarios de este organismo”, puntualizó.

CIFRAS

  • 50% han disminuido la cantidad de planteles bolivarianos, respecto al año pasado
  • 9,6% es la tasa de desempleo, mientras que en 2009 era de 6,6%
  • 232 casos de conflictos laborales se registraron durante 2010
  • 3 millones de viviendas es el déficit habitacional
  • 1.484% aumentaron las denuncias de casos respecto a la libertad personal con 12.837 víctimas, la cifra más alta desde 1989
  • 66,2% de privados de libertad están sin sentencia firme

"Lo que estamos viviendo no es eterno"


Patty Fuentes Gimón

Hoy se cumplen 13 años desde que fue fundada Una Ventana a la Libertad, ONG que dio sus primeros pasos luego de que en 1996 murieron quemados 27 internos de la cárcel La Planta.

"Decidimos que había que comenzar a trabajar para mejorar la calidad de vida de los internos de nuestras cárceles, el sector más débil y abandonado del sistema judicial venezolano", se explica en la página web de la organización.

En entrevista exclusiva con TalCual, el coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Alberto Nieto Palma, informó que está creando talleres para que, el año que viene, sean formados los familiares de los reclusos.

"En la medida que logremos sensibilizar a la gente en el tema penitenciario, iremos avanzando. Quisiéramos hacer muchas otras cosas, pero el Estado nos pone trabas. Hacemos hasta donde podemos", indica.

-¿En qué sentido el Estado les pone trabas?
-El Gobierno entorpece nuestro trabajo constantemente. Durante seis años, tuve medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por persecuciones del Estado. Decían que yo era de la CIA, que era un espía... me perseguían, me atacaban, intentaron allanar mi casa y hasta se metieron con mi familia. Hoy en día no lo hacen de esa manera, pero no nos permiten la entrada a las cárceles. No puedo llevar a mis alumnos de la universidad a las prisiones a pesar de que dicto una materia que se llama "Cárceles y DDHH". Además, somos copeticionarios de las medidas de protección de Yare y, según la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado tiene que participarnos lo que hace... pero a nosotros no nos participan absolutamente nada.

-En estos 13 años, ¿ha cambiado en algo el sistema penitenciario?
-En materia legislativa, sí. En julio de 1999 entró en vigencia el COPP y en diciembre de ese mismo año, entró la Constitución, donde está el artículo 272 que habla del sistema penitenciario. Sólo en lo teórico ha habido progreso; en la realidad y en la acción estamos mucho peor que antes. Los índices de violencia que hay ahora no los había antes. Tampoco se oía hablar de que los presos tenían granadas ni ametralladoras.

-¿Qué es lo primero que hay que hacer para mejorar la situación carcelaria?
-De entrada, descentralizar las cárceles, como lo dice la Constitución. Hay que entregárselas a los gobernadores porque eso facilitaría el trabajo y creo que crearía hasta competencia entre los mismos gobernadores por ver quién tiene las mejores prisiones del país. También se debe crear un cuerpo de seguridad penitenciaria, tal como lo establece la Ley de Policía Nacional, para que salgan de las prisiones los efectivos de la Guardia Nacional que son los corruptos principales.

-¿Cree usted que con las labores de Una Ventana a la Libertad ha habido algún avance en el tema penitenciario?
-Hemos logrado sensibilizar a la gente. Estuvimos en la audiencia del 29 de octubre de la Corte Interamericana de DDHH denunciando los Coliseos que se presentan en Uribana. Pedimos que actuaran y a la semana la Comisión se pronunció. Eso es un avance. Lo importante es que la gente sepa lo que está pasando. El tema penitenciario es difícil porque a nadie le interesa. Creo que de alguna manera, con el apoyo de los medios, hemos logrado que la gente tenga un poco de compasión con esa gente.

-Pero, ¿qué se obtiene de la compasión si las cárceles siguen iguales?
-Va a llegar el momento en que las cosas van a cambiar. Lo que estamos viviendo no es eterno. Cuando todo esto termine, la gente va a pensar en que hay que humanizar las cárceles, no como un título demagógico, sino de verdad. También logramos con el pronunciamiento de la CIDH que sea como un jalón de orejas para el Estado venezolano y significa que todos los países del hemisferio se enteraron de lo que pasa en las cárceles del país.

"NO TENEMOS MIEDO"

"Todas las ONG nos veremos afectadas con la Ley de Cooperación Internacional porque nos van a limitar los recursos y nos prohibirán que recibamos dinero de organizaciones internacionales. Lo que buscan es silenciarnos, pero Una Ventana a la Libertad no le tiene miedo a esa ley y vamos a seguir trabajando así tengamos que pedir colaboración en el Metro", asegura Nieto Palma.

martes, 7 de diciembre de 2010

"El Estado no ha podido controlar la FAN"


Por: Patty Fuentes Gimón

Por segundo año consecutivo, el Cabildo Metropolitano entregará la Orden Luis María Olaso a todas aquellas personas y organizaciones que defienden, promueven y divulgan los Derechos Humanos en el Área Metropolitana de Caracas.

El encuentro tendrá lugar el próximo 9 de diciembre a las 10:00 am en el Colegio de Ingenieros y se entrega en seis categorías, entre las que se encuentra la de la "Persona Emergente" que, en esta oportunidad, será otorgada a la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

-¿Cuál considera usted que es el Derecho Humano más vulnerado actualmente en Venezuela?
-En primer lugar, el derecho a la vida, que se ve con la cantidad de muertes con la que cerraremos este año. Este país no tiene cifras de homicidios pero todos sabemos que la jornada diaria culmina con más de un muerto por cada hora. En segundo lugar, el derecho a la no discriminación política. Expresar una opinión política en Venezuela tiene un costo que afecta el goce de otros derechos, como el de la sindicalización, la vivienda, la salud o el ejercicio en libertad de los propios derechos civiles y políticos.

-¿Cómo se ve afectada la seguridad nacional por la falta de acceso a la información?
-De manera brutal, especialmente porque el tema del acceso a la información está comportando riesgos sobre la seguridad nacional, la corrupción y sobre los propios valores de la democracia. Pudiera estar ocurriendo en este momento en Venezuela que presupuestos vinculados a la seguridad de la nación estuviesen destinados, arbitrariamente, para afectar elementos constitutivos del Estado como el territorio, la población y el sistema jurídico político.

-¿Se está violando la justicia militar?
-Venezuela tiene el estándar más retrogrado del sistema de justicia militar del continente. Lo supera solamente Cuba. Nuestro país tiene un esquema en donde el Presidente tiene facultades para abrir y cerrar juicios, lo que rompe todos los estándares del debido proceso. Se están aplicando sanciones administrativas por el sistema de justicia, es decir, te llevan a juicio militar por circunstancias que deberían ser administrativas, con lo cual atemorizan al sector militar. En segundo lugar, los delitos que se están juzgando en la justicia militar no son delitos de función, por lo que la justicia militar no cumple la regla básica de constituirse en una excepción, sino en una regla. Por otro lado, todo el sistema de justicia depende económicamente del Poder Ejecutivo. No hay cifras ni estadísticas, ni rendición de cuentas mínimas sobre lo que está ocurriendo en los recintos penitenciarios de carácter militar del país.

-¿Cuáles son los compromisos que tiene pendientes el Estado con el Estatuto de Roma?
-Todos. Venezuela solamente ha cumplido el más elemental de los compromisos, que es la ratificación con efectos internacionales, pero ninguno de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma constituye delito en el territorio nacional. Por ejemplo, los crímenes de guerra no encuentran tipo penal ni en el Código Orgánico de Justicia Militar ni en el Código Penal. Los delitos de lesa humanidad tampoco y los de genocidio, menos.

MÁS TRANSPARENCIA, MENOS ARBITRARIEDAD
"La intolerancia por razones políticas puede acarrear, tal como ha ocurrido en el mundo desde hace 15 años, la persecución y la eliminación de un sector de la población por razones políticas", advierte San Miguel y estima que "eso comenzó a ocurrir en Venezuela hace largo rato y está tonificando la vulneración de derechos importantes civiles, políticos, económicos, sociales y culturales".

-¿Considera usted que los distintos sectores de la sociedad están comprometidos con la seguridad y la defensa nacional? -Sí hay compromiso, voluntariedad e interés. Cada ciudadano está impactado por algún rasgo de inseguridad, ya sea vial, de salud, personal, etc. Lo que pasa es que hay un juego trancado en el que el Gobierno no permite a los ciudadanos participar.

-¿De qué manera podría el Estado cumplir con las políticas públicas que conciernen a la seguridad, defensa y la Fuerza Armada Nacional (FAN)?
-Edificando el concepto estratégico de defensa nacional, pues Venezuela tiene 10 años en mora con este mandato constitucional. Esto puede mirarse objetivamente sólo con contrastar más de 12 leyes que debieron haberse reformado o promulgado en el marco del título séptimo de la Constitución que se refiere a la seguridad de la nación. Paradójicamente, la Ley Orgánica de la FAN ha sido reformulada tres veces. Pareciera que el Ejecutivo estuviese tratando de encontrar la fórmula de hacerse de un poder que, en mi opinión, todavía no ha podido controlar. Adicionalmente, el Estado debe aplicar una política de defensa nacional que se base en los principios de transparencia, rendición de cuentas, auditabilidad, respeto a los DDHH y a la participación. Hay demasiada soberbia en la concepción de lo que es una política de defensa nacional que, en mi opinión, no existe. Además con el agravante de que el Presidente ha entendido que la Fuerza Armada Nacional depende de él... La FAN es un bien público de la nación.

martes, 30 de noviembre de 2010

Nuevas promesas a reos de Vista Hermosa

Patty Fuentes Gimón

Los reos de la cárcel de Vista Hermosa levantaron el sábado la huelga de hambre que mantenían desde hacía veinte días en exigencia de sus derechos como privados de libertad.

"Las autoridades reconocieron que nos fallaron y se comprometieron a solucionar todos nuestros problemas antes del 15 de diciembre. Nosotros estamos aquí para negociar y no para trancarnos en una posición rígida", aseguró ayer un interno del penal de Ciudad Bolívar.

En septiembre, los reclusos de ese centro penitenciario protestaron por la muerte de 12 personas en 14 meses a causa de la "negligencia" de las autoridades, pues "no había médicos, medicinas ni ambulancias. Tampoco hay transporte para ir a los tribunales ni departamento jurídico" que los asesore.

Pocos días después cesaron la huelga tras recibir promesas por parte de los entes competentes.

Los reos dieron un plazo de 60 días para que se llevaran a cabo las mejoras en el penal, pero en vista de que no hubo respuesta, retomaron la huelga de hambre. Ante la nueva protesta, el sábado los directores penitenciarios prometieron, una vez más, acabar con las preocupaciones de los privados de libertad.

"Dijeron que traerán médicos, medicinas y autobuses para el traslado; que mejorarán la calidad de la comida, repararán la cocina y solucionarán el problema de las aguas negras; también dijeron que implementarán un mecanismo para sacar a la gente cuando esté enferma y evitar que nadie se muera por falta de atención. Además, harán las diligencias para determinar los retardos procesales y actuar junto con los jueces", explicó desde la cárcel de Vista Hermosa un reo que prefiere mantenerse en el anonimato.

LO PROMETIDO ES DEUDA
Los internos habían solicitado también el traslado de Wilmer Brizuela a Vista Hermosa, pues éste es considerado el "pran" de esa cárcel, pero actualmente se encuentra recluido en Tocuyito.

Aunque los reos de Ciudad Bolívar denunciaron que el conocido "Wilmito" recibe un tratamiento diferente al del resto de los presos, aceptaron la propuesta de las autoridades de enviarlo a un penal de Carabobo distinto a Tocuyito.

"La condición es que, mientras no satisfagan nuestras peticiones, no permitiremos que ningún procesado de otro retén entre en Vista Hermosa porque ya somos 1.150 internos y estamos casi colapsados. Si el 15 de diciembre no se ha resuelto la situación, los primeros días de enero retomaremos la huelga de hambre", advirtió el interno.

martes, 16 de noviembre de 2010

Temen por la vida de Sabino Romero

Por: Patty Fuentes Gimón

Diversas Organizaciones No Gubernamentales manifestaron su rechazo por las condiciones en que se encuentran detenidos en la cárcel de Trujillo tres indígenas de la etnia Yukpa: Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández "Día a día son sometidos a castigos físicos y psicológicos, y se les genera una situación invivible, por negarse a rezar en el culto evangélico que se practica en el pabellón donde permanecen retenidos", denunció Rolan Denis, del Tejido Social de la Diversidad.

El cacique Sabino Romero "es encerrado dos veces a la semana en un baño, justo al lado de la poceta", y a Alexander Fernández "lo intentaron chucear la semana pasada por denunciar que funcionarios del Cicpc lo torturaron", añadió Luisbi Portillo, de Sociedad Homo et Natura.

A través de un comunicado los luchadores sociales reiteraron que los indígenas tienen sus propias leyes, por lo que no pueden estar privados de libertad en las cárceles comunes, solicitud que vienen realizando desde la huelga de hambre del jesuita José María Korta en la esquina de Pajaritos.

"Tememos por la vida de estos indígenas. Los Yukpa están expuestos en la cárcel de Trujillo... por lo que no podemos permanecer callados", expresaron.

Además, exigieron que se respeten los Derechos Humanos de los tres indígenas recluidos y que sean trasladados al Fuerte Macoa o a la Misión de Tocuyo, donde se encuentran encarceladas otras personas de la comunidad Yukpa.

COMPLOT JESUITAS-GOBIERNO

"El Gobierno, a través de la ministra Nicia Maldonado, se ha dedicado a fragmentar al pueblo indígena. La hoja de ruta que entregaron los jesuitas fue monitoreada por el Gobierno. Allí pidieron que los indígenas sean los ojos de las Fuerzas Armadas y que los consejos comunales participaran en las decisiones de estos pueblos, lo que atenta contra las leyes indígenas, porque habría intervención del Estado. Además, en ese documento la liberación de los Yukpa detenidos dejó de ser prioridad", señaló Luisbi Portillo, de Sociedad Homo et Natura. Los Yukpa acudirán la próxima semana al TSJ para interponer un recurso de amparo sobre estas tres detenciones.

lunes, 15 de noviembre de 2010

"Me declaro en rebeldía contra el régimen"


Por: Patty Fuentes Gimón

"Señores, no está autorizado desviar la marcha al centro de Caracas. Resulta inapropiado. Hagan caso omiso a ese llamado". Así se expresaba el 11 de abril de 2002 desde el techo de un vehículo en la sede de Pdvsa Chuao, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis.

A raíz de esos hechos, el también ex funcionario de la PTJ fue sentenciado a 30 años de prisión en abril de 2009 y permanece recluido en el Helicoide, por los cargos de cómplice necesario en la comisión de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado frustrado, lesiones personales graves en complicidad correspectiva y lesiones personales leves.

Aunque lo acusan de haber dado órdenes de disparar contra los "pistoleros de Puente Llaguno", Simonovis asegura que "la Policía Metropolitana hacía lo humanamente posible por contener el fuego de las más de 67 personas con armas largas y cortas que disparaban hacia la PM y las personas que venían de la marcha desde Chuao".

También explica que, como secretario de Seguridad, su labor era "diseñar políticas de seguridad y coordinar las actividades, no dirigirlas. La dirección correspondía a sus jefes naturales, comandantes de bomberos, de Defensa Civil o de las diferentes policías".

–A año y medio de la condena, ¿qué irregularidad agregaría usted al juicio que lo mantiene en prisión?
–Realmente el juicio en sí no fue más que una farsa. Es tan aberrante la decisión que ni siquiera está publicada en la página web del TSJ. En este caso, el menos común de los sentidos fue que los abogados tardaron varios meses en armar el recurso de 8 mil folios que se interpondría y, en menos de una semana, fue declarado inadmisible. Por si fuera poco, nos dieron 30 años de condena sin ningún beneficio, es decir, debemos salir en libertad en 2039. Es simplemente una condena a muerte.

–¿Se arrepiente de alguna decisión que tomó el 11 de abril de 2002?
–No tengo nada de qué arrepentirme. Ese día gerencié la situación con el mejor criterio posible. En mis 23 años en PTJ me caractericé por tomar decisiones difíciles y acertadas. Estaba en mi oficina y desde allí monitoreaba lo que sucedía. Mis instrucciones estuvieron apegadas a la ley toda vez que me enfoqué en que tanto la PM como los bomberos metropolitanos prestaran el apoyo correspondiente a su área de trabajo. Los jefes de cada una de estas organizaciones actuaron apegados a las leyes, reglmentos internos y protocolos internacionales.

–¿Cuál era su vínculo con la política antes de pasar por esta situación?
–Estoy preso por circunstancias políticas, pero más allá de eso jamás participé en la política. Ingresé en 1980 a la PTJ y fue el único empleo que tuve hasta que en 2000 fui enviado en comisión de servicio a trabajar en la Alcaldía Mayor como secretario de Seguridad Ciudadana.

–¿Qué mensaje le envía al Presidente de la República?
–Hugo Chávez no es más que un abyecto político que llegó al poder en un momento de crisis, donde mucho tuvo que ver la subestimación de sus adversarios. Para mí no es más que un rufián ególatra. Quizás algún día le interesó el país, pero ¿qué líder del siglo XXI puede pensar que una nación podrá ser próspera con un discurso excluyente, sesgado, impulsado con el lema "Patria, socialismo o muerte"? Siempre me pregunto: '¿La muerte de quién?'. Él, sencillamente, ha hecho uso de las más perniciosas emociones del hombre, la envidia y el resentimiento, y así mantiene encantada a una minoría de resentidos que lamentablemente se dejan manipular. Yo no tengo nada que decirle.

UNA VIDA PARADÓJICA

Simonovis no pierde la esperanza de ser liberado antes de lo establecido. Sin embargo, no ha definido qué hará cuando eso suceda. "He llegado a la conclusión de que el mejor plan es no tener plan, porque no sé ni cuándo ni cómo saldré de aquí. Lo único que sí puedo asegurar es que haré todo lo que esté a mi alcance por recuperar el tiempo perdido con mi esposa e hijos", expresa.

–¿Realmente cree que permanecerá 30 años detenido?
–Todos los días pienso en eso, pero debo confiar en que este eficaz sistema de terror debe terminar. Si asumo que pasaré 30 años aquí, me echo a morir. A veces pienso que el pueblo ha sido desvirilizado; espero que los venezolanos despierten y dejen la costumbre del disimulo. Tarde o temprano a cada uno le tocará rendir cuenta al régimen, bien sea con una expropiación, con la pérdida del empleo, falta de luz y agua o, peor aún, como víctima del hampa.

–¿Cómo son sus días en la prisión?
–Cada día es una fotocopia del otro. Hay días malos y peores. No he enloquecido por el apoyo de mi familia y porque he interiorizado que en la cárcel no hay espacio para los excesos, pues realmente lo único que controlo son las pocas pertenencias que tengo en mi calabozo. Chávez estuvo en la cárcel por participar en un golpe de Estado con más de 300 muertos. Sin embargo, salió a los dos años en libertad y estuvo en una casa en Yare con actividades, visitas de periodistas y representantes del Gobierno. Aquí no entran ni alcaldes, ni periodistas, ni diputados; sólo mi familia y algunos amigos.

–¿Qué ha aprendido a lo largo de esta reclusión?
–A estas alturas me declaro en rebeldía total contra el régimen. Desde hace seis años, mi vida ha sido reducida a un calabozo de 2x2 metros cuadrados, un pasillo de 20 metros de largo y un área común de 60 metros. El sol lo veo seis horas al mes, el ocio es parte de la rutina diaria y mis movimientos son monitoreados a través de cámaras. La paradoja de esto es que trabajé 23 años en la otrora PTJ, participé en el esclarecimiento de decenas de complejos casos de investigación criminal y fui nombrado Secretario de Seguridad para contribuir en el diseño de políticas de seguridad pública; toda una carrera dedicada a la justicia y, por ende, a la libertad.

–¿Qué cambio importante ha percibido usted en su esposa e hijos?
–De los 72 meses que tengo tras las rejas, sólo he podido compartir con ellos dos meses en total. Mis hijos, con fortaleza de acero, no se aminoran ante las oleadas y arremetidas de este Gobierno que incluye ataques con bombas molotov a mi casa. Mi hija mayor se graduó de abogado y obviamente no pude asistir a su acto.

Mi hijo Iván se gradúa este año de bachiller; cuando me encerraron era un niño de 11 años, sólo medía 1,50. Ahora mide 1,80, ha pasado todo el bachillerato sin el apoyo de su padre, ha tenido que aprender a ser hombre por sí mismo. Ivána, la menor, tenía 7 años y ahora es una adolescente de 13 años. Lo que más recuerda de la mitad de su vida es la visita en los pasillos de la Disip. Mi esposa es una mujer con mucha inteligencia, personalidad y belleza que hace su mejor esfuerzo por mi libertad y por hacer de mis hijos un hombre y una mujer útiles, con valores y principios familiares, pero sobre todo para que no sean unos resentidos como muchos de los que hoy ostentan el poder.

Sin mi familia no pudiese soportar esta situación. Todos los domingos vienen como si fuera el primero. En estos años se han celebrado muchos momentos familiares que no he podido compartir. Este año será nuestra séptima navidad separados. Sencillamente, hemos perdido un espacio de nuestras vidas que jamás podremos recuperar.

LIMITACIONES QUE NO FRENAN

El espíritu de lucha del ex secretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor no se ha desvanecido. A pesar de su condición de recluso asegura seguir teniendo fuerza para "recuperar la democracia de Venezuela".

–¿Qué observación le haría usted a las actuales fuerzas de oposición?
–Pienso que la Mesa de la Unidad ha hecho una loable labor en la unión de todos los factores democráticos. Sin embargo, siguen prevaleciendo algunos intereses personales por encima de los colectivos.

–¿Ha habido algún cambio en su percepción respecto a la política venezolana?
–Ciertamente, ha habido un aprendizaje, sobre todo después de entender que estamos pagando las consecuencias de habernos retirado en 2005 para dejarle toda la Asamblea Nacional al oficialismo. De hecho, fui candidato en esa oportunidad y, dado que abandonaron la contienda, no pude ni ser diputado ni obtener mi libertad. La legitimidad en que descansa el régimen es arbitraria y tiránica; es una legitimidad ilegitima. Por eso, aún tras las rejas y con las limitaciones que me impone el chavismo, seguiré dando lo mejor de mí por la democracia, la justicia y la libertad.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

La Maternidad se convirtió en su casa

Por: Patty Fuentes Gimón

Faltaban sólo 15 días para que alcanzara la mayoría de edad. Poco más de un mes antes había dado a luz a una niña en la Maternidad Concepción Palacios. El parto parecía haberse desarrollado con total normalidad, pero ese 2 de junio de 1998 una hemorragia la obligó a regresar al hospital, lugar que desde entonces se convirtió en su hogar.

“Cuarenta días después del parto, la llevé a la Maternidad para que le hicieran un curetaje. Los médicos la pusieron por el suelo y no la atendieron hasta que se desangró y le dio un shock hipovolémico. Cuando la anestesiaron, quedó en estado vegetal”, relata Hilda González, madre de Angie Yecerra.

Han transcurrido doce años; doce años en los que esta familia no ha recibido ningún tipo de atención por parte de los doctores del hospital y, mucho menos, del Estado.

“Aquí estamos cada día más decepcionados del Gobierno y de que cada vez va pasando más y más tiempo sin que veamos resultados. No nos dan prioridad en nada, somos como lo último que quedó en la sociedad. Nos dañaron nuestra humanidad, nuestros sentimientos y nuestra familia. Años nuevos van y vienen, y uno aquí metido”, lamenta González.

La madre admite estar cansada de denunciar en instancias gubernamentales; sin embargo, asegura que no se quedará tranquila hasta que no se haga justicia.

“Hemos protestado y hecho pancartas, hemos ido a la Asamblea, a Miraflores, a la Vicepresidencia, a la Fiscalía… a todos lados. Mi carpeta ya es un expediente que pica y se extiende. He agotado todos los recursos”, añade.

ADEMÁS, DAMNIFICADOS
La familia de Angie Yecerra ahora vive en la Maternidad, en una sala frente a la habitación de la paciente, para poder atenderla. “Vivo en son de damnificada, con mi esposo y mi hijo de diez años en el área de emergencia. El hijo de Angie vive con su abuela en Guatire. Mi marido sale a trabajar todos los días con materiales de construcción para poder comprarle la comida y todo lo que Angie necesite. Si esto no es una emergencia, ¿cómo se llama?”, se pregunta González.

Para ella, trasladar a su hija a otro centro hospitalario no es una opción viable. “De aquí debe irse a una casa que me den porque desde que cayó en este cuadro clínico perdí toda posibilidad de tener vivienda. Lo poco que he podido adquirir lo he gastado en su salud (fisioterapia, pañales, sábanas, etc.). Si aquí pa’ que la atiendan cuesta Dios y su ayuda, siendo todo esto responsabilidad de la misma institución, en otro hospital se me muere la muchacha”, estima.

La idea de la madre es que le otorguen una vivienda y le brinden atención y rehabilitación para su hija, pero según cuenta, le han cerrado las puertas.

“En la misma institución, aparte de quebrantar nuestros Derechos Humanos, se han encargado de decir que a mi hija no le hace falta nada y que económicamente estamos bien. Eso es mentira. Además, deben atendernos porque en el expediente está acentuado que fue mala praxis médica. La mayoría del equipo médico renunció”, señala.

González reconoce que el doctor Enrique Abache ha sido el único que al menos la ha escuchado. “Él se reúne conmigo abajo, pero jamás ha subido a la habitación de Angie.. Abache nos ha atendido con la mayor amabilidad, pero no se ha avocado a lo que estamos pasando ni a lo que estamos exigiendo”, agrega.

La mamá de Angie también denuncia que desde el pasado jueves están remodelando en el piso 3 de la Maternidad y el ruido no deja descansar a su hija. “Están tumbando los baños y nosotros aquí tragando polvo, malos olores y cemento. Para ellos, somos un cero a la izquierda”, expresa.

MADRE Y ENFERMERA
La mamá de Angie Yecerra debe ocuparse de las atenciones médicas de su hija. “Como las enfermeras saben que uno está aquí siempre con ella, el grupo de la mañana la baña y le da desayuno, pero en la tarde por aquí no pasa ni la brisa. En la noche, la maternidad se convierte en el hospital del terror: sólo pasan fantasmas y gatos. Cuando me acuesto a reposar, me dejan a la muchacha sin cambiármela. Les pagan por estar aquí, nada más riéndose al final del pasillo y tomando café. ¿Será que me tengo que poner abajo del hospital con la muchacha en su cama hasta que me atienda el Presidente de la República?”, se pregunta.

lunes, 1 de noviembre de 2010

"La justicia está ciega, sorda y muda"

Por: Patty Fuentes Gimón

Con su voz quebrada lo dice todo: nunca pensó que este sería el destino de su pequeña. Esperaba que, si no era la justicia ordinaria, al menos la justicia Divina acabara con el infierno que le tocó vivir.

"De humanos no tienen nada. Nunca me dieron la cara, ni siquiera para preguntarme si mi hija necesitaba algo", expresa Leonarda Aparicio, madre de Yurimar Armas, quien murió hace dos semanas tras pasar 14 años en estado vegetal en la Maternidad Concepción Palacios.

Armas contaba con sólo 19 años cuando dio a luz ese 11 de mayo de 1997 en el referido hospital. A su corta edad, jamás hubiese imaginado que ese día cambiaría su vida. Al aplicarle la anestesia peridural se vio afectado el nervio de la "dura madre", lo que le ocasionó un paro cardiorespiratorio y, posteriormente, una anoxia cerebral que la hizo quedar en estado vegetativo persistente.

Durante todos estos años, Aparicio dedicó su vida a la salud de su hija, pues según denuncia, "la atención de la Maternidad era bastante débil y fría... era como si Yurimar no existiera".

No hubo día en que la madre dejara de visitar a la paciente en la habitación 7 del piso 3, cuarto apartado que le otorgaron a Yurimar Armas. Aparicio bañaba, cuidaba e, incluso, alimentaba a su hija.

-¿Cómo era la comida de la Maternidad Concepción Palacios?
-Alimento de hospital es alimento de hospital. Nunca dejaron de darle comida, pero no era adecuada para el estado en que se encontraba mi hija. Sus alimentos debían ser más líquidos. De vez en cuando había que darle pechuga de pollo o cosas así, con complemento. Tenía que ser especial. Aunque la comida del hospital no servía, igual la recibía porque como casi nunca me daban nada, a lo mejor iban a dejar de traerme la comida también. Las últimas semanas la comida era mejorcita porque había una licenciada nueva del Ministerio de Salud. Ella decía que se sentía atada porque la comida la traen de otro hospital y no podía hacer nada para mejorarla.

-¿Qué tratamientos demandaba la salud de Yurimar?
-Más que todo fisioterapia, pero teníamos que pagarla nosotros porque en el hospital no se la daban. Después de nueve años luchando y luchando, papeles pa’ allá, papeles pa’ acá, logramos conseguir fisioterapeutas en la Maternidad. Poco tiempo después, dijeron que no querían tratar a mi muchacha, como si fuera un cero a la izquierda. Lo que ellos no entendían es que ella no estaba ahí porque quería sino precisamente por culpa de otros.

—¿Ustedes corrían con los gastos de la enfermedad?
-Sí, mi esposo trabaja y con ese dinero lográbamos pagar algunas cosas, como los insumos médicos, pañales, colchones antiescaras y comida.

-Ante estas circunstancias, ¿pensaron en llevar a Yurimar a casa?
-Sí, pero los médicos me decían que en el hospital estaba mejor porque a la hora de una emergencia había quien la atendiera. Otras personas me decían que mejor estaría en la casa porque tendría más cariño. Yo creo que eso empeoró a mi hija porque queríamos llevarla a casa para que estuviera con sus hermanos, pero eso nunca se dio. No me facilitaron las cosas.

—¿Intentaron trasladarla a otro centro hospitalario?
-Tratamos muchas veces, pero ningún hospital quería a ese tipo de pacientes porque decían que no se iban a hacer responsables del daño que causó otro hospital y que la Maternidad debía asumir su responsabilidad. Nunca pudimos hacer nada.

-¿Cuál fue la respuesta del Estado durante estos 14 años?
-Ninguna. Ni antes ni después de la muerte de Yurimar se comunicaron con nosotros. El único que siempre estuvo pendiente fue el doctor Enrique Abache, quien a pesar de tantos problemas, nos dio la cara. La justicia está ciega, sorda y muda. Más nadie nos atendió y eso que el caso de mi hija lo llevamos a la Asamblea Nacional, al Palacio de Miraflores y a todas partes. Pedí una ayuda que nunca logré. La denuncia quedó así.

Leonarda Aparicio se refiere a que en junio de 1999 el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó Auto de Sometimiento a Juicio contra el facultativo involucrado en el caso de Yurimar Armas. Pero el Ministerio Público inició una investigación que nunca concluyó.

La familia Armas vive en un rancho en Petare, donde pasan algunas noches los dos hijos de Yurimar: una de 15 años y otro de casi 14 que sobrevivió en el parto. Entre la familia del padre de los pequeños y el de la madre se dividen los gastos de los pequeños.

-¿Qué piensa hacer ahora?
-Ahora más que nunca, seguiré luchando. Saldré a la calle para que me vean y me oigan. Espero que se haga justicia aunque no sea para mí sino para las otras dos muchachas que quedan vivas en las mismas condiciones en la Maternidad. Lograremos que tengan lo que no tuvo mi hija: ayuda médica y asistencia terapéutica. ¡Estamos hartos de tanta indolencia!

martes, 26 de octubre de 2010

La muerte de Jorge Durán sigue impune

Patty Fuentes Gimón

Seis meses no han sido suficientes para que los órganos judiciales inicien una investigación por el fallecimiento del periodista Jorge Durán durante la cobertura de una rueda de prensa el 22 de abril de 2010 a 200 metros de la frontera con Colombia, en el municipio Catatumbo, estado Zulia.

Aunque la Comisión Nacional de Protección para los Periodistas, integrada por el CNP, el SNTP, el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela y la ONG Espacio Público, ha exigido en diversas oportunidades a las autoridades celeridad en este caso, no ha habido respuesta alguna.

Durán era fotógrafo del Ministerio de Interior y Justicia, y junto a otros reporteros, fue enviado a la pauta por el director de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, Jorge Galindo, quien les dio órdenes de ir hasta allá “sin ningún tipo de protección, ni médicos, ni la debida custodia”.

Así lo describieron la periodista Jessica Rojas y el camarógrafo Pedro Amoruso, quienes también relataron: "Llegamos a la frontera como a las 5 de la tarde. Durante el recorrido tuvimos que caminar descalzos, sin seguridad, con el lodo que nos llegaba a la altura de la cintura; no contábamos con hidratación ni la vestimenta adecuada. Al llegar al lugar había baldes de acetona que nos ocasionaron mareos, desmayos y vómitos. En el regreso, Durán presentó síntomas de malestar. Al llegar al helicóptero, nos dimos cuenta de que faltaban el fotógrafo y el camarógrafo de Reuters, a lo que respondieron que no podían esperarlos... El camarógrafo caminó hasta la carretera y llegó a un Comando de la Guardia, donde dijo que el fotógrafo estaba en malas condiciones de salud. Pocas horas después nos informaron que Jorge Durán había fallecido de un paro cardíaco".

De acuerdo con Mario Villegas, ex secretario del SNTP y amigo de la familia del fallecido, "Durán intentó resistirse a viajar a esa hora y en esas condiciones, pero el mayor Galindo lo amenazó con tomar represalias laborales contra él".

Atienden los reclamos de los Yukpa

Patty Fuentes Gimón

Después de una semana, el jesuita de 81 años José María Korta suspendió la huelga de hambre que mantenía frente a la Asamblea Nacional para exigir que se libere a los tres Yukpa detenidos hace un año y la demarcación territorial de las comunidades indígenas.

Ante la disposición del Gobierno de dar respuesta a sus reclamos frente a los derechos indígenas, el vasco y fundador de la Universidad Indígena de Venezuela consideró innecesario continuar con su protesta.

“En vista del diálogo que hemos tenido con distintos dirigentes del Estado, hemos visto que la razón principal de la huelga ha recibido respuesta”, explicó.

Ayer Korta se reunió con el vicepresidente Elías Jaua, con quien pautaría la fecha del encuentro entre el presidente Hugo Chávez y el jesuita. Hasta el cierre de esta edición, no había concluido la conversación con el vicepresidente. Sin embargo, se pudo conocer que Korta llevará al mandatario nacional los puntos que le motivaron a realizar la huelga y abogará para que se materialicen los acuerdos que se lograron con el Ministerio de Ambiente y el Poder Judicial.

Autogobierno indígena

Aunque en el conflicto producido en octubre de 2009 fallecieron tres personas, los Yukpa insisten en que el problema debe solventarse bajo sus propias leyes.

“No se está pidiendo nada contrario a la Constitución. Eso sólo se aplicaría si los muertos hubiesen sido en un conflicto entre indígenas y blancos en un territorio no indígena”, explica José Quintero, profesor de Lenguas y Culturas Indígenas de la Universidad del Zulia.

El docente se refiere al artículo 260 de la Carta Magna que establece que las autoridades indígenas “podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas”.

De igual manera, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas prescribe que los jueces, al momento de dictar cualquier medida preventiva, deben procurar establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural.

Quintero señala que “mientras la justicia ordinaria es punitiva, la indígena es reparadora”, pues el delito indígena es interpretado como colectivo, “es asumido por toda la comunidad”, dice y ejemplifica que uno de los castigos podría ser el trabajo comunitario.

lunes, 25 de octubre de 2010

Indígenas exigen demarcación de tierras

Patty Fuentes Gimón

“No se trata sólo de la lucha de los Yukpa. No se trata sólo de la lucha por el territorio. Se trata de que cada uno de los indígenas que hoy estamos aquí denunciamos la misma situación: hemos sido desplazados de nuestras tierras”.

Así lo manifestó Manaka Infante, del pueblo amazónico Baniva, una de las 16 etnias que se sumaron a la huelga de hambre que desde hace una semana mantiene frente a la Asamblea Nacional el hermano jesuita de 81 años de edad, José María Korta, fundador de la Universidad Indígena de Venezuela y defensor de los Derechos Humanos indígenas desde hace más de 40 años.

Con la protesta exigen que se aplique la jurisdicción indígena, justicia en la demarcación de los territorios indígenas y la liberación de los tres caciques Yukpas detenidos desde hace alrededor de un año.

Al respecto, Korta aseguró que “la gestión para que se respete la jurisdicción indígena está encaminada”, pues el Estado les prometió que establecería la demarcación. Sin embargo, advirtió que el juicio contra Sabino Romero “está siendo manipulado”.

El jesuita también afirmó tener buenas condiciones de salud: “Me siento bien. Tengo un problema en la garganta, pero estoy fuerte. El médico me ha estado visitando y me dice que puedo seguir adelante con la huelga sin ningún peligro. Estoy muy contento de dar este paso adelante por el pueblo indígena”.

Letra muerta

“No venimos a protestar en contra del Gobierno, sino a manifestar nuestra preocupación por nuestros terrenos”, aclaró Isidro Romero Martínez, hijo de Sabino Romero.

Por su parte, Xenaida Romero, también hija del cacique Yukpa, aplaudió que por primera vez las diferentes etnias indígenas se unen. “De aquí en adelante, estaremos juntos en la lucha por la demarcación del territorio ancestral. Sabemos que el presidente Chávez dice que merecemos nuestras tierras, pero los ministros son los que se niegan a dárnoslas”, añadió.

Infante, de la etnia Baniva, solicitó al Estado la creación de una comisión nacional de demarcación y titulación, y que cumpla las legislaciones que protegen a los pueblos indígenas.

“Si hemos tenido tantos avances, desde la inclusión de un artículo en la Constitución, pasando luego por la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, y avanzamos en comparación con países de Latinoamérica al crear el Ministerio de Pueblos Indígenas, no entendemos entonces cómo ahora hemos visto tan vulnerados nuestros derechos en materia de demarcación y titulación de territorios”, señaló.

La impunidad facilita los delitos policiales


Por: Patty Fuentes Gimón

Eran las 4:30 am. Nino Pacheco regresaba en moto de celebrar su cumpleaños en un local nocturno. Se dirigía a su casa en el sector Capuchinos, avenida San Martín de la parroquia San Juan. Dos amigos lo acompañaban.

"¡Alto!", escucharon a lo lejos, pero no se detuvieron. En cuestión de segundos, se sintió una detonación y Pacheco cayó al suelo: había recibido un tiro de FAL en la región occipital que lo dejó sin vida a sus recién cumplidos 22 años.

El disparo, presuntamente, provino del sargento II Junior José Oropeza Gómez, de 23 años de edad, funcionario de la Guardia Nacional que resguardaba la zona el pasado viernes 15 de octubre en una carpa del Dibise.

Al día siguiente, un tribunal de control dictó medida privativa de libertad contra este funcionario en el Regimiento de Seguridad Urbana de Fuerte Tiuna. El delito del sargento Oropeza es uno de los pocos que podría no quedar impune, pues se estima que por cada cien homicidios sólo hubo nueve detenciones en 2009.

Según el libro Impunidad y Violencia Policial en Venezuela 2000 2009, publicado en septiembre de 2010 y escrito por el investigador Pablo Hernández, estas cifras han ido incrementando.

En 1998 por cada cien homicidios se detenían a 100 sospechosos o imputados; en el año siguiente las detenciones bajaron a 58; en 2000, a 18; "hasta llegar a la insólita cifra de 2009".

"El grado de impunidad es de 91%, lo que significa que los asesinos en Venezuela tienen por cada cien homicidios 91% de probabilidades de cometer un crimen perfecto", agrega Hernández en su publicación. Los delitos consumados por cuerpos policiales no se escapan de la impunidad.

El Informe Anual 2008 de la Fiscalía General de la República, reveló que de enero de 2000 a noviembre de 2007, se registraron 7.243 ejecuciones por parte de uniformados, de los cuales apenas 1.273 fueron acusados y 2.127 tuvieron imputación fiscal, pero sólo 412 fueron detenidos, lo que representa 6% del total.

En los siete años evaluados por la Fiscalía, se presentaron 350 violaciones mensuales (12 al día) a los Derechos Humanos por parte de los cuerpos policiales y militares.

CORRUPCIÓN Y AJUSTICIAMIENTOS
"Hace mucho tiempo, si un policía tenía un carro que no se justificaba con su sueldo, se prendían alertas importantes. Hoy en día, vemos a funcionarios con vehículos y fortunas que no corresponden con lo que gana, pero nadie les dice nada. Eso es precisamente lo que ocasiona la impunidad".

Así lo destaca Javier Gorriño, abogado experto en materia policial, quien asegura que "al funcionario lo enseñan a corromper dentro de la policía" y señala que existen dos tipos de corrupción: la blanca y la negra. La blanca es bien vista por los jefes y la negra no.

"Por ejemplo, que el policía almuerce gratis o que compre los muebles de su casa en 50% es permitido, pero que cometa delitos de mayor gravedad no es aceptado por los jefes. Sin embargo, la blanca es tan delincuencial como la negra", aclara.

Respecto a los homicidios efectuados por funcionarios, Gorriño afirma que en la mayoría de los casos el policía, como parte de una sociedad cansada de la impunidad, quiere hacer justicia por su propia mano.

"Ellos suelen simular enfrentamientos con los delincuentes para solventar el problema judicial por su propia mano. Se ha perdido la confianza en el poder judicial y ha llegado al punto en el que hasta la misma ciudadanía prefiere pagarle a un malandro para que vengue la muerte de algún familiar antes de acudir a las instancias competentes", añade.

MÁS POLICÍAS, MÁS DELINCUENCIA, MÁS IMPUNIDAD
De 1976 a 1998, la tasa de homicidios pasó de 7,95 a 19,43 por cada 100 mil. A partir de 1999, la situación empeoró: el año pasado cerró, de acuerdo con cifras oficiales, con 16.047 asesinatos, es decir, la tasa aumentó a 56,54 por cada 100 mil. Mientras que en 23 años la tasa de homicidios creció en 250%, en tan sólo diez años casi se triplicó.

Para solucionar el problema de la violencia, el Estado incrementó los gastos para la seguridad y el número de cuerpos policiales.

En el año 2000, el 23% del presupuesto nacional fue destinado a la seguridad pública y, en 2007, casi 30% fue invertido en esa materia. Sin embargo, esto "se ha traducido en un vertiginoso aumento de la inseguridad, el crimen y la violencia", dice Pablo Hernández en su libro.

Para 1990 sólo existían 22 cuerpos policiales uniformados; posteriormente, se crearon 101 más. La tasa policial para julio de 2008 era, según el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, de 281 policías por cada 100 mil habitantes.

Si a esta cifra se le suman los funcionarios de la Guardia Nacional, del Cicpc, y el Cuerpo de Vigilantes de Tránsito Terrestre, asciende a 457 efectivos.

Hernández señaló en su publicación que, en los 15 meses siguientes al Informe 2008 de la Fiscalía, este organismo recibió 10.103 casos de delitos cometidos por funcionarios, mientras que durante los ocho años comprendidos entre 2000 y 2007, hubo sólo 33.259 denuncias.

En apenas 15 meses se duplicaron las violaciones a los Derechos Humanos, lo que lleva a Gorriño a aseverar que "lo ideal no es tener más, sino mejores policías".

CIFRAS

1 de cada cinco delitos registrados en Venezuela es cometido por un funcionario de un cuerpo policial

99,99% de probabilidades tienen los policías de no ser detenidos ni juzgados. De cada mil delitos, uno es penado

7 de cada diez venezolanos que denuncian son objeto de amenazas, hostigamiento y acusaciones criminales

56 por cada 100 mil habitantes es la tasa de homicidios en Venezuela. En 15 meses se duplicaron las violaciones a DDHH

8 de cada 10 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ni siquiera ven a un juez aunque denuncien

viernes, 22 de octubre de 2010

Más información, menos corrupción

Por: Patty Fuentes Gimón

"La cultura de transparencia está superando la de secretismo que ha existido por décadas en todos los gobiernos y que ha impedido que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos", afirmó el senador chileno Hernán Larraín durante el IV Seminario Internacional "Acceso a la Información Pública: Garantía de Democracia".

Aunque Larraín no considera pertinente intervenir en asuntos ajenos a su país, recomienda "a cualquier legislador" promover la transparencia y acceso a la información pública. "Este es el primer instrumento de modernización que puede tener un Estado para fortalecer a la ciudadanía y garantizar los derechos democráticos", señaló.

El senador también advirtió que las autoridades pueden sentir temor ante este cambio tan radical.

Sin embargo, reiteró que "la información no es propiedad de los estados, sino de los ciudadanos" y que, con la creación de una ley que establezca el acceso a la información pública, se evitaría la corrupción, se aseguraría el funcionamiento de la democracia, se permitiría una mayor eficacia del Gobierno y una verdadera participación de los ciudadanos.

Richard Guevara, diputado del consejo legislativo de Miranda, coincide con Larraín y asegura que, después de aprobar una legislación de transparencia en su estado, pudo comprobar que la percepción de los ciudadanos hacia las autoridades empieza a cambiar.

"Se le hace un bien al Estado porque pasamos del rumor a la claridad y a la información precisa. La gente siempre sospecha que todo el que está en la gestión política está haciendo algo malo. Si se crea una ley nacional de acceso a la información pública, el ciudadano comenzará a rescatar la credibilidad en las instituciones del Estado, estima.

EXPERIENCIAS EN VENEZUELA

Además de la aprobación de dicha ley en Miranda, también se ha logrado esta iniciativa en Zulia, Nueva Esparta y Anzoátegui, sumado a algunas ordenanzas municipales y leyes regionales.

Alejandro Silva, diputado del consejo legislativo de Zulia, relató que en su estado se aprobó la legislación el pasado 12 de agosto por unanimidad, es decir, con el consentimiento incluso de los parlamentarios del PSUV.

"Es lamentable escuchar a los voceros del Gobierno hablando de contraloría social cuando no permiten el acceso a la información pública. Con estos 32 artículos se permite a todos los ciudadanos saber cómo se manejan los fondos", explica.

jueves, 21 de octubre de 2010

Peor en libertad de expresión


Por: Patty Fuentes Gimón

Una vez más Venezuela retrocedió en materia de libertad de expresión, pues de estar en el puesto 124 en el año 2009 pasó al 134 en 2010, de un total de 178 países evaluados por la Organización No Gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Además de denunciar las agresiones, las censuras y el abuso de procesos contra la prensa, RSF destacó que en Venezuela “el acaparamiento de la red audiovisual hertziana por parte del poder y el uso inmoderado de las cadenas presidenciales dejan un margen endeble al pluralismo”, lo que pudo haber ocasionado el nuevo sumergimiento del país.

Ya en 2009, Venezuela había desmejorado: pasó del puesto 113 (en 2008) al 124. Este retroceso se debió, entre otras cosas, al asesinato del director del semanario ABC y editorialista del diario Notitarde, Orel Zambrano.

En esta oportunidad, pudo haber tenido peso la decisión de un tribunal de prohibir a los medios impresos publicar imágenes violentas, después de que los diarios El Nacional yTalCual difundieran una foto de la morgue de Bello Monte.

A través de un comunicado, RSF señaló entonces que, aunque se deben reservar ciertos contenidos a un público adulto, “el debate, la pedagogía y la prevención parecen preferibles a una prohibición prematura que puede representar un riesgo de censura y autocensura.

miércoles, 20 de octubre de 2010

Murió después de 14 años de agonía

Por: Patty Fuentes Gimón

Yurimar Armas tenía sólo 19 años cuando quedó embarazada. Al transcurrir los nueve meses de gestación acudió a la Maternidad Concepción Palacios para dar a luz ese 11 de mayo de 1997 a las 6:00 pm. No fue sino hasta las 10:00 pm que Armas fue atendida.

Aunque con el nacimiento de su primera hija, dos años antes, ya se había diagnosticado que debía ser por cesárea, la indujeron al parto natural. Después de varias horas intentando, los doctores decidieron enviarla al quirófano para practicar cesárea segmentaria.

Al aplicarle la anestesia peridural, se vio afectado el nervio de la "dura madre", lo que le ocasionó un paro cardiorespiratorio y, posteriormente, una anoxia cerebral que la hizo quedar en estado vegetativo persistente, estado con el que vivió durante los últimos 14 años hasta el pasado lunes en la madrugada, día en el que por fin descansó en paz.

SIN TRATAMIENTO

Leonarda Aparicio, madre de Yurimar Armas, dedicó todos estos años a la salud de su hija. No hubo día en que dejara de visitarla en la habitación 7 del piso 3 de la Maternidad Concepción Palacios.

"Los días de su mamá eran monótonos. Debía alimentar, bañar y brindarle toda la asistencia a su hija, pues la Maternidad no está acondicionada para personas en ese estado", relata Juderkis Aguilar, representante de Provea que acompañó a la familia Armas.

Una reunión con la diputada Asia Villegas parecía acabar con esta tragedia: la Maternidad asumió su responsabilidad, pues se presume que el médico de ese centro de salud era responsable del estado vegetativo de Yurimar.

"La Maternidad muy poco se ocupó. Solamente le tenían un cuarto apartado. No le daban insumos médicos, pañales, colchones antiescaras, ni agua hervida. Su madre debía llevarle la comida porque era ella quien sabía cómo procesar los alimentos. La propia familia debía cubrir estos gastos", denuncia Aguilar.

TalCual decidió no contactar a Leonarda Aparicio, pues ayer fueron velados los restos de Yurimar en la funeraria del Hospital Militar.

Aguilar asegura que en el sepelio la madre pidió que se hiciera justicia por el caso de su hija y de dos jóvenes más que se encuentran en las mismas condiciones en la Maternidad.

"’Descansa mi cuerpo, pero no mi alma’, dijo Leonarda, pero afirma que hay que seguir luchando para que haya justicia", señaló.

Yurimar deja dos hijos: una de 15 años y otro de casi 14 que sobrevivió en el parto. También deja una familia desarticulada, pues uno de los niños vive con una tía abuela y el otro con su abuela paterna.